¿Vamos al suicidio económico?

Acabo de enterarme de las medidas económicas puestas en marcha para reducir el déficit público por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, y no me han sorprendido, conociendo su inspiración neoliberal. Cuando la derecha gobierna en España, es coherente con aquellos principios que defiende. Esta circunstancia no suele producirse cuando gobierna la izquierda.

 

De entrada, las han legitimado con la esperada cantinela de la herencia recibida, ya que las previsiones del gobierno anterior de cerrar el año con un  déficit público del 6% han sido incumplidas, al haberse llegado a la cifra del 8%. Ya tienen la coartada para justificar cualquier tipo de medidas por duras y dramáticas que sean para la ciudadanía.

 

            Vamos a verlas. Todas ellas aparecen en REAL DECRETO LEY sobre medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público. Tienen el objetivo de reducir el gasto en 8.900 millones de euros e incrementar los ingresos en otros 6.275 millones. Para justificarlas,  el Gobierno entiende que estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide. Por ello, el Gobierno se reafirma en el compromiso de cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad del Reino de España. Se trata de un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles. Por ello, el gobierno revaloriza el poder adquisitivo de las pensiones y hace una reducción de gasto público que no recorta ningún derecho social. Asimismo, establece un incremento del esfuerzo fiscal, especialmente para los ciudadanos de mayor capacidad económica, a través de una nueva figura impositiva temporal y extraordinaria. Este esfuerzo colectivo va a permitir a España cumplir con sus objetivos, recuperar la confianza y volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

 

            De verdad, me resulta muy difícil de entender que la gran preocupación del Gobierno sea el problema del paro y del crecimiento, y que para corregirlos se han tomado tales decisiones. Hace pocos días el ministro de Economía, señalaba que íbamos a entrar en Recesión, con crecimiento negativo, por lo que el paro iba a verse incrementado. No hace falta haber estudiado en la Universidad de Harvard, para entender que esta situación tan crítica de nuestra economía es debida a la falta de consumo, por lo que no se incrementa la demanda, ni puede haber crecimiento. La consecuencia es clara: así no solo no se puede crear empleo, es que se verá incrementado. ¿Cómo se puede incentivar el consumo con las diferentes medidas puestas en marcha? ¿Manteniendo el Salario Mínimo Interprofesional en 641, 40 euros? ¿Subiendo un 1% las pensiones? ¿Congelando el sueldo de los funcionarios? ¿Incrementando las tarifas del IRPF en todos los tramos? ¿Gravando las rentas del ahorro? ¿Subiendo de una manera generalizada el IBI? ¿No renovando la Renta de Emancipación, manteniendo la cobertura actual, que afecta a 300.000 jóvenes? Es imposible aumentar el consumo por parte de una ciudadanía, ya bastante agobiada, como para que se le impongan más cargas. No puede haber crecimiento. Ni tampoco crear empleo. Es como querer combatir un incendio, esparciendo gasolina. ¿Cómo se puede fomentar el empleo si se congela la tasa de reposición de las plantillas, excepto para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para los Cuerpos de lucha contra el fraude de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social.? ¿Congelando o reduciendo la inversión pública se incentiva el empleo?

 

            Si ya me resultan incomprensibles las medidas anteriores para combatir el paro, no me parecen menos las puestas en práctica en el negocio inmobiliario. Pero, ¿no habíamos llegado a la conclusión de que la burbuja inmobiliaria, era en buena parte la causante de la crisis económica actual? Ahora pretendemos reactivarla, estableciendo  un IVA superreducido del 4 por 100 para la adquisición de primera vivienda a partir de 2012, o recuperando la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010.  

 

¿No era uno de los males de nuestra economía la falta de competitividad? ¿Cómo podemos ser competitivos si reducimos las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe total de 600 millones de euros?

            También en el prólogo justificatorio del Decreto, se dice que hace una reducción de gasto público sin recortar ningún derecho social. Ignoro quién ha tenido la osadía de emitir tales palabras. Entre las aportaciones más significativas de la Constitución Española de 1978 se viene destacando la de haber reconocido una serie de principios y derechos de contenido social.  Esta "nueva generación" de derechos se incluyen  en el Capítulo 3º del Título I, derechos que reciben la denominación de derechos sociales en la medida que expresan una función de prestación que corresponde al Estado (entendido como el conjunto de los poderes públicos) para su efectivo aseguramiento. ¿Con una subida del 1% de las pensiones,  los poderes públicos pueden garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, tal como parece en el artículo 50 de nuestra Constitución?

            Además todas las medidas de este DECRETO LEY, son una muestra palpable de insolidaridad, al recaer en toda la ciudadanía,  al hacer uso y abuso de gravar la imposición directa, como el IRPF en lugar de la indirecta, como la del IVA.

            Si alguno ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí, es probable, mejor seguro, que haya pensado que estoy equivocado en todos mis planteamientos, y me argumentarán que es imprescindible la corrección del déficit público para que fluya la financiación para las empresas. El BCE acaba de prestar al 1% 500.000 millones de euros a la banca, y a las empresas no ha llegado ese chorro de dinero. ¿Dónde está? Sí, se me replicará a comprar deuda pública al 6%. ¡Vaya chollo para los bancos¡ ¿Por qué no la compra directamente el BCE y así nos evitaríamos todos el tener que pagar más impuestos para pagarla. Aquí hay gato encerrado. El primer ministro de Italia, de profesión banquero. El ministro de Economía español, banquero también. Ahora lo voy entendiendo

             Por todo lo expuesto, entiendo que nuestra economía se verá sometida a una crisis cada vez  más profunda, tal como ocurre en Grecia, Irlanda, Portugal e Italia, donde se han puesto  en marcha las mismas políticas económicas de ajustes fiscales impuestas desde el FMI, la UE y BCE, que acaba de aprobar el Gobierno de Rajoy. De verdad, vamos hacia el suicidio económico.

Cándido Marquesán Millán