¿Todos los funcionarios públicos somos iguales ante la ley?

Nueva Tribuna 31 de marzo de 2018

Recurro al art. 14 de nuestra Constitución, a la que apelan constantemente los miembros de nuestro Gobierno.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Es de una claridad meridiana. Y sin embargo, en el ámbito de la función pública se incumple de una manera sistemática. El mismo puesto de trabajo tiene remuneraciones desiguales según la comunidad autónoma. Situación injusta, que nuestro Gobierno pretende corregir parcialmente.  

            En el B.O.E. de 20 de marzo de 2018 se publica una Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. En ella se establece  el objetivo de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, impulsar la modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En tal sentido, se pretende abordar un proceso de equiparación gradual de las condiciones económicas de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Para ello se establece un escenario de tres ejercicios 2018, 2019 y 2020, con un importe total de 807 millones de euros que serán destinados al Complemento Específico Singular (el 90 % del total) y a Productividad (el 10 % restante), más 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo. El Ministerio del Interior se compromete, en el caso de que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 no llegaran a aprobarse, a establecer los mecanismos legislativos que sean necesarios para cumplir con la cantidad comprometida para el presente año.

Además en la Resolución del 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de la Función Pública por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo se especifica “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Policías Autonómicas y locales contarán con una tasa de reposición del 115 %”.

 

            Me parece perfecta tal resolución. Es más, me parece justa. Lo que no es óbice para plantearme algunas preguntas. ¿Por qué ahora precisamente y no antes? ¿Está relacionada con los acontecimientos pasados y actuales de Cataluña? ¿Por qué sólo se hace a la Policía Nacional y la Guardia Civil?  ¿Por qué no se hace en otros sectores, como el sanitario, el docente, la justicia…?  También debería hacerse una equiparación en otros sectores ya que hay grandes diferencias salariales según las comunidades autónomas. Pondré algunos datos.

El secretario general de Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM) ha explicado que el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Salud son los responsables de que no haya "17 Españas" en cuanto al salario de los médicos: "Hay una diferencia brutal pese a que todos los médicos de España hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones, la misma preparación, los mismos requisitos y los mismos méritos, por lo que debemos ganar de forma similar".

"Lo que no es justo", ha continuado, "es que un médico de Andalucía gane 500 o 700 euros menos que en el País Vasco".  Para ello cree que, pese a que las competencias en una parte de los sueldos de los sanitarios están transferidas a las autonomías, debería ser el Gobierno central el que legislase al respecto para que las diferencias retributivas desapareciesen entre los distintos facultativos de España.

 

Si España tiene 17 sistemas educativos (18, contando Ceuta y Melilla) también tiene 18 tablas salariales diferentes para sus profesores. Y varían lo suyo de una comunidad autónoma a otra. La diferencia salarial entre personas que a priori ejercen la misma labor se va hasta un 20% en Primaria (la brecha que hay entre un maestro vasco, el que más cobra, y otro asturiano) y un 28% en Secundaria (de nuevo entre las mismas comunidades), según un estudio detallado de la UGT.

Así, un maestro de Primaria en el País Vasco cobra 2.382 euros al mes (excluidas retenciones, pagas extras y trienios) frente a los 1.975 que percibe uno de Asturias (un 20% menos). Entre medias, por arriba destacan Canarias o Baleares (2.250 euros al mes), Cantabria (2.200) o Castilla-La Mancha (2.154). Por abajo, Madrid (2.031), Extremadura (2.011), Andalucía (2.034) y Aragón (2.024).

En Secundaria, el tope vasco se fija en 2.867 euros mensuales frente a los 2.232 asturianos, un 28% menos. Las diferencias, como se ve, alcanzan los 600 euros mensuales. Entre unos y otros, de nuevo los insulares y cántabros, pero también los navarros, destacan por arriba, con salarios que rondan los 2.500 euros. Por abajo aparecen, también de nuevo, asturianos (2.232), madrileños (2.296), gallegos (2.276) y aragoneses (2.293).

Podríamos poner otros ejemplos en otros sectores de la administración. Evidentemente si solo se equipara  a la Policía Nacional y Guardia Civil, aquí hay un agravio comparativo incuestionable, y que supone un incumplimiento por parte del Gobierno del art.14 de nuestra Constitución, con el que iniciaba estas líneas. No hace falta ser un experto en Derecho para llegar a tal conclusión.

Si actúa así nuestro Gobierno es porque considera más importante la seguridad pública, que los sectores fundamentales de nuestro Estado de bienestar. De ahí también la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”. Lo que tampoco es exclusivo del Gobierno de España. Giorgio Agamben afirma que estamos en un estado de excepción, en el que la seguridad se ha convertido en el auténtico paradigma de gobernación. Para explicar el concepto de seguridad, resulta pertinente conocer su origen y la función que hoy tiene, para ello Agamben recurre a Michel Foucault, el cual en su curso del Collège de France de 1977-78 fue el pionero en ocuparse de los orígenes de tal concepto, demostrando que provenía de los métodos de gobernación preconizados por Quesnay y los fisiócratas poco antes de la Revolución francesa. El principal problema social en aquella época eran las hambrunas. Hasta entonces habían tratado de combatirlas con el almacenamiento de granos y la prohibición de la exportación de cereales, etc. Los resultados eran desastrosos a menudo. Para Quesnay no se podían prevenir las hambrunas y todos los resultados de combatirlas eran mucho más perjudiciales que lo que pretendían impedir. Llegados a esta situación surgió el modelo que Quesnay calificó de “seguridad”; que consistía en permitir que se produjeran las hambrunas para estar preparados, una vez llegadas, para intervenir y gobernar en el sentido más oportuno. El actual discurso sobre la seguridad, al contrario de la argumentación gubernamental, no tiene la intención de prevenir el terrorismo o los desórdenes públicos; su función es el control y la intervención a posteriori. Tras las revueltas en la cumbre del G8 en Génova, en julio de 2001, un alto cargo de la policía declaró ante los magistrados que investigaban la actuación de las fuerzas de orden público que el gobierno no pretendía el mantenimiento del orden, sino la gestión del desorden. De ahí todo un conjunto de medidas de control sobre los ciudadanos, considerados todos potenciales delincuentes. Estamos inmersos en un auténtico y permanente estado de excepción, con el argumento de por “cuestiones de seguridad”, que legitima cualquier medida aunque coarte las libertades de la ciudadanía. En consecuencia, el estado de excepción en Agamben, paradójicamente, no se caracteriza por su anormalidad y provisionalidad y sí por su permanencia a-histórica como práctica paradigmática. La situación excepcional se sustrae así del tiempo histórico para convertirse en una constante, todo el tiempo histórico político se ve absorbido por el tiempo ilimitado de la excepcionalidad. La conclusión de lo expuesto es clara. Debemos preguntarnos por la verdadera naturaleza de la democracia actual. Una democracia limitada a disponer como único paradigma de gobernación, y como único objetivo, el estado de excepción y la búsqueda de la seguridad, deja de ser una democracia.

Lo auténticamente grave es además del silencio de la judicatura, la aceptación por la gran parte de la ciudadanía ante la situación expuesta. Las limitaciones a la libertad que el ciudadano de los países “democráticos” está hoy dispuesto a aceptar y tolerar son infinitamente mayores de las que hubiera consentido unas décadas atrás. Nada más tenemos que observar cómo se ha extendido la idea de que plazas y calles-espacios de libertad y de democracia- deben estar vigilados por cámaras. Más que el entorno de una plaza, parece el de una prisión. Nunca ha habido un mayor control y vigilancia, para lo que se ha creado toda una tecnología. ¿Podemos sentirnos libres paseando por unos espacios vigilados constantemente?

Quiero terminar con algunas reflexiones propiciadas por la lectura del libro Modernidad, Republicanismo y Democracia. Una historia de la educación en España (1898-2008), de Manuel de Puelles. En uno de sus capítulos aparece el debate presupuestario de 1901, con algunas intervenciones muy significativas sobre la cuestión educativa. Es un presupuesto que alcanza la cifra de 1.000 millones de pesetas y establece por primera vez el rango de ley el pago a los maestros por el Estado. El diputado republicano Melquíades Álvarez señala que de los 43 millones asignados a instrucción pública, 25 son sufragados por los municipios, 12 son ingresos que tiene el Estado por matrículas, derechos de exámenes y grados: de esta forma, concluye que el Estado dedica a la tarea más grande, más necesaria en la sociedad, la ridícula cifra de 6 millones. En contraposición, en la Casa Real se gastan 11 millones; para el culto y clero, 42, y la Compañía Transatlántica recibe una subvención de 8 millones. En el mismo año se hizo un empréstito de cerca de 150 millones para atenciones de Guerra y Marina. Unos años después al debatirse el presupuesto de 1912, se queja amargamente el diputado Luís de Zulueta de que los maestros se quedarán tras este presupuesto con una asignación inferior a la que tiene el Ministerio de Guerra destinada para el pago del pienso de un caballo. La conclusión de Melquíades Álvarez es contundente: los Estados Unidos tienen a principios del XX un 10% de analfabetos; España un 70%; más de 2 millones de niños no asisten a la escuela (de un total de 4 millones) ; el maestro es “el tipo famélico por antonomasia, ridículo a ratos, digno de lástima siempre; los locales de las escuelas, reducidos muchos de ellos todavía a los atrios de las iglesias, a cuadras destartaladas, a viviendas miserables, malsanas, húmedas, sin aíre, sin luz..” Obviamente los momentos actuales son muy diferentes. ¿O quizá no tanto?