La habilidad política de Uribe

                                  

 

 

 

Colombia lleva ya unos meses de actualidad. Las actuaciones fallidas de Chávez y Sarkozy, para la liberación de Ingrid Betancourt. La crisis desencadenada de Colombia con Ecuador y Venezuela, por la entrada del ejército colombiano en territorio de Ecuador, que provocaría la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, y que continúa vigente por el informe que acaba de presentar la Interpol  sobre los archivos de las tres computadoras que el ejército colombiano sacó del campamento guerrillero de Raúl Reyes, en el que se concluye que éstos eran del “número 2” de las FARC y no fueron modificados, y que parecen señalar vinculaciones entre las FARC y Venezuela y Ecuador. Ahora surge otro acontecimiento de gran trascendencia, como es la extradición de 14 grandes jefes paramilitares a los Estados Unidos para ser juzgados por el delito de narcotráfico. Esta decisión de Uribe no deja de ser arriesgada, pero es de extraordinaria habilidad.

Lo que mal empieza, mal acaba. Los paramilitares no llegaron a la mesa de negociaciones por haber sido derrotados política o militarmente, sino porque consideraron que este gobierno les ofrecía garantías para una desmovilización. Lo que fue presentado como un proceso de paz, no fue más que un proceso de sometimiento que dependía de lo que hiciera la justicia.

La fortaleza con la que llegaron a la mesa les permitió poner condiciones que fueron recogidas en la Ley de Justicia y Paz, tal y como fue aprobada en el Congreso. Allí tenían 40% de votos puestos por ellos, seguros para su causa. El Gobierno fue complaciente desde un principio, tanto en los términos de la negociación como en las condiciones de permanencia de los paramilitares en Ralito, donde ya se conocían desmanes de jolgorios y pruebas de que hombres bajo su mando seguían delinquiendo.

 

La sentencia de la Corte Constitucional cambia radicalmente los términos de la negociación, y esa fue la primera señal de crisis del proceso, pues no entendían que lo que ellos habían pactado con el Gobierno no fuera respetado por la justicia. Posteriormente, la Corte Suprema, al no aceptar la calidad de delito político del concierto para delinquir, hizo aún más complicado que pudieran cumplirse los compromisos. El Gobierno se fue quedando sin margen de maniobra.

La aportación a la verdad de estos extraditados, en la aplicación de la citada ley, fue una afrenta para las víctimas. En las audiencias decían lo que querían, a cuentagotas, sin capacidad de réplica por parte de los fiscales, y en cuanto a su compromiso de reparar con sus bienes, se estaba llegando a límites intolerables como entrega de televisores dañados  y bienes que en realidad eran de la nación. En el momento en que destaparon el escándalo denominado parapolítica, por el que, una parte sustancial del Parlamento colombiano, diputados uribistas, incluso familiares directos del presidente, están en prisión o son investigados por sus vínculos mafiosos, es cuando se convirtieron en un peligro, y ya convenía la extradición, y, de paso, se cerraba las puertas al proceso de verdad que se venía dando en el país, sobre todo en relación con los nexos entre la clase política, empresarial y castrense con esta organización armada ilegal. Uno de los primeros beneficios que logran los ex comandantes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) extraditados es que sean castigados por el delito de narcotráfico, y se dejan de lado los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y hombres bajo su mando durante más de 20 años en el país. Delitos que no les interesan en absoluto ni al Gobierno colombiano ni al norteamericano.

Un aspecto fundamental para la justicia en Estados Unidos es la confesión que puedan hacer los extraditados en relación con el delito del narcotráfico. Y para ello se requiere información, una carta fundamental que tienen los ex jefes paramilitares por cuanto conocen rutas y contactos, detalles que les gustan a los jueces de ese país. Los extraditados tienen con qué negociar y eso juega a su favor, pues con ello evitarían largas condenas. Habrá que ver si dentro de 8 ó 10 años, cuando acaben de purgar sus penas si son condenados, el país recuerda esos delitos y sobreviva la voluntad de juzgarlos

Lo que parece cierto es que los paras ya no hablarán de política en Colombia, sino de narcotráfico en Estados Unidos, y esto le conviene a  Uribe, que además intenta demostrar con su decisión que nada tiene que ver en materia de tratos con ese grupo irregular.

Detrás de la decisión de Uribe está también la presión de la Casa Blanca, que siempre ha querido ver a los paras en cárceles estadounidenses. Uribe también busca reforzar a la Administración Bush, que pide al Congreso que apruebe de una vez el Tratado de Libre Comercio con Colombia y, de paso, que refuerce el compromiso con el Plan Colombia (el acuerdo de apoyo militar para combatir el narcotráfico y la guerrilla). La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, acaba de decirlo muy claro: "Espero que este gesto de Colombia persuada a los representantes demócratas para aprobar el pacto comercial".

A pesar de la  afirmación de Uribe de que la extradición de los jefes paramilitares no va a frenar el proceso para saber la verdad de sus actos ni la reparación de sus víctimas, destacados juristas, algunos miembros de la Corte Constitucional colombiana, creen que la extradición de los peces gordos de las AUC es el fin de un proceso de desmovilización que ha permitido, entre otras cosas, el hallazgo de más de 1.300 cadáveres en fosas comunes.

Las víctimas del paramilitarismo que suman más de 30.000, no están nada contentas, al ver partir sus derechos de verdad, justicia y reparación integral en un pequeño avión de la DEA (Agencia Investigación de Drogas).  Creen que los extraditados se limitarán a responder por el narcotráfico, y los delitos de lesa humanidad quedarán en el olvido. ¿Qué posibilidades tendrán los abogados defensores de las víctimas de interrogarles en una cárcel de Estados Unidos? Si las víctimas acá en Colombia tenían dificultades de acudir a los lugares de audiencia por falta de recursos económicos, mucho menos podrán acceder en una corte norteamericana.