El landgrabbing (acaparamiento de tierras)

 

Son muchos los problemas políticos, sociales, económicos que nos acucian en estos momentos. Hay una crisis financiera que está provocando grandes destrozos en amplios sectores de la sociedad, sobre todo, en los más débiles. Una crisis climática, que de no tomar pronto decisiones valientes, vamos a dejar un planeta profundamente deteriorado a las generaciones futuras. Igualmente hay una crisis alimentaria, con unas subidas injustificadas de los precios de los alimentos, por lo que muchos millones de personas están pasando hambre. Todas ellas están provocadas por el modelo económico neoliberal actualmente vigente y que muy pocos nos atrevemos a cuestionar.

El propósito de estas líneas es el de referirme a un aspecto puntual, que está relacionado con las crisis alimenticia o climática, aunque también con la financiera. Se trata del landgrabbing o acaparamiento de tierras utilizadas tradicionalmente por las comunidades agrícolas especialmente en África, América o en Asia que se arriendan o se venden a inversores extranjeros, empresas y gobiernos, tanto de Europa occidental (Inglaterra, Francia, Alemania, España…), como del Oriente Medio (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar…, de Asia (China, la India, Corea del Sur..) para el cultivo de alimentos, materias primas o agrocombustibles. Unos estudios publicados recientemente: en el 2011 el de Veterinarios sin Fronteras Paren aquí, Vive gente, Los impactos del agronegocio en África, y el publicado en el 2010 por  Friends of the Earth Europe  África: el acaparamiento de tierras nos muestran  la magnitud de estas concesiones; en República Democrática del Congo el total de la tierra negociada alcanza el 48,8% del total de la tierra del país; en Mozambique es el 21,1%; en Uganda el 14,6%; en Zambia el 8,8%, en Etiopía el 8,2%... Solo en África, 30 millones de hectáreas han sido acaparadas, curiosamente en un continente donde la inseguridad alimentaria y el hambre provocan grandiosos estragos. En Argentina se pretende entregar 320.000 hectáreas de tierras bajo riego al control de una corporación China, la Beidahuang State Farms Business Trade Group CO, LTD. De hecho, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 10 de diciembre, hizo aprobar el texto de la ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. La FAO calcula que un 10% del territorio nacional está ya en manos de empresas foráneas, que buscan asegurarse, así, la producción de alimentos en tierra tan fecunda como la argentina. La nueva ley fija el límite en un 15%.

            Este interés por el acaparamiento de tierras se explica por varias razones. En el año 2006 se inició un aumento de los precios de los alimentos básicos que se prolongó en los años siguientes, con dos máximos en 2008 y 2011. No obstante, la evolución de estos precios no puede explicarse solo en función de las cosechas, ya que suelen ser los mecanismos económicos a nivel global los que los establecen, como las operaciones de derivados sobre los alimentos realizadas  por bancos y fondos de inversión norteamericanos y europeos. Además  las repercusiones que el cambio climático pueda tener sobre la agricultura en los próximos años,  exacerban en muchos países el temor a quedarse desabastecidos de alimentos básicos, como en el caso de Arabia Saudita  con grandes recursos, que teme por su seguridad alimenticia, ya que se le están agotando los acuíferos para seguir cultivando cereales. También está detrás el negocio de los agrocombustibles, para garantizar el suministro de combustible tras la volatilidad de los precios del petróleo, que parece haber incitado a muchos países a cuestionar la seguridad de los suministros. Solo en Mozambique, en el 2007 se habían concedido a empresas extranjeras más de 5 millones de ha. para el cultivo de la jatrofa, para producir agrodiesel, una superficie como el de toda Andalucía. Estas prácticas solo generan beneficio a esos países o empresas extranjeras, ya que toda la producción esta pensada para la exportación. Desde Amigos de la Tierra, lo señalan muy claro “los alimentos se han transformado en una mercancía importada y exportada alrededor del mundo. Es un modelo basado en políticas comerciales injustas, liberalización económica, control empresarial, privatización, tecnologías controladas por las multinacionales, propiedad intelectual, apropiación de los territorios, marginalización de las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas y los campesinos y campesinas. Constituye una imposición del modelo de producción y consumo imperante en los países industrializados”. Se habla de un nuevo neocolonialismo.

 

             Por ello, el modo de vida de las comunidades rurales tradicionales se ve sometido a un grave peligro, ya que son expulsadas violentamente de las tierras que han cultivado desde tiempos inmemoriales. La tierra no sólo representa el medio principal de acceso y suministro de alimento a millones de minifundistas y a sus familias, sino que además constituye un elemento esencial de identidad para ciertos pueblos y comunidades. Se han producido respuestas  de las comunidades rurales ante estos atropellos, señaladas por Josep Fontana, pero en la mayoría de las ocasiones han sido sojuzgadas violentamente, como la ocurrida en el Estado de Pará, en Brasil,  donde hace quince años hubo 19 campesinos asesinados y centenares de heridos a cargo de uniformados defendiendo los intereses de los terratenientes. O la “masacre de Acteal” en Chiapas efectuada por un grupo de paramilitares que asesinó a 45 campesinos en 1997. O la del El Salado en Colombia en al año 2000; o la de Bagua, en 2009, en Perú. Mas estos hechos no son noticia.

 

Mas esta circunstancia no solo se está produciendo en ámbito agrario, ya que en Senegal, la pesca industrial, realizada por barcos españoles, rusos y coreanos, está destruyendo y arrebatando los recursos pesqueros, principal medio de vida de las comunidades pesqueras tradicionales, como la de Saint Louis.

 

            La consecuencias de todo comentado no pueden ser más negativas, ya que se les niega a estos pueblos el derecho a la soberanía alimentaria, es decir,  el derecho que asiste a los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos a nivel local como nacional, de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente. La soberanía alimentaria es también el derecho de los pueblos a alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados. Según el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, los Estados deberían vigilar y regular el derecho a la alimentación que asiste a los pueblos, sean los de sus propios Estados o terceros. Pero hace ya bastante tiempo que el cumplimiento de los derechos políticos, sociales, económicos es algo que les parece intrascendente a los diferentes gobiernos. Esto es lo que hay.

 

 

Cándido Marquesán Millán