En defensa de la enseñanza pública

 

Hace un año publique un artículo titulado ¿Interesa de verdad la educación en España? El mismo enunciado daba por supuesta la respuesta. Hoy esta pregunta no ha perdido vigencia y la respuesta es todavía más clara, sobre todo al comprobar el ataque brutal puesto en marcha contra la enseñanza pública por algunos dirigentes populares en sus respectivas comunidades autónomas. Inició este proceso Esperanza Aguirre con unas Instrucciones enviadas a los institutos para el inicio del curso 2011-2012, en las que mediante la elevación de 2 horas lectivas se generaba una reducción media del profesorado del 12,5% en cada centro: unos 3.000 docentes menos solo en Secundaria, a los que se suman unos 500 entre Escuelas de Idiomas y Primaria. Pronto tuvo seguidores aventajados como: Dolores de Cospedal en Castilla la Mancha, Alberto Núñez Feijóo en Galicia, y Miguel Sanz de UPN en Navarra. Los sindicatos consideran que habrá un recorte de unos 15.000 profesores en su mayoría interinos, cuando hay 165.000 alumnos más. Es decir que con menos profesores se deberán atender a más alumnos. Según los gobernantes populares no hay recorte social alguno. Para ello recurren a unos circunloquios verbales para ocultar la realidad, a los que ya nos tienen acostumbrados. Dolores de Cospedal presentó con gran parafernalia su Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos para Castilla la Mancha con el que iba a producirse un ahorro de 1.800 millones de euros, pero en ningún momento habría recortes sociales. La cuadratura del círculo. Por cierto, en Andalucía no los ha habido, ya que se ha incrementado el cupo en 200 nuevos profesores. Todo es cuestión de prioridades.

Tratan de justificar estas medidas por la necesidad imperiosa de corregir el déficit público, por lo que alardean de su profundo patriotismo. Excusas y pretextos no les faltan: la herencia recibida por el despilfarro de los socialistas, los mandatos de las instituciones de la Unión Europea, la imposibilidad de gastar más de lo que se dispone. Lo que no dicen es las ganas que le tienen a la enseñanza pública. Uno de las tesis fundamentales de la ideología neoliberal, seguida por los populares es la animadversión visceral a todo lo público, en contraposición a una adoración incontrolada a todo lo privado. En consecuencia, hay que perseguir, desmantelar, dañar la enseñanza pública; y hay que potenciar, beneficiar y amparar a la enseñanza privada. En los Presupuestos de 2011 de la Comunidad de Madrid lo único que se incrementó en Educación fue el dinero para la educación privada-concertada, lo que supuso un total de 855 millones. En contraposición reduce el profesorado de la pública. Pero hace ya tiempo que se ha inclinado el gobierno de Esperanza Aguirre hacia la privada, al entregar suelo público para la creación de centros concertados que se reparte entre centros del Opus Dei, divididos en masculinos y femeninos por supuesto, legionarios de Cristo e incluso patronales laicas, y que puede incluso contemplar la creación de algún centro público próximo para albergar a la población escolar indeseada en dichos centros. Esta idolatría hacia la enseñanza privada está justificada por motivos económicos al haber mucho negocio detrás y por motivos ideológicos. La derecha española, nada laica y sí muy confesional por vocación, ha apoyado siempre a la escuela privada confesional entre otras razones porque también ha recibido y recibe el apoyo ideológico de esta, donde se adoctrinan a los alumnos de acuerdo con el neoconservadurismo de la derecha española en un determinado conjunto de valores con una visión tradicional de la religión, familia, patria, etc. Aquellos que hemos impartido clases en centros privados y públicos conocemos cuán diferente es la educación impartida a la hora de transmitir todo un conjunto de valores políticos, éticos o morales en un instituto o colegio público que en un centro privado confesionalmente católico. Mientras que la selección del profesorado público es mucho más transparente, al ser realizada en unas oposiciones competitivas, en los centros privados es la dirección quien la realiza con criterios arbitrarios: el haber sido antiguo alumno, la amistad de algún miembro del APA o la pertenencia a algún colectivo determinado. Esta circunstancia mediatiza la libertad del profesorado. Esta situación la tuvo muy clara Manuel Azaña en su discurso pronunciado en las Cortes el 13 de octubre de 1931 sobre el debate del artículo 26 de la Constitución republicana “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregando a las ordenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República”.

En definitiva la derecha española, salvo para las razones expuestas, ha mostrado poco interés por la cuestión educativa y mucho menos por la enseñanza pública a lo largo de nuestra historia. Muy diferente ha sido la actuación de la izquierda. De ello hay contundentes ejemplos. En tiempos de la II República época tan poco valorada por los populares, en el bienio 1931-1933 se crearon 13.580 plazas de maestros, en 1934-35, 2.575, y en los meses del Frente Popular 5.300; además de subirles el sueldo en un 50% y proporcionarles una mejor formación. Se crearon 12.862 escuelas nuevas. Las campañas para enseñar a leer y escribir a millones de personas no tenían precedente en nuestra historia.

En la época franquista este proceso se paralizó. Entre 1939-1951 apenas se crearon escuelas públicas de primaria, debiendo esperar hasta 1956 para un plan quinquenal de escuelas públicas, fecha en la que había un déficit de 1.680.000 puestos escolares, es decir, se necesitaban crear 42.000 aulas para escolarizar a toda la población infantil. En secundaria, entre septiembre y octubre de 1937 se cerraron 52 institutos. En 1939 había 113 institutos y 119 en 1960. En 1946 centros de enseñanza secundaria, en su mayoría confesionales, eran 802, y en 1960 ascendían a 1.248.

En el largo período socialista de 1982 a 1996 se alcanzó la escolarización total hasta los 16 años con un crecimiento espectacular de construcciones escolares, dotación del profesorado y una política de conciertos en un proceso iniciado con los gobiernos de la Transición a partir de 1976.

No deja de sorprenderme la pasividad y también el asentimiento de amplios sectores de la sociedad ante estas políticas tan traumáticas para la enseñanza pública, cuyo desmantelamiento acarrearía graves e irreparables daños para la sociedad española. La enseñanza pública es mucho más integradora, al convivir en ella todas las clases y grupos sociales. Es más intercultural ya que en ella aparecen gentes de todas las nacionalidades con una pluralidad de religiones, lenguas y etnias Es más laica al ser una escuela que acepta el hecho del pluralismo religioso, filosófico, ideológico, político y moral de la sociedad, ya que rechaza el proselitismo y el adoctrinamiento a favor de una religión particular, de un sistema filosófico, de una opción política, ideológica o moral. Es más participativa y democrática, ya que es el mejor modelo para la transmisión de los valores democráticos en los que se asienta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Es más igualitaria, ya que a ella asisten alumnos sin distinción de clase ni de procedencia socio-económica. Es por ello, la enseñanza pública uno de los ejes básicos de vertebración de una sociedad.

Lo afirmado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga hace ya seis años en la relatoría del Seminario organizado con el título "Estado, educación y escuela pública" sigue teniendo validez: “Los sistemas educativos públicos bien podrían seguir siendo una palanca, en los Estados que decidan utilizarla, para reducir los riesgos de la creciente desigualdad y exclusión social, para favorecer el sentimiento de identidad colectiva múltiple, fomentar una lealtad plural a diversas comunidades que conviven en un mismo territorio, y promover la mezcla positiva de diversas culturas”.

Cándido Marquesán Millán