¿Sirven para algo las elecciones del 20-N?

La situación política y socioeconómica a la que estamos llegando sobrepasa con creces el límite de lo razonable. Es innecesario recordar todos los atropellos que hemos sufrido la mayoría de los trabajadores a nuestros derechos sociolaborales desde el inicio de la crisis económica en el 2008. Si alguno todavía no se ha enterado, ya va siendo hora, por la cuenta que le trae. De todos ellos el más grave ha sido la reforma de las pensiones. Los sueldos cada vez más miserables. Ahora mismo acabo de oír a una sudamericana mandar a un individuo-vaya personaje-, no digo a dónde, por deferencia hacia mis lectores, por el sueldo vergonzoso que le estaba pagando, de 600 euros y 14 horas de trabajo. Esto es lo que hay. Y todavía nos siguen machacando con: hace falta profundizar las reformas estructurales. ¿Qué quieren? ¿Remuneraciones y jornadas de más de 12 horas, sin ningún tipo de seguridad en nuestro de trabajo, para que el empresario nos pueda echar a la puñetera calle sin ningún tipo de indemnización, como acontecía a mediados del siglo XIX? La negociación colectiva pasó a mejor vida, porque además de poderse descolgar cada empresa del convenio, tampoco hay garantías de vincular el sueldo al IPC, todo en aras de la competitividad. Todo esto lo está permitiendo y ejecutando un partido que se llama socialista, -sería conveniente que fuera pensando en cambiar el nombre-, mientras tanto desde el partido popular se están regodeando,  ya que le está haciendo el trabajo sucio. Los sindicatos desarbolados por los ataques desde la ideología neoliberal, véase la opinión sobre ellos de una sus más eximias representantes, Esperanza Aguirre, y que también los hemos asumido e interiorizado los trabajadores, como inevitables. Como justificación también es cierto, que hoy muchos que  viven gracias al ejercicio de un trabajo  se avergüenzan ya de que les llamen trabajadores. Aun reconociendo los errores cometidos en el ámbito sindical, como su excesiva burocratización, todos aquellos que dependemos de una nómina deberíamos ser conscientes de la imperiosa necesidad de un potente movimiento sindical para defender nuestros derechos sociolaborales, frente al capital.  Pero todavía más. Muchas de las prestaciones del Estado del bienestar, alcanzadas por las generaciones que nos han precedido, corren un claro peligro. Lo estamos comprobando en algunas comunidades autónomas, como la catalana y la madrileña, donde los ataques que están sufriendo los servicios públicos de sanidad, educación y asistencia social son dramáticos e irreparables. Me sorprende la pasividad de la gran mayoría de la sociedad ante esta circunstancia. Nosotros, por lo que parece, no vamos a ser capaces  de mantener y transmitir estas conquistas socio-laborales a las generaciones futuras. Lo que no deja de ser además de insolidario, indigno. Y lo que te rondaré. Para evitar de raíz, por si acaso, si alguna administración pública le pasa por la cabeza  el endeudarse para financiar el gasto público social, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se ponen de acuerdo con alevosía, con nocturnidad, sin consulta ni siquiera a sus propios partidos, en un proyecto de reforma constitucional, para establecer un tope al gasto público. Keynes ha sido enterrado para siempre. Cualquier economista sabe que en determinadas ocasiones es imprescindible el endeudamiento del Estado para poner en marcha políticas anticíclicas y así reactivar la economía. Y también que en una buena coyuntura económica parece lógico permitir cierto endeudamiento para poder invertir en determinadas infraestructuras, que no se pueden pagar de una vez, como, colegios, hospitales, residencias de ancianos, que van a disfrutar las generaciones futuras. ¿Cómo vamos a confiar en esta “democracia”, cuando se nos impide a la ciudadanía expresar nuestra opinión  en referéndum, en un tema tan importante como el que estamos comentando? Para hacer esta afirmación me baso en la misma Constitución, a la que tanto recurren nuestros políticos, cuando les interesa. De acuerdo con   el artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. ¿Es importante o no el tema comentado? ¿Era importante o no la reforma de las pensiones? Pero todavía más.  De acuerdo con el Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

 

El establecimiento de un tope al gasto público, del cual la mayor parte es gasto público social, me parece que tiene extraordinaria trascendencia ya que supone un fuerte ataque al Estado social y democrático de Derecho, y que por tanto afecta de pleno al TÍTULO PRELIMINAR. y a su artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

 

            Por todo ello como ciudadano soy muy escéptico en relación a las próximas elecciones del 20-N. ¿Sirven para algo los programas electorales? ¿Podemos creer lo que nos van  a contar los candidatos en esas concentraciones en los polideportivos de las grandes ciudades, a las que solo acuden los ya previamente convencidos? ¿Qué utilidad tienen los posibles debates electorales en alguna cadena de televisión de los líderes de los dos grandes partidos, en los que además todo está controlado: los tiempos, los mensajes y las réplicas? ¿Supondrá algún cambio el que a través de youtube los electores puedan plantear cuestiones a los candidatos?

 

En cuanto a los programas electorales, podemos examinar el presentado por ZP en las elecciones del 2008 y compararlo con las políticas puestas en práctica.  Ni reforma laboral, ni de las pensiones, ni del sistema financiero, ni de la  negociación colectiva aparecían en sus propuestas. Ni muchísimo menos la ideología política que hay detrás.  Como tampoco el durísimo plan de ajuste fiscal de mayo de 2010, que fue un auténtico atropello a amplios sectores de la sociedad, que por cierto no son los privilegiados. Ni tampoco el proyecto de reforma constitucional del establecimiento de un tope al gasto público. Lo ocurrido fue un fraude electoral.  Aquí hay trampa.

 

En cuanto a la subordinación de la política a la economía es gravísima para el sistema democrático. Aquí está el quid de la cuestión. Se ha extendido el argumento incuestionable, explicado desde las élites económicas, políticas y mediáticas, de que no hay otra política posible: la impuesta desde los mercados. Y la gente sumisa la acepta. Ya lo señaló a mitad del siglo XIX Carlos  Marx en La Ideología alemana “En efecto, cada nueva clase dominante se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta. “ Por ende, si al final hay que actuar al dictado de los mercados, pues que sean ellos los que se presenten a las elecciones y diseñen los programas electorales. Y que den la cara. Por otra parte, es evidente que la implantación de la doctrina del pensamiento único, de la ausencia de alternativas, es lo más contrario a la misma esencia y funcionamiento del sistema democrático, que precisamente se basa en la existencia de diferentes opciones o alternativas.

Por tanto, es comprensible la falta de ilusión de la ciudadanía hacia nuestra democracia que está languideciendo. Entiendo que  la democracia es mucho más que meter mecánicamente una papeleta en una urna cada 4 años, supone dirigir nuestra práctica política de  acuerdo con un conjunto de valores como la exigencia, la responsabilidad, la participación, la tolerancia y el diálogo. Tengo la impresión de que muchos españoles hemos pasado en relación a nuestra democracia por diferentes estados de ánimo. Primero, fue una gran ilusión tras tantos años de espera, sentida sobre todo en aquellos que padecimos la dictadura, no tanto en las generaciones más jóvenes, porque ya nacieron disfrutando de ella. Luego llegó el desencanto,  extensible a todas las edades porque no da solución a nuestros problemas. De ahí, en buena lógica el escepticismo, que podría conducir a la despreocupación. Por tanto es imprescindible una reacción, desde dentro del sistema, para reavivarla y devolver a los ciudadanos la ilusión pérdida. Según el catedrático Manuel Ramírez “No podemos tenerla si la convicción no va acompañada de eficacia”.  No basta con la legitimidad. Mas hay que distinguir ambos conceptos. La creencia de que la democracia, a más de legítimo, es un régimen eficaz no puede venir por la vía de las palabras y las declaraciones pomposas. La sociedad española actual comenzará a cambiar su escepticismo por ilusión cuando perciba soluciones eficaces para los muchos y graves problemas que la aquejan, y que nos los están mostrando en nuestras plazas numerosos españoles. Sin embargo, algunos piensan que con mandar a la policía a desalojarlos, los problemas están ya resueltos. Pues no. No están resueltos. Nuestros políticos en lugar de indagar sobre las razones de ese descontento ciudadano, están exclusivamente ocupados y preocupados para contentar a las agencias de calificación de riesgo, a los mercados, las bolsas y, en definitiva, para que  la codicia de unos cuantos sigan empobreciendo a la gran mayoría.

 

Cándido Marquesán Millán