La Guerra de los Crucifijos

 

 

Acaba de ser aprobada una propuesta en la Comisión de Educación del Congreso, con el apoyo de PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, y el voto en contra del PP y CiU, instando al Gobierno a que se comprometa a trasladar al ordenamiento jurídico nacional la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que da la razón a un particular en su denuncia al Estado italiano por la presencia de crucifijos en un colegio público, ya que indica  "el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos". Que se oponga a esta sentencia Berlusconi, no deja de producir sonrojo.

Como no podía ser de otra manera, en nuestra querida España, vuelven a tronar las voces de los obispos, encabezados por Rouco que ha dicho “la democracia funciona con la libertad, no con la imposición”. Que quiera dar lecciones de democracia precisamente Rouco, tiene su gracia.  Igualmente se han opuesto también diferentes organizaciones católicas: Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE),  la Confederación Española de Padres Católicos con su presidente, Luís Carbonel a la cabeza; la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación San Pablo CEU, El Observatorio por la Libertad en la Educación y el Observatorio para la Libertad Religiosa..

Por el contrario, se han oído pocas voces apoyando la propuesta, entre ellas estarían CEAPA. y Carlos López, secretario general de FETE-UGT .

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo va en la misma línea que otra reciente, de noviembre del 2008, de un Tribunal de Valladolid según la cual  “la presencia de símbolos religiosos en la escuela vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosas y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución-, y que por ello exigió al Consejo Escolar del colegio vallisoletano Macías Picavea a descolgar los crucifijos presentes en el colegio desde 1930, a lo que el organismo interno ya se había negado en varias ocasiones.  Ante esta sentencia en una homilía el Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo en la S. I. Catedral Primada dijo: Sé que me van a criticar -¿qué importa?-, pero nuestra sociedad está enferma, muy enferma y no podemos ocultarlo: ahí tenemos el crimen abominable del aborto, la eutanasia, , o la sentencia de supresión en un colegio de Valladolid de los crucifijos, y otros hechos..

Estas respuestas furibundas en contra de la retirada de los crucifijos, se explican  en parte porque en nuestro país hemos vivido durante mucho tiempo bajo el sistema político-religioso del nacionalcatolicismo, doctrina consistente en considerar que la esencia de lo español radicaba en la religión católica; tal como se contemplaba en el Concordato de 1953 firmado entre el Estado Español y la Santa Sede, y que en su artículo 1º especificaba: La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico. O lo que es lo mismo que la Dictadura franquista se declaraba un Estado confesional. Entonces eran lógicos los crucifijos, las clases obligatorias de religión católica en los colegios públicos… Hoy está situación es otra muy diferente, tras la aprobación de la Constitución de 1978, tal como se especifica en el artículo 16.3.: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cualquiera que no esté viciado con prejuicios trasnochados podrá entender lo que significa aconfesionalidad. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:  Falta de adscripción o vinculación a cualquier confesión religiosa. Y si el Estado no tiene ninguna religión, no debería permitir que en un centro público, se muestren símbolos religiosos como el crucifijo. Y si lo hace no deja de ser una imposición a los que no son creyentes, o lo son de otras religiones. Como también  lo es el obligar a todos los españoles, creyentes o no creyentes, católicos, protestantes, judíos, musulmanes o de cualquier otra religión, a que tengan que guardar fiesta obligatoriamente todos los 8 de diciembre, día que la Iglesia católica celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir desde el instante en que en María comenzó la vida humana. Dogma declarado un 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX. Actuaciones como las citadas van en  contra del artículo 14. de nuestra Constitución que dice: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todo lo dicho, no supone ningún tipo de animadversión hacia ninguna religión. No cabe confundir a la gente.

Quiero acabar con una pregunta: ¿Quién es más enfermo, aquel que se niega a aceptar la legalidad democrática y constitucional, amparado en privilegios caducos; o quién defiende la independencia del hombre y de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa, sin que ello suponga rechazo o simple hostilidad hacia las ideas o prácticas religiosas?

Cándido Marquesán Millán