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Privatizar, privatizar y privatizar

           

A nivel ideológico en las últimas décadas se ha extendido la idolatría descontrolada hacia el sector privado y, en particular, hacia la privatización. En contrapartida, se ha sembrado la idea de que lo público es sinónimo de ineficacia económica y  de despilfarro de los impuestos de la ciudadanía. De ahí los ataques a los empleados públicos. Esta ideología impone la creencia de que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que, por tanto, el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de generar riqueza. Esta línea de pensamiento ha calado en amplios sectores de la sociedad. De no evitarlo, se va  a pasar en menos de 100 años a que el pronóstico de  la izquierda revolucionaria de desaparición del Estado lo haga la derecha ultraliberal.

El término privatización es confuso, impreciso y ambiguo. En sentido estricto se entiende por la enajenación o transferencia de propiedad o control del sector público al privado. Sus objetivos según los gurús de la economía: el aumento de la eficiencia, de la competencia en el mercado, mejora de las finanzas públicas, creación de un capitalismo popular, ampliación de los mercados de capitales. Mas el objetivo claro es el  de hacer negocio.

En este contexto, podemos entender que este fenómeno haya alcanzado un gran protagonismo en las últimas décadas, afectando a la mayoría de los países. En España, la primera etapa de las privatizaciones se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas.  A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formando parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo.  Al  respecto es muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei, al plantearse la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las  Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores,  los aeropuertos de Aena.  Mas, según Martínez Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el próximo asalto será dirigido hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros  en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. Esta va a ser la gran cuestión política en esta legislatura. Ya la estamos constatando.

 En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes..”

 

Cándido Marquesán Millán

 

 

Cartas trucadas

                                  

Se ha extendido como un auténtico tsunami en estos años recientes, la idea de que siempre que la izquierda alcanza el gobierno en nuestra historia nos lleva al desastre y que, gracias a Dios, la derecha impregnada de ese espíritu patriótico que siempre la ha caracterizado, está dispuesta al sacrificio para sacarnos del abismo y llevarnos al Paraíso Terrenal. Ha sido una constante histórica. Tras la revolución política de 1808-1814  con la Constitución de Cádiz tuvo que llegar el gran Fernando VII para imponer el orden. El Sexenio Democrático (1868-1874) fue un auténtico caos, pero allí estaba la monarquía borbónica y Cánovas del Castillo para corregir tal desastre. La II República todavía fue peor, ya que originó la Guerra Civil, mas allí estaban los militares para salvar a la patria. En 1996 al Gobierno de Felipe González, incurso en la podredumbre de la corrupción y una gravísima crisis económica, le sucedió el Gobierno del Gran José María Aznar para conducirnos otra vez a la Tierra Prometida. Y ahora más de lo mismo, José Luis Rodríguez Zapatero, el peor presidente de la democracia española, nos ha llevado a una ruina todavía mayor, pero ahí está de nuevo la derecha, para corregir el rumbo y llevarnos a la prosperidad.

Para extender este generalizado estado de opinión, con el apoyo económico de la gran empresa y las altas finanzas, participan  numerosos y poderosos medios de comunicación, desde Interconomía, La Gaceta, ABC, El Mundo, La Razón, El Heraldo, Antena3…que, cual máquinas perfectamente ensambladas, paradigmas de buenas prácticas democráticas, día tras día nos transmiten una información veraz e imparcial. También a esta tarea de reconquista del poder y su posterior mantenimiento se ha sumado con fruición la jerarquía católica española. El  portavoz de los Obispos, Martínez Camino, deseó a Rajoy y a su Gobierno “acierto y buen tino”. De momento, debe estar acertado. Visto el sepulcral silencio de la Iglesia católica acerca del paquete de recortes sociales, aunque puede que sea porque a ella no la han afectado.  Por ende, en España tal como señaló poco ha Ignacio Sánchez Cuenca las ideas liberal-conservadoras son hoy hegemónicas en la esfera pública en nuestro país, defendidas mayoritariamente con vehemencia por gente que fue progresista en su juventud, y a veces, hasta marxista-leninista.  Y así se ha cumplido lo que ya dijo Gramsci: para alcanzar el poder político es necesaria tener la hegemonía cultural.  Con estos precedentes es comprensible que amplios sectores de la ciudadanía española asumieran determinados planteamientos políticos, como auténticos dogmas de fe, y  por tanto, votaran y dieran la mayoría absoluta al PP. Mas la sombra del ciprés (ZP) continúa siendo alargada, ya que sirve para todo, para un roto y para un descosido, sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Para justificar las recientes y durísimas políticas de ajustes fiscales, con un incremento brutal de IRPF“ (recargo complementario y temporal de solidaridad) y el IBI (del que la Iglesia católica está exenta); en el retraso a la atención a la dependencia, en la anulación de la ayuda a los jóvenes al retirar la renta de emancipación; de  la congelación del sueldo de los funcionarios, además del  incremento de su horario laboral y sin tasa de reposición de las plantillas; del mantenimiento del Salario Mínimo Interprofesional, de reducción de las subvenciones y préstamos en I+D+i y de ayuda al desarrollo; del aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad; del ridículo incremento del 1% de las pensiones para la recuperación de su poder adquisitivo; de todas ellas el culpable se llama ZP. El PP se refugió para incumplir sus promesas electorales en el desconocimiento de la realidad del déficit real de las cuentas públicas, pese a que los mayores desvíos se han producido en comunidades autónomas gobernadas por su partido. En el Parlamento, el PP se desentendió del principio solemnizado por Rajoy en su discurso de investidura, cuando dijo que no pediría "a nadie responsabilidades ya sustanciadas por las urnas". "Sabíamos y sabemos qué nos espera y se nos juzgará por lo que consigamos, no por lo que intentemos o cómo hayamos encontrado las cosas". Han sido suficientes unos días para que Rajoy se tragara también  uno de los sables esenciales del ideario del PP: “subir impuestos es un disparate estratosférico”. Eso era antes. Ahora es otra la situación. Y lo curioso es que una gran mayoría de la sociedad española asume también tales virajes, tales rectificaciones y tales mentiras. En La Velada de Benicarló de Manuel Azaña, Garcés (desdoblamiento de Azaña como  político) emite un juicio para el momento actual muy oportuno: Percibir exactamente lo que ocurre en torno nuestro, es virtud personal rara. Las muchedumbres no la conocen. Estoy persuadido de que el caletre español es incompatible con la exactitud. Un cartelón truculento es más poderoso que el raciocinio. Nos conducimos como gente sin razón, sin caletre.

Evidentemente, conocidos los resultados, es digna de destacar la extraordinaria habilidad que el gabinete de comunicación del PP ha dado muestras  a la hora de diseñar tal estrategia. Obviamente, cuando  la situación económica mejore, algo que todo buen español desea, sentimiento que en otras épocas recientes algunos españoles no han tenido,  no hace falta ser muy perspicaz para pensar en qué políticos recaerán los méritos. Todo será producto de la Santa Gaviota. Cartas trucadas.

 

Cándido Marquesán Millán

La argolla de la deuda soberana

 

 

Supone un auténtico expolio para los estados de la UE, con los inevitables sacrificios impuestos a la mayoría de la ciudadanía, el costo de la deuda pública. El exprimer ministro de Francia Michel Rocard lo señala en un artículo titulado Una Europa al servicio de los ciudadanos. Como también el catedrático Vicenç Navarro en sus artículos: El BCE, el lobby de la banca y ¿Quiénes son los mercados?, publicados poco ha. Son personas relevantes del ámbito de la política y de la economía, cuyos juicios deberían ser tenidos en cuenta. Expresan con claridad meridiana el trasfondo de la deuda pública en la UE.

Es obvio que si un Estado tiene más gastos que ingresos, debe endeudarse y buscar financiación en los mercados para mantener sus diferentes prestaciones. Otra cosa son los gastos superfluos que han proliferado en España en los últimos años: aeropuertos sin aviones, kilómetros y kilómetros de AVE, asesores para políticos, corrupción. No entiendo que una institución pública como el Banco Central Europeo (BCE) preste dinero a un tipo de interés muy bajo, del 1% a la banca privada, para que esta compre los bonos de los Estados, por los que hay que pagar, con los impuestos o recortes de los ciudadanos, unos intereses del 5% o 6%, e incluso del 7% como es el caso de Italia. Un chollo para los bancos privados. Como ciudadano desearía disfrutar de estas prebendas. Conviene saber que por cada cien puntos básicos que sube la prima de riesgo (diferencial del bono español a diez años con el alemán) se incrementa en un punto el coste de los intereses, se impide la creación de 160.000 puestos de trabajo en España y nos cuestan 12.400 millones de euros, según Francisco González, presidente de BBVA. La recaudación de las nuevas tarifas impuestas en el IRPF en 2012 supone una cifra de 5.357 millones de euros. Los datos son claros del costo de los intereses de nuestra deuda. Todos los sacrificios que se nos imponen a la mayoría de los ciudadanos, no es por el excesivo coste para mantener nuestro incipiente Estado de bienestar (como los autores neoliberales erróneamente indican), es sobre todo para pagar la deuda pública que por cierto, según la reforma ultrarrápida, sin consultar a la ciudadanía, del artículo 135 de nuestra Constitución tendrá siempre un carácter prioritario, por delante de las pensiones, la educación o la sanidad.

Mas la situación es peor todavía, pues el BCE al comprar recientemente deuda pública, haciendo caso omiso del artículo 123 de su Reglamento, a los Estados como España e Italia, puso como condición que los salarios y la protección social disminuyesen, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del Bienestar. Estas condiciones estaban en una carta que el gobernador del BCE, Trichet, y el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, le enviaron a Zapatero.

Además están las agencias de calificación, auténticas armas de destrucción masiva, que acostumbran a subir arbitrariamente la prima de riesgo en los días previos en que los países deben colocar más deuda pública, para aumentar los intereses a pagar. Las consecuencias: más recortes, menos crecimiento, más desconfianza de los mercados, más intereses a pagar por la deuda. Un sumidero de recursos públicos y una asfixia de nuestra economía. ¿Se puede revertir este círculo infernal? Según Michel Rocard, la mayor parte de las sumas que nuestros Estados piden prestadas a los mercados financieros son para pagar deudas antiguas y podría hacerse lo que hizo el Banco Central norteamericano para salvar el sistema financiero: la deuda vieja de nuestros Estados ser refinanciada a un tipo de interés cercano al 0%. No es necesario modificar los Tratados europeos para hacerlo: ciertamente el BCE no tiene derecho a prestar a los Estados miembros de la UE, pero puede prestar sin límite alguno a organismos públicos de crédito y a organizaciones internacionales. Puede prestar al 0,01% al Banco Europeo de Inversiones o a cualquier banco público nacional y ellos, pueden prestar al 0,102% a los Estados que se endeudan para pagar sus deudas viejas. Nada impide esta forma de financiación. Además, si los Tratados atribuyen al BCE el proteger la estabilidad de los precios, ¿cómo puede permanecer impertérrito cuando ciertos países ven multiplicarse el precio de sus bonos del Tesoro merced a la especulación? Si tiene que velar por la estabilidad de nuestras economías, ¿cómo puede no actuar cuando el precio de la deuda amenaza con sumirnos a todos en una recesión? Nada en los Tratados vigentes le prohíbe al BCE intervenir para hacer bajar el precio de la deuda pública, aunque debería hacerlo, ya que la evolución del precio de la deuda pública es la inflación más grave.

Seguro que estas consideraciones de Michel Rocard serán ignoradas por nuestros gobernantes, ya que la política está subordinada a los poderes financieros, que mandan en la UE: bancos, compañías de seguros y fondos especulativos, que están consiguiendo pingües beneficios con nuestra deuda pública. Según Boaventura de Sousa Santos la problemática que vive hoy Europa es por la inexistencia de democracia ya que no hay Estado europeo. Y es así porque los estados han transferido prerrogativas soberanas a las instituciones de la UE, y estas a su vez a los mercados financieros (es decir, a media docena de grandes inversores, al frente de los que está el Deutsche Bank). Un auténtico fascismo financiero

 

¿Vamos al suicidio económico?

Acabo de enterarme de las medidas económicas puestas en marcha para reducir el déficit público por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, y no me han sorprendido, conociendo su inspiración neoliberal. Cuando la derecha gobierna en España, es coherente con aquellos principios que defiende. Esta circunstancia no suele producirse cuando gobierna la izquierda.

 

De entrada, las han legitimado con la esperada cantinela de la herencia recibida, ya que las previsiones del gobierno anterior de cerrar el año con un  déficit público del 6% han sido incumplidas, al haberse llegado a la cifra del 8%. Ya tienen la coartada para justificar cualquier tipo de medidas por duras y dramáticas que sean para la ciudadanía.

 

            Vamos a verlas. Todas ellas aparecen en REAL DECRETO LEY sobre medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público. Tienen el objetivo de reducir el gasto en 8.900 millones de euros e incrementar los ingresos en otros 6.275 millones. Para justificarlas,  el Gobierno entiende que estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide. Por ello, el Gobierno se reafirma en el compromiso de cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad del Reino de España. Se trata de un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles. Por ello, el gobierno revaloriza el poder adquisitivo de las pensiones y hace una reducción de gasto público que no recorta ningún derecho social. Asimismo, establece un incremento del esfuerzo fiscal, especialmente para los ciudadanos de mayor capacidad económica, a través de una nueva figura impositiva temporal y extraordinaria. Este esfuerzo colectivo va a permitir a España cumplir con sus objetivos, recuperar la confianza y volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

 

            De verdad, me resulta muy difícil de entender que la gran preocupación del Gobierno sea el problema del paro y del crecimiento, y que para corregirlos se han tomado tales decisiones. Hace pocos días el ministro de Economía, señalaba que íbamos a entrar en Recesión, con crecimiento negativo, por lo que el paro iba a verse incrementado. No hace falta haber estudiado en la Universidad de Harvard, para entender que esta situación tan crítica de nuestra economía es debida a la falta de consumo, por lo que no se incrementa la demanda, ni puede haber crecimiento. La consecuencia es clara: así no solo no se puede crear empleo, es que se verá incrementado. ¿Cómo se puede incentivar el consumo con las diferentes medidas puestas en marcha? ¿Manteniendo el Salario Mínimo Interprofesional en 641, 40 euros? ¿Subiendo un 1% las pensiones? ¿Congelando el sueldo de los funcionarios? ¿Incrementando las tarifas del IRPF en todos los tramos? ¿Gravando las rentas del ahorro? ¿Subiendo de una manera generalizada el IBI? ¿No renovando la Renta de Emancipación, manteniendo la cobertura actual, que afecta a 300.000 jóvenes? Es imposible aumentar el consumo por parte de una ciudadanía, ya bastante agobiada, como para que se le impongan más cargas. No puede haber crecimiento. Ni tampoco crear empleo. Es como querer combatir un incendio, esparciendo gasolina. ¿Cómo se puede fomentar el empleo si se congela la tasa de reposición de las plantillas, excepto para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para los Cuerpos de lucha contra el fraude de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social.? ¿Congelando o reduciendo la inversión pública se incentiva el empleo?

 

            Si ya me resultan incomprensibles las medidas anteriores para combatir el paro, no me parecen menos las puestas en práctica en el negocio inmobiliario. Pero, ¿no habíamos llegado a la conclusión de que la burbuja inmobiliaria, era en buena parte la causante de la crisis económica actual? Ahora pretendemos reactivarla, estableciendo  un IVA superreducido del 4 por 100 para la adquisición de primera vivienda a partir de 2012, o recuperando la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010.  

 

¿No era uno de los males de nuestra economía la falta de competitividad? ¿Cómo podemos ser competitivos si reducimos las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe total de 600 millones de euros?

            También en el prólogo justificatorio del Decreto, se dice que hace una reducción de gasto público sin recortar ningún derecho social. Ignoro quién ha tenido la osadía de emitir tales palabras. Entre las aportaciones más significativas de la Constitución Española de 1978 se viene destacando la de haber reconocido una serie de principios y derechos de contenido social.  Esta "nueva generación" de derechos se incluyen  en el Capítulo 3º del Título I, derechos que reciben la denominación de derechos sociales en la medida que expresan una función de prestación que corresponde al Estado (entendido como el conjunto de los poderes públicos) para su efectivo aseguramiento. ¿Con una subida del 1% de las pensiones,  los poderes públicos pueden garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, tal como parece en el artículo 50 de nuestra Constitución?

            Además todas las medidas de este DECRETO LEY, son una muestra palpable de insolidaridad, al recaer en toda la ciudadanía,  al hacer uso y abuso de gravar la imposición directa, como el IRPF en lugar de la indirecta, como la del IVA.

            Si alguno ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí, es probable, mejor seguro, que haya pensado que estoy equivocado en todos mis planteamientos, y me argumentarán que es imprescindible la corrección del déficit público para que fluya la financiación para las empresas. El BCE acaba de prestar al 1% 500.000 millones de euros a la banca, y a las empresas no ha llegado ese chorro de dinero. ¿Dónde está? Sí, se me replicará a comprar deuda pública al 6%. ¡Vaya chollo para los bancos¡ ¿Por qué no la compra directamente el BCE y así nos evitaríamos todos el tener que pagar más impuestos para pagarla. Aquí hay gato encerrado. El primer ministro de Italia, de profesión banquero. El ministro de Economía español, banquero también. Ahora lo voy entendiendo

             Por todo lo expuesto, entiendo que nuestra economía se verá sometida a una crisis cada vez  más profunda, tal como ocurre en Grecia, Irlanda, Portugal e Italia, donde se han puesto  en marcha las mismas políticas económicas de ajustes fiscales impuestas desde el FMI, la UE y BCE, que acaba de aprobar el Gobierno de Rajoy. De verdad, vamos hacia el suicidio económico.

Cándido Marquesán Millán

             El landgrabbing (acaparamiento de tierras)

 

Son muchos los problemas políticos, sociales, económicos que nos acucian en estos momentos. Hay una crisis financiera que está provocando grandes destrozos en amplios sectores de la sociedad, sobre todo, en los más débiles. Una crisis climática, que de no tomar pronto decisiones valientes, vamos a dejar un planeta profundamente deteriorado a las generaciones futuras. Igualmente hay una crisis alimentaria, con unas subidas injustificadas de los precios de los alimentos, por lo que muchos millones de personas están pasando hambre. Todas ellas están provocadas por el modelo económico neoliberal actualmente vigente y que muy pocos nos atrevemos a cuestionar.

El propósito de estas líneas es el de referirme a un aspecto puntual, que está relacionado con las crisis alimenticia o climática, aunque también con la financiera. Se trata del landgrabbing o acaparamiento de tierras utilizadas tradicionalmente por las comunidades agrícolas especialmente en África, América o en Asia que se arriendan o se venden a inversores extranjeros, empresas y gobiernos, tanto de Europa occidental (Inglaterra, Francia, Alemania, España…), como del Oriente Medio (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar…, de Asia (China, la India, Corea del Sur..) para el cultivo de alimentos, materias primas o agrocombustibles. Unos estudios publicados recientemente: en el 2011 el de Veterinarios sin Fronteras Paren aquí, Vive gente, Los impactos del agronegocio en África, y el publicado en el 2010 por  Friends of the Earth Europe  África: el acaparamiento de tierras nos muestran  la magnitud de estas concesiones; en República Democrática del Congo el total de la tierra negociada alcanza el 48,8% del total de la tierra del país; en Mozambique es el 21,1%; en Uganda el 14,6%; en Zambia el 8,8%, en Etiopía el 8,2%... Solo en África, 30 millones de hectáreas han sido acaparadas, curiosamente en un continente donde la inseguridad alimentaria y el hambre provocan grandiosos estragos. En Argentina se pretende entregar 320.000 hectáreas de tierras bajo riego al control de una corporación China, la Beidahuang State Farms Business Trade Group CO, LTD. De hecho, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 10 de diciembre, hizo aprobar el texto de la ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. La FAO calcula que un 10% del territorio nacional está ya en manos de empresas foráneas, que buscan asegurarse, así, la producción de alimentos en tierra tan fecunda como la argentina. La nueva ley fija el límite en un 15%.

            Este interés por el acaparamiento de tierras se explica por varias razones. En el año 2006 se inició un aumento de los precios de los alimentos básicos que se prolongó en los años siguientes, con dos máximos en 2008 y 2011. No obstante, la evolución de estos precios no puede explicarse solo en función de las cosechas, ya que suelen ser los mecanismos económicos a nivel global los que los establecen, como las operaciones de derivados sobre los alimentos realizadas  por bancos y fondos de inversión norteamericanos y europeos. Además  las repercusiones que el cambio climático pueda tener sobre la agricultura en los próximos años,  exacerban en muchos países el temor a quedarse desabastecidos de alimentos básicos, como en el caso de Arabia Saudita  con grandes recursos, que teme por su seguridad alimenticia, ya que se le están agotando los acuíferos para seguir cultivando cereales. También está detrás el negocio de los agrocombustibles, para garantizar el suministro de combustible tras la volatilidad de los precios del petróleo, que parece haber incitado a muchos países a cuestionar la seguridad de los suministros. Solo en Mozambique, en el 2007 se habían concedido a empresas extranjeras más de 5 millones de ha. para el cultivo de la jatrofa, para producir agrodiesel, una superficie como el de toda Andalucía. Estas prácticas solo generan beneficio a esos países o empresas extranjeras, ya que toda la producción esta pensada para la exportación. Desde Amigos de la Tierra, lo señalan muy claro “los alimentos se han transformado en una mercancía importada y exportada alrededor del mundo. Es un modelo basado en políticas comerciales injustas, liberalización económica, control empresarial, privatización, tecnologías controladas por las multinacionales, propiedad intelectual, apropiación de los territorios, marginalización de las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas y los campesinos y campesinas. Constituye una imposición del modelo de producción y consumo imperante en los países industrializados”. Se habla de un nuevo neocolonialismo.

 

             Por ello, el modo de vida de las comunidades rurales tradicionales se ve sometido a un grave peligro, ya que son expulsadas violentamente de las tierras que han cultivado desde tiempos inmemoriales. La tierra no sólo representa el medio principal de acceso y suministro de alimento a millones de minifundistas y a sus familias, sino que además constituye un elemento esencial de identidad para ciertos pueblos y comunidades. Se han producido respuestas  de las comunidades rurales ante estos atropellos, señaladas por Josep Fontana, pero en la mayoría de las ocasiones han sido sojuzgadas violentamente, como la ocurrida en el Estado de Pará, en Brasil,  donde hace quince años hubo 19 campesinos asesinados y centenares de heridos a cargo de uniformados defendiendo los intereses de los terratenientes. O la “masacre de Acteal” en Chiapas efectuada por un grupo de paramilitares que asesinó a 45 campesinos en 1997. O la del El Salado en Colombia en al año 2000; o la de Bagua, en 2009, en Perú. Mas estos hechos no son noticia.

 

Mas esta circunstancia no solo se está produciendo en ámbito agrario, ya que en Senegal, la pesca industrial, realizada por barcos españoles, rusos y coreanos, está destruyendo y arrebatando los recursos pesqueros, principal medio de vida de las comunidades pesqueras tradicionales, como la de Saint Louis.

 

            La consecuencias de todo comentado no pueden ser más negativas, ya que se les niega a estos pueblos el derecho a la soberanía alimentaria, es decir,  el derecho que asiste a los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos a nivel local como nacional, de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente. La soberanía alimentaria es también el derecho de los pueblos a alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados. Según el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, los Estados deberían vigilar y regular el derecho a la alimentación que asiste a los pueblos, sean los de sus propios Estados o terceros. Pero hace ya bastante tiempo que el cumplimiento de los derechos políticos, sociales, económicos es algo que les parece intrascendente a los diferentes gobiernos. Esto es lo que hay.

 

 

Cándido Marquesán Millán

 

                        EL DEBATE IDEOLÓGICO EN EL PSOE

 

Se suceden día tras día los artículos en los diferentes medios de comunicación, que reflexionan sobre las causas de la debacle electoral, así como del futuro del PSOE. Se han incorporado también para el debate desde las propias filas socialistas dos documentos, el primero titulado Mucho PSOE por hacer, muy crítico con determinadas políticas realizadas por el Gobierno de ZP, que preconiza una reconstitución ideológica; el segundo Yo sí estuve allí, firmado por exaltos cargos socialistas, que tratan de justificar las políticas realizadas en estas dos últimas legislaturas. Esta nueva situación de debate interno se explica por la derrota electoral, de haberse producido el triunfo nadie habría considerado la necesidad de plantearlo. Cabe recordar lo ocurrido dentro del PP tras la derrota de las elecciones generales del 2008, que llevó a que Mariano Rajoy fuera cuestionado en profundidad, en cambio es hoy el líder indiscutible.  Es así la política. Que las divergencias sean por ideas es sano y enriquecedor para el proyecto político de un partido que más pronto que tarde alcanzará el Gobierno de España. Como no podía ser de otra manera desde determinados medios de comunicación, sobre todo los vinculados a la caverna mediática, tratan de hacer sangre de estas discrepancias entre los socialistas con titulares: desentierran los cuchillos, lucha muerte. Al respecto voy hacer mis propias reflexiones, aunque quiero recordar que algunas de ellas ya las expuse por escrito mucho antes de la derrota. En marzo del 2011, ya publiqué un artículo titulado “Miedo a la democracia”, y, después de mayo del 2010, critiqué en numerosas ocasiones la deriva neoliberal adoptada por el Gobierno de ZP.

 Resulta conveniente empezar por el principio. En relación a la hecatombe electoral, el candidato Rubalcaba sufrió los peores resultados desde la instauración de la democracia, debido a que desde mayo de 2010, las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica con la rebaja del sueldo a los empleados públicos, congelación de las pensiones, reforma de las pensiones y laboral, no tenían nada que ver con un proyecto socialdemócrata. Se decidió realizar unos ajustes fiscales por la vía de la reducción del gasto social, en lugar del incremento de los ingresos mediante una política fiscal progresiva, que eso sí que es socialdemócrata. Además sin ningún tipo de explicación por parte del Gobierno, probablemente porque al no estar convencido, no sabía cómo hacerlo. Todas estas políticas tenían una impronta neoliberal, y que de estar en el Gobierno, los populares las hubieran ejecutado sin rechistar. Obviamente, estos tenían tantas ansias de poder, que no podían llegar a acuerdo con el Gobierno de ZP, ya que su estrategia se basaba en “cuanto peor mejor”, todo un ejemplo de irresponsabilidad.   Si a ello añadimos la reforma constitucional del artículo 135 y la incorporación de España al escudo antimisiles, las condiciones objetivas de la derrota estaban servidas.  De ahí el alejamiento de varios millones de su electorado hacia otras fuerzas políticas, sobre todo IU,  otros partidos minoritarios y también la abstención. Por eso, que a las siglas del PSOE todavía le votaran 6.973.000 españoles, no fue un mal resultado. Fue muy bueno. Si haces una política de derechas, esperar que te voten gente  que piensa en izquierdas, es de ilusos. Es de cajón.

Además, salvo alguna excepción como la de Tomás Gómez o José María Barreda, que ya avisaron de que iban hacia el suicidio, los barones del PSOE con cargos orgánicos no se atrevieron a cuestionar estas políticas a Rodríguez Zapatero, en la Comisión Ejecutiva Federal. Ni tampoco a los respectivos Secretarios Generales en las respectivas Comisiones Ejecutivas Regionales. Y estas prácticas tan faltas de crítica, hace ya tiempo que se generalizaron en este partido, como también en los otros, por falta de democracia interna. Esta es una de las asignaturas pendientes en nuestra joven democracia. Esto es de dominio común. Lo que no deja de ser contradictorio es que los dirigentes políticos nos bombardeen continuamente a los ciudadanos con las excelencias de la democracia, y sean ellos precisamente los que menos la pongan en práctica en sus propios partidos. Circunstancia gravísima, si tenemos en cuenta que nuestra Constitución proclama con claridad meridiana en su artículo 6º "que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Por ende, el debate interno y la participación de sus militantes en la toma de decisiones democráticas en el seno de los partidos es una exigencia constitucional, no una concesión de sus dirigentes. De la misma manera lo señalan categóricamente los estatutos de los diferentes partidos. Mas, esto es papel mojado, que se incumple de una manera sistemática por el aparato de los partidos, pues son sus dirigentes, quienes toman las decisiones marginando a las bases. Existen muchas asociaciones de algunos partidos que no se reúnen nunca, con la única excepción de aprobar las listas electorales, para cumplir el trámite. El aparato (en manos de unos pocos, que permanecen largos periodos de tiempo, sin saber cómo ni por qué, ni cuáles son sus méritos contraídos), la excesiva burocracia interna, la pugna por el poder en el seno del partido, y el culto a la alabanza y la sumisión, son absolutamente incompatibles con la opinión, la saludable discrepancia y el debate transparente. Por ello, la renovación de ideas y personas es imposible en los partidos políticos si su funcionamiento interno no es democrático. Y no lo es porque sus dirigentes tienen auténtico pavor a la "democracia", es decir, al debate de ideas, a permitir las discrepancias, a que el voto sea "libre, igual, directo y secreto" en todas sus elecciones de cargos directivos y de candidatos. La elección no se hace por el mérito ni por los valores éticos del candidato, sino por la sumisión y la obediencia absoluta a los de arriba. Sorprende la pasividad y la indiferencia de muchos de sus militantes ante esta circunstancia. Lo que estoy diciendo es lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a decirlo. Lamentablemente esta es la deriva por la que caminan los partidos políticos, en las que no se admite crítica alguna, y si alguien tiene la osadía de discrepar, se arriesga a ser marginado o a ser acusado de torpedear el partido. Al aplicarse medidas disciplinarias a las corrientes internas no alineadas con el discurso de la dirección, se margina a los librepensadores. Por ello, los dirigentes de los partidos políticos no deben extrañarse de que la ciudadanía esté cada vez más lejana de la clase política y, por tanto, de la política. De ello, deberían ser conscientes, mas tengo la impresión que tampoco les preocupa demasiado.

 No obstante, sin que sirva de justificación, al Gobierno de ZP le ha ocurrido lo mismo que a buena parte de la izquierda europea: ninguno de los gobiernos de izquierdas de la Europa de los ochenta logró frenar la liberalización de los mercados financieros. Ni siquiera el de François Miterrand en Francia. El Tratado de Maastricht de 1992 fue un elemento clave en la nueva arquitectura económica, ya que "estableció un corsé neoliberal que condicionaría los desarrollos constitucionales de los años posteriores". Según Gerardo Pisarello, el Tratado de Maastricht impuso severos criterios de convergencia económica que "eran un acicate para la reducción del gasto social y la contención de los salarios, a la vez que un aliciente, como se demostraría luego, para la especulación financiera". Las consecuencias de esta ofensiva se viven en la actualidad en su mayor crudeza. "La socialdemocracia no ha querido ni ha sabido oponerse al capitalismo globalizado, impulsado desde el neoliberalismo. Es más, en muchos casos lo ha impulsado con entusiasmo, cavando así su propia tumba. Esto explica la migración de mucha gente de izquierdas, sobre todo jóvenes, a la abstención o a otras fuerzas políticas.  Ha triunfado el neoliberalismo puro y duro, sin que la izquierda se haya enterado. Por ello, el mejor y más perverso colofón a este proceso lo puso, la Dama de hierro, cuando al final de su mandato le preguntaron por su mayor éxito político, no lo dudó un instante: "Anthony Blair".  Recientemente Josep Fontana en un su libro Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, ha expresado contundentemente lo ocurrido: “que la crisis del 2008 se debiera  a problemas del sistema y no un mero accidente  en el terreno de la especulación financiera lo vino a demostrar su extensión a Europa, agravada a través del ataque  a la deuda pública de sus gobiernos, que aceptaron estrangular el crecimiento de sus países  con una estéril política de austeridad. Así culminó la más inesperada  de las victorias de la Guerra Fría: la imposición de las reglas más duras del “sistema de libre empresa” a una Europa que hasta entonces se había resistido abandonar por completo unas pautas de política social que garantizaban un mínimo de cohesión y un cierto grado de igualdad. El modelo construido en Europa como fruto de siglo y medio de luchas sociales podía ser definitivamente  destruido. Algo que no había conseguido ni siquiera el fascismo”.

Esto es ya historia, lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro. En consecuencia, la conclusión es clara, si el PSOE quiere recuperar esos millones de votos perdidos, debe retornar con prontitud a las señas de identidad de una política socialdemócrata auténtica. La esencia de esta doctrina es tan clara como el agua cristalina: la búsqueda de los medios necesarios para alcanzar las mayores cuotas de libertad, igualdad y bienestar entre los miembros de una sociedad. Asimismo, existen valores que también han permanecido como rasgos característicos del paradigma socialdemócrata. Tal es el caso de la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad, el humanismo y el progresismo. En esta sociedad nuestra impregnada por el neoliberalismo insolidario que defiende el mercado incontrolado, observamos  que cada vez hay más desigualdad,  mas injusticia y más falta de libertad, por lo que es imprescindible una socialdemocracia fuerte y auténtica en aras a conseguir un mundo mejor, que defienda un Estado activista y protector de los  ya muchos excluidos y que se seguirán incrementando en el futuro de no producirse un cambio político radical, para mostrar por qué la lección para este recién iniciado siglo XXI no es que debamos volver lo más deprisa posible al siglo XIX, como se pretende desde las corrientes neoliberales. Si alguno tiene alguna duda al respecto, le recuerdo algunos recientes acontecimientos: reforma de las pensiones, inexistencia de la negociación colectiva, desamparo de muchos ciudadanos con el desmantelamiento del Estado de bienestar, minisueldos de 400 euros para combatir el paro, millones de parados. Mientras tanto el BCE presta al 1% 500.000 millones de euros a la banca, para comprar deuda pública remunerada al 6%. Es suficiente.

 

 

Cándido Marquesán Millán

 

Falsas verdades

                                              

Se ha extendido como un auténtico tsunami en estos años recientes, merced a numerosos y poderosos medios de comunicación, la idea de que siempre que la izquierda alcanza el gobierno en nuestra historia  nos lleva al desastre y que, gracias a Dios, la derecha impregnada de ese espíritu patriótico, se muestra sacrificada y dispuesta para sacarnos del pozo y llevarnos al Paraíso Terrenal.

 Tanto la Revolución Liberal (1808-1814) y el Trienio Liberal (1820-1823) fueron una auténtica debacle, de la que nos sacó el gran Fernando VII. El Sexenio Democrático (1868-1874) fue un auténtico caos, pero allí estaba la monarquía borbónica y Cánovas del Castillo para corregir tal desastre. La II República todavía fue peor, ya que originó la Guerra Civil, mas allí estaban los militares para salvar a la patria. En 1996 el Gobierno de Felipe González, incurso en la podredumbre de la corrupción y una gravísima crisis económica, fue sucedido por el Gobierno del Gran José María Aznar que nos condujo otra vez a la Tierra Prometida. Y ahora más de los mismo, José Luis Rodríguez Zapatero, el peor presidente de la democracia española, nos ha conducido a un desastre todavía mayor, pero ahí está de nuevo la derecha española, con ese profundo sentido patriótico para corregir el rumbo y llevarnos a la prosperidad que nos merecemos. Lo curioso es que estos pensamientos los asumen  una mayoría de la ciudadanía con la mayor naturalidad.  Resulta sorprendente que desde los altos cargos socialistas, tanto ministros, consejeros, diputados, que se dedican de pleno a la política, no salgan a defender las aportaciones y avances incuestionables que los gobiernos socialistas han hecho a nuestra querida España; y que tenga que ser un ciudadano normal, que se dedica a otros menesteres profesionales, el que tenga que hacerlo. Los jerifaltes socialistas, todos ellos colocados en puestos durante los próximos cuatro años, deben estar preocupados y ensimismados en la sucesión del Secretario General, que cabe esperar sea profunda en personas y en ideas, de lo contrario vamos a convertirnos en un partido cada vez más minoritario. Dicho lo cual, me tiro a la piscina, aunque  no voy a remitirme a tiempos más antiguos, pero sí a los gobiernos socialistas más recientes.

Evidentemente el Gobierno de Felipe González cometió los graves errores  de la corrupción,  del GAL y se vio inmerso en una profunda crisis económica, que en los últimos años Solbes comenzó a corregirla, tal como señala Jesús Mota " es radicalmente falso que el PP heredara en 1996 una situación económica catastrófica", puesto que en aquel año "la tasa de crecimiento económico fue del 2,4%" y "la fase de recesión concluyó en 1993". Aunque "la tasa de paro se resistía a bajar", continúa, "la recuperación estaba en marcha cuando el PP llegó al Gobierno". Con esta base económica y coincidiendo con un excelente momento de la economía internacional, el PP lo tuvo más fácil. Las tasas de crecimiento económico español en el periodo 1996-2004 se explican por: tipos de interés reales negativos, precios bajos de la energía y materias primas, estímulo masivo de las operaciones especulativas, una burbuja inmobiliaria progresiva que los equipos económicos de Aznar se negaron a controlar, enladrillado de las costas, corrupción municipal y cientos de miles de empleos precarios.

Los populares nos recuerdan que con ellos se cumplieron las condiciones del Tratado de Maastricht para entrar en la Unión Monetaria, con la inflación controlada, déficit presupuestario inferior al 3% y deuda por debajo del 60% del PIB. Cierto. Mas se olvidan de los más de 8.000 millones de euros de ayuda anuales provenientes de la Unión Europea, casi el 1% del PIB anual español, conseguidos por el pedigüeño Felipe González; y del producto de las privatizaciones, unos 40.000 millones de euros, que le sirvieron a Aznar para poner al frente de las empresas a sus amigos: González en Argentaria, Villalonga en Telefónica, Alierta en Tabacalera, etc. En 1996 se gastaban 1.904 euros estandarizados por habitante menos que el promedio de la UE-15. En 2004 aumentó a 2.243. Así el gobierno Aznar pudo transferir fondos de las áreas sociales al presupuesto general del Estado para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Por cierto, quiero recordar que el Gobierno de González fue el responsable de las pensiones no contributivas, la asistencia sanitaria universal, y la escolarización obligatoria gratuita hasta los 16 años. Como también de la entrada en la Unión Europea y de haber controlado el golpismo militar. Por ello, de desastre nada.

                                                                                        

En lo que hace referencia al Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero además de la crisis económica cabe mencionar otros aspectos. La primera legislatura fue positiva con la excepción del fracaso en la negociación con ETA. Hubo un crecimiento económico basado en la burbuja inmobiliaria, en cuya creación participamos muchos: los bajos tipos de interés, la Ley de liberación del suelo de 1998, el Estado, Comunidades Autónomas y Municipios que encontraban pingues beneficios, las entidades financieras que prestaban sin ningún tipo de control, los constructores, las agencias inmobiliarias, y la ciudadanos que nos lanzamos con auténtico frenesí a comprar viviendas. ¿Quién se podía cuestionar este desarrollo insostenible, con la creación de puestos de trabajo, incremento de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y enriquecimiento en algunos sectores de la sociedad? Si alguno se lo hubiera planteado hubiera sido acusado de loco e insensato. ¿Quién se atreve en una fiesta a apagar la música y llevarse el carrito de las bebidas?”

 

Otro aspecto positivo fue la extensión de los derechos civiles: Ley contra la Violencia de Género, la Ley de la Igualdad y el reconocimiento del matrimonio entre los homosexuales. También las nuevas políticas sociales: incremento del salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas, el nuevo permiso de paternidad, el cheque bebé de 2.500 euros y sobre todo la Ley de Dependencia, cuarto pilar del estado del Bienestar, sin su puesta en marcha que ha supuesto la atención de unos 700.000 españoles, es seguro que el déficit público sería mucho menor. La actuación de los populares estuvo siempre condicionada por el 11-M. al considerar que cambió la intención del voto. Al no estar preparados para la derrota hicieron una oposición brutal. En la cuestión del terrorismo, pusieron todas  las dificultades para que el intento de solución del Gobierno fracasara. Usaron uno de los problemas más complejos, como es el incardinar Cataluña en el Estado español, acusando a ZP de haberlo generado, al despertar entre la clase política catalana unas expectativas infundadas. En cuanto a  la Memoria Histórica, de romper el consenso de la Transición, y abrir heridas ya cicatrizadas, según su versión, tras la Ley de Amnistía de de 1977. Se opusieron a la política de inmigración del Gobierno, a partir de 2005  tras un novedoso proceso de regularización de inmigrantes irregulares; y  a la extensión de derechos civiles, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. En general, la política económica y social del Gobierno socialista no recibió grandes críticas. Debió ser positiva la actuación de ZP, ya  que en  el 2008 volvió a ganar.

 

            En la segunda irrumpió una crisis económica, la más profunda en los últimos 100 años. Por la explosión de la burbuja inmobiliaria, además de factores internacionales, comenzó a incrementarse el paro, el Gobierno sorprendido por su virulencia trató de paliarlo con medidas de tipo keynesiano como el Plan de Empleo de los Ayuntamientos o las subvenciones para la compra de los coches. Acudió también al rescate del sector financiero, capital que este utilizó para sanear sus balances, poniendo muchas más trabas a los préstamos de las empresas o de los particulares. Mas el empleo seguía cayendo con una intensidad que sorprendía al Gobierno, por lo que tuvo que incrementar el gasto público para pagar las prestaciones del desempleo, en un momento que se reducían los ingresos, vía impuestos o cotizaciones. De ahí el incremento del déficit, lo que obligó  a ZP a una durísima política de ajuste en mayo de 2010  impuesta desde las instituciones del FMI, BCE, la Comisión Europea, que recayó sobre los empleados públicos, pensionistas, personas dependientes y el Tercer Mundo. Luego llegaron otra serie de reformas: del sistema financiero, laboral, negociación colectiva, de las pensiones. Estas políticas de corte neoliberal le obligaron a rectificar sus principios socialdemócratas, por lo que  se generó un traumático desconcierto en muchos de sus antiguos votantes. Los populares dirigieron toda su artillería a la “crisis económica”. Primero adujeron que ZP negaba su existencia. Luego que no tomaba medidas. Cuando las tomaba que llegaban tarde. Y cuando llegaban que no había suficiente coraje a la hora de aplicarlas. No obstante, a pesar de ponerlas en marcha, los mercados no han dado un respiro a la economía española que no remonta, por lo que al final ha claudicado. ZP ha sido devorado por la crisis económica y toda su obra política va a ser olvidada. Esta crisis económica actual, repito, la más traumática de los últimos 100 años, la mayoría de los economistas y políticos no supieron preverla- Rodrigo Rato al frente del FMI ni se enteró- ni saben cómo atajarla. La excepción la representan los dirigentes políticos del PP, ya que oyéndoles, al culpabilizar exclusivamente de la crisis a ZP, todos los españoles deberíamos pensar que de haber estado ellos en el poder no se hubiera producido. Aquí las subprime, la crisis financiera, la explosión de la burbuja inmobiliaria, el paro hubieran pasado de largo. Mas aunque la crisis hubiera llegado, no hay problema, debíamos todos estar tranquilos, especialmente los trabajadores, los pensionistas y los inmigrantes, ya que para los Rajoy,  o los Montoro, la solución era clara y fácil. Se rebajan los impuestos, se eliminan algunos ministerios, se despiden a cientos de miles de empleados públicos, se expulsan miles de inmigrantes, se reduce el déficit público, y cual bálsamo de Fierabrás los 4 o 5 millones de parados pasarán a mejor vida. No acostumbraban a dar más detalles, ni les hacía falta, tal como les iban las previsiones electorales. Y si alguno los  solicitaba, le replicaban con el argumento de que ya sacaron a España de la crisis en 1996, contraponiendo los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero con el de Aznar entre 1.996 a 2.004. González destrozó la España heredada de los gobiernos anteriores y Aznar la tuvo que recomponer; posteriormente ZP la volvió a dilapidar. Más Rajoy era la solución: las políticas económicas de 1996-2004. Tratar de poner en práctica ante la crisis económica actual las mismas medidas de antaño, es como pretender curar una enfermedad grave con una aspirina. Los tiempos son muy diferentes, por lo que las soluciones deben serlo también. Ni un solo acierto en el haber de los socialistas, ni un solo error en el suyo. Y esto lo repiten una y otra vez. Una mentira repetida mil veces, al final se convierte en una verdad.

            Los populares acusaron a ZP de no tener un Plan para salir de la crisis. Vamos a fijarnos en los sucesivos Planes que  Rajoy ha ido estableciendo en los últimos años, siguiendo algunos posibles modelos económicos a imitar. Y los ha ido modificando sobre la marcha. Antes de las elecciones de 2008 era el de la Irlanda, que crecía por encima del 4%. Cuando el milagro irlandés entró en recesión, lo olvidó. Poco después, fue el de Francia, mas cuando Sarkozy empezó a hablar de "reinventar el capitalismo", defendiendo un intervencionismo fuerte e incluso planteando un nuevo impuesto para las grandes fortunas, le dejó de interesar. Llegó el de Ángela Merkel al prometer propuestas de bajadas de impuestos en plena campaña. Cuando con la crisis griega Merkel, lejos de bajar impuestos, subió algunos le sobrevino un nuevo olvido. Apareció el de Inglaterra, pero al darse cuenta que los durísimos recortes de 500.000 funcionarios y tasas universitarias triplicadas provocaban críticas en España, empezó a citar menos a Cameron.

            Con la llegada de la campaña electoral del 20-N, Rajoy nos ha obsequiado con el “depende”, “ya veremos”, “quizás”. Mas, a veces, nos proporcionaba nuevos y sustanciosos detalles: para combatir el paro, hay que crear empleo; para crear empleo, hay que poner en práctica la política del sentido común; y la política del sentido común, es hacer lo que Dios manda. Y así con ese programa ha ganado las elecciones. Tiene bemoles.

            Y ahora estamos en las mismas, sigue sin decirnos cuáles son sus intenciones, salvo reunirse con los banqueros, todo un detalle de intenciones. Mas lo tiene muy fácil, mucho más que para llegar a la Moncloa, diga lo que diga,  haga lo que haga, que serán recortes en políticas sociales con la excusa de combatir el déficit público, la justificación no hace haber pasado por la Universidad de  Harvard para conocerla: la herencia recibida.

Publicado en Extremaduraaldía, El Independiente de Canarias, Crónicas de Lanzarote, 28 de noviembre de 2011.

En defensa de la enseñanza pública

 

 

Hace un año publique un artículo titulado ¿Interesa de verdad la educación en España?   El mismo enunciado daba por supuesta la respuesta. Hoy esta pregunta no ha perdido vigencia y la respuesta es todavía más clara, sobre todo al comprobar el ataque brutal puesto en marcha contra la enseñanza pública por algunos dirigentes populares en sus respectivas comunidades autónomas. Inició este proceso Esperanza Aguirre con unas Instrucciones enviadas a los institutos para el inicio del curso 2011-2012, en las que mediante la elevación de 2 horas lectivas se generaba una reducción media del profesorado del 12,5% en cada centro: unos 3.000 docentes menos solo en Secundaria, a los que se suman unos 500 entre Escuelas de Idiomas y Primaria.  Pronto tuvo seguidores aventajados como: Dolores de Cospedal en Castilla la Mancha, Alberto Núñez Feijóo en Galicia, y Miguel Sanz de UPN en Navarra. Los sindicatos consideran que habrá un recorte de unos 15.000 profesores en su mayoría interinos, cuando hay 165.000 alumnos más. Es decir que con menos profesores se deberán atender a más alumnos. Según los gobernantes populares no hay recorte social alguno. Para ello recurren a unos circunloquios verbales para ocultar la realidad, a los que ya nos tienen acostumbrados. Dolores de Cospedal presentó con gran parafernalia su Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos para Castilla la Mancha con el que iba a producirse un ahorro de 1.800 millones de euros, pero en ningún momento habría recortes sociales. La cuadratura del círculo. Por cierto, en Andalucía no los ha habido, ya que se ha incrementado el cupo en 200 nuevos profesores. Todo es cuestión de prioridades.

Tratan de justificar estas medidas por la necesidad imperiosa de corregir el déficit público, por lo que alardean de su profundo patriotismo. Excusas y pretextos no les faltan: la herencia recibida por el despilfarro de los socialistas, los mandatos de las instituciones de la Unión Europea, la imposibilidad de gastar más de lo que se dispone. Lo que no dicen es las ganas que le tienen a la enseñanza pública. Uno de las tesis fundamentales de la ideología neoliberal,  seguida por los populares es la animadversión visceral a todo lo público, en contraposición a una adoración incontrolada a todo lo privado. En consecuencia, hay que perseguir, desmantelar, dañar la enseñanza pública; y hay que potenciar, beneficiar y amparar a la enseñanza privada. En los Presupuestos de 2011 de la Comunidad de Madrid lo único que se incrementó en Educación fue el dinero para la educación privada-concertada, lo que supuso un total de 855 millones. En contraposición reduce el profesorado de la pública. Pero hace ya tiempo que se ha inclinado el gobierno de Esperanza Aguirre hacia la privada, al entregar suelo público para la creación de centros concertados que se reparte entre centros del Opus Dei, divididos en masculinos y femeninos por supuesto, legionarios de Cristo e incluso patronales laicas, y que puede incluso contemplar la creación de algún centro público próximo para albergar a la población escolar indeseada en dichos centros. Esta idolatría hacia la enseñanza privada está justificada por motivos económicos al haber mucho negocio detrás y por motivos ideológicos. La derecha española, nada laica y sí muy confesional  por  vocación, ha apoyado siempre a la escuela privada confesional entre otras razones porque también ha recibido y recibe el apoyo ideológico de esta, donde se adoctrinan a los alumnos de acuerdo con el neoconservadurismo de la derecha española en un determinado conjunto de valores  con una visión tradicional de la religión, familia, patria, etc. Aquellos que hemos impartido clases en centros privados y públicos conocemos cuán diferente es la educación impartida a la hora de transmitir todo un conjunto de valores políticos, éticos o morales en un instituto o colegio público que en un centro privado confesionalmente católico. Mientras que  la selección del profesorado público es mucho más transparente, al ser realizada en unas oposiciones competitivas, en los centros privados es la dirección quien la realiza con criterios arbitrarios: el haber sido antiguo alumno, la amistad de algún miembro del APA o la pertenencia a algún colectivo determinado. Esta circunstancia mediatiza la libertad del profesorado. Esta situación la tuvo muy clara Manuel Azaña en su discurso pronunciado en las Cortes el 13 de octubre de 1931 sobre el debate del artículo 26 de la Constitución republicana “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregando a las ordenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la  verdadera defensa de la República”.

En definitiva la derecha española, salvo para las razones expuestas, ha mostrado poco interés por la cuestión educativa y mucho menos por la enseñanza pública a lo largo de nuestra historia. Muy diferente ha sido la actuación de la izquierda. De ello hay contundentes ejemplos. En tiempos de la II República época tan poco valorada por los populares, en el bienio 1931-1933 se crearon 13.580 plazas de maestros, en 1934-35, 2.575, y en los meses del Frente Popular 5.300; además de subirles el sueldo en un 50% y proporcionarles una mejor formación. Se crearon 12.862 escuelas nuevas. Las campañas para enseñar a leer y escribir a millones de personas no tenían precedente en nuestra historia.

En la época franquista este proceso se paralizó. Entre 1939-1951  apenas se crearon escuelas públicas de primaria, debiendo esperar hasta 1956 para un plan quinquenal de escuelas públicas, fecha en la que había un déficit de 1.680.000 puestos escolares, es decir, se necesitaban crear 42.000 aulas para escolarizar a toda la población infantil. En secundaria, entre septiembre y octubre de 1937 se cerraron 52 institutos. En 1939 había 113 institutos y 119 en 1960. En 1946 centros de enseñanza secundaria, en su mayoría confesionales, eran 802, y en 1960 ascendían a 1.248.

En el largo período socialista de 1982 a 1996 se alcanzó la escolarización total hasta los 16 años con un crecimiento espectacular de construcciones escolares, dotación del profesorado y una política de conciertos en un proceso iniciado con los gobiernos de la Transición a partir de 1976.

No deja de sorprenderme la pasividad y también el asentimiento de amplios sectores de la sociedad ante estas políticas tan traumáticas para la enseñanza pública, cuyo desmantelamiento acarrearía graves e irreparables daños para la sociedad española. La enseñanza pública es mucho más  integradora, al convivir en ella todas las clases y grupos sociales. Es más intercultural ya que en ella aparecen gentes de todas las nacionalidades con una pluralidad de religiones, lenguas y etnias  Es más laica al ser una escuela que acepta el hecho del pluralismo religioso, filosófico, ideológico, político y moral de la sociedad,  ya que rechaza el proselitismo y el adoctrinamiento a favor de una religión particular, de un sistema filosófico, de una opción política, ideológica o moral. Es más participativa y democrática, ya que es el mejor modelo para la transmisión de los valores democráticos en los que se asienta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Es más igualitaria, ya que a ella asisten alumnos sin distinción de clase ni  de procedencia socio-económica. Es por ello, la enseñanza pública uno de los ejes básicos de vertebración de una sociedad.

 Lo afirmado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga hace ya seis años en la relatoría  del Seminario organizado con el título "Estado, educación y escuela pública" sigue teniendo validez: “Los sistemas educativos públicos bien podrían seguir siendo una palanca, en los Estados que decidan utilizarla, para reducir los riesgos de la creciente desigualdad y exclusión social, para favorecer el sentimiento de identidad colectiva múltiple, fomentar una lealtad plural a diversas comunidades que conviven en un mismo territorio, y promover la mezcla positiva de diversas culturas”.

 

Cándido Marquesán Millán