REFLEXIONES SOBRE EL ORIGEN, DESARROLLO Y FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Miércoles, 02 de Abril de 2014 08:06

Cándido Marquesán Millán

He participado en una mesa redonda en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza con un tema de gran actualidad: El Estado de bienestar. Obviamente, cuando pisas un aula universitaria, esta circunstancia te obliga a que lleves a cabo una preparación a conciencia sobre el tema. Entre los libros que me han servido de referencia para profundizar sobre el tema han sido: El Estado Social. Antecedentes, origen y desarrollo y declive de Ignacio Sotelo; El subdesarrollo social de España, de Vicenc Navarro; algunos artículos como ¿Solo nos queda el Estado de bienestar? de Félix Ovejero; La Faes ataca de nuevo de José Ramón Villanueva, y otros propios del que escribe estas líneas. Trataré de reflejar algunas de mis reflexiones expuestas.

 

Siguiendo a Ignacio Sotelo el Estado social distinguiéndolo del Estado de bienestar, hace referencia a la legislación social llevada a cabo en Alemania e Inglaterra fundamentalmente a finales del XIX e inicios del XX y período de entreguerras.

En la Alemania de Bismarck se puso en marcha toda una legislación social para frenar la expansión de las ideas socialistas. En 1878 se ilegaliza la socialdemocracia. En 1881 Guillermo I anuncia el Estado social, con el apoyo de la gran Industria (Krupp, Siemens..) De ahí las medidas siguientes: en 1883 Seguro de enfermedad obligatorio, 1884 Seguro de accidente en el trabajo, 1889 Seguro de invalidez y 1891 Seguro de vejez a los 70 años. A este esbozo de Seguridad Social  estuvieron en contra los socialistas, más preocupados por la protección inmediata del trabajador  como la jornada laboral, trabajo noches, protección especial del trabajo de mujeres y niños.. En el Congreso de 1902 el SPD apoyó la Seguridad Social, aunque quiso extenderla al desempleo, que se consiguió en 1927. Estas medidas de Birmarck de frenar el socialismo fueron un fracaso, ya que en 1890 los socialistas obtuvieron 1,4 millones de votos, el 20% de los votos emitidos.

En Inglaterra, se retrasó la Seguridad Social 28 años hasta 1911, que finalmente se impulsó por el aumento de la pobreza y de mucho paro. Aquí el sindicato autorizado en 1868 precedió al partido laborista 1906. También en Inglaterra es mucho más pujante la sociedad civil que en Alemania, con muchas sociedades de ayuda mutua. La Seguridad Social fue el aporte de los liberales, con David Lloyd George, en la que contribuye mucho más el Estado en los costos.

La I Guerra Mundial fortaleció el Estado Social, ya que los esfuerzos de la población había que compensarlos de alguna manera, no en vano, por ejemplo, se implantaría el sufragio universal. También estaba el pavor a la Revolución Rusa.

En el período en entreguerras  en Inglaterra se creó el Ministerio de Reconstrucción en 1917  por Lloyd George con el objetivo de construir una sociedad nueva, para evitar la subversión social. En 1919 el Ministerio de Salud. En 1918 a través de la Ley de Educación se estableció la escuela gratuita hasta los 14 años. Leyes contra el paro, aunque no para todos.

La República de Weimar creó en 1927 el cuarto pilar el desempleo, que se sumó  a los de enfermedad, accidente, invalidez y vejez. El Primer Estado de bienestar lo diseña la Constitución de Weimar, que se hunde al no poder ponerlo en marcha. Son conocidas las cifras de parados en la depresión de los años 30, que llevó en volandas al Hitler al poder. La diferencia entre Estado social y Estado de bienestar tal como lo configura por primera vez la Constitución de Weimar, radica que el Estado social considera el capitalismo como algo racional, por lo que hay que dejarlo desenvolverse libremente y así producirá riqueza y luego se reparte.

El Estado de bienestar, considera el capitalismo injusto e insolidario si se deja a su libre desenvolvimiento, por ello hay que intervenir en la fase de producción, corrigiendo y modelando el orden socioeconómico desde el principio de la justicia. Ello comporta desde la  Constitución de Weimar adoptar una serie de medidas. El artículo 151 es crucial al introducir “El orden de la vida económica tiene que coincidir con los principios de justicia, con el fin de que proporcione una existencia de acuerdo con la dignidad humana”. Supone un cambio de visión. Para el liberalismo, tal como aparece en las constituciones del XIX, un artículo como éste resultaría superfluo e incomprensible: la economía capitalista se considera el orden natural, el racional óptimo y, por tanto, estaría fuera de la discusión.  En cambio, en la Alemania revolucionaria de 1919  para una gran parte de la población era evidente el carácter inhumano del capitalismo.

Además en la Constitución de Weimar se introducen en su articulado una serie de principios trascendentales a la hora de configurar un Estado de bienestar: Responsabilidad social de la propiedad, de ahí el derecho, tras indemnizar, a socializar las empresas privadas, cuando resulte beneficioso al bien común. Coloca el trabajo en el centro de la actividad económica, que el Estado ha de proteger, garantizando el derecho de coalición de la fuerza del trabajo, y se declara ilegal  cualquier limitación a este derecho. El Estado sanciona un sistema amplio de Seguridad Social ante la enfermedad o incapacidad de trabajar, a remediar las consecuencias económicas de la maternidad, o cambios coyunturales de la vida. Los asegurados participan en la gestión de la Seguridad Social. Derecho al trabajo y negociación colectiva y cogestión.

Conocida es la influencia de la Constitución de Weimar en la Constitución de la República española de 19131, de ahí podemos explicarnos que su  Capítulo II de Familia, Economía y Cultura, establece en el Art. 44 “la riqueza del país está subordinada a los intereses de la economía nacional. Y en el 46  “el trabajo es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará al trabajador las condiciones necesarias a una existencia digna. Su legislación regulará: los casos de seguros de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo IBE mujeres y de los jóvenes y especialmente protección a la maternidad, la jornada de trabajo, el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero en el extranjero., la participación de los obreros en la dirección, administración y beneficios de las empresas.

Llegamos al período posterior de la II Guerra Mundial, cuando se implanta el Estado de bienestar propiamente dicho en determinados países de Europa occidental y nórdica. El modelo británico fue obra de laboristas y conservadores y que fue seguido por diferentes países europeos. En 1945 los laboristas encabezados por Attlee ganan con el 47%, con una diferencia de 8 puntos e inician inmediatamente la construcción del welfare británico, poniendo en marcha el Informe Beveridge, que establece entre otros principios que la Seguridad Social debe evitar la miseria, enfermedad, ignorancia, desamparo y desempleo. De ahí,  en 1945 la Ley de subsidios familiares, la de la Seguridad Social en 1946, la de  la asistencia social en el 1948, y el Servicio Nacional de Salud en 1946, la auténtica joya de la Corona.

No viene mal seguir precisando el concepto de Estado de bienestar. Frente al Estado social, en el que la Seguridad Social, aparte de que fuera obligatoria, al ofrecer prestaciones en la medida de lo que se haya aportado, se comporta como cualquier seguro privado,  el Estado de bienestar en cambio, al margen de lo que cada uno haya contribuido, garantiza de la “cuna a la sepultura” unos ingresos mínimos que aseguren vivir con dignidad en todas las eventualidades que se presenten, enfermedad, invalidez, vejez, desempleo. De hecho, el modelo británico de Estado de bienestar, que es el que se expande por el resto de Europa reconoce diferencias en las prestaciones, pero con un mínimo intocable para todos, que se considera indeleble de la dignidad humana.

Conviene distinguir el modelo británico del socialdemócrata que inventó Weimar y que en su mayor pureza desarrolló Suecia. El  Estado de bienestar socialdemócrata, apelando al principio de solidaridad, cuestiona que las prestaciones hayan de estar relacionadas directamente con las contribuciones de cada uno. El modelo socialdemócrata además de garantizar una vida digna, libre de caer en la pobreza, pretende una distribución más equitativa de la renta nacional, como medio para llegar a una sociedad igualitaria. No solo la Seguridad Social se extiende a todos con un mínimo garantizado, como es el caso británico, sino que además pretende realizar la igualdad social a que aspira el socialismo. Lo que caracteriza, a fin de cuentas, el modelo socialdemócrata es que, lejos de ser una meta en si mismo, se considera el instrumento adecuado para superar gradualmente el capitalismo y avanzar hacia un socialismo en democracia.

El modelo británico de Estado de bienestar, en cambio, no pretende modificar la estructura social, eliminando las diferencias entre las clases, aunque la parte más radical del laborismo la postule. Trata de evitar la revolución social, algo muy factible si una parte importante fuera arrojada al desempleo y la miseria.

Obviamente también tuve que referirme al Estado de bienestar en España. En tiempos de la Dictadura de Franco, ni por asomo podía pensarse en su implantación. Hubo que esperar a la llegada de los gobiernos socialistas, encabezados por Felipe González en los años 80 y 90 del siglo pasado para que se pusieran en marcha una serie de medidas hacia la construcción de un incipiente e insuficiente Estado de bienestar. Por ello, prestaron especial atención a la sanidad, las pensiones, y a la educación. Entre 1982 y 1992, el gasto público en estos tres campos aumentó en 4,1 puntos sobre el total del PIB.

A través de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se dio respuesta al artículo 43 de la Constitución de 1978, reconociendo el derecho a las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España. Obviamente esto significaría un incremento importante en gasto público. En 1989, se dedicaba un 5% del PIB a gastos sanitarios, que todavía quedaba lejos de las cifras de Alemania, Francia u Holanda.

La percepción de las pensiones se universalizó y se elevó su cuantía, con el fin de reducir las desigualdades sociales. Este hecho se realizó por medio de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. La trascendencia de la reforma se centra en la extensión del derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y a las prestaciones económicas por hijos a cargo, del Sistema de la Seguridad Social, a todos los ciudadanos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del nivel contributivo, por la realización de actividades profesionales.

Se trata, en definitiva, de la universalización de tales prestaciones. La ampliación de la protección social trata de dar respuesta a una aspiración social de solidaridad para determinados sectores más desprotegidos, como ancianos o inválidos sin recursos. Esta ley supuso el que 400.000 nuevos pensionistas se incorporaran al sistema. El número de pensionistas (vejez, invalidez, accidente) no dejó de crecer, y otro tanto ocurrió con las prestaciones de desempleo, ya que, si en 1985 recibían el subsidio un millón de personas, en 1992 la cifra alcanzaba medio millón más.

Otro hito fundamental fue la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. En ella se reconoce que el derecho a la educación es un derecho de carácter social. Concreta la enseñanza básica, contemplada en el artículo 27.4 de la Constitución, determinándose en 10 años su duración, ampliándose, por consiguiente, en dos años la existente hasta entonces, y extendiéndose desde los seis hasta los dieciséis años, además de ser gratuita y obligatoria.

Finalmente fue otro Gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el que implantó el Sistema Nacional de Dependencia, basado en los principios de universalidad, igualdad y con carácter público. Todo ello con el objetivo  de permitir que personas dependientes, en ese momento unas 1.125.190, que no se valían por sí mismas, pudieran ser atendidas convenientemente desde teleasistencia o ayuda domiciliaria al ingreso en una residencia, pasando por centros de día o de noche. Todo supuso un gran esfuerzo económico, sufragado por la Administración Central, la autonómica y también mediante la aportación de los beneficiarios en función de su capacidad económica personal.

En nuestro país, es claro la insuficiencia y el escaso desarrollo de este incipiente Estado de bienestar. Algunos datos proporcionados por el profesor Vicenc Navarro lo corroboran. Solo una persona adulta  de cada diez trabaja en España en servicios públicos del Estado de bienestar. En Suecia es una de cada cuatro. España es el país que tiene proporcionalmente menos personas trabajando en este sector de toda la UE-15, países con el mismo desarrollo que España.

Me pareció muy interesante una reflexión sobre el tema la aportada por el Félix Ovejero. La izquierda lejos del poder al Estado de bienestar menospreciaba y, a todos los efectos, le atribuía las tareas narcóticas que clásicamente asignaba a la religión. Por ello, no tenía más misión que la de apaciguar y escamotear los conflictos de clase y, por ese camino, preservar el capitalismo. La otra izquierda, la que lo gestionó durante mucho tiempo, lo defendía sin convicción, como avergonzada de avecinarse inconvenientemente a los teóricos del fin de las ideologías .Cierto día todo cambió. El Estado de bienestar pasó de señuelo apaciguador en manos de la burguesía a irrenunciable conquista proletaria. Qué pudo pasar no es fácil saberlo, puede que tuviera algo que ver el fracaso de algunos intentos de plantear alternativas reales al capitalismo que llegaron a rozar el poder, como el eurocomunismo o el Programa Común de Mitterrand. Antes que aceptar que venían mal dadas, la izquierda prefirió ceder a la tentación de reescribir las derrotas como victoria.

Finalmente se habló del futuro del Estado de bienestar. El porvenir resulta dentro de esta vorágine neoliberal, bastante sombrío. Sirvan de prueba irrefutable algunos datos. Poco ha el rey de Holanda, Guillermo Alejandro, leyó un discurso en el Parlamento (redactado por el Gobierno que preside Mark Rutte) en el que anunció la imposibilidad práctica de mantener el Estado de bienestar. Y ello no era solo por las dificultades financieras de los Países Bajos, sino que, además, “las expectativas de la gente no son ya las mismas… la gente quiere tomar sus propias decisiones. Pedimos a cada uno que asuma sus responsabilidades. Cambiaremos del Estado de bienestar a la sociedad participativa”. Más descentralización hacia los municipios y más responsabilidad individual.

Según el artículo La Faes ataca de nuevo  de José Ramón Villanueva, la publicación en sus Cuadernos de Pensamiento Político (junio 2013), de un trabajo de Elisa Chuliá titulado A propósito de la reforma del Estado de Bienestar, supone un claro cuestionamiento del mismo y de su viabilidad futura desde posiciones propias del más rancio conservadurismo. Chuliá lanza su primera crítica al señalar que los Estados del bienestar contienen en su interior el germen de su propia destrucción por haber logrado "éxitos sociales de primera magnitud", los cuales han supuesto unos elevados costes económicos que la autora parece desaprobar.

Y cita el aumento de la longevidad de la población, la emancipación económica y social de la mujer y el incremento de los niveles educativos de lo que llama la "fuerza del trabajo", esto es, de la clase trabajadora. El aumento de la longevidad, critica que haya supuesto "presionar al alza el gasto en pensiones y también, en menor medida, el gasto sanitario y el dedicado a otras prestaciones sociales".

Sobre  la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque reconoce que ello ha supuesto el aumento de los ingresos fiscales estatales, también ve aspectos negativos: retraso en la nupcialidad, descenso de la natalidad y, con ello, "reducción de contribuyentes" futuros, así como que las mujeres hayan dejado de ocuparse "de los miembros más vulnerables de la familia" (niños y ancianos), y un supuesto "aumento de la inestabilidad estructural" familiar, planteamientos, que recuerdan la vieja mentalidad retrógrada según la cual el lugar de la mujer era "en casa y con la pata quebrada". El tercer ataque a las bases del Estado de Bienestar lo lanza contra la universalización del derecho a la educación. De hecho, Chuliá señala que "la amplia oferta educativa subvencionada", ha supuesto "una ganancia agregada en cualificación de mano de obra" que, ante la situación del mercado de trabajo, "ha originado desempleo y sobrecualificación".