CUESTIÓN DE DIGNIDAD

                                   

 

Todo lo que está pasando en esta nuestra querida España en relación al tema de la “Memoria Histórica” me produce un profundo malestar. Entraba dentro de lo  previsible que la iniciativa del juez Garzón de reclamar información a las instituciones, Gobierno, Conferencia episcopal, algunos ayuntamientos, más de veinte mil parroquias..., sobre los fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil de hace setenta años, originase reacciones de toda especie: desde los entusiastas a los descalificadores. Que un numeroso conjunto de personas quieran dar a los cuerpos de sus ascendientes, que reposan todavía en cunetas, descampados o junto a tapias de cementerios, una digna sepultura, y un legítimo reconocimiento, les parece inadecuado a determinados sectores de la derecha española: medios de comunicación y algún partido político. Estos presentan diferentes argumentos: que se reabrirán heridas, que en ambos lados se cometieron desmanes; o que hay que mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. Dirigen sus dicterios a Garzón, acusándole de afán de protagonismo, y a Rodríguez Zapatero, de tratar de ocultar la crisis con esta cuestión que no interesa nadie en la sociedad española. Estas actitudes me resultan harto complicado entenderlas.  Como acaba de señalar Manuel Rivas: ¿Por qué despierta tanta hostilidad la Memoria Histórica en la derecha española? Creo que es una pregunta que concierne a todos, pero especialmente a quienes se sitúan en esa órbita ideológica y política. Esa derecha que gira al centro, que se pretende homologable con los gobernantes franceses y alemanes, que sí asumen la memoria de la resistencia antifascista, esa derecha tan justamente comprometida con la memoria de las víctimas del terrorismo político en el País Vasco, ¿por qué hace una excepción con la dictadura franquista, una de las más crueles y prolongadas de la historia? Que los dirigentes de un partido, al que votan más de 10 millones de españoles, muestren tal animadversión hacia la Memoria Histórica, a todos los que nos sentimos demócratas nos debería producir una honda preocupación.

No quiero replicarles con argumentos ya presentados, porque considero que para la cerrazón de determinadas personas o instituciones no van a servir de nada. Entiendo que si nuestra democracia está plenamente asentada, tras un período de Transición, que hemos pretendido presentarlo como modélico y exportable a otras latitudes, no debería tener problema alguno para digerir nuestro pasado por duro y tenebroso que esté haya sido. Como acaba de señalar brillantemente Ángel Viñas: ¿Qué tiene el pasado español para que su escrutinio deba permanecer cerrado a cal y canto? ¿Qué debe ocultar una democracia que tanto se enorgullece de serlo? ¿Es que acaso tenemos genes que nos hagan incapaces de afrontar nuestro pasado? Los sudafricanos, los chilenos, los argentinos, los rusos, por poner unos cuantos ejemplos, han dejado ya en pañales a quienes nos enorgullecíamos de una transición presentada como modélica.

            Para ser consecuente con lo dicho, pretendo exponer todo un conjunto de acontecimientos de ese pasado tenebroso, sin ocultar nada, para que las generaciones jóvenes los conozcan. La mentira o el ocultamiento de la verdad no pueden ser unos cimientos firmes para construir una sociedad democrática.

            Es cierto que en el bando republicano se cometieron desmanes y que hubo una represión injustificada sobre terratenientes, sacerdotes, políticos de derechas.. Mas, lo que parece incuestionable es que fue muy diferente en ambos bandos. Uno de los motivos por los que triunfó el golpe fue por la extrema violencia con que fue acometido por los rebeldes y las contundentes amenazas dirigidas a quienes no apoyaran el movimiento. El general Queipo de Llano, en uno de sus mensajes a la prensa, el 24 de julio de 1936, lo dejaba muy claro: ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen con uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré.

El general Mola, en sus Instrucciones de 25 de mayo de 1936 decía: Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Puede servir de ejemplo la actuación del teniente coronel Yagüe, en las matanzas de la plaza de toros de Badajoz. A primeras horas de la mañana del día 15 de agosto de 1936, se emplazaron ametralladoras en las contrabarreras del toril que abrieron fuego sobre la multitud de hombres y mujeres de izquierdas allí concentrados: republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y simples hombres de campo, jornaleros, campesinos y demás paisanos fueron cayendo tronchados por el fuego de las ametralladoras.

             En la zona republicana las muertes se produjeron a pesar de los esfuerzos de las autoridades (República, Euskadi, Generalitat) por impedirlas, en cambio en la zona nacional recae sobre las autoridades la responsabilidad directa y expresa, tanto de los fusilamientos como de los paseos. De Barcelona zarparon barcos enteros, franceses e italianos sobre todo, pero también de otras nacionalidades, fletados exclusivamente para evacuar personas amenazadas, pero, como ha dicho Joseph Benet, "de la zona rebelde no salió ningún barco”.

            El dirigente del PSOE, Indalecio Prieto, en las páginas de El Socialista, el 9 de agosto de 1936, intentaba parar la represión que ya había dado comienzo en territorio republicano: Por muy fidedignas que sean las terribles y trágicas versiones de lo que está ocurriendo en tierras dominadas por nuestros enemigos...no imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra..ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa..¡No los imitéis!. O también Azaña en La velada de Benicarló, escrita 2 semanas antes de los acontecimientos de mayo de 1937: Con una diferencia importante. En esta zona, las atrocidades cometidas en represalia de la sublevación, o aprovechándola para venganzas innobles, ocurrían a pesar del Gobierno, inerme e impotente, como nadie ignora, a causa de la rebelión misma. En la España dominada por los rebeldes y los extranjeros, los crímenes, parte de un plan político de regeneración nacional, se cometían y se cometen con aprobación de las autoridades. Estas claras diferencias en cuanto a las represiones en ambos lados la corroboran reconocidos historiadores nacionales como Julián Casanova, Santos Juliá, Reig Tapia… e internacionales como Paul Preston, Helen Graham…

Por si no fuera ya suficiente con lo ya dicho, la represión ejercida por los rebeldes no se acabó con la guerra. Muy al contrario, prosiguió hasta el final de la Dictadura con la máxima dureza. El régimen estableció la Causa General, que se puede definir como todo lo contrario de las actuales comisiones de la verdad creadas en varios países del mundo. En la Causa General poco importaba la verdad y la reconciliación. De lo que se trataba era de castigar a los “rojos, aunque se hubiera de adulterar la verdad. Tarea a la que se prestaron miles de españoles denunciantes por convicciones políticas, prejuicios sociales, oportunismo o por miedo.

Y qué decir de la  Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas. Una auténtica aberración jurídica. De lo que se trata es justificar jurídicamente la persecución a la disidencia. Acusar de subversión a aquéllos que precisamente defienden el régimen democrático vigente, no deja de ser un hecho lamentable. Y aquellos que  se sublevan son los que dictan la Ley. El mundo al revés. Las víctimas convertidas en verdugos. Se declara la responsabilidad política de las personas, aunque hubieran sido ya asesinadas- ni en las tumbas los dejaban descansar-, que desde 1º de octubre de 1934, y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de las fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave. Además quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el Frente Popular. Todos estos partidos y agrupaciones declaradas fuera de la Ley, perderán todos sus derechos y todos sus bienes.

Y qué decir del hecho, menos conocido, de que Franco no puso reparos cuando los nazis le propusieron despojar de la condición de prisioneros de guerra a los miles de republicanos que se hallaban en su poder, accediendo de este modo a que estos “españoles” fueran enviados de los stalags (campos de prisioneros de guerra) a los campos de concentración. Fue esta negativa del régimen de Franco a reconocer la nacionalidad española de los prisioneros lo que abrió la vía a la deportación. En efecto, el régimen nazi anunció su política el 25 de septiembre de 1940, durante su visita a Alemania de Serrano Suñer. A partir de entonces los republicanos españoles fueron recluidos en campos de concentración, en los que murieron alrededor de 10.000.

Produce auténtico pavor y escalofrío comprobar que España estuviera durante 40 años en manos de personas de esta catadura moral.

Todo esto ocurrió. Todo esto se debemos conocerlo los españoles. Como también, que todos estos españoles represaliados sean reconocidos como merecen, y descansen en paz en una tumba, que lleve su nombre. No creo que sea pedir tanto.