Los computadores de Raúl Reyes, un filón

 

 

 

La intervención del ejército colombiano en territorio de Ecuador, además de la muerte de Raúl Reyes, nº 2 de las FARC, supuso el decomiso  de 3 computadores, 2 discos duros y 3 memorias USB. Toda esta documentación parece que es inmensa, ya que está compuesta  de 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 10.537 archivos multimedia, equivalentes a 610 gigabytes de información. Todo ha sido analizado por un informe de la INTERPOL.

 Para que unas pruebas tengan validez jurídica debe ser recibidas y valoradas convenientemente por las autoridades públicas. De la misma manera la cadena de custodia en su traslado no puede interrumpirse, so pena de comprometer los principios de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial. Estos principios son aún más relevantes en épocas de lucha contra el terrorismo, cuando la demanda por resultados positivos puede propiciar errores o trucos que vician la investigación penal. Circunstancia que se ha producido con relativa frecuencia en Colombia.

De esos computadores dependen no sólo la suerte futura de valiosos miembros de la oposición, sino también las relaciones internacionales con Venezuela y Ecuador. Por ende, llama la atención la actuación del secretario general de la INTERPOL al entregar el informe en Bogotá. Se limitó a elogiar la heroica lucha del presidente Uribe contra la guerrilla responsable de la muerte de su padre y a notificar que no había evidencia de manipulación de los computadores.

El informe diferencia dos momentos en la custodia del material incautado: del 1 al 3 de marzo de 2008 en manos del Ejército, y del 3 al 10 de marzo de 2008 en manos de la DIJIN (Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia). Según la INTERPOL  el manejo de las pruebas en el segundo momento se ajustó a las normas internacionales, mientras que no ocurrió así en el primer momento. Según lo consignado en el informe, entre el 1 de marzo de 2008 y el 3 de marzo de 2008 “el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley” (conclusión n° 2b).

 

 

 

Los expertos expresan que el acceso directo a los datos objeto de prueba, sin hacer previamente una copia imagen de los mismos, “puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales”.” Se recomienda, en consecuencia, mejorar la formación de los agentes estatales que hallan pruebas electrónicas y quienes “generalmente no reciben la formación adecuada (…)”.

Por las anteriores razones sorprende la conclusión n° 3 del informe, según la cual INTERPOL no encontró indicios de que “se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas”. ¿Cómo entender esta deducción pese a la intervención militar de los datos y cuando luego se informa que en uno de los portátiles y dos de los discos duros externos decomisados se encontraron archivos creados con fechas futuras, que van de marzo hasta agosto de 2009.

Con este preámbulo no debería sorprendernos que los computadores de Reyes pudieran servir en el futuro como un filón inagotable e interesado al Gobierno de Uribe. La información electrónica ha desembocado ya en el proceso de la “Farcpolítica”, entre otros contra congresistas como Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja o contra intermediarios de paz como Álvaro Leyva y Carlos Lozano. Podrá servir para encubrir todos los escándalos que afloran hoy. Podrá desencadenarse una cacería de brujas infinita con los 610 gigabytes, de donde se podrá extraer lo que se vaya necesitando para lubricar la maquinaria militar de la Seguridad Democrática. Con el informe de la Interpol, de Mario Uribe apenas se habla y hasta su parentesco se perdió; Yidis se perdió; Teodolindo volvió a escabullirse; y a Luis Carlos Restrepo lo salvó la campana. Mientras tanto, a Uribe le dan el título Honoris Causa en Lima.

Nuevos correos electrónicos obtenidos al parecer de los computadores de Raúl Reyes, fechados en 2002 y 2003, nos dicen que las FARC iban a cometer un atentado en Madrid. Y con eso ya tenemos la noticia, sin contrastarla, como portada en todos los medios españoles y colombianos, de que había un plan para cometer un atentado en la capital española. Incluso, adelantaban que el objetivo del atentado era el actual vicepresidente Francisco Santos porque vivía en España. A ningún medio, ni siquiera a los colombianos, se les ocurrió, antes de reproducir la opinión del gobierno y de su Ministerio de Defensa, pensar que a 25 kilómetros de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, existe un municipio llamado Madrid, con 61.000 habitantes y donde además se encuentra la Escuela de Suboficiales Andrés M. Díaz de la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Mantenimiento Justino Mariño, también de la Fuerza Aérea Colombiana. Las FARC nunca cometieron un atentado fuera de Colombia, sería absurdo venir a Madrid -donde no tienen infraestructura, pueden ser más fácilmente identificados y existen mayores controles de seguridad- a atentar contra un miembro de su gobierno. El objetivo del gobierno colombiano, y de su Ministerio de Defensa en particular, era hacer llegar a España la psicosis del peligro que suponen las FARC para Europa incluso, e implicar a la opinión pública española en esa guerra al sentirse objetivo de un atentado de la guerrilla. No lo tuvieron difícil con el habitual nivel de investigación periodística y el normal servilismo a las fuentes oficiales colombianas.