La victoria del pensamiento único
Acaba de ser intervenida por parte del Banco de España Cajasur, fundada y gestionada por la iglesia católica, con unas pérdidas de casi 600 millones en 2009, tras el fracaso de fusión con Unicaja. Un cura Santiago Gómez Sierra, era su presidente y seis de los 20 miembros del consejo de administración eran sacerdotes, en concreto, canónigos del Cabildo catedralicio, la institución eclesiástica fundadora de la entidad. Lo ocurrido en Cajasur es una secuela más de la explosión de burbuja inmobiliaria producida en nuestro país. Muchas cajas de ahorro, igual que los bancos, hicieron cuantiosos préstamos asumiendo grandes riesgos a promotoras e inmobiliarias, como también a particulares. Al ser muy bajos los tipos de interés, había que prestar dinero cuanto más mejor, sin mirar el cómo. En este círculo infernal se metió en tromba Cajasur. Durante los últimos años de la presidencia del penitenciario Miguel Castillejo -que estuvo al frente de la caja durante tres décadas, protagonizando duros enfrentamientos con la Junta de Andalucía y con el mismo obispo-, con la finalidad de fortalecer los números, la caja se echó en brazos del sector inmobiliario, entonces en pleno auge, convirtiéndose en un estrecho colaborador de constructoras cordobesas, como Arenal 2000 o Prasa, y ampliando su radio de acción en la Costa del Sol. Estas operaciones, calificadas de "riesgo extremo" han dejado la herencia de 4.000 millones de dudoso cobro. A la caja cordobesa la ha perdido el ladrillo, como a otras muchas entidades financieras, que están pasando graves aprietos al caer muchas de estas inmobiliarias y promotoras, que no han podido devolver los créditos concedidos. La historia es conocida. La primera en caer fue la inmobiliaria Astroc, en el verano de 2007. Poco después fue la valenciana Llanera. Cayó luego una de las grandes Colonial, que quedó en manos de sus acreedores la Caixa y el Banco Popular. En noviembre de 2008 suspendió pagos Habitat. Posteriormente llegaría Martinsa. El desenlace es el conocido por todos: las entidades financieras no tuvieron otra opción que cobrarse en viviendas o terrenos, por lo que se han convertido en agencias inmobiliarias. Actualmente existe un millón de pisos sin vender. El caso de Cajasur no hace sino seguir la tónica general: una víctima más de la especulación del ladrillo. Además hay algunos aspectos particulares en Cajasur, que merece la pena mencionarlos, como ejemplo de una mala gestión. Las suculentas dietas cobradas por los consejeros por asistir a conciertos, conferencias o por acudir al acto religioso de la coronación de la Virgen de la Fuensanta, o la millonaria póliza que Cajasur firmó con la aseguradora Caser para que Castillejo recibiera una pensión vitalicia cuando dejara la presidencia y que seguirán percibiendo sus hermanas.
Con estos antecedentes, nuestro sistema bancario y especialmente el de las cajas está tocado, lo que hace imperiosa una reforma estructural, instada por el F.M.I. Como señala Gabriel Tortella, nuestro sistema bancario tiene un talón de Aquiles: las cajas de ahorros, desde la Transición fueron equiparadas a los bancos funcional, pero no estructuralmente. Las cajas han dejado de ser entidades asistenciales sin afán de lucro y han pasado a ser algo parecido a los bancos, manteniendo la estructura de cuando eran asistenciales, lo que acarrea algo muy peligroso, porque actúan como si fueran sociedades anónimas sin serlo, como si tuvieran afán de lucro sin tenerlo. Y esto hace que estén fuera de la lógica del mercado. Al no tener accionistas ni capital, han pasado a depender en muchas ocasiones de políticos locales. Por ende, sus inversiones no se rigen por su posible rentabilidad sino por las amistades de determinados políticos. Ejemplo manifiesto ha sido el de la Caja de Castilla la Mancha, presidida por un exdiputado socialista que hizo préstamos arriesgados a personas o entidades amigas, como fue el nonnato aeropuerto de Ciudad Real, y que tuvo que ser intervenida por el Banco de España en la primavera del 2009. El gobierno para sanear todo el sistema bancario creó el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) con 50.000 millones de euros para comprar activos de la banca y 100.000 millones de avales.
Por lo que constatamos, ha tenido que ser el Estado el que salga con el dinero público (el FROB ha inyectado 550 millones en la entidad) a salvar Cajasur, con el consiguiente aumento del déficit público. Como ciudadano de la calle tengo un sentimiento mitad de enfado y de perplejidad. O sea, la incompetencia del Consejo de Cajasur la tenemos que asumir los funcionarios, pensionistas o los dependientes. También me sorprende que el FMI y las agencias de calificación de riesgos sean tan diligentes ahora en avisar de la imperiosa urgencia de la reforma del sistema bancario español, cuando permanecían callados ante la vergonzosa especulación generada en torno a la burbuja inmobiliaria con productos financieros altamente tóxicos. El FMI quiere que se dé a las cajas españolas la oportunidad de convertirse en sociedades con acciones, que posibilitaría la puerta a su privatización, al menos parcial. El Fondo también propuso reducir la influencia política y aumentar su capacidad para captar capital externo. Esos cambios harían a las cajas más parecidas a los bancos, al eliminar cortapisas a sus operaciones. El desenlace es claro. Se hará la reforma bancaria. Ya lo creo que se hará. Se fusionarán determinas cajas, ya lo están haciendo. Se cerrarán muchas oficinas. Y miles de trabajadores a la puñetera calle. Nada nuevo bajo el sol. Mas todavía vendrán más reformas, si además vienen preconizadas por el FMI con el beneplácito de la Unión Europea, como en el terreno del trabajo, donde no se anda con rodeos. Quiere una reforma "radical" porque en su opinión el mercado laboral español simplemente "no funciona”. Hay que reducir las indemnizaciones por despido, cambiar el sistema de negociación de los salarios en los convenios colectivos para dar más flexibilidad a las empresas y suprimir la vinculación de subidas de sueldos a la inflación. Además, el FMI pidió una reforma "audaz" del sistema de pensiones, no sólo con la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, como ha propuesto el Gobierno, sino también con su vinculación a las expectativas de vida.
Es como para ponerse a temblar. Con el agravante, de que si alguno tiene la osadía de cuestionar todas estas medidas recibe todo tipo de improperios por parte de los poderes mediáticos dominantes. Es la victoria del pensamiento único.
Cándido Marquesán Millán
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