El señuelo del "Repago"

 

 

Mientras que la socialdemocracia transita extraviada, los populares tienen una hoja de ruta muy clara. Podemos constatarlo en la presentación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013 por su presidente Ignacio González. Se destinarán a sanidad 7.108 millones, un 45% del gasto total (17.048, un 7,7% menos que en 2012), lo que significa un descenso del 4,9% en la cantidad destinada a la cartera sanitaria. A pesar de los recortes en uno de los pilares básicos del Estado bienestar, González definió los presupuestos de “solidarios, responsables y adaptados a la realidad”.  Los  populares tergiversan todo con gran facilidad. No tienen problema alguno en denominar  a lo blanco negro y a la inversa.

La implantación del “copago”, sin diferenciación de renta, de un euro por receta, “no tiene un propósito recaudatorio, sino disuasorio, ya que los madrileños, según González, acumulan “45 millones de medicamentos en sus casas”;  y que “ya se aplica en Cataluña”. Esta medida muy injusta, sobre la que me extenderé más adelante, le sirve como señuelo para ocultar una auténtica revolución sanitaria “Vamos a externalizar  (no habla de privatizar) la actividad sanitaria en seis hospitales y el 10% de los centros de salud,  “porque la gestión privada es mucho más eficaz que la pública”. Tal afirmación es un dogma. Al respecto, no existe estudio científico alguno que la justifique. La OMS señala que la sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y de más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

 

Joan Benach, Gemma Tarafa, Carles Muntaner y Clara Valverde profesores e investigadores  de Salud Pública y miembros  del Grupo  de Investigación en Desigualdades  de Salud de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, en su  libro La Sanidad está en venta, clarifican qué hay detrás del susodicho “copago sanitario”, aunque lo llaman “repago”.

 

Las ventajas aducidas para justificar la necesidad del repago tienen que ver con la economía y la disuasión sanitaria. Se dice que si las personas enfermas pagan directamente parte de los servicios o productos consumidos, se reducirá el uso excesivo de éstos, y se ahorrarán recursos para ayudar a financiar una sanidad pública que, se dice, es “insostenible”. Muchos estudios muestran que el repago reduce el uso de servicios sanitarios, en visitas médicas, prescripciones farmacéuticas, admisiones hospitalarias o servicios preventivos, aunque  reduce visitas médicas necesarias, que perjudican a la población necesitada de atención, e incrementan la hospitalización por la mayor gravedad de los pacientes cuando finalmente acuden al médico. La evidencia apunta a que el repago en el resultado final económico es cuando menos incierto. En cuanto a la “insostenibilidad”, hay que decir que España gasta menos en sanidad que la media de la Unión Europea (UE-15) e incluso de la OCDE.

 

En el caso de la “disuasión sanitaria”, se señala que obtener servicios “gratuitos” (aunque pagados vía impuestos) induce a un mayor consumo o “abuso” del sistema sanitario y con el repago se modera su demanda. Este razonamiento hay que matizarlo. Es cierto que en España  la frecuencia de visitas anuales al médico per capita (7,5 en 2009) es bastante alta en el contexto de la UE, pero muchas son por necesidades administrativas o realizadas por otros profesionales sanitarios, aunque puede ser saludable en términos de prevención y seguimiento, dada la buena salud de la población española en el contexto europeo. Puede haber un exceso de “consumo”, aunque no cabe necesariamente imputarlo a la responsabilidad individual. “Culpabilizar” al enfermo diluye la responsabilidad de las autoridades sanitarias y de los profesionales sanitarios, ya que son ellos quienes al menos en parte generan el exceso de visitas. Además ha habido décadas de un modelo sanitario configurado por las autoridades políticas y la industria farmacéutica, centrado en la “farmacodependencia”, con un gasto farmacéutico excesivo (18.000 millones de euros en 2010, el 30% del gasto público sanitario) y un bajo consumo de genéricos.

Lo que sí parece cierto es que el repago según estudios tiene efectos negativos sobre la equidad, ya que obstaculiza y discrimina el acceso a los servicios sanitarios a los grupos socioeconómicos con menos recursos: inmigrantes, población infantil, personas de edad avanzada y con discapacidad, y enfermos crónicos.

 

A pesar de lo expuesto, ¿por qué ese interés en su implantación o ampliación? No son motivos “técnicos” sino políticos.  El debate sobre el repago tiene varias finalidades: mercantilizar la atención sanitaria convirtiéndola en una mercancía más en lugar de un derecho, deteriorar la gestión y la imagen del sistema sanitario público, “culpabilizar al enfermo” en lugar de a las autoridades políticas y a los poderes económicos, y tapar o minimizar temas fundamentales, como son la subfinanciación de la sanidad pública y la privatización de la sanidad. El repago forma parte de un conjunto de acciones generadas por determinados medios económicos y políticos para dañar los servicios sanitarios públicos y así potenciar su privatización, lo que es un gran negocio para el capital y más en un momento de crisis económica.

 

Termino con un aviso a navegantes, extraído de una Pancarta del 15-M: ¿Cómo explicarás a tus nietos que cuando nos robaron la salud pública tú no hiciste nada para impedirlo?

 

Cándido Marquesán Millán