Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2012.

El drama del éxodo juvenil

 

Acabo de leer en este mismo periódico una noticia muy negativa, bajo el título “Más de 12.000 jóvenes se han ido de la comunidad aragonesa en el último año”.  Esta realidad es conocida por todos, mas al verla reflejada en un titular de un periódico, me ha impactado y supuesto como un puñetazo en la boca del estómago. Sus causas son conocidas. La crisis económica y las políticas de ajustes que en lugar de reducir, incrementan las cifras insoportables de parados especialmente entre los jóvenes. Algo más de la mitad de ellos no tienen trabajo y no van a tenerlo, y quienes lo consiguen a cambio de horarios interminables reciben salarios miserables, por lo que jamás podrán plantearse un proyecto de vida autónoma. Según el escritor Oscar Guardiola-Rivera "Trabajamos en empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos", dice Tyler Durden en la película basada en la novela El club de la pelea de Chuck Palahniuk”. Y a veces ni eso, dicen hoy muchos jóvenes españoles. El 55% vive aún con sus padres y el 75% asume que vivirán peor que ellos. El 37% cuenta con título universitario.  Siendo dramática la situación, nos dicen que lo peor está todavía por llegar. Para ponerse a temblar. Por ende, los jóvenes es lógico que hagan las maletas y se busquen la vida en otros países centroeuropeos, como Alemania, Francia, Holanda, Austria, Reino Unido; y también en otras latitudes: Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Todo ello me sugiere una serie de reflexiones. Embelesados en una prosperidad perpetua, nadie podía pensar hace unos años que volviésemos a ser un país de emigrantes, circunstancia que ha sido una constante en nuestra historia. Ciñéndonos al siglo XX. Entre 1900 y 1930 emigraron hacia América algo más de 3 millones de españoles, según las cifras oficiales, aunque es probable que fueran 4,5 debido a la emigración clandestina. Tras la Guerra Civil por motivos políticos en un exilio masivo perdimos una generación  brillantísima  de escritores, científicos, maestros, catedráticos, artistas, etc. Lo que vino luego es conocido: un auténtico páramo intelectual. En los años 60, dos millones de españoles- su imagen en las estaciones de trenes y autobuses con sus maletas de madera es imborrable- salieron impulsados por la necesidad y por el aislamiento que asfixiaba a España hacia Europa: Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido y Holanda. La mitad clandestinos. Sin contratos y no pocos analfabetos trabajaron de asistentas del hogar, albañiles, peones, camareros, mineros, obreros no especializados. Sus remesas de divisas, mas el turismo propiciaron el desarrollismo de los años 60. Realidad que nos ha reflejado el añorado José Antonio Labordeta en la canción llena de poesía de La Vieja, la mejor según su propio testimonio: La tristeza de tus ojos de tanto mirar, hijos que van hacia Francia otros hacia la ciudad.

Los que se marchan ahora lo hacen en aviones de Ryanair con billetes baratos sacados en Internet, su móvil de última generación y su portátil. Son titulados superiores: ingenieros, médicos, informáticos, economistas, abogados, arquitectos. Tienen masters. Hablan varios idiomas. Muchos han salido ya fuera de su país con una beca Erasmus. Son una generación, aunque sea un tópico, la más preparada de nuestra historia, alumnos de la LOGSE y que a pesar de ello han de emigrar, como lo hicieron sus abuelos. Nos dejan poco a poco, sin alboroto alguno. Un goteo incesante de sangre nueva que sale sin ruido. Esta circunstancia es  un nuevo fracaso colectivo para la sociedad española.

Los que aquí nos quedamos, como el que escribe estas líneas, se siente profundamente dolorido como padre, un hijo es emigrante; como educador, ya que a algunos de estos chavales les he ayudado a crecer además de compartir sus ilusiones, ahora truncadas; como ciudadano español y aragonés, al  apercibirme de que nos vamos a privar de este inmenso capital humano, para regalárselo a otros países. Una perdida irreparable para nuestro futuro. Un grave error que pagaremos muy caro en forma de atraso, de empobrecimiento científico y técnico. No sé si somos conscientes de ello.

 

En cuanto a los que se nos van, tienen que sentirse profundamente doloridos, defraudados y engañados. Motivos tienen. Abandonar tu tierra, renunciar a tu familia, tu ciudad, tu barrio y tus amigos no es fácil. Les dijimos  que serían  la generación invencible, que superaría con creces a la nuestra: para obtener todo ello, bastaba con estudiar o trabajar duro. Muchos de ellos no volverán, se quedarán en sus nuevos destinos. ¿Para qué van a volver? Se sentirán cada vez más desarraigados de su tierra. Sirvan de ejemplo, algunos de sus comentarios. “Yo no vuelvo a España ni loco, para que me paguen 700 euros por un trabajo de 12 horas en Madrid o Barcelona. ¡Para qué voy a venir a las fiestas del Pilar, si todos mis amigos están fuera! “Y si España no quiere saber nada de mí y si no le importa lo que puede pasarme, yo tampoco quiero saber nada de España. ¿Sabéis lo que me dicen ahora mis padres? "Si nosotros tuviésemos tu edad, también nos iríamos". Yo también les he dicho lo mismo a mis alumnos.

Como conclusión. No quiero buscar culpables. Tengo muy claro quiénes son. Mas a los que nos han traído hasta aquí, les ruego, por favor, que hagan algo y pronto, porque esta situación es dramática, a no ser que quieran dejar otra vez a esta tierra en los márgenes de la historia.

 

Cándido Marquesán Millán

04/11/2012 16:05 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

El eclipse de la fraternidad

 

 

Un buen libro supone un gozo y  una caja de sorpresas, como el que acabo de leer “El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista” de Antoni Domènech. El título incita a su lectura y explica su contenido. Fraternidad significaba en 1790 –cuando en un célebre discurso ante la Asamblea Nacional Robespierre acuñó la divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad— universalización de la libertad republicana y de la reciprocidad en esa libertad que es la igualdad republicana. Es decir, que todos, pobres, humildes, criados, trabajadores asalariados, artesanos, campesinos, mujeres, todos los que necesitaban depender de otro para vivir y para existir, pudieran acceder como ciudadanos de pleno derecho a una sociedad civil de libres e iguales. Y podrían conseguir tales objetivos,  si tenían sus propios medios de existencia garantizados. En 1790, el otro gran portavoz  del ala democrática-plebeya de la revolución, Marat, expresó el problema: ya vemos perfectamente, a través de vuestras falsas máximas de libertad y de igualdad, que, a vuestros ojos, somos la canalla. La “canalla” la urbana y la rural, el pueblo trabajador quería elevarse de pleno derecho a la condición de ciudadanos. E igualmente estos principios políticos aparecieron reflejados en la Declaración de Derechos de la Constitución montañesa de 1793, año I en el calendario republicano, como los derechos al trabajo, al bienestar común, a la instrucción, a la insurrección si el gobierno viola los derechos del pueblo; y en  su artículo 21: Las ayudas públicas son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, ya sea procurándoles trabajo, ya sea proporcionando los medios de existencia a los que no estén en condiciones de trabajar. Con el golpe de estado de Termidor de 1794 este proyecto republicano se vino abajo, y según Gerardo Pisarello, hoy estamos inmersos en otro Termidor merced a la implantación del neoliberalismo.

Esa idea de fraternidad, en palabras de Domènech, que unificó políticamente al "cuarto estado" desprendiéndolo del tercero (burguesía), entró en fase de eclipse. Primero, la sociedad civil napoleónica dio una apariencia de libertad e igualdad civiles, independientes de su base material (la propiedad) en que el republicanismo de Robespierre las hacía arraigar: de ahí la libertad "liberal" en el siglo XIX. Segundo, después del fracaso de la II República francesa de 1848 –la denominada República "fraternal"—, los socialistas políticos, legítimos herederos del republicanismo democrático, consideraron que, con la industrialización, no era ya viable el viejo programa democrático-fraternal revolucionario de una sociedad civil fundada en la universalización de la libertad republicana a través de la extensión de la propiedad privada; para ellos no se trataba tanto de una democratización de la sociedad civil republicana clásica, cuanto de la creación de una vida civil no fundada ya en la propiedad privada de las bases de existencia, sino, como dijo Marx, basada en un "sistema republicano de asociación de productores libres e iguales", es decir, en un sistema de apropiación en común, libre e igualitaria, de las bases materiales de existencia. Marx, Engels y Bakunin nunca perdieron de vista la conexión de este ideal socialista con el viejo ideal republicano-democrático fraternal. El republicanismo  se eclipsó, como tradición histórica cuando los socialistas posteriores fueron olvidando esa conexión. 

Esa vieja concepción republicana de la fraternidad, podría servir hoy como proyecto político. Se podrá objetar que es una utopía, mas estas son las que hacen progresar a los pueblos. También lo era hace 100 años el sufragio universal. El republicanismo no sólo es una opción por la forma de gobierno, pretende una democracia plena, es una visión de la sociedad y del Estado que excluye todo tipo de dominación ya sea política, social, económica, religiosa, cultural o de genero. El concepto republicano de libertad es un concepto activo, ligado a la igualdad y a la fraternidad. Ese ideal republicano de libertad no se reduce a los derechos formales, sino que se basa en la creación de mecanismos institucionales que doten de seguridad económica a todos los ciudadanos, para evitar que queden excluidos de la ciudadanía plena los sin recursos, los jóvenes, los parados, los inmigrantes, los dependientes… Sin independencia económica la libertad es muy limitada. Y una de las iniciativas, entre otras, para la realización de este ideal sería la Renta Básica de Ciudadanía, que en el año 2007 la defendió en el Congreso de los Diputados Joan Tardà, de ERC, recurriendo al viejo concepto republicano de fraternidad: Hablamos pues de la RB como elemento constitutivo de un derecho de ciudadanía, es la concreción política de los valores republicanos a los que debe aspirar nuestra democracia, es decir, los de libertad, igualdad y fraternidad. ..

Ni que decir tiene que en las actuales circunstancias políticas la fraternidad para los Rajoy, Montoro, De Guindos o Cospedal no entra en su agenda política, aunque está claramente expuesta en el artículo 9.2. de nuestra Carta Magna, a la que tanto apelan cuando les interesa: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas… Les parece mucho más importante  el artículo 135, recientemente reformado.

 

Cándido Marquesán Millán

04/11/2012 16:06 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.


La socialdemocracia extraviada

                                   

El PSOE  está atravesando una profunda crisis. En Galicia  el PSG ha perdido 231.707 votos (un 53,95%) y en Euskadi el PSE 106.173 votos (33,37%). Los vaticinios en las próximas elecciones catalanas no son nada buenos. Más de 4 millones de españoles dejaron de votarles el 20-N. Su lejanía de los movimientos sociales va en aumento.  El fantasma de la pasokización, por el importante abandono de su antiguo electorado y la irrupción  de opciones tipo “Szyra”, como en la AGE gallega, es más que posible. Estos datos deberían provocar una pronta y contundente  reacción, y profunda reflexión a sus dirigentes. Vano intento, salvo alguna excepción. Esperan  que amaine el temporal, y que el  lógico desgaste de los populares, les entregue de nuevo el poder del que han disfrutado y al que se han acostumbrado durante 21 años desde la instauración de la “democracia”.

En España ha habido alternancia política en el gobierno y la seguirá habiendo, mas debería ir asociada a una alternativa política, diferente a la de los populares. De momento no se otea en el horizonte. Por ello, se ha extendido ampliamente la opinión entre la ciudadanía que votar a los socialistas no es muy diferente que hacerlo a los populares, ya que en lo sustancial representan lo mismo. Convicción no exenta de lógica. El triunfo implacable del neoliberalismo ha supuesto  la implantación del pensamiento único, al que la socialdemocracia (SD) europea, incluida la española, se ha doblegado renunciando y traicionando a sus principios y a sus valores más genuinos.

Según Paolo Flores D´Arcais, la SD  surgió como una alternativa al socialismo revolucionario (comunismo) preconizando la defensa de la igualdad contra todo tipo de privilegios. Mas este propósito se ha visto reducido drásticamente. Hoy los políticos de derechas y de izquierdas forman parte del establishment, del sistema de privilegios, contra los que debería luchar la SD, en nombre de la igualdad.

Sorprende que la SD esté sufriendo esta crisis profunda, cuando son más propicias las condiciones para criticar  la situación actual y para presentar reformas radicales, visto el sufrimiento de la gran mayoría generado por los privilegios de una minoría. Se argumenta que el miedo empuja a las masas a la derecha. Es cierto, pero es así porque la SD no ha sabido dar respuestas en términos de justicia social, a la necesidad de seguridad y de "futuro" de esos millones de ciudadanos. El miedo ante el futuro se plasma fácilmente en los "otros", como el inmigrante, que nos "roba" el trabajo. Pero si el inmigrante puede "robarnos" el trabajo es porque acepta salarios más bajos. ¿Qué políticas ha implantado la SD para castigar a los empresarios, que emplean a inmigrantes con salarios más bajos  e incumpliendo las leyes laborales?  En cuanto a la deslocalización de las empresas, uno de los aspectos de la globalización, el empresario europeo, llevando su producción al tercer mundo, se beneficia explotando mano de obra con salarios ínfimos, sin tutela sindical, además de la contaminación ambiental.  La SD no solo ha claudicado ante la mundialización, es que  incluso la ha exaltado,  y así se han creado las condiciones para un "ejército salarial de reserva" potencialmente infinito, que reduce cada vez más los salarios, retornando a  condiciones sociolaborales del siglo XIX. Y eso que la SD está organizada en una "Internacional", que en su XIV Congreso recientemente  celebrado en Ciudad del Cabo, ha reafirmado que su gran objetivo es corregir la profunda desigualdad e injusticia que define actualmente a la economía global. Y  también durante mucho tiempo ha tenido en las instituciones europeas un peso preponderante. Por tanto, podría haber hecho una política diferente.  La SD ha aceptado las más "tóxicos" y “vergonzosos” productos financieros, y permitido los "paraísos fiscales" o el secreto bancario. ¿Y en España qué decir de la reforma del artículo 135 de nuestra Carta Magna  para privilegiar el pago de la deuda a costa del gasto social? ¿Y los cientos de miles de desahuciados? ¿Y las preferentes? ¿Y las SICAVs? La SD no puede renunciar a embridar a través de las reformas  la voracidad del mercado, y  así propiciar la redistribución del superávit tendente hacia la igualdad. Al traicionar su única razón de ser, la SD ha estado en crisis incluso cuando ha ganado elecciones y ha gobernado. ¿Se han reducido las desigualdades sociales con Blair, con Schroeder y con Zapatero? El haber olvidado la brújula del valor de la "igualdad", sin el que la izquierda pierde todo su sentido, le está pasando ahora factura. Mas la actuación de la SD no ha sido siempre así. Véanse los logros de la SD española en estos últimos 30 años: sanidad universal, pensiones no contributivas, escolarización gratuita hasta los 16 años, la ley de dependencia.

 Según Tony Judt, lo que la SD debería intentar es corregir los destrozos que en los últimos tiempos ellos y otros han causado y lo siguen haciendo, y que nos tendrían que indignar más de lo que estamos.  Debería preocuparnos, aunque solo fuera por prudencia, sin olvidar la ética: ¿por qué nos hemos apresurado tanto a derribar los diques que laboriosamente levantaron nuestros predecesores? ¿Tan seguros estábamos de que no se avecinaban inundaciones? Abandonar los esfuerzos de un siglo es traicionar tanto a las generaciones anteriores como a las posteriores. La socialdemocracia no representa un futuro ideal; ni siquiera representa un pasado ideal. Pero es la mejor de las opciones que tenemos hoy.

Cándido Marquesán Millán

 

 

 

04/11/2012 16:08 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

El señuelo del "Repago"

 

 

Mientras que la socialdemocracia transita extraviada, los populares tienen una hoja de ruta muy clara. Podemos constatarlo en la presentación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013 por su presidente Ignacio González. Se destinarán a sanidad 7.108 millones, un 45% del gasto total (17.048, un 7,7% menos que en 2012), lo que significa un descenso del 4,9% en la cantidad destinada a la cartera sanitaria. A pesar de los recortes en uno de los pilares básicos del Estado bienestar, González definió los presupuestos de “solidarios, responsables y adaptados a la realidad”.  Los  populares tergiversan todo con gran facilidad. No tienen problema alguno en denominar  a lo blanco negro y a la inversa.

La implantación del “copago”, sin diferenciación de renta, de un euro por receta, “no tiene un propósito recaudatorio, sino disuasorio, ya que los madrileños, según González, acumulan “45 millones de medicamentos en sus casas”;  y que “ya se aplica en Cataluña”. Esta medida muy injusta, sobre la que me extenderé más adelante, le sirve como señuelo para ocultar una auténtica revolución sanitaria “Vamos a externalizar  (no habla de privatizar) la actividad sanitaria en seis hospitales y el 10% de los centros de salud,  “porque la gestión privada es mucho más eficaz que la pública”. Tal afirmación es un dogma. Al respecto, no existe estudio científico alguno que la justifique. La OMS señala que la sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y de más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

 

Joan Benach, Gemma Tarafa, Carles Muntaner y Clara Valverde profesores e investigadores  de Salud Pública y miembros  del Grupo  de Investigación en Desigualdades  de Salud de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, en su  libro La Sanidad está en venta, clarifican qué hay detrás del susodicho “copago sanitario”, aunque lo llaman “repago”.

 

Las ventajas aducidas para justificar la necesidad del repago tienen que ver con la economía y la disuasión sanitaria. Se dice que si las personas enfermas pagan directamente parte de los servicios o productos consumidos, se reducirá el uso excesivo de éstos, y se ahorrarán recursos para ayudar a financiar una sanidad pública que, se dice, es “insostenible”. Muchos estudios muestran que el repago reduce el uso de servicios sanitarios, en visitas médicas, prescripciones farmacéuticas, admisiones hospitalarias o servicios preventivos, aunque  reduce visitas médicas necesarias, que perjudican a la población necesitada de atención, e incrementan la hospitalización por la mayor gravedad de los pacientes cuando finalmente acuden al médico. La evidencia apunta a que el repago en el resultado final económico es cuando menos incierto. En cuanto a la “insostenibilidad”, hay que decir que España gasta menos en sanidad que la media de la Unión Europea (UE-15) e incluso de la OCDE.

 

En el caso de la “disuasión sanitaria”, se señala que obtener servicios “gratuitos” (aunque pagados vía impuestos) induce a un mayor consumo o “abuso” del sistema sanitario y con el repago se modera su demanda. Este razonamiento hay que matizarlo. Es cierto que en España  la frecuencia de visitas anuales al médico per capita (7,5 en 2009) es bastante alta en el contexto de la UE, pero muchas son por necesidades administrativas o realizadas por otros profesionales sanitarios, aunque puede ser saludable en términos de prevención y seguimiento, dada la buena salud de la población española en el contexto europeo. Puede haber un exceso de “consumo”, aunque no cabe necesariamente imputarlo a la responsabilidad individual. “Culpabilizar” al enfermo diluye la responsabilidad de las autoridades sanitarias y de los profesionales sanitarios, ya que son ellos quienes al menos en parte generan el exceso de visitas. Además ha habido décadas de un modelo sanitario configurado por las autoridades políticas y la industria farmacéutica, centrado en la “farmacodependencia”, con un gasto farmacéutico excesivo (18.000 millones de euros en 2010, el 30% del gasto público sanitario) y un bajo consumo de genéricos.

Lo que sí parece cierto es que el repago según estudios tiene efectos negativos sobre la equidad, ya que obstaculiza y discrimina el acceso a los servicios sanitarios a los grupos socioeconómicos con menos recursos: inmigrantes, población infantil, personas de edad avanzada y con discapacidad, y enfermos crónicos.

 

A pesar de lo expuesto, ¿por qué ese interés en su implantación o ampliación? No son motivos “técnicos” sino políticos.  El debate sobre el repago tiene varias finalidades: mercantilizar la atención sanitaria convirtiéndola en una mercancía más en lugar de un derecho, deteriorar la gestión y la imagen del sistema sanitario público, “culpabilizar al enfermo” en lugar de a las autoridades políticas y a los poderes económicos, y tapar o minimizar temas fundamentales, como son la subfinanciación de la sanidad pública y la privatización de la sanidad. El repago forma parte de un conjunto de acciones generadas por determinados medios económicos y políticos para dañar los servicios sanitarios públicos y así potenciar su privatización, lo que es un gran negocio para el capital y más en un momento de crisis económica.

 

Termino con un aviso a navegantes, extraído de una Pancarta del 15-M: ¿Cómo explicarás a tus nietos que cuando nos robaron la salud pública tú no hiciste nada para impedirlo?

 

Cándido Marquesán Millán

 

 

 

 

 

 

11/11/2012 01:24 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

En manos de auténticos desalmados

                       

Cada vez estoy más convencido de que el 15-M ha sido la bocanada de aire fresco más importante que ha llegado a nuestro sistema político desde la instauración de la democracia. Como no podía ser de otra manera ha sido criminalizado desde la mayoría de los medios de comunicación, al servicio incondicional del poder político y económico dominante. También se le ha acusado de no presentar programa alternativo alguno. Quiero responder a esta última crítica con argumentos contundentes.  Una de las cuestiones planteadas a nivel programático por el 15-M, además de otras muchas como reforma de la ley electoral, la implantación de la Renta Básica, ha sido plantear con claridad meridiana la  problemática de la “deuda odiosa” del Estado español, tema fundamental para tratar de salir de una manera justa y equitativa de esta crisis económica que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de los españoles. Nuestro ínclito presidente nos dice que la deuda pública supera la cifra de los 900.000 millones de euros, y que no podemos gastar más de lo que ingresamos, tal como ocurre en una economía familiar, y que, por tanto, no tenemos otra opción que llevar a la práctica una serie de ajustes fiscales, que no le gustan, para que al final se produzca el crecimiento económico y así se pueda generar empleo. Es el pensamiento único. Buscan chivos expiatorios de la deuda: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, las embajadas catalanas, etc.  Quien tiene el atrevimiento de cuestionarlo es acusado de locura y de estar fuera de la realidad terrenal. Vale, D. Mariano, voy a realizar un esfuerzo para creerle. Mas, supongo que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con el incremento de nuestros impuestos, recortes de nuestros salarios  y de nuestras prestaciones del Estado de bienestar, entre otros sacrificios, tenemos derecho -¡qué menos!- a conocer el origen de esta deuda. Debemos saber por qué, para qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. En definitiva, una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos, no vale una comisión parlamentaria, porque ya conocemos su funcionamiento. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para escudriñar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminado ese proceso. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Se basó en algunos precedentes del siglo XIX, el rechazo por parte del Estado mexicano de la deuda contraída por el emperador Maximiliano I, y el de EEUU, una vez que se anexionó la isla, de los débitos asumidos por Cuba siendo colonia española.  Obviamente en estricta justicia, el Estado español, es decir todos los españoles estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. A estos auténticos desalmados,  se les podía inculpar de haber cometido un crimen contra la humanidad, como es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de no pago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para todos los ecuatorianos. Es lo que se está intentando en Grecia, tal como nos relata el documental "Debtocracy" (Deudocracia), de los periodistas Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou sobre la crisis del país heleno. Los principales actores (alrededor de 200 personalidades) firman una demanda para que se establezca un comité de auditoría internacional, cuyo fin sería determinar los motivos de la generación de una deuda soberana y condenar a sus responsables. Se habla de Golman Sach, de los sobornos de Siemens al gobierno, de los gastos sin control en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, de la compra actual de armas a Francia y Alemania.  Grecia tiene todo el derecho a negarse a reembolsar su "deuda injustificada", es decir, la deuda constituida por actos de corrupción contra el interés de la sociedad. Hay culpables: "En cerca de 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos grandes empresarios han llevado a Grecia a la quiebra. Han dejado de pagar a los ciudadanos para salvar a sus acreedores". ¿Qué motivos tienen los dos grandes partidos para no hacer lo mismo en España? Tienen trabajo. Si investigarán entre otros: Programas Especiales de Armamento (PEA) que alcanzan 40.000 millones de gasto; el salvamento a las entidades financieras; los sobrecostos de las empresas constructoras del AVE; derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros las eléctricas, la exención del IBI y sus subvenciones a la iglesia católica, la financiación de los viajes del Papa, los aeropuertos de Castellón y de Ciudad Real, etc. Seguro que se podría rebajar el costo de la deuda, y por ello serían innecesarios los recortes tan injustos que estamos soportando los españoles con excesiva mansedumbre, por lo que Susan George acaba de decir que “los  españoles somos ratas de laboratorio para ver cuánto castigo soportamos sin rebelarnos.”

Cándido Marquesán Millán

 

11/11/2012 08:51 dorondon Enlace permanente. sin tema Hay 1 comentario.

El 15-M Sí QUE TIENE PROGRAMA, ¡VAYA QUE SÍ LO TIENE!

 

El 15-M SÍ QUE TIENE PROGRAMA, ¡VAYA QUE SÍ LO TIENE!

 

Cada vez estoy más convencido de que el 15-M ha sido la bocanada de aire fresco más importante que ha irrumpido en nuestro sistema político desde la instauración de la democracia. En una reciente entrevista  Javier Cercas señalaba que “El 15-M le parecía lo más saludable que ha pasado en este país en los últimos años”.  Con independencia de la evolución que siga este movimiento, su aportación es ya incuestionable. Esos jóvenes y menos jóvenes han puesto de actualidad determinados problemas políticos que estaban soterrados en nuestro país: reforma del sistema electoral, liberar  la política de la economía, una democracia más participativa, democracia interna en los partidos políticos, erradicación de la corrupción para recuperar la ejemplaridad de la clase política, mantenimiento del Estado de bienestar para luchar contra la exclusión y la desigualdad, reforma fiscal progresiva, una auténtica y efectiva separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, revisión de la Jefatura del Estado, la dación para saldar la deuda de la hipoteca, la implantación de la Renta Básica, la  deuda odiosa etc.

Como no podía ser de otra manera ha sido criminalizado desde la mayoría de los medios de comunicación, al servicio incondicional del poder político y económico dominante. También se le ha acusado de no presentar programa alternativo alguno.   Vaya que si lo tienen, otra cosa es que no interesen sus propuestas. Y de cuestionar nuestro sistema democrático, por ser antisistema. Me parece muy oportuna la reflexión de Boaventura De Sousa Santos  “Las nuevas movilizaciones y militancias políticas por causas históricamente pertenecientes a las izquierdas se están realizando sin ninguna referencia a ellas (con excepción, tal vez, de la tradición anarquista) e incluso, muchas veces, en oposición a ellas. Esto no puede dejar de suscitar una profunda reflexión. ¿Se están haciendo esta reflexión? Tengo razones para creer que no y la prueba de ello está en los intentos de captar, educar, minimizar o ignorar a la nueva militancia.”

Estimo que si las instituciones políticas existentes no sirven para dar respuesta a las aspiraciones de amplios sectores de la ciudadanía, es necesario reformarlas o crear otras. ¿Para qué sirve el Senado? Hasta que esto ocurra, es legítimo y democrático actuar pacíficamente al margen de ellas en la calle. Una sociedad democráticamente sana puede y debe mostrar su protesta y su indignación en la calle. Cuando la gente pacíficamente toma la calle, para hacerse oír, es porque quiere cambiar las políticas públicas. Y esta actuación es otra forma de democracia; la democracia de movilización que está cuestionando, sin querer suprimirla, la democracia representativa de los gobiernos, parlamentos y partidos políticos. Así lo hace el 15-M, manifestándose pacíficamente y en pro de más democracia, por lo que no debería ser criminalizado por los poderes públicos, planteando una reforma del Código Penal. Como ha escrito Luis I. Sandoval "Para Eric Hobsbawm 'las marchas callejeras son votos con los pies que equivalen a los votos que depositamos en las urnas con las manos'. Y es así, porque los que se manifiestan eligen una opción, protestan contra algo y proponen alternativas. La acción colectiva en la calle, como acto de multitud o de construcción de un discurso, expresa una diferencia u oposición, muestra una identidad, y se transforma de lo particular a algo más general y cuando se mantiene en el tiempo se convierte en un movimiento social. La historia nos enseña que si en la sociedad democrática no se produjeran estas oleadas de movilización por causas justas no habría democratización, es decir, no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos reconocidos constitucionalmente, ni la fuerza e imaginación para crear otros nuevos". Todo esto les resulta difícil de entender a nuestros representantes políticos. Con frecuencia, las sociedades se incomodan con los movimientos y aún los consideran peligrosos y nocivos. Solo cuando triunfan reconocen sus bondades e integran sus conquistas a la cultura e institucionalidad vigentes. Ardua tarea, a veces se necesitan siglos para alcanzar algunos derechos: jornada laboral de 8 horas, descanso dominical, sufragio universal, igualdad entre hombre mujer. Y ahora los dos partidos, profundamente compungidos y sensibilizados por la problemática de las personas desahuciadas, se prestan a aprobar una norma. Me viene a la memoria que siendo ministro de Fomento, José Blanco, dijo  "Aceptar la dación de viviendas en pago de las hipotecas pondría en dificultades el sistema financiero”.  En definitiva, con movilizaciones se han civilizado y avanzado las sociedades que hoy conocemos como modernas y democráticas. Para Boaventura de Sousa Santos "Los momentos más creativos de la democracia rara vez ocurrieron en las sedes de los parlamentos". Ocurrieron en las calles, donde los ciudadanos indignados forzaron los cambios de régimen o la ampliación de las agendas políticas.

  No obstante la historia además de una repetición supone una enseñanza. Ahora mismo acabo de leer el discurso que Manuel Azaña pronunció un 11 de septiembre de 1911, titulado “El problema español” en la Casa del Pueblo de su ciudad natal Alcalá de Henares, y del que me han impresionado algunos de sus fragmentos por su vigente actualidad, como si algunos de los problemas de esta nuestra querida España continuaran siendo los mismos. Azaña apela al pueblo español para que reaccione y salga del sopor en el que parece haber caído con estas palabras que podrían ser leídas hoy mismo en la Puerta del Sol: “Además nos impulsa otro sentimiento: nos impulsa la indignación. ¿Vosotros no la sentís? ¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames? ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia? En nuestro museo han entrado unos pícaros y la dalmática más espléndida, recamada por una historia ilustre, la van deshilachando para remendarse los calzones”. Una de las peticiones de los indignados es la de regenerar, revitalizar y darle nuevos bríos a nuestro democracia, que se ha quedado oxidada tras estos 30 años de un ejercicio autocomplaciente, como si fuera suficiente con votar cada 4 años. Por ello, otras palabras de Azaña tienen plena vigencia hoy: “En lo político necesitamos, como una condición indispensable, la revisión de todas las instituciones democráticas en nombre de su principio de origen, limpiándolas, purificándolas de todos los falsos valores que sobre ella se han creado…¿Democracia hemos dicho? Pues democracia. No caeremos en la ridícula aprensión de tenerla miedo: restaurémosla, o mejor, implantémosla, arrancando de sus esenciales formas todas las excrecencias que la desfiguren”. Todo ciudadano medianamente informado conoce cuáles son esas excrecencias que deberían ser eliminadas para dar nueva vida a nuestra democracia.

Me referiré en este artículo a algunas de las cuestiones planteadas por el 15-M. Es imprescindible una reforma profunda del funcionamiento de los partidos políticos, al ser instituciones básicas de nuestro sistema democrático. Conviene hacer algo de historia sobre ellos. La Constitución de 1978 en su artículo 6 les dio un gran protagonismo, explicable por el desprestigio que sobre ellos infundió la dictadura. Se convirtió en norma que tras la II Guerra Mundial se constitucionalizaran los partidos, como en la italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o la francesa de 1948. Sea bien recibido tal reconocimiento del que los políticos han hecho un mal uso. Hoy los partidos incumplen nuestro texto constitucional, ya que ni expresan el pluralismo político, ni concurren a la formación de la voluntad popular ni son instrumento fundamental para la participación política, tal como estamos constatando con las manifestaciones masivas en las calles. Y en cuanto a que la creación y el ejercicio de su actividad tendrán que ser libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", también se incumple por el aparato de los partidos, pues son sus dirigentes, quienes toman las decisiones marginando a las bases. El aparato, la excesiva burocracia interna, la lucha a muerte por el poder, y el culto a la alabanza y la sumisión, son absolutamente incompatibles con la opinión, la saludable discrepancia y el debate transparente. Por ello, la renovación de ideas y personas es imposible. Y no lo es porque sus dirigentes tienen auténtico pavor a la "democracia", es decir, al debate de ideas, a permitir las discrepancias. Sorprende la pasividad de muchos de sus militantes. Lo que estoy diciendo es lo que todo el mundo piensa y pocos de los militantes se atreven a decir. Lamentablemente esta es la deriva por la que caminan todos los partidos. Esta situación ya viene de lejos, ya nos lo señaló Robert Michels en su conocida "ley de hierro de la oligarquía" en 1911 en su libro, basado en la dinámica institucional de Partido Socialdemócrata alemán (SPD), Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas en la democracia moderna. La tesis fundamental es que no es posible la lucha obrera sin organización, pero que esta trae consigo especialización de funciones, división del trabajo, y con ellas, burocracia, jerarquía y el gobierno crecientemente oligárquico de una cúpula cada vez menos sometida al control de las bases. Expone cómo y por qué mecanismos los dirigentes políticos del partido tienden a integrarse en el sistema social y económico vigente, en contra de la opinión mayoritaria de las bases; cómo se perpetúan y se reproducen por cooptación; y cómo, finalmente, los de abajo que aspiran a llegar arriba establecen un relación clientelar con los dirigentes. La conclusión es desoladora, ya que si en el partido de vocación más democrática, como el SPD alemán, se cumple esta "ley de hierro de las oligarquías", entonces tiene que suceder con más intensidad en el resto de partidos. Por ello, la obra de Michels debería ser de obligada lectura para los dirigentes de nuestra clase política. El sistema político actual  se parece cada vez más al régimen político de la Restauración (1876-1931), diseñado por Cánovas del Castillo con la Constitución de 1876, el turnismo de los 2  partidos políticos, el conservador y el liberal. La auténtica Constitución era como señalaba el gran Joaquín Costa, la oligarquía y el caciquismo. En el libro España en sus ocasiones perdidas y la Democracia mejorable, el catedrático Manuel Rámirez cita unas palabras de Ortega y Gasset, de uno de sus más famosos discursos: “La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos Ministerios de alucinación». También incorpora las palabras de Salvador de Madariaga: “Al pintarla como de alucinación, Ortega la ennoblecía. Fue una era de tramoya y bastidores, de máscaras y barbas postizas, de teatro en sí, además de ser teatral; una época que pretendía ser lo que no era y simulaba creer lo que decía, a sabiendas de que no era lo que aparentaba ser ni creía en lo que decía”.  Por ello, que en España estamos atravesando a nivel político un momento crítico es una obviedad. Hay diferentes razones. Una de ellas es la corrupción. Por desgracia ya no es noticia en este nuestro querido país que un político se vea incurso en delitos de corrupción. Como es algo ya tan cotidiano, los directores de los medios de comunicación deberían ir pensando en establecer una sección específica, bajo el epígrafe Corrupción, igual que existen otras como Deportes o Internacional.

En tiempos de la Dictadura de Franco casos de corrupción también los hubo, aunque no se conocían. Ahora desde la instauración de la democracia han irrumpido otros muchos: Filesa, Roldan, Naseiro, Gurtel….,. Todos ellos me producen un sentimiento de asco, ganas de vomitar, y también algunas reflexiones, que paso a exponer a continuación. Algunos de ellos han llamado especialmente la atención. El del Ayuntamiento de Marbella, donde el asesor urbanístico Juan Antonio Roca acumuló palacios espectaculares, cuadras de caballos de pura sangre, cuadros de famosos  pintores, coches lujosísimos, etc; sacas de dinero en casa de una teniente alcalde; chales edificados con materiales de los almacenes municipales. Y el de la alcaldesa de La Muela, que usaba un reloj suizo, un hublot, con un valor de unos 4.500 euros; bolsos de Loewe y complementos de marcas lujosas: Dolce&Galbana, Carolina Herrera o Prada. Y el de un exministro y expresidente de una comunidad autónoma que compró una casa palacio del siglo XVI, con diseños de Starck, Capellini o Cassina, con un grabado de Miró y esculturas y telas de artistas, de los que su Gobierno adquirió obras para colecciones públicas; en cuya reforma y decoración, muchos pagos fueron opacos: 55.000 euros para el aparejador; 50.000 para el electricista y el técnico del aire acondicionado; 55.000 para el carpintero; en 8 televisores se gastó 40.000 euros, y 20.000 en el pintor; para la cocina se destinaron 35.000 euros, y en menaje doméstico se gastaron 100.000 más; el control de luces 7.000, y 4.000 los 7 teléfonos que tiene la casa; y como colofón la escobilla del retrete con un valor de 375 euros. Si las heces estaban al mismo nivel que la escobilla, serían áureas. ¡Vaya ejemplo para la ciudadanía, el comportamiento de alguien que ha sido ministro y presidente de una comunidad autónoma! Dan ganas de exiliarse.

Que se haya llegado a esta situación, todos somos culpables. Obviamente los principales son los jetas, los caraduras, que se han dedicado y se dedican a saquear las arcas públicas para su beneficio particular. Robar dinero público es de extrema gravedad, todavía más si tenemos en cuenta las numerosas y cuantiosas necesidades que están todavía sin cubrir en España: asistencia médica, pensiones, educación, desarrrollo de la Ley de Dependencia, prestaciones de desempleo, infraestructuras…La Administración por no haber querido, sabido o podido crear los mecanismos de control adecuados para evitar tales latrocinios por parte de determinados representantes públicos, que muchos hemos observado en plena luz del día en nuestros pueblos y ciudades. ¡Qué fácil ha resultado y resulta desviar dineros públicos a cuentas particulares! También se deberían llevar a cabo las reformas legales pertinentes, para que una vez constatado el delito y tras un juicio justo, ser implacable, para que los bienes usurpados fueran devueltos al erario público. Esta muy extendida entre la ciudadanía la creencia de que en esta país, no se persiguen de igual modo los grandes delitos económicos que los diminutos de de cualquier trabajador.

Los partidos políticos tendrían que ser más escrupulosos a la hora de seleccionar para sus listas electorales a determinados individuos, como también el ser contundentes y borrarlos de ellas a aquellos incursos en delitos de corrupción. Tampoco deberían usar la corrupción como arma arrojadiza, y regocijarse cuando aparecen casos en el partido contrincante. Tales comportamientos para lo único que sirven es para generar cada vez más una gran desconfianza entre la ciudadanía, produciendo un grave daño a nuestro reciente sistema democrático. Y por último si redujeran los cuantiosos gastos en las campañas electorales, no tendrían que recurrir a la financiación ilegal.

Igualmente tampoco estamos libres de culpa los ciudadanos, ya que frecuentemente nuestro sensibilidad hacia el político corrupto depende de nuestras filias o fobias políticas, sin que tenga la corrupción un reflejo adecuado en los procesos electorales. Esta última circunstancia la hemos contemplado en repetidas ocasiones, ya que políticos incursos en tales delitos, no sólo no son castigados electoralmente, es que salen reforzados. Tal como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y municipales de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Mala práctica es creer que si aparece un caso de corrupción en nuestro partido político, se debe a una confabulación del partido contrario. Todos debemos tener el suficiente coraje para condenar contundentemente esta lacra, venga de donde venga. No hacerlo, entiendo que es una prueba incuestionable de que esta sociedad nuestra carece de unos referentes éticos claros. Por lo que estamos observando, los escrúpulos morales pertenecen a épocas pretéritas. Un caso del pasado nos podría servir de contundente ejemplo, expuesto por Julián Casanova. Una trama de corrupción y sobornos, el escándalo del straperlo, acabó en 1935 con la vida política de Alejandro Lerroux, el viejo dirigente republicano del Partido Radical que presidía entonces el Gobierno. Los ministros radicales tuvieron que dimitir y cayeron muchos cargos provinciales y locales del partido. Todavía más, en las elecciones  de febrero de 1936, el Partido Radical, que había gobernado de septiembre de 1933 hasta finales de 1935, se hundió estrepitosamente en las elecciones. Quedó reducido a cuatro diputados, noventa y nueve menos que en 1933.  Lerroux ni siquiera salió elegido en la lista. Todo un buen ejercicio de ciudadanía responsable. Toda una lección de nuestros antepasados. Y eso que en aquellas fechas la mitad de los españoles eran analfabetos. Tendrían carencias educativas, pero lo que tenían muy claro era la importancia de determinados valores. Uno de ellos era la intolerancia hacia los casos de corrupción. En cambio, los españoles de hoy con los mayores niveles de cultura y de vida  de toda la historia tenemos otras carencias no menos importantes.

 Consecuencia de la corrupción es la carencia de ejemplaridad de nuestra clase política, que prescinde de cualquier planteamiento ético a la hora de tomar sus decisiones. De un extraordinario libro, Ejemplaridad pública, del filósofo de Javier Gomá, expongo alguno de sus contenidos. Toda vida humana es ejemplo y, por ello, sobre ella recae un imperativo de ejemplaridad: obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable en tu ámbito de influencia, generando un impacto civilizatorio. Este imperativo es muy importante en la familia, en la escuela, y sobre todo, en la actividad política, ya que el ejemplo de sus dirigentes sirve, si es positivo, para cohesionar la sociedad, y si es negativo, para fragmentarla y atomizarla. El espacio público está cimentado en la ejemplaridad. Podría decirse que la política es el arte de ejemplificar. Las instituciones públicas han sido conscientes o deberían serlo del efecto multiplicador para potenciar la convivencia de determinados modelos. Los políticos, sus mismas personas y sus vidas, son, lo quieran o no, ejemplos de una gran influencia social. Como autores de las fuentes escritas de Derecho-a través de las leyes- ejercen un dominio muy amplio sobre nuestras libertades, derechos y patrimonio. Y como son muy importantes para nuestras vidas, atraen sobre ellos la atención de los gobernados y se convierten en personajes públicos. Por ello, sus actos no quedan reducidos al ámbito de su vida privada. Merced a los medios de comunicación de masas se propicia el conocimiento de sus modos de vida y, por ende, la trascendencia de su ejemplo, que puede servir de paradigma moral para los ciudadanos. Los políticos dan el tono a la sociedad, crean pautas de comportamiento y suscitan hábitos colectivos. Por ello, pesa sobre ellos un plus de responsabilidad. A diferencia de los demás ciudadanos, que pueden hacer lícitamente todo aquello que no esté prohibido por las leyes, a ellos se les exige que observen, respeten y que no contradigan un conjunto de valores estimados por la sociedad a la que dicen servir. No es suficiente con que cumplan las leyes, han de ser ejemplares. Si los políticos lo fueran, serían necesarias muy pocas leyes, porque las mores cívicas que dimanarían de su ejemplo, haría innecesaria la imposición por la fuerza de aquello que la mayoría de ciudadanos estarían haciendo ya con agrado. Saint-Just ante la Convención revolucionaria denunció "Se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos", circunstancia que no ha cambiado sustancialmente en la actualidad. Con la democracia liberal, se acrecienta todavía más la necesidad de la ejemplaridad del profesional de la política. Además de responder ante la ley, es responsable ante quien le eligió. Frecuentemente, observamos que un político sin haber cometido nada ilícito se hace reprochable ante la ciudadanía, por lo que debe dimitir y se hace inelegible, al haber perdido la confianza de sus electores. Mas la confianza no se compra, no se impone: la confianza se inspira. Mas, ¿qué es una persona fiable? La confianza surge de una ejemplaridad personal, o lo que es lo mismo, la excelencia moral, el concepto de honestum. Cicerón en su tratado Sobre los deberes, nos lo define como un conjunto de cuatro virtudes: sabiduría, magnanimidad, justicia y decorum (esta última es la uniformidad de toda la vida y de cada uno de sus actos). Es evidente hoy que esta ciceroniana uniformidad de vida, incluyendo la rectitud en la vida privada, es determinante en la generación de confianza ciudadana hacia los políticos. Frente a ese político ideal que genera la confianza de la ciudadanía, existen comportamientos políticos que producen el sentimiento contrario. Véase, los manifestados recientemente por aquellos políticos que jaleaban con estruendosos aplausos los mayores recortes de nuestra democracia. E incluso, alguno de ellos, cuando se dio a conocer la reducción de las prestaciones del desempleo, añadió "que se jodan"; u otro que al anunciarse la eliminación de la paga de Navidad de los empleados públicos, gritó con auténtico frenesí "¡a trabajar!". Regocijarse ante la desgracia ajena, esto es sadismo o crueldad. Tampoco deberían sorprendernos tales comportamientos, ya que como señaló Azaña en un discurso pronunciado el 21 de abril de 1934  en la Sociedad del Sitio de Bilbao, titulado  Un Quijote sin celada, y los estamos constatando día tras día, muchos acuden a la política no para realizar un servicio a la comunidad, sino para otros fines menos altruistas: el deseo de medrar, el instinto adquisitivo, el gusto de lucirse, el afán de mando, la necesidad de vivir como se pueda y hasta un cierto donjuanismo. Mas, estos móviles no son los auténticos de la verdadera acción política. Los auténticos son la percepción de la continuidad histórica, de la duración, es la observación directa y personal del ambiente que nos circunda, observación respaldada por el sentimiento de justicia, que es el gran motor de todas las innovaciones de las sociedades humanas. Ni que decir tiene que los recortes aprobados por el gobierno de Rajoy, faltando a su palabra y el que falta a su palabra a más ya no puede faltar, no están respaldados por el sentimiento de la justicia.

Estamos constatando también en España la extensión e incremento por doquier de la desigualdad y la exclusión. Tales situaciones son consustanciales con el régimen capitalista y más todavía en su versión neoliberal, aunque este, a veces, ha tratado de establecer mecanismos para controlarlas o limitarlas y así no alcancen situaciones extremas, que puedan alterar gravemente la convivencia, como hizo en Europa occidental la socialdemocracia y el Estado de bienestar, su forma política. Hecho que no fue una concesión del capitalismo, fue producto de luchas sociales que impusieron al Estado políticas redistributivas y formas menos extremas de exclusión. Con la crisis de la socialdemocracia y del Estado del bienestar, la desigualdad y la exclusión se acrecientan por lo que las tareas redistributivas son hoy más urgentes que nunca, por ello no parece conveniente prescindir del Estado para desempeñar en ellas un papel clave. Es cierto que el capital y algunas fuerzas políticas hablan de la crisis irreversible del bienestar, únicamente para destruir lo que de él queda y para sustituir el Estado keynesiano, con su énfasis en la gestión centralizada, en el pleno empleo, en la redistribución y en la primacía de la política social, por un Estado schumpeteriano, menos centralizado y menos monopolista, preocupado por la innovación y la competitividad, primando la política económica sobre la social. Sin embargo, los trabajadores, los grandes perdedores de la economía de hoy, y las fuerzas progresistas deberían proponer la reinvención del Estado del bienestar, para realizar más y mejor las políticas redistributivas que han sido su marca. Parecen pertinentes a tal fin las ideas preconizadas por Boaventura de Sousa Santos, ejemplo de intelectual progresista comprometido, frente a otros, la gran mayoría, que adoptan posiciones de un apoliticismo cercano al nihilismo, lo que propicia el acceso de la derecha al poder, como señala Manuel Rico. Si antes el derecho al trabajo fue el criterio de redistribución social, ahora, el trabajo debe ser el mismo objeto de redistribución social: del derecho del trabajo al derecho al trabajo. Pero no puede reducirse a las áreas sociales no competitivas con el mercado laboral capitalista, sino que debe penetrar en el corazón de este. Para ser redistributivo, tiene que cobijar el derecho al reparto del trabajo. Una reducción drástica del horario de trabajo sin reducción del salario debe estar en el centro de las políticas redistributivas del nuevo Estado del bienestar y ser un objetivo central de las fuerzas que luchan por él, principalmente el movimiento sindical. El reparto del trabajo capitalista no posibilita el pleno empleo, debido a la discrepancia entre el aumento de la productividad y la creación de empleo. En este caso, el reparto del trabajo, con la reducción drástica del horario, se debe complementar con la creación de trabajo social en el sector social de proximidad.

Cuando hoy se habla de la crisis del Estado del bienestar, se asume que la solución está en privatizar los servicios de educación y salud para entregarlos al mercado. No está probado que su privatización suponga, como regla, ahorro alguno al Estado, pues este tiene que seguir participando conjuntamente en la adquisición de servicios producidos en el mercado. Es un mito pretender sustituir la ineficiencia del Estado por la eficiencia del mercado, ya que este último, al no funcionar sino en conjunción con el Estado, absorbe la ineficiencia estatal, la suma a la suya y multiplica ambas con la corrupción y los lucros especulativos. Por el contrario, la reinvención progresista del Estado de bienestar debe otorgar un lugar importante a la regulación comunitaria, al sector privado no lucrativo. Los sindicatos deben asumir un nuevo papel en la producción de la providencia societaria, parecido al que asumieron en los inicios del movimiento obrero organizado, en la época del mutualismo, de los seguros, escuelas, hospitales y vacaciones obreras. Y los movimientos populares deben reivindicar su integración en una vasta constelación de modos de producción de providencia societaria. La cuarta línea tiene que ver con la política de gasto público. Hoy se habla de "menos Estado y de mejor Estado" y de la necesidad de reducir el déficit y funcionarios públicos. Es cuestionable. Es su aplicación la que suscita serias dudas, sobre todo, porque raramente se toca el sector más improductivo y costoso del Estado, las Fuerzas Armadas. Su futuro debería entrar en la agenda política, sin olvidar que estas disponen de inmensas infraestructuras de gran calidad, edificios para instalar escuelas, hospitales, centros de formación profesional, espacios para la tercera edad, centros de vacaciones, etc. Se deberían revisar las cuantiosas subvenciones a la Iglesia católica. Se debe recuperar el papel protagonista del Estado, ya que como dice Tony Judt, es una institución intermedia que sirve para proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más débiles, de las fuerzas desbocadas del mercado. En la misma línea se expresa Boaventura De Sousa Santos “El Estado es un animal extraño, mitad ángel y mitad monstruo, pero, sin él, muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables, a la caza de ángeles indefensos. Mejor Estado, siempre; menos Estado, nunca.” Y ya hace más de 100 años Manuel Azaña nos advirtió “Ese inmenso poder del Estado debe encaminarse en pro de nuestra obra; queremos infundir en ese organismo sangre nueva, para que el mismo Estado sea el que dispense la última y definitiva justicia. Porque de él, de ese Estado, con todos sus defectos de organización, con su ceguedad y su parsimonia, es del único Dios de quien podemos esperar que ese milagro se verifiqué. ¿De quién, si no, vamos a recibir la justicia? ¿O esperamos, acaso, que el codicioso, el explotador, el privilegiado renuncien voluntariamente a su privilegio, a su explotación o a su codicia? Nunca se vio tal…”

 

 

Habría que plantear una profunda reforma fiscal progresiva y la persecución del fraude. Una vez fijados los niveles generales de tributación, establecida la lista de los objetivos financiables por el gasto público y con mecanismos que combinen la democracia representativa y la participativa, es necesario dar la opción a los ciudadanos de decidir dónde y en qué proporción deben ser gastados sus impuestos. El pensamiento económico dominante pretende que la crisis se afronte con recortes y sin aumentos en los ingresos, lo que significa un grave quebranto para las clases populares. Es una cuestión de justicia social una reforma fiscal global mucho más equitativa. Esta es la línea defendida ya en el 2010 por Vicenç Navarro para el cual, se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año. Anulando la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, otros 5.300 millones de euros. Eliminando el pago a los profesores de la religión católica en los centros públicos, otros 600 millones. Combatiendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal) otros 44.000 millones. Según Antón Losada, es este el mayor  cáncer de nuestra fiscalidad y de nuestro bienestar. Nadie quiere entrar en esta cuestión. Mas habrá que hacerlo, ya que España es el país que atesora más de la tercera parte de los billetes de 500 euros que circulan por la Unión; donde pagar es de tontos y los cobros se facilitan con IVA o sin IVA con la misma naturalidad que un gobernante renuncia a cobrar patrimonio mientras despide profesores. El GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) en mayo de 2012 propuso medidas para ingresar 63.300 millones anuales  con la puesta en marcha de una nueva batería de medidas que junto a la propuesta de crear un nuevo tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros, permitirían ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año. Esta cantidad sería suficiente para reducir el déficit del 8,9% del pasado año hasta un nivel inferior al 3% que hasta el momento ha exigido Europa para 2013. El colectivo destacó que muchas de estas propuestas podrían aplicarse desde este mismo año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento, como una contraindicada subida del IVA y de otros impuestos indirectos, con la que el Gobierno pretende recaudar unos 8.000 millones de euros -casi ocho veces menos. Según Gestha, la subida del IVA es "injusta" porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es "regresiva" porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos -pensionistas y mileuristas- que a los que disponen de más recursos: mientras los primeros dedican sus ingresos íntegramente al consumo -sujeto al IVA-, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorrar, capítulo sobre el que no se aplica este impuesto. Para conocer los detalles pormenorizados de estas propuestas se puede consultar en la página web de GESTHA. De momento estos datos nadie los ha cuestionado, mas deben ser  poco conocidos por las clases populares. Ninguno de los dos grandes partidos ha intentado corregir el déficit público por la vía del incremento de los ingresos, con una reforma fiscal o persecución del fraude fiscal de las grandes empresas que cotizan en el IBEX. Sus razones tendrán.

 

 Que es necesaria la reforma de la ley electoral actual, al ser muy injusta la representación surgida de las urnas, es una obviedad. Unos datos nos los demuestran de una manera contundente. En las elecciones generales de 2008 con 963.000 votos IU obtuvo dos escaños, y CIU con 774.000 once; y con 303.00 el PNV tuvo seis y UPyD sólo uno. Los grandes beneficiados de la actual ley electoral han sido y siguen siéndolo PSOE y PP con los partidos nacionalistas. Para entender el tema en cuestión conviene mirar por el retrovisor a nuestro pasado.  Según los profesores Montserrat Baras y Juan Botella, la convocatoria a Cortes formulada en 1810 por la Junta Central constituye la primera norma electoral española. En la Constitución de 1812 se estableció el sufragio universal masculino, aunque indirecto. Entre 1834 y 1868 estuvo vigente el sufragio censitario, solo podían votar determinadas personas según rentas o categorías profesionales, sin que se llegase en ningún momento a un 5% el número de electores. Con la “gloriosa revolución” de 1868 se instauró el sufragio universal masculino y la reducción de la mayoría de edad a 21 años, por lo que algo más de la cuarta parte de los españoles fueron electores. Con la Restauración se produjo un paréntesis, ya que Cánovas del Castillo se mostró contrario al sufragio universal, no obstante con el liberal Sagasta se reintrodujo en 1890. No obstante en este período fue falseado de una manera sistemática, tal como reflejan los nombres de caciques, pucherazos v cuneros. En 1907 la Ley Maura supuso un intento fallido de mejorar y una racionalizar el sistema electoral, uno de sus artículos más famosos era el 29, que establecía que en aquellos distritos en el que concurriesen tantos candidatos como escaños a cubrir, la elección no tendría lugar y el candidato era electo.  Con la llegada de la II República se generalizó la circunscripción plurinominal en el ámbito provincial y, en su caso, las capitales de provincia-que superasen los 100.000 habitantes- formaban una circunscripción independiente, como fue la ciudad de Zaragoza. El Decreto de 1931 mantuvo el sufragio mayoritario limitado: eran elegidos los más votados con un número mínimo de votos; se podía votar a candidatos de las diversas candidaturas; se podía votar sólo por un número máximo de candidatos, en torno a los dos terceras partes del número de escaños a cubrir, para que las minorías estuvieran representadas. La Constitución republicana convalidó el Decreto con la única modificación de dar el voto a las mujeres, que pudieron ejercerlo por primera vez en 1933. La legislación electoral republicana mejoró la representatividad, propiciando el pluripartidismo y la fragmentación parlamentaria, lo que dificultó la gobernabilidad. En las Cortes de 1931 y 1933 hubo representantes de más de 20 partidos; en las de 1936, fueron alrededor de 18. El partido con más escaños en cada una de las tres elecciones republicanas tenía en 1931 y 1933 algo menos del 25%; en 1936, su peso era del 21%. Además, la fórmula mayoritaria de lista producía grandes cambios pendulares en electorado. La izquierda tenía en 1931 el 62% de los diputados; en 1933 el 21%, y en febrero de 1936 el 56%. La derecha en las mismas fechas tuvo el 9%, el 45% y el 30%.  La consecuencia fueron los continuos cambios de gobierno, en el período de paz hubo 17, con una media de duración de 4 meses. Como conclusión, si la legislación electoral republicana cumplió muy bien las funciones de la representación, no servía para garantizar la gobernabilidad que no contribuyó a la consolidación del régimen republicano. Esta situación era perceptible a la salida del franquismo y en la transición democrática. El Real Decreto-Ley de marzo de 1977, que establecía las normas para las primeras elecciones libres- que en lo fundamental se ha mantenido en la legislación electoral posterior- no fue negociado entre la oposición democrática y el gobierno procedente del franquismo. La oposición tenía bastante con alcanzar su legalización, y el gobierno de Adolfo Suárez pudo definir con total libertad las reglas de juego. Había incertidumbre sobre las preferencias electorales de los españoles, por lo que no se tenía claro cuál era el mejor mecanismo electoral. A pesar de su afirmación proporcional, el escaso número de escaños a cubrir en la mayoría de las provincias, le daba al sistema un carácter en la práctica mayoritario. Por otra parte, la asignación de diputados a las provincias primaba a las menos pobladas, previsiblemente más moderadas y progubernamentales. Además los senadores de designación real era una fuente de seguridad frente a unos resultados favorables a la oposición. Lo que se pretendía en definitiva era evitar el multipartidismo excesivo y de favorecer las candidaturas gubernamentales, y de asegurar una representación limitada a las fuerzas de la oposición antifranquista. Prevaleció la gobernabilidad en detrimento de la representatividad. Y como he señalado la legislación electoral posterior no introdujo ningún cambio sustancial al Decreto que reguló las primeras elecciones democráticas de 1977. Además, el derecho electoral es siempre conservador, y aquellas fuerzas políticas que de él se han beneficiado y lo siguen haciendo, que les ha permitido ganar las elecciones o tener una  representación política muy superior a su fuerza real, como es entendible ni lo cambian ni lo cambiarán.

 

            Voy a referirme ahora, siguiendo a grandes rasgos  a Daniel Raventós, la cuestión de la renta básica: un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de que puedan serlas otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. No se tiene que confundir con las rentas de inserción y otros subsidios condicionados propios del Estado del bienestar ni con el impuesto negativo sobre la Renta. La renta básica es muy apropiada para sociedades con elevados y persistentes niveles de pobreza, de paro y de descontento relativo a las formas de trabajo, como España ahora, aunque como cualquier propuesta de renovación social, tiene que superar grandes resistencias. Existen ideologías diversas de fundamentación de la renta básica. Una es de concepción republicana con una antigüedad de 2.500 años: ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir, para existir socialmente. Habría diferentes colectivos muy beneficiados. Los jóvenes, las mujeres dependientes económicamente, las personas mayores jubiladas y emprendedores. La juventud tiene que compatibilizar el estudio y el empleo, además de estar inmersa en un mercado laboral que le reserva precariedad. Esta renta básica le permitiría afrontar su periodo de formación laboral y profesional con unos ingresos dignos. Las mujeres dependientes económicamente que trabajan en el hogar alcanzarían una cierta independencia. Las personas ancianas, muchas con una pensión raquítica, tendrían un incremento considerable de ingresos. Posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de autocupación. Además supondría una inyección de dinero a la población más necesitada, que no sería destinada al ahorro sino al consumo, con lo que se reactivaría nuestra economía. Obviamente, existe el problema de su financiación. Para ello podría realizarse, como ya hemos comentado en líneas precedentes, una profunda reforma fiscal en profundidad vía IRPF, grandes fortunas, Sicavs, patrimonio, sucesiones, persecución del fraude, etc. Todo es querer. Es obvio que la situación actual es insostenible, y hay que tomar medidas excepcionales, aunque parezcan utópicas. También lo eran: hace 100 años el sufragio universal y hoy se acepta como una normalidad. Y hace 200 años acabar con el Antiguo Régimen. Los avances en la historia se han producido por rupturas con lo establecido, y más si es injusto

            Ahora quiero detenerme en otra de las cuestiones planteada por el 15-M, la “deuda odiosa” del Estado español, tema fundamental para tratar de salir de una manera justa y equitativa de esta recesión económica que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de los españoles. Nuestro ínclito presidente nos dice que la deuda pública supera la cifra de los 900.000 millones de euros, y que no podemos gastar más de lo que ingresamos, tal como ocurre en una economía familiar, y que, por tanto, no tenemos otra opción que llevar a la práctica una serie de ajustes fiscales, que no le gustan, para que al final se produzca el crecimiento económico y así se pueda generar empleo. Es el pensamiento único. Buscan chivos expiatorios de la deuda: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, las embajadas catalanas, etc.  Quien tiene el atrevimiento de cuestionarlo es acusado de locura y de estar fuera de la realidad terrenal. Vale, D. Mariano, voy a realizar un esfuerzo para creerle. Mas, supongo que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con el incremento de nuestros impuestos, recortes de nuestros salarios  y de nuestras prestaciones del Estado de bienestar, entre otros sacrificios, tenemos derecho -¡qué menos!- a conocer el origen de esta deuda. Debemos saber por qué, para qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. En definitiva, una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos, no vale una comisión parlamentaria, porque ya conocemos su funcionamiento. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para escudriñar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminado ese proceso. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Se basó en algunos precedentes del siglo XIX, el rechazo por parte del Estado mexicano de la deuda contraída por el emperador Maximiliano I, y el de EEUU, una vez que se anexionó la isla, de los débitos asumidos por Cuba siendo colonia española.  Obviamente en estricta justicia, el Estado español, es decir todos los españoles estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. A estos auténticos desalmados,  se les podía inculpar de haber cometido un crimen contra la humanidad, como es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de impago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para todos los ecuatorianos. Es lo que se está intentando en Grecia, tal como nos relata el documental "Debtocracy" (Deudocracia), de los periodistas Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou sobre la crisis del país heleno. Los principales actores (alrededor de 200 personalidades) firman una demanda para que se establezca un comité de auditoría internacional, cuyo fin sería determinar los motivos de la generación de una deuda soberana y condenar a sus responsables. Se habla de Golman Sach, de los sobornos de Siemens al gobierno, de los gastos sin control en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, de la compra actual de armas a Francia y Alemania.  Grecia tiene todo el derecho a negarse a reembolsar su "deuda injustificada", es decir, la deuda constituida por actos de corrupción contra el interés de la sociedad. Hay culpables: "En cerca de 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos grandes empresarios han llevado a Grecia a la quiebra. Han dejado de pagar a los ciudadanos para salvar a sus acreedores". ¿Qué motivos tienen los dos grandes partidos para no hacer lo mismo en España? Tienen trabajo. Si investigarán entre otros: Programas Especiales de Armamento (PEA) que alcanzan 40.000 millones de gasto; el salvamento a las entidades financieras; los sobrecostos de las empresas constructoras del AVE; derechos reconocidos que se aproximan ya a los 20.000 millones de euros las eléctricas, la exención del IBI y sus subvenciones a la iglesia católica, la financiación de los viajes del Papa, los aeropuertos de Castellón y de Ciudad Real, etc. Seguro que se podría rebajar el costo de la deuda, y por ello serían innecesarios los recortes tan injustos que estamos soportando los españoles con excesiva mansedumbre, por lo que Susan George acaba de decir que “los  españoles somos ratas de laboratorio para ver cuánto castigo soportamos sin rebelarnos.” Eso es lo que trata de evitar el 15-M con todas las propuestas presentadas. ¡Vaya que si tiene programa!

De la situación actual no está exenta de culpa la izquierda. La socialdemocracia europea al poner en práctica políticas neoliberales traicionó sus principios ideológicos. La Tercera Vía formulada por Anthony Giddens fue claramente una política de derechas, al permitir la entrada del capital privado en los servicios públicos, con el pretexto de la eficacia. En cambio, la derecha ha tenido y tiene una actuación coherente, ha hecho lo que tenía que hacer de acuerdo con su ADN. Sobre las continuas y recientes derrotas de las izquierdas, fueron muy pertinentes, además de premonitorias, las palabras emitidas ya en octubre de 2008, del añorado Saramago: "la izquierda ni piensa, ni actúa, ni arriesga una pizca"; "la izquierda no tiene ni puta idea del mundo en que vive". Para corregir esta situación, Boaventura de Sousa Santos en su Quinta Carta a las Izquierdas, les lanza a bocajarro una serie de preguntas que les podrían servir de motivo para una profunda reflexión, a no ser que sigan retiradas, restañando sus heridas. ¿Por qué los estados cambian tan fácil el bienestar de los ciudadanos por el de los bancos? ¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a los que la causaron? ¿Por qué la racionalidad de la "solución" se asienta en las previsiones que hacen y no en sus consecuencias, que casi siempre las desmienten? ¿Por qué los ciudadanos consideran su empobrecimiento inevitable y al enriquecimiento escandaloso de unos pocos necesario para que su situación no empeore todavía más? ¿Por qué el crecimiento económico es hoy la panacea para todos los males de la economía y de la sociedad sin reparar en sus costos sociales y ambientales? ¿Por qué Malcom X tuvo tanta razón: "si no tienen cuidado, los periódicos los van a convencer de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores"? ¿Por qué las críticas que las izquierdas hacen al neoliberalismo prácticamente no entran en los noticieros? ¿Por qué las alternativas son tan escasas cuando más se las necesita? Todas ellas tienen la suficiente enjundia para que sobre ellas, las ejecutivas de los diferentes partidos de "izquierdas" organicen conferencias y congresos, tratando de encontrar respuestas que convenzan a muchos de sus votantes que poco ha les abandonaron. Yo también quiero incorporarme a este rosario de preguntas. ¿Hay algún límite a estas políticas durísimas de ajustes fiscales? ¿Existen algunas líneas rojas que la sociedad considere infranqueables en nuestro Estado de bienestar? Tal como se están desarrollando los acontecimientos, y con el estado de mansedumbre de buena parte de nuestra sociedad, estimo que cualquier recorte a nuestro Estado de bienestar no solo es posible, sino que es inevitable. Nuestros gobernantes ya se cuidan, propiciando y sirviéndose de la cultura del miedo, en preparar nuestro ánimo para que asumamos cualquier medida, por dura que sea. En cuanto a nuestra democracia tan añorada en otras épocas: ¿Qué queda de ella? ¿Qué decidimos de verdad los ciudadanos? Que no son preguntas baladíes, lo demuestra el hecho de que Ignacio Sánchez-Cuenca, considerando que las decisiones de nuestros representantes políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferencias individuales de los ciudadanos, haya escrito recientemente un artículo con el inquietante título: ¿Habrá siempre democracia? Una decisión tomada democráticamente no puede ser destruida al día siguiente por una agencia calificadora de riesgo o por una baja en la cotización de las bolsas. Ante estos flagrantes atropellos a la democracia, tampoco se vislumbra una reacción ciudadana. La democracia hay que conquistarla y defenderla todos los días. Es mucho más que depositar un voto cada cuatro años.
Termino con otra pregunta: ¿Para qué tanta austeridad, tanto sacrificio y sufrimiento acumulados? Nuestros dirigentes repiten la cantinela de "que para recuperar el crecimiento económico y así crear empleo estable". Cada vez estoy más convencido, aunque me resistía aceptarlas, que sean ciertas las palabras ya mencionadas con anterioridad de Susan George: los españoles son ratas de laboratorio para ver cuánto sufrimiento pueden soportar.

Como colofón sea bienvenido el movimiento del 15-M, que abre un pequeño resquicio a la posibilidad de que esto puede empezar a cambiar.



 

Cándido Marquesán Millán

.

 

 

13/11/2012 19:54 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Algunas reflexiones sobre la actualidad

 

 

Cada vez estoy más convencido de que el 15-M ha sido la bocanada de aire fresco más importante que ha irrumpido en nuestro sistema político desde la instauración de la democracia. En una reciente entrevista  Javier Cercas señalaba que “El 15-M le parecía lo más saludable que ha pasado en este país en los últimos años”.  Con independencia de la evolución que siga este movimiento, su aportación al debate de la política española es ya incuestionable. Esos jóvenes y menos jóvenes han puesto de actualidad determinados problemas políticos que estaban soterrados en nuestro país: reforma del sistema electoral, liberar  la política de la economía, una democracia más participativa, democracia interna en los partidos políticos, erradicación de la corrupción para recuperar la ejemplaridad de la clase política, mantenimiento del Estado de bienestar para luchar contra la exclusión y la desigualdad, reforma fiscal progresiva, una auténtica y efectiva separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, revisión de la Jefatura del Estado, la dación para saldar la deuda de la hipoteca, la implantación de la Renta Básica, la  deuda odiosa etc.

Como no podía ser de otra manera ha sido criminalizado desde la mayoría de los medios de comunicación y el mundo académico, al servicio incondicional del poder político y económico dominante. También se le ha acusado de no presentar programa alternativo alguno.   Vaya que si lo tienen, otra cosa es que no interesen sus propuestas. Y de cuestionar nuestro sistema democrático, por ser antisistema. Esas críticas no sólo proceden desde las posturas políticas más conservadoras, sino que también desde la izquierda socialdemócrata.  Al respecto, me parece muy oportuna la reflexión de Boaventura De Sousa Santos  “Las nuevas movilizaciones y militancias políticas por causas históricamente pertenecientes a las izquierdas se están realizando sin ninguna referencia a ellas (con excepción, tal vez, de la tradición anarquista) e incluso, muchas veces, en oposición a ellas. Esto no puede dejar de suscitar una profunda reflexión. ¿Se están haciendo esta reflexión? Tengo razones para creer que no y la prueba de ello está en los intentos de captar, educar, minimizar o ignorar a la nueva militancia.”

Merece la pena detenerse con un poco de más detalle sobre la actuación de los medios de comunicación en esta crítica contra el 15-M. Como dice Gerardo Pisarello en su libro Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, la idea de que la democracia supone la libre circulación de las ideas y opiniones se ve amenazada por el irreversible y escandaloso proceso de fusiones y concentraciones de los grandes medios de comunicación. El grueso de medios pequeños e independientes ha sido absorbido por conglomerados muy centralizados, e incluso en Internet han aumentado la censura y los controles. Las sedes de los principales veinte grupos mediáticos del mundo están situadas en países industrializados. La mayoría de ellos se encuentra en Estados Unidos, como Time Wagner, Disney/ABC, Viacom o News Corporation, la empresa del magnate Rupert Murdooch que engloba los periódicos The Sun y The Times y los conglomerados de cadenas vía satélite Fox y Sky.  

En España ha ocurrido igual. En el Extra de Julio/Agosto de 2012 de la revista ‘Mongolia’ aparece con un detallado informe que incide en lo presentes que están las entidades financieras en la propiedad de los medios de comunicación: Prisa, Unidad Editorial, Planeta, Vocento, Grupo Godó…Todos los grandes conglomerados mediáticos tienen a la banca entre sus principales accionistas. Por su interés, reproduzco un extracto de dicho estudio: A los medios y a los periodistas les gusta verse a sí mismos como el Cuarto Poder. Una imagen poderosa que les convierte, además en pilar básico de la democracia. Y, a lo mejor, siguen siéndolo. Pero es más dudoso que el poder resida en su interior: la crisis ha acelerado la “financiarización de las empresas periodísticas”, un fenómeno muy visible en España. El sector financiero ha tenido siempre una gran influencia sobre los medios por una doble vía: mediante la contratación de publicidad -los bancos suelen encontrarse entre los principales anunciantes- y la concesión de créditos. Pero el reciente boom disparó la deuda de las grandes empresas de comunicación españolas y, ahora, como no pueden afrontarla, la banca se incorpora directamente a su capital. El caso del grupo Prisa, editor de El País y dueño de la Cadena SER, es paradigmático. Su deuda llegó a alcanzar los 5.000 millones y acaba de reducirla a 3.000. Pero por el camino se han incorporado al capital el conglomerado de Wall Street, agrupado en el vehículo Liberty, y ahora, el Banco Santander, Caixabank y el HSBC. Y como la deuda seguirá siendo demasiado abultada, la empresa ha abierto su capital a otros veinte bancos.

En los consejos de casi todos los grandes medios se sientan directamente consejeros del sector financiero. Y la simbiosis va en doble dirección: los editores de La Vanguardia y La Razón son a su vez vicepresidentes de CaixaBank y el Banco Sabadell, respectivamente. El Cuarto Poder ya no debe lidiar más con la presión del sector financiero: ya es directamente el sector financiero.

En PRISA, ya son accionistas importantes Daiwa Securities, BH Stores IV BV, BNP Paribas, Bank of America, Asset Value Investors, Marlin Equities, Berggruen Acquistions Holding LTD, Deutsche Bank. Entre todos suman alrededor del 25% del capital actual. Además, Caixabank, Banco Santander y HSBC tendrán un 20% del capital en 2014 tras canjear deuda por acciones. Pese a el, la deuda de Prisa se sitúa alrededor de 3.000 millones y la empresa ha invitado a las siguientes entidades financieras a canjear deuda e incorporarse al capital de la empresa o aumentar su participación actual: BBVA, Banco Sabadell, Banesto, Bankia, Bankinter, Banca March, Kutxabank, Banco Caixa Geral, Banco Cooperativo Español, Ibercaja, Banco Pastor, Banco Popular, ICO, Liberbank, Banco Grupo Cajatres, NCG Banco, Bankia, Banco Espíritu Santo, Caixa Banco de Investimento, , Vitybank, Crédit Agricole, Societé General, The Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Fortis, Cooperative Centrae Raiffeisen-Boerenleenkbank, Alie Street Investments, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BP, Bank of America, Banco Itaú, Bank Audi Saradar, Natixis.

 En el GRUPO PLANETA, el accionista de referencia es José Manuel Lara, que a su vez es vicepresidente del Banco Sabadell. El consejo de Antena3 incluye a Marco Drago, consejero del fondo DeA Capital (el fondo vinculado a De Agostin, accionista de referencia de A3) y Pedro Ramón Cajal (consejero del Banco Renta4).

 En VOCENTO, el Consejo de Administración incluye a Fernando Azaola Arteche (BBVA), Rodrigo Echenique (Banco Santander) y Jaime Castellanos (Lazard).

            En el GRUPO GODÓ, el dueño del grupo, Javier Godó, es a su vez vicepresidente de la Caixa y consejero de Caixabank. En 2011, la entidad financiera concedió 7,5 millones de euros en créditos al grupo. El reducido Consejo de Administración del Grupo Godó incluye a Luis Conde (consejero de CatalunyaCaixa y vinculado a Lazard).

            En el grupo ZETA su principal acreedor es Caixabank, que supervisa la reestructuración a través de Juan Llopart, uno de sus consultores de confianza y hombre fuerte del consejo de Zeta.

TELE 5 /MEDIASET La primera televisión española está bajo control del magnate italiano Silvio Berlusconi. El Consejo de Administración incluye a Borja Prado (máximo responsable de Endesa y consejero de Mediobanca, entre cuyos accionistas está el Banco Santander) y Helena Revoredo (Banco Popular).

 La creación de estos grandes grupos mediáticos, controlados por el sector financiero, se convierten en unos poderes, con frecuencia salvajes como los ha llamado Luigi Ferrajoli, que tienen un efecto devastador sobre la libertad de crítica y el pluralismo político. No es el periodista quien utiliza el periódico para transmitirnos algo, es el periódico mismo y evidentemente no me refiero al pedazo de papel sino a la empresa sin la cual ese pedazo de papel no existiría, la empresa que fabrica el periódico y contrata al periodista para que produzca una versión de la realidad y, al contratarlo, lo selecciona en función de sus intereses. Como bien ha señalado Carlos Fernández Liria, “existe en España la peor clase de censura: aquella que consiste en que sólo tienen la posibilidad de hacerse oír en el espacio público quienes están de acuerdo con el propietario de los medios. De esta manera resulta que todos los periodistas que habría que censurar están en el paro. El paro es, en efecto, una forma muy brutal de censura, o dices lo que el propietario de los medios quiere que se diga o no encuentras trabajo en la vida”. Esto no implica que no haya un margen para el trabajo que algunos periodistas intentan hacer a contracorriente de sus medios, pero es un margen mínimo.

            En cuanto a la crítica ejercida por el mundo de la academia, el mundo de la inteligencia, parece oportunas las siguientes consideraciones. En el libro Sobre el olvidado siglo XX, Tony Judt afirma que de todas las transformaciones de las tres últimas décadas, la desaparición de los “intelectuales” quizá sea la más sintomática. El siglo XX fue el de los intelectuales, vocablo que empezó a usarse a inicios del XX, significando a personas del mundo de la cultura que se dedicaban a debatir y a influir en la opinión y la política pública, y que estaban comprometidos con un ideal, un dogma o un proyecto. Los primeros fueron los escritores que defendieron a Dreyfus de la acusación de traición, recurriendo para su defensa a valores como “justicia”, “verdad” y “derechos”. Considerando la trascendencia que los intelectuales tuvieron en el siglo XX , a ellos dedica una parte importante de su libro: Arthur Koestler, Primo Levi, Manès Sperber, Ana Arendt, Camus, Althusser, Hobsbawn, Kolarowski, Juan Pablo II y Edgard Said. Todos estos tienen un capítulo específico. Son excepcionales los que tratan de Hobsbawn y Kolarowski.  Puede resultar excesiva la tesis de Tony Judt. Yo me inclinaría a pensar por el contrario, que no se ha producido la desaparición de los intelectuales. Lo que ha ocurrido en España, es su derechización, tal como acabar de escribir poco ha Ignacio Sánchez Cuenca en un extraordinario artículo, La derechización de los intelectuales españoles, publicado en El País, en el que afirma con contundencia que las ideas liberal-conservadoras son hoy hegemónicas en la esfera pública en nuestro país. En muchos casos son defendidas con ardor por gente que fue progresista en su juventud, y a veces, hasta marxista-leninista. En la misma línea de pensamiento se sitúa Juan Gari en Público el pasado 17 de enero 2009, al señalar que algunos artistas y maîtres à penser celtibéricos, después de una vida informada por la coherencia progresista más o menos acusada, han coronado su madurez pasándose con armas y bagajes a las filas conservadoras –donde han sido recibidos, lógicamente, con gráciles alharacas. No se trata de un grupo homogéneo: Albert Boadella, Sánchez Dragó, Fernando Savater o Félix de Azúa, Arcadi Espada…Entre los intelectuales dedicados a la disciplina de la Historia en nuestro país, hoy abundan cada vez más una casta de historiadores, con gran predicamento en el mundo académico y universitario, que consideran la Historia desde una postura estrictamente utilitarista y mercantilista. Si son requeridos para impartir alguna charla divulgativa o para publicar un libro, solo acceden con el cheque por delante. Ocultan su falta de compromiso ético-político con el disfraz de la neutralidad, maquillada con un lenguaje seudoprogresista. Estos comportamientos han allanado el camino, para que determinados seudo-historiadores, se adentren e interpreten con gran descaro de una manera sesgada e interesada acontecimientos trascendentales de nuestra historia reciente, por medio de numerosos libros de encuadernaciones lujosísimas, colocados en los anaqueles de los Grandes Almacenes de todas las ciudades españolas. Hoy el daño está hecho. Hoy una parte de la ciudadanía española se ha acercado exclusivamente a la II República y la Guerra Civil a través de estas publicaciones de los Pio Moa y César Vidal, construidas con una manipulación vergonzosa. Como han sido muy escasos, los historiadores de renombrón, catedráticos o profesores titulares de las Universidades, con alguna honrosa excepción como Julián Casanova o Joseph Fontana, que han salido a la palestra para poner las cosas en su justo papel, vivimos en tiempos de revisionismo histórico, por lo que se ha extendido ampliamente la peligrosa idea, además de otras, de que en la contienda civil española ambos bandos fueron igualmente culpables y que la sublevación militar de julio de 1936 fue una consecuencia inevitable de los errores y abusos del régimen republicano. No es un tema baladí lo que Joseph Fontana señala al respecto: Si analizamos lo realizado por cada uno de los dos bandos, nos daremos cuenta que les movían razones muy distintas. Y que es imposible entender lo que significó la Segunda República Española, y los motivos por los que la combatieron los sublevados de 1936, si se pasan por alto diferencias tan fundamentales como ésta: la República construyó escuelas, creó bibliotecas y formó maestros; el "régimen del 18 de julio" se dedicó desde el primer momento a cerrar escuelas, quemar libros y asesinar maestros.

Estos historiadores “profesionales”, que se han mantenido en los cuarteles de invierno tampoco dan muestras de "compromiso cívico" para denunciar los problemas cruciales de nuestro tiempo, las mentiras y falsedades sobre la marcha exitosa de este mundo globalizado, para ayudar a los hombres y mujeres a entender las razones por las que las cosas son lo que son, y que sólo pueden ser entendidas en una perspectiva temporal e indagando en sus raíces históricas. ¡Qué poco tiempo han perdido en defender frente a esa derecha rancia, determinadas medidas progresistas como: la devolución de los papeles del Archivo de la Guerra Civil a Cataluña, el matrimonio de los homosexuales, la asignatura de Educación para la Ciudadanía..!

Mas este fenómeno de derechización de la intelectualidad no se circunscribe a España. Ya en octubre del 2002 Le Monde Diplomatique publicó un texto de Maurice Maschino sobre los intelectuales que dominan con su presencia los medios de comunicación en Francia. La prestigiosa publicación, que reúne, mes a mes, a las voces más destacadas de la izquierda, declara con ello la guerra a los intelectuales que llama con desdén, en la cabeza del artículo, "los nuevos reaccionarios". Circunstancia nueva que contrasta con lo que han sido los intelectuales franceses desde hace más de 100 años, afirma Maschino, "la vanguardia del combate por la justicia y por la libertad". Hugo condenó la intervención de su país en México; Zola denunció los atropellos del Ejército en el caso Dreyfus; Gide criticó el colonialismo en el Congo; Malraux luchó a favor de la república española; incluso, Mauriac levantó la voz contra las torturas cometidas por los soldados franceses en Argelia.. "Es difícil hoy --concluye-- imaginar el impacto que tuvo sobre la opinión pública y sobre los poderes establecidos una movilización semejante de los grandes espíritus de la época".

Afortunadamente todavía quedan intelectuales comprometidos, que sacuden las conciencias de los pueblos, ya que son los que hacen a estos tomar conciencia de su realidad social para, posteriormente, asumir el compromiso de transformarla. Uno de ellos es Saramago, que nos sorprende con sus nuevas novelas llenas de profundo humanismo y de grandes valores literarios. Pero Saramago no sólo escribe novelas, sino que con su pluma mordaz cuestiona con coraje a la izquierda y también a él mismo; algo que debería ser característico de un hombre que se llame progresista. Recientemente, con fecha de 9 de junio, en su Cuaderno del Blog de la Fundación José Saramago, escribió unas breves líneas bajo el título de Paradoja. Son contundentes, y que para todos aquellos que sean, además de llamarse, de izquierdas, deberían servir de profunda reflexión. Son tan claras, que cualquiera puede entenderlas. Ahí van: Otras veces me he preguntado dónde está la izquierda, y hoy tengo la respuesta: por ahí, humillada, contando los míseros votos recogidos y buscando explicaciones al hecho de ser tan pocos. Lo que llegó a ser, en el pasado, una de las mayores esperanzas de la humanidad…, asemejándose más y más a los adversarios y a los enemigos, como si esa fuese la única manera de hacerse aceptar….Al deslizarse progresivamente hacia el centro, movimiento proclamado por sus promotores como demostración de una genialidad táctica y de una modernidad imparable, la izquierda parece no haber comprendido que se estaba aproximando a la derecha. Si, pese a todo, fuera todavía capaz de aprender una lección, ésta que acaba de recibir viendo a la derecha pasarle por delante en toda Europa, tendrá que interrogarse acerca de las causas profundas del distanciamiento indiferente de sus fuentes naturales de influencia, los pobres, los necesitados, y también los soñadores, que siguen confiando en lo que resta de sus propuestas. No es posible votar a la izquierda si la izquierda ha dejado de existir…

            Merecen un capítulo dentro del mundo de la academia, el de los economistas. Su servidumbre al mundo de las finanzas ha sido y sigue siendo vergonzoso. Hubbard, uno de los protagonistas de Inside Job, decano de la Universidad de Columbia exjefe del consejo económico en la Administración de George W. Bush, cobró 100.000 dólares por testificar a favor de los gestores de los fondos de Bearn Stearn, acusados de fraude; realizó un informe para Goldman Sachs alabando los productos derivados y la cadena de titulización hipotecarias. Martin Feldstein, profesor de Economía en Harvard y asesor de Ronald Reagan, participó en el diseño de la desregulación financiera y fue consejero de AIG. Larry Summers, otro impulsor de la desregulación en el mercado de derivados, presidente de Harvard, ha ganado millones de dólares asesorando a hedge funds (fondos muy especulativos). Según Ángel Cabrera, un español que dirige una escuela de negocios en EE UU, la prestigiosa Thunderbird (Arizona) "Toda la teoría de la eficiencia de los mercados pasó a ser religión, se llegó a la conclusión universal de que cualquier intervención era mala. Los centros han estado dando forma al sistema de valores de Wall Street, creando una plataforma de legitimidad para determinadas conductas".

En España, no conozco casos tan contundentes de colaboración del mundo académico con los intereses de grupos de presión empresariales. Sin embargo, en los años de la gestación del boom inmobiliario las voces críticas de los economistas fueron escasas. Según Alfons Sauquet, decano de ESADE, "Aquellos que han sido más escépticos con las prácticas financieras no se han dejado oír lo suficiente, no han hecho de la cautela una bandera más clara. Pero eso siempre es difícil de hacer. ¿Quién se atreve en una fiesta a apagar la música y llevarse el carrito de las bebidas?" Los que discrepan del pensamiento dominante tienen numerosas dificultades para transmitir el suyo. Sirvan como ejemplos el desconocimiento del "Manifiesto de los economistas aterrados" o el libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón titulado Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, prologado por Noam Chomsky, que la Editorial Aguilar renunció a publicarlo, por lo que los autores decidieron divulgarlo en la red.

 

 Retornando al principio, a las actuaciones  del 15-M, estimo que si las instituciones políticas existentes no sirven para dar respuesta a las aspiraciones de amplios sectores de la ciudadanía, es necesario reformarlas o crear otras. ¿Para qué sirve el Senado? Hasta que esto ocurra, es legítimo y democrático actuar pacíficamente al margen de ellas en la calle. Una sociedad democráticamente sana puede y debe mostrar su protesta y su indignación en la calle. Cuando la gente pacíficamente toma la calle, para hacerse oír, es porque quiere cambiar las políticas públicas. Y esta actuación es otra forma de democracia; la democracia de movilización que está cuestionando, sin querer suprimirla, la democracia representativa de los gobiernos, parlamentos y partidos políticos. Así lo hace el 15-M, manifestándose pacíficamente y en pro de más democracia, por lo que no debería ser criminalizado por los poderes públicos, planteando una reforma del Código Penal. Como ha escrito Luis I. Sandoval "Para Eric Hobsbawm 'las marchas callejeras son votos con los pies que equivalen a los votos que depositamos en las urnas con las manos'. Y es así, porque los que se manifiestan eligen una opción, protestan contra algo y proponen alternativas. La acción colectiva en la calle, como acto de multitud o de construcción de un discurso, expresa una diferencia u oposición, muestra una identidad, y se transforma de lo particular a algo más general y cuando se mantiene en el tiempo se convierte en un movimiento social. La historia nos enseña que si en la sociedad democrática no se produjeran estas oleadas de movilización por causas justas no habría democratización, es decir, no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos reconocidos constitucionalmente, ni la fuerza e imaginación para crear otros nuevos". Todo esto les resulta difícil de entender a nuestros representantes políticos. Con frecuencia, las sociedades se incomodan con los movimientos y aún los consideran peligrosos y nocivos. Solo cuando triunfan reconocen sus bondades e integran sus conquistas a la cultura e institucionalidad vigentes. Ardua tarea, a veces se necesitan siglos para alcanzar algunos derechos: jornada laboral de 8 horas, descanso dominical, sufragio universal, igualdad entre hombre mujer. Y ahora los dos partidos, profundamente compungidos y sensibilizados por la problemática de las personas desahuciadas, se prestan a aprobar una norma. Me viene a la memoria que siendo ministro de Fomento, José Blanco, dijo  "Aceptar la dación de viviendas en pago de las hipotecas pondría en dificultades el sistema financiero”.  En definitiva, con movilizaciones se han civilizado y avanzado las sociedades que hoy conocemos como modernas y democráticas. Para Boaventura de Sousa Santos "Los momentos más creativos de la democracia rara vez ocurrieron en las sedes de los parlamentos". Ocurrieron en las calles, donde los ciudadanos indignados forzaron los cambios de régimen o la ampliación de las agendas políticas.

  No obstante la historia además de una repetición supone una enseñanza. Ahora mismo acabo de leer el discurso que Manuel Azaña pronunció un 11 de septiembre de 1911, titulado “El problema español” en la Casa del Pueblo de su ciudad natal Alcalá de Henares, y del que me han impresionado algunos de sus fragmentos por su vigente actualidad, como si algunos de los problemas de esta nuestra querida España continuaran siendo los mismos. Azaña apela al pueblo español para que reaccione y salga del sopor en el que parece haber caído con estas palabras que podrían ser leídas hoy mismo en la Puerta del Sol: “Además nos impulsa otro sentimiento: nos impulsa la indignación. ¿Vosotros no la sentís? ¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames? ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia? En nuestro museo han entrado unos pícaros y la dalmática más espléndida, recamada por una historia ilustre, la van deshilachando para remendarse los calzones”. Una de las peticiones de los indignados es la de regenerar, revitalizar y darle nuevos bríos a nuestro democracia, que se ha quedado oxidada tras estos 30 años de un ejercicio autocomplaciente, como si fuera suficiente con votar cada 4 años. Por ello, otras palabras de Azaña tienen plena vigencia hoy: “En lo político necesitamos, como una condición indispensable, la revisión de todas las instituciones democráticas en nombre de su principio de origen, limpiándolas, purificándolas de todos los falsos valores que sobre ella se han creado…¿Democracia hemos dicho? Pues democracia. No caeremos en la ridícula aprensión de tenerla miedo: restaurémosla, o mejor, implantémosla, arrancando de sus esenciales formas todas las excrecencias que la desfiguren”. Todo ciudadano medianamente informado conoce cuáles son esas excrecencias que deberían ser eliminadas para dar nueva vida a nuestra democracia.

Me referiré en este artículo a algunas de las cuestiones planteadas por el 15-M. Es imprescindible una reforma profunda del funcionamiento de los partidos políticos, al ser instituciones básicas de nuestro sistema democrático. Conviene hacer algo de historia sobre ellos. La Constitución de 1978 en su artículo 6 les dio un gran protagonismo, explicable por el desprestigio que sobre ellos infundió la dictadura. Se convirtió en norma que tras la II Guerra Mundial se constitucionalizaran los partidos, como en la italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o la francesa de 1948. Sea bien recibido tal reconocimiento del que los políticos han hecho un mal uso. Hoy los partidos incumplen nuestro texto constitucional, ya que ni expresan el pluralismo político, ni concurren a la formación de la voluntad popular ni son instrumento fundamental para la participación política, tal como estamos constatando con las manifestaciones masivas en las calles. Y en cuanto a que la creación y el ejercicio de su actividad tendrán que ser libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", también se incumple por el aparato de los partidos, pues son sus dirigentes, quienes toman las decisiones marginando a las bases. El aparato, la excesiva burocracia interna, la lucha a muerte por el poder, y el culto a la alabanza y la sumisión, son absolutamente incompatibles con la opinión, la saludable discrepancia y el debate transparente. Por ello, la renovación de ideas y personas es imposible. Y no lo es porque sus dirigentes tienen auténtico pavor a la "democracia", es decir, al debate de ideas, a permitir las discrepancias. Sorprende la pasividad de muchos de sus militantes. Lo que estoy diciendo es lo que todo el mundo piensa y pocos de los militantes se atreven a decir. Lamentablemente esta es la deriva por la que caminan todos los partidos. Esta situación ya viene de lejos, ya nos lo señaló Robert Michels en su conocida "ley de hierro de la oligarquía" en 1911 en su libro, basado en la dinámica institucional de Partido Socialdemócrata alemán (SPD), Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas en la democracia moderna. La tesis fundamental es que no es posible la lucha obrera sin organización, pero que esta trae consigo especialización de funciones, división del trabajo, y con ellas, burocracia, jerarquía y el gobierno crecientemente oligárquico de una cúpula cada vez menos sometida al control de las bases. Expone cómo y por qué mecanismos los dirigentes políticos del partido tienden a integrarse en el sistema social y económico vigente, en contra de la opinión mayoritaria de las bases; cómo se perpetúan y se reproducen por cooptación; y cómo, finalmente, los de abajo que aspiran a llegar arriba establecen un relación clientelar con los dirigentes. La conclusión es desoladora, ya que si en el partido de vocación más democrática, como el SPD alemán, se cumple esta "ley de hierro de las oligarquías", entonces tiene que suceder con más intensidad en el resto de partidos.. Por ello, la obra de Michels debería ser de obligada lectura para los dirigentes de nuestra clase política. Además hay otro problema añadido en cuanto al funcionamiento de los partidos políticos, ya que están sostenidos y financiados por el mundo del dinero y de las altas finanzas. Como pago, los partidos se sienten obligados a proporcionarles, en caso de acceder al gobierno, subvenciones y favores públicos y de toda clase. Incluso pueden llegar a incumplir sus programas electorales para adecuarse a sus requerimientos.  Esta vinculación del mundo de la empresa y la política lo ha expresado muy bien Josep Fontana en una reciente conferencia titulada Mas allá de la crisis, de la que extraigo alguna de sus ideas. Se ha producido en los Estados Unidos desde los años 70 una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba, que no sólo se ha manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder. Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un "Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa", escrito para la "United States Chamber of Commerce", que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al "sistema de libre empresa", expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por "elementos totalmente respetables del sistema", e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación. El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los "estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos", y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. Powell advertía: "No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación". Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. "La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años". Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la "United States Chamber of Commerce", que pretende ser hoy "la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas". Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la actuación constante de los llamados "lobbyists", que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.

¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que "los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas", y que "las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora". "La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos". Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del Estado. Estos hechos de los Estados Unidos son extrapolables a España. Ahí están las hemerotecas. En los 90 muchas siglas quedaron con las vergüenzas al aire: Filesa (PSOE), Naseiro (PP), el caso 'Casinos' (CiU) o el 'tragaperras' (PNV), por citar los más sonados. Y en las últimas fechas el caso Gürtel. «Si arañas un poco, en un gran número de casos de corrupción acaba apareciendo la financiación de algún partido político», sentencia Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia. La constatación cada cierto tiempo de que existen cajas 'b' o incluso 'c', revela uno de los grandes agujeros negros del sistema democrático español y abona el descrédito de la clase política. Con estas servidumbres, no resulta descabellado pensar que  el sistema político actual  se parece cada vez más al régimen político de la Restauración (1876-1931), diseñado por Cánovas del Castillo con la Constitución de 1876, el turnismo de los 2  partidos políticos, el conservador y el liberal. La auténtica Constitución era como señalaba el gran Joaquín Costa, la oligarquía y el caciquismo. En el libro España en sus ocasiones perdidas y la Democracia mejorable, el catedrático Manuel Rámirez cita unas palabras de Ortega y Gasset, de uno de sus más famosos discursos: “La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos Ministerios de alucinación». También incorpora las palabras de Salvador de Madariaga: “Al pintarla como de alucinación, Ortega la ennoblecía. Fue una era de tramoya y bastidores, de máscaras y barbas postizas, de teatro en sí, además de ser teatral; una época que pretendía ser lo que no era y simulaba creer lo que decía, a sabiendas de que no era lo que aparentaba ser ni creía en lo que decía”.  Por ello, que en España estamos atravesando a nivel político un momento crítico es una obviedad. Hay diferentes razones. Una de ellas es la corrupción. Por desgracia ya no es noticia en este nuestro querido país que un político se vea incurso en delitos de corrupción. Como es algo ya tan cotidiano, los directores de los medios de comunicación deberían ir pensando en establecer una sección específica, bajo el epígrafe Corrupción, igual que existen otras como Deportes o Internacional.

En tiempos de la Dictadura de Franco casos de corrupción también los hubo, aunque no se conocían. Ahora desde la instauración de la democracia han irrumpido otros muchos: Filesa, Roldan, Naseiro, Gurtel….,. Todos ellos me producen un sentimiento de asco, ganas de vomitar, y también algunas reflexiones, que paso a exponer a continuación. Algunos de ellos han llamado especialmente la atención. El del Ayuntamiento de Marbella, donde el asesor urbanístico Juan Antonio Roca acumuló palacios espectaculares, cuadras de caballos de pura sangre, cuadros de famosos  pintores, coches lujosísimos, etc; sacas de dinero en casa de una teniente alcalde; chales edificados con materiales de los almacenes municipales. Y el de la alcaldesa de La Muela, que usaba un reloj suizo, un hublot, con un valor de unos 4.500 euros; bolsos de Loewe y complementos de marcas lujosas: Dolce&Galbana, Carolina Herrera o Prada. Y el de un exministro y expresidente de una comunidad autónoma que compró una casa palacio del siglo XVI, con diseños de Starck, Capellini o Cassina, con un grabado de Miró y esculturas y telas de artistas, de los que su Gobierno adquirió obras para colecciones públicas; en cuya reforma y decoración, muchos pagos fueron opacos: 55.000 euros para el aparejador; 50.000 para el electricista y el técnico del aire acondicionado; 55.000 para el carpintero; en 8 televisores se gastó 40.000 euros, y 20.000 en el pintor; para la cocina se destinaron 35.000 euros, y en menaje doméstico se gastaron 100.000 más; el control de luces 7.000, y 4.000 los 7 teléfonos que tiene la casa; y como colofón la escobilla del retrete con un valor de 375 euros. Si las heces estaban al mismo nivel que la escobilla, serían áureas. ¡Vaya ejemplo para la ciudadanía, el comportamiento de alguien que ha sido ministro y presidente de una comunidad autónoma! Dan ganas de exiliarse.

Que se haya llegado a esta situación, todos somos culpables. Obviamente los principales son los jetas, los caraduras, que se han dedicado y se dedican a saquear las arcas públicas para su beneficio particular. Robar dinero público es de extrema gravedad, todavía más si tenemos en cuenta las numerosas y cuantiosas necesidades que están todavía sin cubrir en España: asistencia médica, pensiones, educación, desarrrollo de la Ley de Dependencia, prestaciones de desempleo, infraestructuras…La Administración por no haber querido, sabido o podido crear los mecanismos de control adecuados para evitar tales latrocinios por parte de determinados representantes públicos, que muchos hemos observado en plena luz del día en nuestros pueblos y ciudades. ¡Qué fácil ha resultado y resulta desviar dineros públicos a cuentas particulares! También se deberían llevar a cabo las reformas legales pertinentes, para que una vez constatado el delito y tras un juicio justo, ser implacable, para que los bienes usurpados fueran devueltos al erario público. Esta muy extendida entre la ciudadanía la creencia de que en esta país, no se persiguen de igual modo los grandes delitos económicos que los diminutos de de cualquier trabajador.

Los partidos políticos tendrían que ser más escrupulosos a la hora de seleccionar para sus listas electorales a determinados individuos, como también el ser contundentes y borrarlos de ellas a aquellos incursos en delitos de corrupción. Tampoco deberían usar la corrupción como arma arrojadiza, y regocijarse cuando aparecen casos en el partido contrincante. Tales comportamientos para lo único que sirven es para generar cada vez más una gran desconfianza entre la ciudadanía, produciendo un grave daño a nuestro reciente sistema democrático. Y por último si redujeran los cuantiosos gastos en las campañas electorales, no tendrían que recurrir a la financiación ilegal.

Igualmente tampoco estamos libres de culpa los ciudadanos, ya que frecuentemente nuestro sensibilidad hacia el político corrupto depende de nuestras filias o fobias políticas, sin que tenga la corrupción un reflejo adecuado en los procesos electorales. Esta última circunstancia la hemos contemplado en repetidas ocasiones, ya que políticos incursos en tales delitos, no sólo no son castigados electoralmente, es que salen reforzados. Tal como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y municipales de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Mala práctica es creer que si aparece un caso de corrupción en nuestro partido político, se debe a una confabulación del partido contrario. Todos debemos tener el suficiente coraje para condenar contundentemente esta lacra, venga de donde venga. No hacerlo, entiendo que es una prueba incuestionable de que esta sociedad nuestra carece de unos referentes éticos claros. Por lo que estamos observando, los escrúpulos morales pertenecen a épocas pretéritas. Un caso del pasado nos podría servir de contundente ejemplo, expuesto por Julián Casanova. Una trama de corrupción y sobornos, el escándalo del straperlo, acabó en 1935 con la vida política de Alejandro Lerroux, el viejo dirigente republicano del Partido Radical que presidía entonces el Gobierno. Los ministros radicales tuvieron que dimitir y cayeron muchos cargos provinciales y locales del partido. Todavía más, en las elecciones  de febrero de 1936, el Partido Radical, que había gobernado de septiembre de 1933 hasta finales de 1935, se hundió estrepitosamente en las elecciones. Quedó reducido a cuatro diputados, noventa y nueve menos que en 1933.  Lerroux ni siquiera salió elegido en la lista. Todo un buen ejercicio de ciudadanía responsable. Toda una lección de nuestros antepasados. Y eso que en aquellas fechas la mitad de los españoles eran analfabetos. Tendrían carencias educativas, pero lo que tenían muy claro era la importancia de determinados valores. Uno de ellos era la intolerancia hacia los casos de corrupción. En cambio, los españoles de hoy con los mayores niveles de cultura y de vida  de toda la historia tenemos otras carencias no menos importantes.

 Consecuencia de la corrupción es la carencia de ejemplaridad de nuestra clase política, que prescinde de cualquier planteamiento ético a la hora de tomar sus decisiones. De un extraordinario libro, Ejemplaridad pública, del filósofo de Javier Gomá, expongo alguno de sus contenidos. Toda vida humana es ejemplo y, por ello, sobre ella recae un imperativo de ejemplaridad: obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable en tu ámbito de influencia, generando un impacto civilizatorio. Este imperativo es muy importante en la familia, en la escuela, y sobre todo, en la actividad política, ya que el ejemplo de sus dirigentes sirve, si es positivo, para cohesionar la sociedad, y si es negativo, para fragmentarla y atomizarla. El espacio público está cimentado en la ejemplaridad. Podría decirse que la política es el arte de ejemplificar. Las instituciones públicas han sido conscientes o deberían serlo del efecto multiplicador para potenciar la convivencia de determinados modelos. Los políticos, sus mismas personas y sus vidas, son, lo quieran o no, ejemplos de una gran influencia social. Como autores de las fuentes escritas de Derecho-a través de las leyes- ejercen un dominio muy amplio sobre nuestras libertades, derechos y patrimonio. Y como son muy importantes para nuestras vidas, atraen sobre ellos la atención de los gobernados y se convierten en personajes públicos. Por ello, sus actos no quedan reducidos al ámbito de su vida privada. Merced a los medios de comunicación de masas se propicia el conocimiento de sus modos de vida y, por ende, la trascendencia de su ejemplo, que puede servir de paradigma moral para los ciudadanos. Los políticos dan el tono a la sociedad, crean pautas de comportamiento y suscitan hábitos colectivos. Por ello, pesa sobre ellos un plus de responsabilidad. A diferencia de los demás ciudadanos, que pueden hacer lícitamente todo aquello que no esté prohibido por las leyes, a ellos se les exige que observen, respeten y que no contradigan un conjunto de valores estimados por la sociedad a la que dicen servir. No es suficiente con que cumplan las leyes, han de ser ejemplares. Si los políticos lo fueran, serían necesarias muy pocas leyes, porque las mores cívicas que dimanarían de su ejemplo, haría innecesaria la imposición por la fuerza de aquello que la mayoría de ciudadanos estarían haciendo ya con agrado. Saint-Just ante la Convención revolucionaria denunció "Se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos", circunstancia que no ha cambiado sustancialmente en la actualidad. Con la democracia liberal, se acrecienta todavía más la necesidad de la ejemplaridad del profesional de la política. Además de responder ante la ley, es responsable ante quien le eligió. Frecuentemente, observamos que un político sin haber cometido nada ilícito se hace reprochable ante la ciudadanía, por lo que debe dimitir y se hace inelegible, al haber perdido la confianza de sus electores. Mas la confianza no se compra, no se impone: la confianza se inspira. Mas, ¿qué es una persona fiable? La confianza surge de una ejemplaridad personal, o lo que es lo mismo, la excelencia moral, el concepto de honestum. Cicerón en su tratado Sobre los deberes, nos lo define como un conjunto de cuatro virtudes: sabiduría, magnanimidad, justicia y decorum (esta última es la uniformidad de toda la vida y de cada uno de sus actos). Es evidente hoy que esta ciceroniana uniformidad de vida, incluyendo la rectitud en la vida privada, es determinante en la generación de confianza ciudadana hacia los políticos. Frente a ese político ideal que genera la confianza de la ciudadanía, existen comportamientos políticos que producen el sentimiento contrario. Véase, los manifestados recientemente por aquellos políticos que jaleaban con estruendosos aplausos los mayores recortes de nuestra democracia. E incluso, alguno de ellos, cuando se dio a conocer la reducción de las prestaciones del desempleo, añadió "que se jodan"; u otro que al anunciarse la eliminación de la paga de Navidad de los empleados públicos, gritó con auténtico frenesí "¡a trabajar!". Regocijarse ante la desgracia ajena, esto es sadismo o crueldad. Tampoco deberían sorprendernos tales comportamientos, ya que como señaló Azaña en un discurso pronunciado el 21 de abril de 1934  en la Sociedad del Sitio de Bilbao, titulado  Un Quijote sin celada, y los estamos constatando día tras día, muchos acuden a la política no para realizar un servicio a la comunidad, sino para otros fines menos altruistas: el deseo de medrar, el instinto adquisitivo, el gusto de lucirse, el afán de mando, la necesidad de vivir como se pueda y hasta un cierto donjuanismo. Mas, estos móviles no son los auténticos de la verdadera acción política. Los auténticos son la percepción de la continuidad histórica, de la duración, es la observación directa y personal del ambiente que nos circunda, observación respaldada por el sentimiento de justicia, que es el gran motor de todas las innovaciones de las sociedades humanas. Ni que decir tiene que los recortes aprobados por el gobierno de Rajoy, faltando a su palabra y el que falta a su palabra a más ya no puede faltar, no están respaldados por el sentimiento de la justicia.

Estamos constatando también en España la extensión e incremento por doquier de la desigualdad y la exclusión. Tales situaciones son consustanciales con el régimen capitalista y más todavía en su versión neoliberal, aunque este, a veces, ha tratado de establecer mecanismos para controlarlas o limitarlas y así no alcancen situaciones extremas, que puedan alterar gravemente la convivencia, como hizo en Europa occidental la socialdemocracia y el Estado de bienestar, su forma política. Hecho que no fue una concesión del capitalismo, fue producto de luchas sociales que impusieron al Estado políticas redistributivas y formas menos extremas de exclusión. Con la crisis de la socialdemocracia y del Estado del bienestar, la desigualdad y la exclusión se acrecientan por lo que las tareas redistributivas son hoy más urgentes que nunca, por ello no parece conveniente prescindir del Estado para desempeñar en ellas un papel clave. Es cierto que el capital y algunas fuerzas políticas hablan de la crisis irreversible del bienestar, únicamente para destruir lo que de él queda y para sustituir el Estado keynesiano, con su énfasis en la gestión centralizada, en el pleno empleo, en la redistribución y en la primacía de la política social, por un Estado schumpeteriano, menos centralizado y menos monopolista, preocupado por la innovación y la competitividad, primando la política económica sobre la social. Sin embargo, los trabajadores, los grandes perdedores de la economía de hoy, y las fuerzas progresistas deberían proponer la reinvención del Estado del bienestar, para realizar más y mejor las políticas redistributivas que han sido su marca. Parecen pertinentes a tal fin las ideas preconizadas por Boaventura de Sousa Santos, ejemplo de intelectual progresista comprometido, frente a otros, la gran mayoría, que adoptan posiciones de un apoliticismo cercano al nihilismo, lo que propicia el acceso de la derecha al poder, como señala Manuel Rico. Si antes el derecho al trabajo fue el criterio de redistribución social, ahora, el trabajo debe ser el mismo objeto de redistribución social: del derecho del trabajo al derecho al trabajo. Pero no puede reducirse a las áreas sociales no competitivas con el mercado laboral capitalista, sino que debe penetrar en el corazón de este. Para ser redistributivo, tiene que cobijar el derecho al reparto del trabajo. Una reducción drástica del horario de trabajo sin reducción del salario debe estar en el centro de las políticas redistributivas del nuevo Estado del bienestar y ser un objetivo central de las fuerzas que luchan por él, principalmente el movimiento sindical. El reparto del trabajo capitalista no posibilita el pleno empleo, debido a la discrepancia entre el aumento de la productividad y la creación de empleo. En este caso, el reparto del trabajo, con la reducción drástica del horario, se debe complementar con la creación de trabajo social en el sector social de proximidad.

Cuando hoy se habla de la crisis del Estado del bienestar, se asume que la solución está en privatizar los servicios de educación y salud para entregarlos al mercado. No está probado que su privatización suponga, como regla, ahorro alguno al Estado, pues este tiene que seguir participando conjuntamente en la adquisición de servicios producidos en el mercado. Es un mito pretender sustituir la ineficiencia del Estado por la eficiencia del mercado, ya que este último, al no funcionar sino en conjunción con el Estado, absorbe la ineficiencia estatal, la suma a la suya y multiplica ambas con la corrupción y los lucros especulativos. Por el contrario, la reinvención progresista del Estado de bienestar debe otorgar un lugar importante a la regulación comunitaria, al sector privado no lucrativo. Los sindicatos deben asumir un nuevo papel en la producción de la providencia societaria, parecido al que asumieron en los inicios del movimiento obrero organizado, en la época del mutualismo, de los seguros, escuelas, hospitales y vacaciones obreras. Y los movimientos populares deben reivindicar su integración en una vasta constelación de modos de producción de providencia societaria. La cuarta línea tiene que ver con la política de gasto público. Hoy se habla de "menos Estado y de mejor Estado" y de la necesidad de reducir el déficit y funcionarios públicos. Es cuestionable. Es su aplicación la que suscita serias dudas, sobre todo, porque raramente se toca el sector más improductivo y costoso del Estado, las Fuerzas Armadas. Su futuro debería entrar en la agenda política, sin olvidar que estas disponen de inmensas infraestructuras de gran calidad, edificios para instalar escuelas, hospitales, centros de formación profesional, espacios para la tercera edad, centros de vacaciones, etc. Se deberían revisar las cuantiosas subvenciones a la Iglesia católica. Se debe recuperar el papel protagonista del Estado, ya que como dice Tony Judt, es una institución intermedia que sirve para proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más débiles, de las fuerzas desbocadas del mercado. En la misma línea se expresa Boaventura De Sousa Santos “El Estado es un animal extraño, mitad ángel y mitad monstruo, pero, sin él, muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables, a la caza de ángeles indefensos. Mejor Estado, siempre; menos Estado, nunca.” Y ya hace más de 100 años Manuel Azaña nos advirtió “Ese inmenso poder del Estado debe encaminarse en pro de nuestra obra; queremos infundir en ese organismo sangre nueva, para que el mismo Estado sea el que dispense la última y definitiva justicia. Porque de él, de ese Estado, con todos sus defectos de organización, con su ceguedad y su parsimonia, es del único Dios de quien podemos esperar que ese milagro se verifiqué. ¿De quién, si no, vamos a recibir la justicia? ¿O esperamos, acaso, que el codicioso, el explotador, el privilegiado renuncien voluntariamente a su privilegio, a su explotación o a su codicia? Nunca se vio tal…”

 

 

Habría que plantear una profunda reforma fiscal progresiva y la persecución del fraude. Una vez fijados los niveles generales de tributación, establecida la lista de los objetivos financiables por el gasto público y con mecanismos que combinen la democracia representativa y la participativa, es necesario dar la opción a los ciudadanos de decidir dónde y en qué proporción deben ser gastados sus impuestos. El pensamiento económico dominante pretende que la crisis se afronte con recortes y sin aumentos en los ingresos, lo que significa un grave quebranto para las clases populares. Es una cuestión de justicia social una reforma fiscal global mucho más equitativa. Esta es la línea defendida ya en el 2010 por Vicenç Navarro para el cual, se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año. Anulando la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, otros 5.300 millones de euros. Eliminando el pago a los profesores de la religión católica en los centros públicos, otros 600 millones. Combatiendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal) otros 44.000 millones. Según Antón Losada, es este el mayor  cáncer de nuestra fiscalidad y de nuestro bienestar. Nadie quiere entrar en esta cuestión. Mas habrá que hacerlo, ya que España es el país que atesora más de la tercera parte de los billetes de 500 euros que circulan por la Unión; donde pagar es de tontos y los cobros se facilitan con IVA o sin IVA con la misma naturalidad que un gobernante renuncia a cobrar patrimonio mientras despide profesores. El GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) en mayo de 2012 propuso medidas para ingresar 63.300 millones anuales  con la puesta en marcha de una nueva batería de medidas que junto a la propuesta de crear un nuevo tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros, permitirían ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año. Esta cantidad sería suficiente para reducir el déficit del 8,9% del pasado año hasta un nivel inferior al 3% que hasta el momento ha exigido Europa para 2013. El colectivo destacó que muchas de estas propuestas podrían aplicarse desde este mismo año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento, como una contraindicada subida del IVA y de otros impuestos indirectos, con la que el Gobierno pretende recaudar unos 8.000 millones de euros -casi ocho veces menos. Según Gestha, la subida del IVA es "injusta" porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es "regresiva" porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos -pensionistas y mileuristas- que a los que disponen de más recursos: mientras los primeros dedican sus ingresos íntegramente al consumo -sujeto al IVA-, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorrar, capítulo sobre el que no se aplica este impuesto. Para conocer los detalles pormenorizados de estas propuestas se puede consultar en la página web de GESTHA. De momento estos datos nadie los ha cuestionado, mas deben ser  poco conocidos por las clases populares. Ninguno de los dos grandes partidos ha intentado corregir el déficit público por la vía del incremento de los ingresos, con una reforma fiscal o persecución del fraude fiscal de las grandes empresas que cotizan en el IBEX. Sus razones tendrán.

 

 Que es necesaria la reforma de la ley electoral actual, al ser muy injusta la representación surgida de las urnas, es una obviedad. Unos datos nos los demuestran de una manera contundente. En las elecciones generales de 2008 con 963.000 votos IU obtuvo dos escaños, y CIU con 774.000 once; y con 303.00 el PNV tuvo seis y UPyD sólo uno. Los grandes beneficiados de la actual ley electoral han sido y siguen siéndolo PSOE y PP con los partidos nacionalistas. Para entender el tema en cuestión conviene mirar por el retrovisor a nuestro pasado.  Según los profesores Montserrat Baras y Juan Botella, la convocatoria a Cortes formulada en 1810 por la Junta Central constituye la primera norma electoral española. En la Constitución de 1812 se estableció el sufragio universal masculino, aunque indirecto. Entre 1834 y 1868 estuvo vigente el sufragio censitario, solo podían votar determinadas personas según rentas o categorías profesionales, sin que se llegase en ningún momento a un 5% el número de electores. Con la “gloriosa revolución” de 1868 se instauró el sufragio universal masculino y la reducción de la mayoría de edad a 21 años, por lo que algo más de la cuarta parte de los españoles fueron electores. Con la Restauración se produjo un paréntesis, ya que Cánovas del Castillo se mostró contrario al sufragio universal, no obstante con el liberal Sagasta se reintrodujo en 1890. No obstante en este período fue falseado de una manera sistemática, tal como reflejan los nombres de caciques, pucherazos v cuneros. En 1907 la Ley Maura supuso un intento fallido de mejorar y una racionalizar el sistema electoral, uno de sus artículos más famosos era el 29, que establecía que en aquellos distritos en el que concurriesen tantos candidatos como escaños a cubrir, la elección no tendría lugar y el candidato era electo.  Con la llegada de la II República se generalizó la circunscripción plurinominal en el ámbito provincial y, en su caso, las capitales de provincia-que superasen los 100.000 habitantes- formaban una circunscripción independiente, como fue la ciudad de Zaragoza. El Decreto de 1931 mantuvo el sufragio mayoritario limitado: eran elegidos los más votados con un número mínimo de votos; se podía votar a candidatos de las diversas candidaturas; se podía votar sólo por un número máximo de candidatos, en torno a los dos terceras partes del número de escaños a cubrir, para que las minorías estuvieran representadas. La Constitución republicana convalidó el Decreto con la única modificación de dar el voto a las mujeres, que pudieron ejercerlo por primera vez en 1933. La legislación electoral republicana mejoró la representatividad, propiciando el pluripartidismo y la fragmentación parlamentaria, lo que dificultó la gobernabilidad. En las Cortes de 1931 y 1933 hubo representantes de más de 20 partidos; en las de 1936, fueron alrededor de 18. El partido con más escaños en cada una de las tres elecciones republicanas tenía en 1931 y 1933 algo menos del 25%; en 1936, su peso era del 21%. Además, la fórmula mayoritaria de lista producía grandes cambios pendulares en electorado. La izquierda tenía en 1931 el 62% de los diputados; en 1933 el 21%, y en febrero de 1936 el 56%. La derecha en las mismas fechas tuvo el 9%, el 45% y el 30%.  La consecuencia fueron los continuos cambios de gobierno, en el período de paz hubo 17, con una media de duración de 4 meses. Como conclusión, si la legislación electoral republicana cumplió muy bien las funciones de la representación, no servía para garantizar la gobernabilidad que no contribuyó a la consolidación del régimen republicano. Esta situación era perceptible a la salida del franquismo y en la transición democrática. El Real Decreto-Ley de marzo de 1977, que establecía las normas para las primeras elecciones libres- que en lo fundamental se ha mantenido en la legislación electoral posterior- no fue negociado entre la oposición democrática y el gobierno procedente del franquismo. La oposición tenía bastante con alcanzar su legalización, y el gobierno de Adolfo Suárez pudo definir con total libertad las reglas de juego. Había incertidumbre sobre las preferencias electorales de los españoles, por lo que no se tenía claro cuál era el mejor mecanismo electoral. A pesar de su afirmación proporcional, el escaso número de escaños a cubrir en la mayoría de las provincias, le daba al sistema un carácter en la práctica mayoritario. Por otra parte, la asignación de diputados a las provincias primaba a las menos pobladas, previsiblemente más moderadas y progubernamentales. Además los senadores de designación real era una fuente de seguridad frente a unos resultados favorables a la oposición. Lo que se pretendía en definitiva era evitar el multipartidismo excesivo y de favorecer las candidaturas gubernamentales, y de asegurar una representación limitada a las fuerzas de la oposición antifranquista. Prevaleció la gobernabilidad en detrimento de la representatividad. Y como he señalado la legislación electoral posterior no introdujo ningún cambio sustancial al Decreto que reguló las primeras elecciones democráticas de 1977. Además, el derecho electoral es siempre conservador, y aquellas fuerzas políticas que de él se han beneficiado y lo siguen haciendo, que les ha permitido ganar las elecciones o tener una  representación política muy superior a su fuerza real, como es entendible ni lo cambian ni lo cambiarán.

 

            Voy a referirme ahora, siguiendo a grandes rasgos  a Daniel Raventós, la cuestión de la renta básica: un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de que puedan serlas otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. No se tiene que confundir con las rentas de inserción y otros subsidios condicionados propios del Estado del bienestar ni con el impuesto negativo sobre la Renta. La renta básica es muy apropiada para sociedades con elevados y persistentes niveles de pobreza, de paro y de descontento relativo a las formas de trabajo, como España ahora, aunque como cualquier propuesta de renovación social, tiene que superar grandes resistencias. Existen ideologías diversas de fundamentación de la renta básica. Una es de concepción republicana con una antigüedad de 2.500 años: ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir, para existir socialmente. Habría diferentes colectivos muy beneficiados. Los jóvenes, las mujeres dependientes económicamente, las personas mayores jubiladas y emprendedores. La juventud tiene que compatibilizar el estudio y el empleo, además de estar inmersa en un mercado laboral que le reserva precariedad. Esta renta básica le permitiría afrontar su periodo de formación laboral y profesional con unos ingresos dignos. Las mujeres dependientes económicamente que trabajan en el hogar alcanzarían una cierta independencia. Las personas ancianas, muchas con una pensión raquítica, tendrían un incremento considerable de ingresos. Posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de autocupación. Además supondría una inyección de dinero a la población más necesitada, que no sería destinada al ahorro sino al consumo, con lo que se reactivaría nuestra economía. Obviamente, existe el problema de su financiación. Para ello podría realizarse, como ya hemos comentado en líneas precedentes, una profunda reforma fiscal en profundidad vía IRPF, grandes fortunas, Sicavs, patrimonio, sucesiones, persecución del fraude, etc. Todo es querer. Es obvio que la situación actual es insostenible, y hay que tomar medidas excepcionales, aunque parezcan utópicas. También lo eran: hace 100 años el sufragio universal y hoy se acepta como una normalidad. Y hace 200 años acabar con el Antiguo Régimen. Los avances en la historia se han producido por rupturas con lo establecido, y más si es injusto

            Ahora quiero detenerme en otra de las cuestiones planteada por el 15-M, la “deuda odiosa” del Estado español, tema fundamental para tratar de salir de una manera justa y equitativa de esta recesión económica que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de los españoles. Nuestro ínclito presidente nos dice que la deuda pública supera la cifra de los 900.000 millones de euros, y que no podemos gastar más de lo que ingresamos, tal como ocurre en una economía familiar, y que, por tanto, no tenemos otra opción que llevar a la práctica una serie de ajustes fiscales, que no le gustan, para que al final se produzca el crecimiento económico y así se pueda generar empleo. Es el pensamiento único. Buscan chivos expiatorios de la deuda: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, las embajadas catalanas, etc.  Quien tiene el atrevimiento de cuestionarlo es acusado de locura y de estar fuera de la realidad terrenal. Vale, D. Mariano, voy a realizar un esfuerzo para creerle. Mas, supongo que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con el incremento de nuestros impuestos, recortes de nuestros salarios  y de nuestras prestaciones del Estado de bienestar, entre otros sacrificios, tenemos derecho -¡qué menos!- a conocer el origen de esta deuda. Debemos saber por qué, para qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. En definitiva, una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos, no vale una comisión parlamentaria, porque ya conocemos su funcionamiento. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para escudriñar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminado ese proceso. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Se basó en algunos precedentes del siglo XIX, el rechazo por parte del Estado mexicano de la deuda contraída por el emperador Maximiliano I, y el de EEUU, una vez que se anexionó la isla, de los débitos asumidos por Cuba siendo colonia española.  Obviamente en estricta justicia, el Estado español, es decir todos los españoles estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. A estos auténticos desalmados,  se les podía inculpar de haber cometido un crimen contra la humanidad, como es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de impago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para todos los ecuatorianos. Es lo que se está intentando en Grecia, tal como nos relata el documental "Debtocracy" (Deudocracia), de los periodistas Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou sobre la crisis del país heleno. Los principales actores (alrededor de 200 personalidades) firman una demanda para que se establezca un comité de auditoría internacional, cuyo fin sería determinar los motivos de la generación de una deuda soberana y condenar a sus responsables. Se habla de Golman Sach, de los sobornos de Siemens al gobierno, de los gastos sin control en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, de la compra actual de armas a Francia y Alemania.  Grecia tiene todo el derecho a negarse a reembolsar su "deuda injustificada", es decir, la deuda constituida por actos de corrupción contra el interés de la sociedad. Hay culpables: "En cerca de 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos grandes empresarios han llevado a Grecia a la quiebra. Han dejado de pagar a los ciudadanos para salvar a sus acreedores". ¿Qué motivos tienen los dos grandes partidos para no hacer lo mismo en España? Tienen trabajo. Si investigarán entre otros: Programas Especiales de Armamento (PEA) que alcanzan 40.000 millones de gasto; el salvamento a las entidades financieras; los sobrecostos de las empresas constructoras del AVE; derechos reconocidos que se aproximan ya a los 20.000 millones de euros las eléctricas, la exención del IBI y sus subvenciones a la iglesia católica, la financiación de los viajes del Papa, los aeropuertos de Castellón y de Ciudad Real, etc. Seguro que se podría rebajar el costo de la deuda, y por ello serían innecesarios los recortes tan injustos que estamos soportando los españoles con excesiva mansedumbre, por lo que Susan George acaba de decir que “los  españoles somos ratas de laboratorio para ver cuánto castigo soportamos sin rebelarnos.” Eso es lo que trata de evitar el 15-M con todas las propuestas presentadas. ¡Vaya que si tiene programa!

De la situación actual no está exenta de culpa la izquierda. La socialdemocracia europea al poner en práctica políticas neoliberales traicionó sus principios ideológicos. La Tercera Vía formulada por Anthony Giddens fue claramente una política de derechas, al permitir la entrada del capital privado en los servicios públicos, con el pretexto de la eficacia. En cambio, la derecha ha tenido y tiene una actuación coherente, ha hecho lo que tenía que hacer de acuerdo con su ADN. Sobre las continuas y recientes derrotas de las izquierdas, fueron muy pertinentes, además de premonitorias, las palabras emitidas ya en octubre de 2008, del añorado Saramago: "la izquierda ni piensa, ni actúa, ni arriesga una pizca"; "la izquierda no tiene ni puta idea del mundo en que vive". Para corregir esta situación, Boaventura de Sousa Santos en su Quinta Carta a las Izquierdas, les lanza a bocajarro una serie de preguntas que les podrían servir de motivo para una profunda reflexión, a no ser que sigan retiradas, restañando sus heridas. ¿Por qué los estados cambian tan fácil el bienestar de los ciudadanos por el de los bancos? ¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a los que la causaron? ¿Por qué la racionalidad de la "solución" se asienta en las previsiones que hacen y no en sus consecuencias, que casi siempre las desmienten? ¿Por qué los ciudadanos consideran su empobrecimiento inevitable y al enriquecimiento escandaloso de unos pocos necesario para que su situación no empeore todavía más? ¿Por qué el crecimiento económico es hoy la panacea para todos los males de la economía y de la sociedad sin reparar en sus costos sociales y ambientales? ¿Por qué Malcom X tuvo tanta razón: "si no tienen cuidado, los periódicos los van a convencer de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores"? ¿Por qué las críticas que las izquierdas hacen al neoliberalismo prácticamente no entran en los noticieros? ¿Por qué las alternativas son tan escasas cuando más se las necesita? Todas ellas tienen la suficiente enjundia para que sobre ellas, las ejecutivas de los diferentes partidos de "izquierdas" organicen conferencias y congresos, tratando de encontrar respuestas que convenzan a muchos de sus votantes que poco ha les abandonaron. Yo también quiero incorporarme a este rosario de preguntas. ¿Hay algún límite a estas políticas durísimas de ajustes fiscales? ¿Existen algunas líneas rojas que la sociedad considere infranqueables en nuestro Estado de bienestar? Tal como se están desarrollando los acontecimientos, y con el estado de mansedumbre de buena parte de nuestra sociedad, estimo que cualquier recorte a nuestro Estado de bienestar no solo es posible, sino que es inevitable. Nuestros gobernantes ya se cuidan, propiciando y sirviéndose de la cultura del miedo, en preparar nuestro ánimo para que asumamos cualquier medida, por dura que sea. En cuanto a nuestra democracia tan añorada en otras épocas: ¿Qué queda de ella? ¿Qué decidimos de verdad los ciudadanos? Que no son preguntas baladíes, lo demuestra el hecho de que Ignacio Sánchez-Cuenca, considerando que las decisiones de nuestros representantes políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferencias individuales de los ciudadanos, haya escrito recientemente un artículo con el inquietante título: ¿Habrá siempre democracia? Una decisión tomada democráticamente no puede ser destruida al día siguiente por una agencia calificadora de riesgo o por una baja en la cotización de las bolsas. Ante estos flagrantes atropellos a la democracia, tampoco se vislumbra una reacción ciudadana. La democracia hay que conquistarla y defenderla todos los días. Es mucho más que depositar un voto cada cuatro años.
Termino con otra pregunta: ¿Para qué tanta austeridad, tanto sacrificio y sufrimiento acumulados? Nuestros dirigentes repiten la cantinela de "que para recuperar el crecimiento económico y así crear empleo estable". Cada vez estoy más convencido, aunque me resistía aceptarlas, que sean ciertas las palabras ya mencionadas con anterioridad de Susan George: los españoles son ratas de laboratorio para ver cuánto sufrimiento pueden soportar.

Como colofón sea bienvenido el movimiento del 15-M, que abre un pequeño resquicio a la posibilidad de que esto puede empezar a cambiar.



 

Cándido Marquesán Millán

.

 

 

 

14/11/2012 17:02 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Fascismo puro y duro

 

 

Nuestros dirigentes políticos, en connivencia con los medios de comunicación, pretenden convencernos de que estamos disfrutando de un sistema democrático pleno, instaurado tras un modélico y exportable proceso de transición, basado en: una Carta Magna producto del consenso de las principales fuerzas políticas, que reconoce la soberanía del pueblo español, e instaura un Estado social y democrático de Derecho con una amplísima Declaración de derechos civiles, políticos, sociales y económicos; además de elecciones libres con sufragio universal, libertad de expresión y de información,  y pluralismo político. Mas la realidad actual es muy diferente. El gobierno nos está imponiendo irresponsablemente unas políticas sin consulta alguna, que estuvieron ocultas en su programa electoral y que están produciendo un gravísimo daño a la gran mayoría de la ciudadanía española, para  beneficio de una minoría. Existe una explicación. Susan George avisa que «lo importante no es el coche oficial de los políticos, sino que el Estado gobierne para el mercado». Y como su voracidad es inagotable  “Los españoles son ratas de laboratorio para ver cuánto castigo toleran sin rebelarse”´. Eso puede alentar al fascismo.” Es evidente que  las decisiones no surgen del pueblo soberano, muy al contrario, provienen de las élites financieras y empresariales, que al seguirlas a rajatabla los gobiernos, se convierten en sus mayordomos. Por ello, están más atentos a los mandatos de los banqueros que a los de los ciudadanos.   Siendo ministro de Fomento, José Blanco, dijo  "Aceptar la dación de viviendas en pago de las hipotecas pondría en dificultades el sistema financiero”.  Con estas actuaciones los gobiernos pierden la legitimidad de las urnas. Tal como señala Juan J. Linz en su libro La quiebra de las democracias, la legitimidad de un régimen democrático está dada por la creencia y confianza de la ciudadanía en él, y supone dos dimensiones: eficacia, que es la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a problemas básicos y efectividad, que es la capacidad para poner en práctica las medidas políticas formuladas con el resultado deseado. Legitimidad  es igual a eficacia más efectividad. Existe una relación constante entre estas tres variables, influyendo sobre la estabilidad y el rendimiento del régimen. Vistas la eficacia y la efectividad de las políticas del gobierno actual, desaparece su legitimidad. Tal carencia provoca un grave problema: ¿quién es responsable? Si una de las cualidades de la democracia es la capacidad ciudadana de exigir cuentas a quien ostenta el poder, actualmente hay un vacío de responsabilidad ya que las medidas se imponen desde esferas donde la voz ciudadana no tiene acceso.  Y así es muy factible la quiebra total de nuestro sistema democrático. Por ello, son lógicos determinados juicios emitidos por expertos filósofos, sociólogos, historiadores que califican nuestro sistema político actual de un auténtico fascismo o cuando menos en proceso de advenimiento. Para Boaventura de Sousa Santos  se está produciendo la emergencia del fascismo societal. No es  el fascismo de los años treinta y cuarenta. No se trata  de un régimen político sino de un régimen social y de civilización. Es un fascismo pluralista. Las principales formas de la sociabilidad fascista son las siguientes. El fascismo del apartheid social implica la segregación de los excluidos dentro de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas. Estas viven bajo la amenaza constante de aquellas y para defenderse se transforman en castillos neofeudales, en  urbanizaciones privadas. El fascismo del Estado paralelo que actúa con una doble vara, una para las zonas salvajes otra para las civilizadas. En estas últimas, el Estado actúa democráticamente, como Estado protector; en las salvajes de modo fascista, como Estado predador. El fascismo paraestatal resultante de la usurpación por parte de poderosos actores sociales, de las prerrogativas estatales de la coerción y de la regulación social, en connivencia del Estado.    El fascismo de la inseguridad, que se sirve de la inseguridad de las personas debilitadas por la precariedad del trabajo o por acontecimientos desestabilizadores. Tales niveles de ansiedad y de incertidumbre respecto al presente y al futuro rebajan el horizonte de expectativas y crean la disponibilidad a soportar cualquier sacrificio. Y el fascismo financiero el de los mercados de valores y divisas, de la especulación financiera. Es el más pluralista: los movimientos financieros son el resultado de las decisiones de unos inversores individuales e institucionales mundiales y que, de hecho, no comparten otra cosa que el deseo de rentabilizar sus activos. Es el más virulento ya que su espacio-tiempo es el más refractario a cualquier intervención democrática.

Es urgente luchar por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado con el Estado del bienestar incluido. La izquierda, la de verdad, tiene que reaccionar y organizarse para evitar estos retrocesos y seguir avanzando. Tarea no fácil. Las conquistas sociales han llegado  tras luchas colectivas y mucho sufrimiento, ya que las clases privilegiadas solo hacen concesiones movidas por el miedo. Y  ahora no lo tienen, aunque por si acaso: el gasto en material antidisturbios y equipamiento de protección de la Policía Nacional se multiplicará 18,8 veces en 2013, un 1.780% más, según recoge el Proyecto Presupuestos Generales del Estado.

 

 

 

Cándido Marquesán Millán

 

 

 

 

 

17/11/2012 22:32 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Azaña: vigencia de su pensamiento

 

 

 Acostumbro a decirlo con muchísima frecuencia que la lectura es una de las actividades más gozosas y provechosas a la que podemos dedicar el tiempo libre. Si además son obras de algunos autores por los que sientes especialmente predilección, al sentirte muy identificado con su línea de pensamiento, ya no solo es gozo, es mucho más, es un indescriptible placer. Reconozco, no sé si por deformación profesional al ser profesor de historia, que no suelo leer novelas en las que suele prevalecer la ficción- también las hay históricas-, ya que me inclino por obras más tipo ensayo de carácter socio-político. Uno de mis preferidos es Azaña, que debería ser más conocido  por parte de los españoles, entre otras razones porque pocos como él se sintió más profundamente español y también pocos como él dedicó tanto tiempo de su vida a indagar sobre cuáles eran los problemas de su patria y buscar las soluciones adecuadas y razonables para corregirlos. Que un personaje de este nivel todavía permanezca enterrado lejos de su tierra, no deja de ser lamentable. En cambio, otros que han hecho tanto daño reposan en una suntuosa y faraónica tumba en el mismo centro de nuestra piel de toro. Mas no es de esta cuestión de la que quiero hablar ahora.

 Azaña además de por lo que dice, con unos mensajes impregnados de valores éticos y de gran calado político, es impresionante  por el cómo los dice, con un gran dominio de nuestra lengua y una riqueza de vocabulario muy difícil de superar. Según Antonio Machado, Azaña es maestro en el difícil arte de la palabra: sabe decir bien cuanto quiere decir, y es maestro en un arte más excelso que el puramente literario y mucho más difícil: sabe decir bien lo que debe decirse.  Fue un extraordinario parlamentario. Según Salvador de Madariaga: “Azaña ha sido el orador parlamentario más insigne que ha conocido España.” Sus discursos tienen profundidad política, así como belleza y trabazón formal. Destacan los pronunciados en las Cortes: el 13 de diciembre de 1931 sobre Política religiosa; el 2 de diciembre de 1931 sobre Política Militar; el 27 de mayo de 1932 sobre El Estatuto de Cataluña; y el 18 de julio de 1938, en el Ayuntamiento de Barcelona,  titulado Paz, Piedad y Perdón. Uno, no tan conocido, pronunciado el 21 de abril de 1934  en la Sociedad del Sitio de Bilbao, titulado  Un Quijote sin celada, es un extraordinario alegato de la política con mayúscula, y que nuestros políticos actuales deberían leerlo para que conocieran cuáles son los principios que deben impregnar su ejercicio. Azaña  los tiene muy claros “Los auténticos, los de verdad son la percepción de la continuidad histórica, de la duración, es la observación directa y personal del ambiente que nos circunda, observación respaldada por el sentimiento de justicia, que es el gran motor de todas las innovaciones de las sociedades humanas. De la composición y combinación de los tres elementos sale determinado el ser de un político. He aquí la emoción política. Con ella el ánimo del político se enardece como el ánimo de un artista al contemplar una concepción bella, y dice: vamos a dirigirnos a esta obra, a mejorar esto, a elevar a este pueblo, y si es posible a engrandecerlo”.  Igual que los actuales.

Y sobre todo, La Velada de Benicarló una de las obras más importantes del pensamiento político español. El tema fundamental es la guerra fratricida, indagando en las razones de semejante hecatombe, como también sacar consecuencias para el día después, ya que en la nota preliminar sus últimas palabras se refieren al consuelo y a la esperanza. En este libro devastador Azaña vertió los sentimientos de tristeza, angustia, abatimiento y pesimismo con que reaccionó ante el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Todavía más desesperanzado cuando el Gobierno de la República es abandonado por las democracias occidentales. Es un acto de desesperación, porque su alma está destrozada al contemplar cómo los españoles se están matando sin piedad. Por ello hace decir a Lluch: "¡Utilidad de la matanza! Parecen ustedes secuaces del Dios hebraico que, para su gloria espachurra a los hombres como el pisador espachurra las uvas, y la sangre le salpica los muslos. Vista la prisa que se dan a matar, busco el punto que podrá cesar la matanza, lograda la utilidad o la gloria que se espera de ella. No la encuentro-" Los culpables de la tragedia para Blanchart: "En nuestro país, violento, intolerante, sin disciplina, los generales menores de sesenta años son un peligro nacional". Los enemigos de la República para Garcés: "Enumerados por orden de su importancia: la política franco-inglesa, la intervención armada de Italia y Alemania; los desmanes, la indisciplina y los fines subalternos que han menoscabado la reputación de la República y la autoridad del Gobierno; por último, las fuerzas propias de los rebeldes..." Las diferencias de la represión según Marón: "Con una diferencia importante. En esta zona, las atrocidades cometidas en represalia de la sublevación, o aprovechándola para venganzas innobles, ocurrían a pesar del Gobierno, inerme e impotente. En la España dominada por los rebeldes y los extranjeros, los crímenes, parte de un plan político de regeneración nacional, se cometían y se cometen con aprobación de las autoridades". Son las grandes cuestiones: ¿Cómo y por qué se matan entre sí los españoles? ¿La violencia es innata en nuestro ser nacional? De ahí la pregunta de Garcés: "¿Qué aberración fascinante arrastra a los promotores de este crimen contra la nación y a quienes la secundan? Una porción de españoles ha pedido y admitido la entrada de los ejércitos extranjeros. Con tal de reventar a los demás compatriotas, entregan la Península a un conquistador. Estas pequeñas pinceladas nos indican que estamos ante una de las obras más importantes del pensamiento político español, el mejor documento quizá sobre la República y sobre nuestra guerra civil. Por ello, debería ser de lectura obligatoria para los estudiantes de secundaria.

La obra de Azaña es inabordable, mas quiero acabar con otra referencia a uno de sus discursos tempranos, cuando tenía 31 años. Sirviéndome de la Obras Completas de Manuel Azaña, edición  con seis volúmenes, tras una labor  de investigación impresionante de Santos Juliá,  acabo de leer el pronunciado un 11 de septiembre de 1911, titulado “El problema español”, en la Casa del Pueblo de su ciudad natal Alcalá de Henares, y que he tenido que estar consultando continuamente el Diccionario de la Real Academia de la  Lengua Española, para conocer el significado de algunas palabras: pazguato, flor de estufa, mojiganga, dalmática, recamado… Además me han impresionado algunos de sus fragmentos por su  vigente actualidad, como si algunos de los problemas de esta nuestra querida España continuaran siendo los mismos cien años después.

Uno de los hechos más destacados desde hace unos meses en nuestro país ha sido la irrupción, totalmente justificada, del movimiento de los indignados del 15-M, que han ocupado las plazas de muchas de nuestras ciudades. En el discurso susodicho Azaña apela al pueblo español para que reaccione y salga del sopor en el que parece haber caído con estas palabras que podrían ser leídas hoy mismo en la Puerta del Sol: “Además nos impulsa otro sentimiento: nos impulsa la indignación. ¿Vosotros no la sentís? ¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames? ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia? En nuestro museo han entrado unos pícaros y la dalmática más espléndida, recamada por una historia ilustre, la van deshilachando para remendarse los calzones”.

 

Una de las peticiones de los indignados es la de regenerar, revitalizar y darle nuevos bríos a nuestro democracia, que se ha quedado oxidada tras estos 30 años de un ejercicio autocomplaciente, como si fuera suficiente con votar cada 4 años. No son en absoluto antisistema, como desde algunos medios de información o algunas fuerzas políticas nos han querido hacer ver.  Por ello, otras palabras de Azaña tienen plena vigencia hoy: “En lo político necesitamos, como una condición indispensable, la revisión de todas las instituciones democráticas en nombre de su principio de origen, limpiándolas, purificándolas de todos los falsos valores que sobre ella se han creado…¿Democracia hemos dicho? Pues democracia. No caeremos en la ridícula aprensión de tenerla miedo: restaurémosla, o mejor, implantémosla, arrancando de sus esenciales formas todas las excrecencias que la desfiguren”. Todo ciudadano medianamente informado conoce cuáles son esas excrecencias  que deberían ser eliminadas para dar nueva vida a nuestra democracia: listas abiertas, funcionamiento interno democrático de los partidos, modificación del sistema de representación, responsabilidad de los políticos, cumplimiento de los programas electorales, eliminación de la corrupción, independencia de la política de la economía…

En estos momentos de vigencia plena e implacable del neoliberalismo, que defiende a ultranza la liberación de las fuerzas del mercado con una  desorbitada apología de lo privado y un ataque despiadado al Estado, se está generando un nuevo mundo en el que la justicia, la igualdad, la solidaridad están cada vez más ausentes. Entiendo que se hace inevitable reconstruir la defensa del Estado activista tan vilipendiado, porque son precisamente los más débiles los que más lo necesitan. De nuevo Azaña: “Ese inmenso poder del Estado debe encaminarse en pro de nuestra obra; queremos infundir en ese organismo sangre nueva, para que el mismo Estado sea el que dispense la última y definitiva justicia. Porque de él, de ese Estado, con todos sus defectos de organización, con su ceguedad y su parsimonia, es del único Dios de quien podemos esperar que ese milagro se verifiqué. ¿De quién, si no, vamos a recibir la justicia? ¿O esperamos, acaso, que el codicioso, el explotador, el privilegiado renuncien voluntariamente a su privilegio, a su explotación o a su codicia? Nunca se vio tal…”

En nuestra sociedad a su vez se está produciendo un dramático e irreversible descontento de la ciudadanía con la consiguiente desafección hacia la política, que se plasma en unas cifras cada vez mayores de la abstención en los distintos procesos electorales. No me parece esta la solución, como tampoco le parecía a Azaña: “Proclamada la soberanía de la nación, dentro de ella estamos y de ella participamos todos, sin que ningún poder se alce para disputarla. Pero esa soberanía que reside en nosotros, que está a la merced del mayor número, es necesario ejercerla: cuando se abandona en medio de la calle el primer truhán que pase la recogerá y se adornará con ella…”

 

Quiero finalizar con una cita muy adecuada para el tema de estas líneas,  del Conde de Romanones, al que criticó duramente nuestro Azaña: “La característica de los genios es la de ser contemporáneos de todas las edades”.

 

Cándido Marquesán Millán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/11/2012 23:51 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Comentarios a vuela pluma y algunas reflexiones históricas sobre las elecciones autonómicas catalanas

 

Voy a realizar unos breves comentarios sobre los resultados de las elecciones autonómicas del 25-N en Cataluña. Posteriormente haré alguna referencia a la historia, que sirve para explicar cómo hemos llegado a esta situación. Me parecen lógicos los resultados y que entraban dentro de lo previsible, salvo alguna excepción, que comentaré más adelante. De entrada, el órdago de Artur Mas de conseguir una mayoría sobresaliente para llevar a cabo su proyecto soberanista en la próxima legislatura, ha fracasado. Con respecto a las elecciones autonómicas de 2010, ha perdido alrededor de 90.000 votos, ya que ha pasado de 1.202.000 votos a 1.112.000, y en porcentajes casi un 8%, al pasar del 38,43% al 30,68%. Esa reducción puede explicarse por el desgaste lógico de sus políticas durísimas de recortes sociales. También, el diseño de la campaña electoral no ha sido el adecuado. El cartel principal, todo un símbolo, de presentar a Mas como un auténtico Mesías, ha sobrepasado el límite de lo razonable. Y el pueblo catalán es bastante razonable. Mas, lo que parece incuestionable, algo que no deberían olvidar los nacionalistas españoles, es que 3 votantes catalanes de cada 10 han estado de acuerdo con el proyecto soberanista de CIU.

 

            La gran beneficiada ha sido ERC al pasar de 10 escaños a 21. En cuanto a votos ha ganado 277.000, al pasar de 219.000 en 2010 a 496.000 en las actuales; en cuanto a porcentajes ha pasado del 7% al 13,6%. Cabe entender que ha recogido muchos votantes de CIU, partidarios de la independencia sin ambages, además de contrarios a las políticas de recortes sociales del gobierno de Artur Mas. También el nuevo candidato Oriol Junqueras parece que ha sido desvinculado de la época del Tripartito. Si sumamos sus resultados a los de CIU, constatamos que 4,4 catalanes votantes de cada 10 son partidarios de la independencia. También hay un aspecto a tener en cuenta, que no debe pasar desapercibido, ERC es una fuerza política que sale muy beneficiada cuando gobierna en Madrid el PP. Cabe recordar lo ocurrido en tiempos de José María Aznar, que fue el mayor apoyo e impulsor de ERC.

 

            En cuanto al PSC, seguimos en la línea de las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, nuevo desastre, al perder 8  escaños, pasando de los 28 de 2010, que ya eran muy malos, a los 20 actuales. En cuanto a votos ha pasado de 575.000 a 523.000: una pérdida de 50.000; y en porcentajes del 18,8% al 14%. Sigue la hemorragia de votos. El líder Pere Navarro, además de nuevo, no tenía carisma. Su política de campaña con el mensaje del federalismo, para desmarcase de los discursos nacionalistas no ha cuajado.  Desde Ferraz seguirán en sus trece, esperar que amaine el temporal. E incluso, han valorado positivamente los datos, vistas las expectativas tan negativas que les auguraban los sondeos. No se enteran de nada.

 

            El PP se mantiene en la misma situación, aunque ha pasado de 18 a 19 escaños.  En cuanto a votantes de 387.000 a 475.000; en porcentajes del 12,3 al 13%. No son malos los resultados, si consideramos una candidata sin gancho, y la participación en la campaña de algunos dirigentes como Esperanza Aguirre o Ana Mato. Me decía un amigo catalán que cada visita de Esperanza Aguirre a Cataluña suponían 100.000 votos para el nacionalismo catalán. En cuanto al informe de evasión de capitales de Mas, pienso que no ha sido importante en los resultados. En todo caso a Mas le habrá beneficiado más que perjudicado.

 

En cuanto  a ICV EUiA, ha sido otro de los grandes triunfadores, ya que de 10 escaños ha pasado a 13. De 230.000 votantes a 358.000; en porcentaje de 7,37% a 9,90%. Ha presentado un cabeza de lista lleno de sensatez y coherencia. El desencanto de votantes de izquierdas hacia el PSC le ha beneficiado. También ya parece haberse liberado de la hipoteca del Tripartito.

 

Ciutadans Partido de la Ciudadanía ha tenido un crecimiento espectacular, al pasar de 3 a 9 escaños: En cuanto a votantes de 106.000 a 274.000; y en porcentaje del 3,3% al 7,58%. La explicación me parce clara: el voto del miedo a una posible independencia.

 

Resulta interesante la irrupción de CUP Alternativa d´Esquerres, con 3 escaños; 126.000 nuevos votantes, lo que representa en porcentaje un 3,48%. Sobre el origen de sus votantes, podrían provenir, además de ser un voto desencantado, de antiguos votantes de Solidaritat Catalana per la Independencia, que ha fracasado estrepitosamente, al perder los 4 escaños que tenía.

Como conclusión, me parece bueno que el pueblo catalán puede manifestar su opinión. El votar siempre es positivo. Además la participación ha sido muy importante, porque los catalanes han considerado que los resultados de estas elecciones tenían una gran trascendencia. También me parece pertinente destacar que  harían muy mal los partidos nacionales del PP y del PSOE en pensar que tras el fracaso Artur Mas el nacionalismo catalán está ya bajo control y que va a ir menos. Nada más lejos de la realidad. Si sumamos los porcentajes de votantes de CIU (30,68%), de ERC( 13,69%) y de CUP (3,48%)) y Solidaritat Catalana (1,29%), todos ellos partidarios de la independencia, alcanzan una cifra del 49,14%. El dato es concluyente.

Muchos en España, entre los que están todos los dirigentes del PP y bastantes del PSOE, consideran que la nación española es una realidad incuestionable, como algo natural. Mas hay gentes que no lo tienen tan claro. Tan legítima es la opinión primera, como la segunda. Nadie puede imponer la idea de nación a la fuerza, eso es algo que pertenece a los sentimientos más íntimos de cada persona. Uno puede sentirse español, como otro puede sentirse catalán o vasco. Decir esto hoy para algunos españoles es una herejía.

            Al respecto, me parece pertinente mirar por el retrovisor de la historia para entender algo mejor la importancia del nacionalismo catalán. No es nuevo, hace mucho tiempo que revolotea sobre nuestras cabezas. Algunos ilusos pretenden obviarlo, empero, está aquí y ahora. Y lo seguirá estando. Como también lo estuvo antes. Así lo constataron conspicuos analistas políticos como: Ortega y Gasset o Manuel Azaña. El autor de La rebelión de las masas dijo que el problema catalán era insoluble y que España solo puede aspirar a conllevarlo. Llegó a decir que Cataluña es un pueblo frustrado en su principal destino, de donde resulta la impaciencia en que se ha encontrado respecto de toda soberanía, de la cual ha solido depender su discordia, su descontento, su inquietud; vendría a ser, sin duda, el pueblo catalán un personaje peregrinando por las rutas de la historia en busca de un Canaán que él solo se ha prometido a el mismo y que nunca ha de encontrar. En cambio, Azaña, tras reconocer el problema, señala que “Cataluña dice, los catalanes dicen: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español”. La pretensión es legítima. Debemos conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado de la República. Este es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil. ¡Ah, yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo sea difícil, sea fácil”.  Este problema, reitero, no es nuevo, ya lleva tiempo. Es centenario.  Para entenderlo pueden servir las ideas que siguen a continuación, extraídas del libro Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX de Álvarez Junco. En el siglo XIX, los políticos españoles de la Revolución Liberal trataron de establecer un Estado moderno. Homogeneizaron el país territorialmente, merced a la creación de las provincias de Javier de Burgos. A nivel jurídico se hizo una ordenación de todo el caótico enjambre de leyes procedentes de la Edad Media. Se racionalizó el propio poder central, con un ejecutivo distribuido en ocho ministerios; un legislativo, constituido en general por dos cámaras, y una organización judicial totalmente nueva. Se creó la Bolsa de Madrid, un sistema fiscal unificado, y se estableció el Banco de España, con el monopolio de emisión de moneda. Se estableció una moneda oficial. En definitiva se pretendió modernizar, uniformizar y centralizar. Lo que no consiguió fue nacionalizar a las masas.

 El Estado español del siglo XIX no se preocupó de una manera decidida por crear esas escuelas públicas donde habían de “fabricarse españoles”, como dice Pierre Vilar. Dejó que dominaran los colegios religiosos, más preocupados por fabricar católicos. En el plan educativo establecido por la Ley de 1857, no se incluyó entre las enseñanzas del nivel elemental una Historia de España, mientras que sí había una “Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada”. Y no sólo se despreocuparon de la Historia de España y de los valores cívicos, en beneficio del catecismo y la moral cristina, sino que, cuando la eficacia pedagógica lo exigía, la doctrina se enseñaba en vasco, catalán o gallego, en lugar de en la lengua oficial del Estado. Todo lo contrario ocurrió en la Francia de la Tercera República, donde a través de la enseñanza estatal obligatoria establecida se fabricaron franceses.

 

Otro instrumento clave para nacionalizar a las masas es el servicio militar universal, así efectivamente lo entendieron en Francia. En España ocurrió lo contrario, ya que existían exenciones, y las clases ricas mediante el pago de una cuota se excusaban de este servicio. Si hubiéramos seguido el ejemplo del país vecino, el proceso nacionalizador sobre todas las clases sociales hubiera sido mayor sobre todos los soldados, al romper su aislamiento y hacerles convivir con otras personas a las que empezarían a ver como compatriotas de otras regiones; al practicar un idioma que considerarían común; y al someterles a un baño intenso de retórica sobre la necesidad de posponer el egoísmo personal en pro del bien de la patria. En consecuencia el ejército nunca cumplió en España el papel unificador que tuvo en otros Estados europeos.

A la hora de vertebrar una nación también es importante el mantenimiento de una guerra contra un enemigo exterior. Podríamos poner muchos ejemplos. No obstante, quiero recordar el caso inglés durante la II Guerra Mundial. Se unieron todos sus ciudadanos, como una auténtica piña, cuando la mayoría de sus ciudades eran machacadas por la aviación nazi. Francia se construyó matando alemanes. Y Alemania matando franceses. En cambio, aquí en España nos matamos los unos con los otros en las Guerras Carlistas decimonónicas o la trágica Guerra Civil. Muchos especialistas en Historia de España afirman que si nuestro país hubiera entrado en la I Guerra Mundial, no hablaríamos de Guerra Civil ni tampoco de problema nacional. Mas la historia debe tratar de explicar lo que ocurrió, no lo que hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió.

Además de los instrumentos anteriores para la extensión de los sentimientos nacionales, son muy importantes todo un conjunto de símbolos: banderas, himnos, ceremonias conmemorativas, monumentos, y otros. En Francia lo debieron hacer muy bien. Por ello, hoy todos los franceses aceptan sin discusión alguna toda una simbología; su bandera, su himno “La Marsellesa”, su fiesta nacional “El 14 de Julio”. En España lo debimos hacer muy mal y por ello hoy el panorama es totalmente diferente. El himno nacional actual aprobado en el Estado español, por cierto sin letra, salvo la creada por el ínclito José María Pemán y que hasta hace poco los descendientes de Bartolomé Pérez Casas cobraban derechos de autor, no es aceptado por todos, ya que para los republicanos es el himno de Riego, como pudimos comprobar hace no mucho tiempo en la Copa Davis en Australia, y a muchos catalanes lo que les hace vibrar de verdad son los sones de Els Segadors. La bandera rojigualda tampoco es aceptada por todos, ya que algunos prefieren la tricolor, y para muchos catalanes es la Senyera. En lo que hace referencia a la fiesta nacional, han existido varias: el Dos de Mayo, Santiago Apóstol, o finalmente el 12 de Octubre; y esta última no deja de ser discutida, y para muchos catalanes su fiesta nacional es El 11 de septiembre. Tampoco se dio suficiente impulso a la construcción de monumentos que honrasen los valores, héroes o glorias nacionales. ¿Existe alguno simbólico de la nación española? Yo lo ignoro. Sin embargo, en Cataluña la mayoría conoce la tumba de Rafael Casanova. Esta es realidad, mal que nos pese a los que nos sentimos españoles.

El régimen franquista sí que se preocupó por nacionalizar  a las masas, por españolizarlas. Muchos padecimos aquella horrenda asignatura de Formación del Espíritu Nacional. Mas esa nacionalización era tan agresiva como grosera; ya que era forzada, brutal y basada en la anulación y aplastamiento de media España. Esa nacionalización se basaba en sublimar todo un conjunto de acontecimientos y personajes: Numancia, Viriato, Recaredo Pelayo, Covadonga, Reconquista, Santiago Matamoros, el Cid, Guzmán el Bueno, los Reyes Católicos, Lepanto, Pavía, el Alcázar, Marcelino, Pan y Vino…. No creo sea necesario dar más detalles. Con la instauración de la democracia, pienso que la situación expuesta no se ha modificado sustancialmente.

El problema territorial está ahí. No nos ha sobrevenido de repente como hemos expuesto en las líneas precedentes. Por todo ello, insisto que se necesita a la hora de abordarlo sensatez, equilibrio, imaginación y sentido de Estado. Obviamente no es un procedimiento adecuado hacerlo presentando recursos de inconstitucionalidad ante un Estatuto aprobado en referéndum por el pueblo catalán, tras haber sido aprobado en las Cortes catalanas y españolas. Ni tampoco calificar de algarabía a  una manifestación de más de 1 millón de catalanes. Actuaciones así, cabe interpretarlas como de gran irresponsabilidad, a no ser que conscientemente lo que se persiga en última instancia sea el servirse del anticatalanismo para rascar votos en Cuenca, Valladolid o Zaragoza. El que juega con fuego, es factible que al final pueda quemarse.

 

Cándido Marquesán Millán

 

27/11/2012 09:40 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris