Supuestas verdades irrefutables

 

En el diario “Le Fígaro”, Sarkozy afirmó que ”En el fondo, he hecho mío el análisis de Gramsci: el poder se gana por las ideas”. Consciente de esta circunstancia la derecha ha sabido jugar sus cartas, y desde hace varias décadas tiene estratégicamente la hegemonía ideológica, y también, en muchas ocasiones, tácticamente la hegemonía política.  Por ende, en estas décadas de triunfo del neoliberalismo, versión actual del liberalismo clásico sin compromiso cívico alguno con la moral, determinados poderes mediáticos y económicos nos han inundado con unas tesis y nos las han presentado como inmunes a cualquier posibilidad de crítica. Y aquel que tuviera la osadía de cuestionarlas era acusado de iluso.  Una de ellas ha sido la bondad de la desregulación de los mercados, lo que supondría crecimiento económico continuo, liberándonos de cualquier crisis. La situación económica en las que estamos sumidos con el daño irreparable de unas cifras de paro vergonzosas,   y sin que además se vislumbre salida en un futuro próximo, nos demuestran de una manera fehaciente que tal afirmación era una interesada falacia. Con ser tan grave esta situación, lo es más todavía que no se ven medidas correctoras para que los  Estados embriden a los mercados, ya que muy al contrario son éstos los que controlan a aquellos. Lo acaba de señalar Felipe González “El mercado exigió a los Estados que se endeudasen para que fuera rescatado y después exigió que se desendeudasen o me penalizarían”, “Estamos incubando la siguiente crisis. La diferencia será que los ciudadanos ya no tolerarán centenares de miles de millones para rescatar a los banqueros”.

 

Otra tesis del neoliberalismo, es que para que una economía funcione hay que adelgazar cuanto más mejor el Estado y transferir empresas y servicios públicos a la iniciativa privada. Buena parte de la ciudadanía la ha asumido sin cuestionarla.  Entre los más acérrimos partidarios de la privatización se encuentra la cúpula dirigente del PP. En una reciente entrevista Rajoy lo dijo claramente, aunque ya había avanzado pocos días antes su propuesta “de acometer privatizaciones -las denominó "liberalizaciones"- en sectores como aeropuertos y trenes. Y posteriormente Montoro la detalló más, incluyendo en la privatización la gestión de servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Tampoco nos debería sorprender, ya que es lo que se está haciendo en las Comunidades Autónomas de Valencia y Madrid por parte de sus dirigentes, al estar obsesionados por desmantelar los servicios públicos de sanidad y educación, como también de dificultar la puesta en marcha la Ley de la Dependencia, para pasarlos al sector privado.

La bondad de  la privatización es harto cuestionable, ya que contundentes ejemplos nos demuestran su fracaso más estrepitoso. Cabe recordar lo ocurrido en los antiguos países socialistas, donde se llevó a cabo una privatización sin control alguno, que ha generado una proliferación de grandes multimillonarios, dejando a buena parte de la ciudadanía en la pobreza más absoluta.

Y en España durante los mandatos de Felipe González y José María Aznar se privatizaron  las grandes empresas públicas, como Telefónica, Repsol y Endesa, junto a Iberia, Argentaria,  tras haberse librado de un porcentaje importante de sus trabajadores, mediante numerosas prejubilaciones, cuyo costo lo asumió el erario público. Las consecuencias nocivas las podemos constatar hoy en las grandes dificultades impuestas por la banca privada a la hora de concesión de créditos al empresariado, al comerciante, al autónomo, a las familias, que son en buena parte responsables de la situación económica actual. Muy diferente hubiera sido con una banca pública potente. Mientras tanto, esos mismos bancos además de seguir especulando con sus inversiones, publican nuevas cuentas de beneficios año tras año y vuelven a repartir bonos y gratificaciones a sus ejecutivos con la misma generosidad que antes de la crisis. 

Y ahora se habla también de profundizar más la privatización en los pilares sociales como la educación, la sanidad, los servicios sociales (dependencia incluida), donde ya se da  gestión privada bajo tutela pública.  Algunos datos nos muestran cómo la privatización no significa eficacia. Según la OMS, antes de la aprobación de la reforma sanitaria de Obama, en los Estados Unidos con un predominio apabullante de la sanidad privada, es el primer país en gasto sanitario per cápita y aparece en el 37º puesto en cuanto a la calidad del servicio.  Según Vicenc Navarro, la prestigiosa revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio, 2009, del Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá, según el cual  en los Estados Unidos la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. Según la literatura científica el afán de ganancia en medicina está reñido con la calidad de los servicios sanitarios. Cuando se privatiza la prestación de un servicio público hay que pagar, además del coste del servicio, el beneficio del que lo presta. Esto encarecerá su coste, a no ser que la empresa privada tome medidas para rebajarlo, como pagar menos a los trabajadores, reducción de personal,  proveerlo con personal menos cualificado, limitarse a aceptar usuarios que no sean caros o proporcionar solo prestaciones baratas. Estos comportamientos se están dando ya en la sanidad y educación privadas.

Como conclusión, cuando nos bombardean desde determinadas opciones políticas y económicas con la bonanza de la privatización, con el pretexto de la eficacia, debemos desconfiar. Lo único que hay detrás es beneficio puro y duro.

 

Cándido Marquesán Millán