Bolivia tras el referendo revocatorio

 

 

 

 

 

 

 

 Una de las noticias de este verano ha sido el referendo revocatorio en Bolivia. Para entender mejor su importancia, resulta pertinente hacer un poco de historia. Morales llegó al poder con  el 53,7 % del electorado y, desde entonces, el país andino se ha visto inmerso en una ilusionante transición política. Se pretende refundar Bolivia con criterios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Se basa en varios ejes: la elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, el control de los recursos naturales bolivianos en manos de empresas extranjeras, una reforma agraria, acabar con el secesionismo y el monopolio del poder político de la oligarquía conservadora que siempre ha dominado el país, así como una política exterior opuesta al  imperialismo de los EE.UU.

 

Hasta hoy, sólo ha aparecido en los medios de comunicación lo relacionado con los intereses de las multinacionales como consecuencia de las nacionalizaciones y ocupaciones de hidrocarburos con las que se inició la nueva Presidencia de la República. O que la Constitución se haya aprobado sin cumplir el trámite reglamentario de los 2/3 tercios, por la oposición frontal de determinados prefectos y del grupo Podemos.  O que Evo mantenga unas buenísimas relaciones con Chávez. La miseria y pobreza en la que ha estado siempre sumida la mayoría de su población, sobre todo, la indígena, nunca ha sido noticia. Como tampoco, que por primera vez, un dirigente político se ha mostrado sensible ante ella.

 

            El gobierno de Evo ha mostrado claramente cuáles son sus preocupaciones. Elevar el nivel cultural de su población, con el Bono Juancito Pinto, para evitar el absentismo escolar y que beneficia a los escolares dándoles 200 bolivianos, para que compren útiles escolares y puedan invertirlo en su educación.

 

            Se ha puesto en marcha un Plan Nacional de Alfabetización, con el objetivo de  que “La educación convierta a esas mayorías excluidas en ciudadanos, con todos los derechos que esto implica”.  

Se ha aprobado la Renta Dignidad, un beneficio universal y vitalicio que entró en vigor en enero de 2008 y que establece el pago de 2.400 bolivianos anuales a todos los mayores de 60 años que no reciban una renta mensual y 1.800 bolivianos a aquellos que sí tengan un ingreso. Beneficia a 676.000 mayores de 60 años. Supone un gasto de 215 millones de dólares anuales. El Presidente quiso que la ganancia de los hidrocarburos rescatados de las petroleras y nacionalizados por el Congreso, en el ingreso impositivo que se denomina IDH,  se constituya en la fuente principal de financiamiento de estas políticas sociales. De ahí, la oposición de los departamentos de la Media Luna, que es donde radican los grandes recursos de los hidrocarburos. Ahí radica, el quid de la cuestión.

 Además, el Gobierno de Evo ha querido que todos estos derechos queden recogidos en una Constitución, así como también que Bolivia se declare un estado pacifista y que promueve la cultura de la paz, y en el que se reconoce a todos el derecho al agua potable, el alcantarillado, la electricidad, la alimentación, la educación, la sanidad y a una vivienda digna…

La oposición ha  llegado de los departamentos de la “media luna” oriental de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, los más ricos, que han aprobado unos estatutos para su autonomía, mientras en La Paz miles de indígenas celebraron la nueva Constitución, que les otorga autonomías propias y más poder político, y que deberá ser sometido a referéndum. Los cuatro departamentos autonomistas suman el 42% del Producto Interior Bruto y cuentan con el 85% de las reservas de hidrocarburos.

 Como las posturas estaban tan encontradas, parecía que se había llegado a un callejón sin salida. Morales ha cogido el toro por los cuernos,  apelando de nuevo a la voz del pueblo, por medio del referendo revocatorio. Los resultados han sido los que han sido. Ni los dirigentes más optimistas del MAS, ni los analistas más informados de la realidad boliviana previeron el contundente triunfo de Morales del pasado 10 de agosto, ya que fue ratificado en su cargo con un 67,8% de los votos. A su vez, fueron revocados los mandatos de dos importantes prefectos opositores, los de La Paz y Cochabamba. Morales aunque fue derrotado en la llamada "media luna" oriental, ganó la votación en 19 de las 34 provincias que conforman estas regiones autonomistas, principalmente en sus zonas rurales.

Bolivia se encuentra hoy dividida, existen grandes diferencias interclasistas, indígenas y mestizos (o "blancos"), entre lo rural y urbano; todo ello potenciado por una escenificación territorial de estos conflictos que dividen al país entre una zona occidental altiplánica mucho más retrasada, por un lado, y una oriental más próspera, por otro. El razonamiento más escuchado previo al referendo revocatorio era que se profundizaría la división política en Bolivia o, en el mejor de los casos, dejaría todo en el mismo lugar. Ello no ha sido así, pues la claridad y contundencia de los resultados de la consulta han abierto un nuevo escenario político. Por un lado, corresponde al Gobierno y al MAS administrar con inteligencia este significativo apoyo y abrir una etapa de diálogo que permita cerrar, en parte, las brechas que hoy dividen a los bolivianos. Una señal positiva en este sentido la hizo Morales en la noche del triunfo, con un discurso conciliador en el que llamó a integrar en un solo texto el proyecto de nueva Constitución Política con los marcos autonómicos que se han ido definiendo y aprobando vía plebiscitaria en los cuatro departamentos de la "media luna". Por su parte, la oposición autonomista debería tener en cuenta en sus próximos pasos el apoyo que hoy tiene Morales en la sociedad boliviana. Persistir sólo en una línea de intransigencia e ingobernabilidad puede conducirla al aislamiento y marginalización. Por otra parte, el discurso autonomista tiene la seria dificultad de no poder ofrecer un proyecto de país que incluya la diversidad de la sociedad boliviana. La oposición autonomista tiene dos opciones: moderar sus demandas y entrar de manera sincera a una fase de diálogo con el Gobierno, o bien optar por radicalizarse en una línea de escisión territorial. Esta última altamente peligrosa no sólo para Bolivia, y que puede encontrar un dique de contención no sólo en el Gobierno del MAS, sino, por razones obvias, en las Fuerzas Armadas bolivianas.

           

El futuro más próximo de Bolivia se presenta altamente interesante. Todos aquellos, que tienen un protagonismo político importante deberían estar a la altura de las circunstancias.