El jubilado chileno de 80 años, Mario Enrique Cortés muere por insolación trabajando al no alcanzarle su pensión para sobrevivir
Pensionista muerto en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile
Este artículo lo escribí y publiqué en NuevaTribuna hace aproximadamente un año. El título era otro. Hoy lleva el nombre de Mario Enrique Cortés. Hablaba entonces de la rebelión de los jubilados chilenos, que podía servir de aviso a navegantes (a los jubilados españoles). Me impactó que en la Plaza de la Constitución de Santiago de Chile, que simboliza el centro de poder, y donde está el Palacio de la Moneda bombardeado por Pinochet en 1973, falleció de un infarto en el 2014, Mario Enrique Cortés, de 80 años. Pinochet también bombardeó la tercera edad porque Mario murió en pleno invierno, mientras trabajaba para una empresa de jardinería, como muchos ancianos chilenos obligados a seguir trabajando porque cobran pensiones misérrimas. Mario se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo a su trabajo desde la comuna de El Bosque; su trabajo iniciaba a las 6 y finalizaba a las 3 de la tarde. Esta lamentable situación fue consecuencia del paso de un sistema público de pensiones de reparto, a uno privado en Chile en tiempos de Pinochet, llevado a cabo por José Piñera, ex ministro de Trabajo del régimen de Pinochet y hermano de Sebastián Piñera, el actual presidente de la República de Chile. En aquellos momentos me preocupaba que los jubilados españoles estaban un tanto indolentes ante los atropellos a sus pensiones desde el gobierno del PP. Afortunadamente hoy los jubilados españoles hemos salido a la calle a defender nuestros derechos. Si no lo hacemos corremos el riesgo de convertirnos en otros Mario Enrique Cortés.
El contenido del artículo a pesar del tiempo trascurrido es de plena actualidad.
Los políticos nos dicen que España tiene un grave problema: el envejecimiento de su población. Es cierto tal hecho demográfico. Según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida en 2015 llegó a 82,7 años, siendo de 80,3 en 2005. En los hombres 79,9 y en las mujeres 85,4. La población mayor de 65 asciende a casi 8,7 millones a 1 de enero de 2016; de estos 8,3 españoles y unos 350.000 extranjeros. Cara el futuro la esperanza de vida seguirá incrementándose, y alcanzará en 2031 los 83,2 en los varones y los 87,7 en las mujeres. En 2065, de mantenerse la tendencia, la esperanza de vida podría alcanzar los 88,6 en los varones y 91,6 en las mujeres.
Tal incremento de la esperanza de vida supone que los españoles vivimos cada vez más, lo que entiendo es bueno. Lo malo sería que viviéramos cada vez menos. No obstante, a algunos parece que no les importa, como dijo un alto dignatario japonés: ¿por qué no se mueren los viejos? Los políticos, periodistas, economistas y académicos, cuando hablan del problema del envejecimiento de la población española, lo relacionan con el mantenimiento de las pensiones públicas, ya que cada vez habrá menos trabajadores y con sueldos más bajos, por lo que se reducirán las cotizaciones a la S.S. Y al repetirlo de una manera machacona, con aviesas intenciones «Este mes ha habido que sacar no “sé cuantos millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar la extra» o «Para la próxima ya no hay suficiente», va calando en la sociedad española la idea de que los jubilados están poniendo en quiebra las finanzas del Estado, de que están «robando» al Estado porque tienen la manía de querer cobrar la pensión, algo que asumen muchos jubilados y cada vez más sectores de la sociedad. ¿Por qué no publican todos los meses los costos en rescates de autopistas, en armamento o en la corrupción? Sobre este tema me detendré más adelante. Es una práctica del sistema neoliberal, el enfrentar a diferentes sectores de la sociedad: al parado con el inmigrante porque le «quitan» el puesto de trabajo, a los jóvenes con esos sueldos miserables con los jubilados porque tienen una pensión «asegurada».
Malos tiempos en los que hay que demostrar y defender lo obvio. Los jubilados actuales cobran una pensión, porque a lo largo de su vida laboral han hecho sus cotizaciones, las establecidas por ley cara a una futura jubilación, de acuerdo con un sistema de reparto. Por tanto, no es un privilegio es un derecho. Con las cotizaciones de los trabajadores actuales se pagan las pensiones de hoy. Con las de los pensionistas actuales, cuando trabajaban, se sostuvieron las pensiones pasadas. Esto es así, y se sustenta en una solidaridad intergeneracional, que es lo que propicia una sociedad fuerte. Ni que decir tiene que esa solidaridad se está fracturando con sus secuelas gravísimas.
Mas da igual. Lo evidente es que un día tras otro nos acongojan los medios de comunicación y va calando como el agua fina, con la idea del grave peligro de nuestro sistema de pensiones públicas. Las pensiones serán insostenibles por razones demográficas: no habrá suficientes cotizantes para tantos pensionistas. De ahí la necesidad imperiosa de llevar a cabo reformas. La primera fue del gobierno “socialista” de ZP, retrasando gradualmente la edad de jubilación, y el cambio de 15 a 25 años para calcular la pensión. La segunda reforma de Rajoy, introduciendo un factor de sostenibilidad que se basa en: el Factor de Revalorización Anual por el cual la actualización de las pensiones dependerá de la salud de las cuentas de la Seguridad Social, no de la evolución del IPC; y el Factor de Equidad Intergeneracional por el cual, un incremento en la esperanza de vida disminuye el valor de la pensión. Mas da igual. Reforma tras reforma no evita que las pensiones públicas en el futuro serán cada vez más reducidas. En el 2017 los casi 9,5 millones de pensionistas españoles han visto incrementadas sus pensiones un 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones aprobada unilateralmente en 2013 por el Gobierno del PP. No habrá paga para compensar la desviación del IPC. Una subida espectacular, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los pensionistas, casi 5 millones, cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de los 707,6 euros aprobados en el Consejo de Ministros para 2017. De ellos, 1,9 millones (2 de cada 10) percibe entre 600 y 655,2 euros. Un millón de pensionistas (1 de cada 10) incluso menos. ¿Cómo encajamos estos datos con el artículo 50 de nuestra Constitución? El cual especifica: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…» La revalorización de las pensiones del 1,2% hubiera supuesto unos 1.200 millones de euros. Cifra asumible si la comparamos con otras mucho más cuantiosas asumidas por el Gobierno. Veámoslas. La financiación de los Programas Especiales de Armamento (PEAs), iniciados con Aznar y mantenidos por los socialistas supone hoy una deuda de unos 30.000 millones de euros. Veamos las artimañas en la pasada legislatura para verificar los pagos de los PEAs. No constan en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para presentarlo como un ejemplo de austeridad, mas luego los pagan recurriendo a Real Decretos. La Ley de Presupuestos de 2012 dotó con 4,95 millones de euros la partida destinada a pagar armamento, y en julio de ese año el Congreso de los Diputados publicó el Real Decreto-Ley 26/2012, por el que se aprobaron recursos extraordinarios de 1.782 millones de euros para el Ministerio de Defensa. La Ley de Presupuestos asignó al Ministerio en 2013, 2014 y 2015 una partida de 6,84 millones de euros respectivamente para hacer frente al pago de los PEAs, sin embargo, la Administración recurrió a los créditos extraordinarios, con 877,3 millones en el 2013; 883,6 en 2014 y 846,9 en 2015. En la pasada legislatura hubo 4.398,8 millones para misiles, tanques, aviones, helicópteros.
Más todavía. El Ejecutivo pagó 1.350 millones a ACS en compensación por la plataforma Castor. ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).
Para pagar misiles o rescatar las autopistas se emite deuda pública. Lo mismo puede hacerse con las pensiones.
Mas da igual. Ellos a lo suyo. La conclusión clara: han de potenciarse las pensiones privadas. Una de las ideas básicas del sistema neoliberal. Un engaño más. En un aviso a navegantes, me fijaré sobre lo que supuso el paso de un sistema público de pensiones de reparto, a uno privado en Chile en tiempos de Pinochet. La creación de un sistema de capitalización individual a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) responde a un doble fundamento de corte neoliberal. Primero, una exaltación del individualismo que relega las soluciones colectivas para articular la solidaridad. Y, segundo, la firme creencia en las virtudes taumatúrgicas de la reducción del papel del Estado y de la paralela expansión del mercado.
Las AFPs son la creación más emblemática del neoliberalismo chileno, hijas del cálculo y la imaginación de José Piñera, ex ministro de Trabajo del régimen de Pinochet y hermano de Sebastián Piñera. De raíces democristianas, José Piñera, a fines de la década de 1970 pasó a integrar el círculo de jóvenes talentos reclutados por Pinochet para “modernizar” el país. Para desmantelar el Estado, recibió del gobierno plenos poderes para sustituir el sistema público de jubilaciones y pensiones, supuestamente deficitario, y remplazarlo por uno de ahorro privado. Con ese cambio todos los trabajadores fueron obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos a las AFPs, sin que hubiera aporte alguno de los empleadores. La excepción: los militares quedaron al margen y hoy siguen jubilándose con el 100% de su último salario.
En el sistema de pensiones privado chileno el empresario retiene a los trabajadores un 12,4% del sueldo; 10% para el fondo de pensiones, 1% para el seguro de invalidez y 1,4% para gastos y beneficios de la gestora AFP. El empleado elige la AFP. Puede cambiar de administración o de fondo cuando quiera. La única reforma fue realizada en el 2008, en el primer gobierno de Bachellet, que introdujo una pensión básica solidaria para el 60% más pobre de la población, así como correcciones en los aportes de pensiones para compensar a mujeres y jóvenes.
Según la Fundación Sol, más que para beneficiar a los cotizantes el sistema de AFP sirve para dar financiamiento barato a las grandes empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones. Según Marco Kremerman, los grupos empresariales son así subsidiados por los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el cofre de las AFPs.
La mayoría de los jubilados cobran una pensión media de 270 euros, inferior al salario mínimo, que es de 346 euros. Solo entre el 2010 y el 2015 las AFPs duplicaron sus beneficios, ganando en conjunto 765 millones de euros el año pasado. Una comisión creada en 2014 por Michelle Bachelet para estudiar la reforma del sistema de previsión concluyó que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo de la línea de pobreza. La Fundación Sol estima que, al jubilarse, la mitad de los trabajadores que cotizaron durante tres décadas recibirían una pensión que no superaría el 22% de su último sueldo. Importes alejados de los anunciados por Piñera, que prometió a todo trabajador una jubilación mínima del 70% de su salario.
La plaza de la Constitución de Santiago de Chile simboliza el centro de poder. Allí está el Palacio de la Moneda bombardeado por Pinochet en 1973. En esa plaza falleció de un infarto, hace dos años, Mario Enrique Cortés, de 80 años. Pinochet también bombardeó la tercera edad porque Mario murió en pleno invierno mientras trabajaba para una empresa de jardinería, como muchos ancianos chilenos obligados a seguir trabajando porque cobran pensiones misérrimas. Se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo a su trabajo desde la comuna de El Bosque; su trabajo iniciaba a las 6 y finalizaba a las 3 de la tarde.
Tanta injusticia tenía que generar un movimiento ciudadano de protesta. En julio y agosto pasados se produjeron grandes manifestaciones en muchas ciudades chilenas coordinadas por “No+AFP. Por un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado”. E incluso un paro nacional el 4 de noviembre pasado. Hechos ninguneados por la prensa española.
Hecho está el aviso para navegantes despistados.
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