Los desahuciados

 

En esta crisis económica tan profunda están ocurriendo unos hechos aparentemente contradictorios: los fines de semana las estaciones de esquí están a rebosar; si salimos a cenar a algún restaurante, nos resulta complicado encontrar una mesa; e igualmente los Grandes Almacenes están muy concurridos. La explicación podría radicar en que la incidencia de la crisis en la gente es muy dispar. Para algunos, ésta no solo ha pasado de largo sino que con ella se han visto muy beneficiados, aumentando su nivel de ingresos. Son los que durante estas fiestas navideñas van a dedicarse a consumir sin control en una auténtica orgía adquisitiva, comprando todo tipo de artículos útiles o no: belenes, vírgenes, reyes magos, angelitos, corbatas, zapatos, consolas, muñecas, juguetes, ordenadores, joyas, colonias, ropa de marca, marisco, vinos sofisticados, etc. ; como también se van a lanzar a disfrutar con auténtico frenesí cotillones pantagruélicos o a realizar viajes a los lugares más exóticos: a St. Moritz, en los Alpes suizos; o a Punta Cana, en la República Dominicana. Mientras  hay otros, no pocos, que la está sufriendo de una manera dramática y que sobreviven a duras penas gracias a la solidaridad de la familia o de determinadas instituciones. Entre estos, hay un porcentaje importante de parados, que van a verse despojados injustamente en breve tiempo de los 426 euros de subsidio por desempleo, por lo que algunos de ellos recurren o recurrirán a los numerosos comedores sociales o los albergues cada vez más frecuentados. Y los cada vez más abundantes por nuestras calles, los “sin techo”,   durmiendo entre cartones en un portal de una casa cualquiera o de algún cajero automático de alguna entidad financiera. Hay también otro colectivo, que está padeciendo de una manera durísima las secuelas de esta crisis, al verse despojados de su vivienda por parte de las entidades financieras, al no poder pagar las cuotas de su hipoteca, son los alrededor de 300.000 de “desahuciados”. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias en 2008 fueron 58.000. En el 2009 se convirtieron en 114.000 y en 2010 se espera que alcancen una cifra superior a las 180.000. A estos últimos quiero dedicar las líneas que siguen.

Todas estas personas pudieron acceder a la propiedad de una vivienda en los momentos de la burbuja inmobiliaria, ya que las entidades financieras presionadas por las promotoras inmobiliarias y sin ningún tipo de control por parte gubernamental, concedían irresponsablemente préstamos hipotecarios con unos períodos de amortización de 30 0 40 años. Mientras abundó el  trabajo y se fueron pagando las cuotas no hubo problema alguno. Mas cuando explotó la burbuja inmobiliaria, con la secuela del paro, ya muchos no pudieron pagar las cuotas de amortización mensuales, que además se incrementaron de una manera importante con la subida del euribor. Según la legislación actual, cuando una persona no es capaz de seguir abonando sus letras, el banco  le embarga la vivienda y la pone a subasta, que al “no poder ser vendida”, las tasadoras de la propia entidad le ponen un precio del 50% con respecto al valor que tuvo cuando se suscribió la hipoteca, y como la deuda supera el valor del inmueble, no queda saldada con la entrega de las llaves del piso,  sino que se ha de pagar la diferencia al igual que los intereses. De lo contrario, el banco retiene el resto de bienes disponibles. Así todas estas personas sin vivienda y con una deuda importante quedan en la más absoluta miseria de por vida. Es una realidad sangrante. Además  hoy existen muchas entidades financieras que tienen sus propias inmobiliarias que están almacenando muchas viviendas y que no las quieren vender hasta que suban los precios. Es claro que la legislación hipotecaria española permite esta situación, pero que sea legal no significa que sea justa. No faltan los que dicen en referencia a las familias desahuciadas: «¡Haberlo pensado antes de comprar!» Pero no deberíamos olvidar que nos estamos refiriendo a jóvenes a los que reclamábamos que se emanciparan y a inmigrantes a los que prácticamente exigíamos que abandonaran lo que denominábamos pisos patera. Todos ellos vivían en una doble promesa: empleo y vivienda. ¿La culpa es  exclusivamente suya y merecen tanto castigo?

Sorprende la indiferencia con la que el Gobierno está acometiendo el problema de las ejecuciones hipotecarias, cuando en España es ya un problema de dimensiones sociológicas, que debería provocar un estado de alarma. Los poderes públicos están para detectar y tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Ante la circunstancia de que tantos españoles o inmigrantes hayan sido arrojados sin contemplaciones a la calle, con toda su familia e hijos, que todavía no se haya hecho nada o muy poco por parte del Gobierno, es una muestra clara de cuáles son sus preocupaciones. Mas alguna solución habrá. Se debería retocar la Ley Hipotecaria, para que “sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido”. Y por otro, se podría incluir la dación en pago en el Código Civil como “procedimiento preferente” para liquidar los impagos de un crédito. Además, también una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.

            Recientemente en el Parlamento se presentó una propuesta para que se permitiera la "dación" de la vivienda como pago del préstamo. Fuentes del Ministerio de Fomento descartaron esta propuesta, al considerar que sería una irresponsabilidad aprobarla en el momento actual, ya que pondría en dificultades el sistema financiero. Las palabras hablan por sí solas. Por lo que parece es más importante salvar a toda costa el sistema financiero, que a un colectivo importante de ciudadanos. Es cuestión de prioridades.

 

Cándido Marquesán Millán