Blogia
dorondon

En manos de auténticos desalmados

                       

Cada vez estoy más convencido de que el 15-M ha sido la bocanada de aire fresco más importante que ha llegado a nuestro sistema político desde la instauración de la democracia. Como no podía ser de otra manera ha sido criminalizado desde la mayoría de los medios de comunicación, al servicio incondicional del poder político y económico dominante. También se le ha acusado de no presentar programa alternativo alguno. Quiero responder a esta última crítica con argumentos contundentes.  Una de las cuestiones planteadas a nivel programático por el 15-M, además de otras muchas como reforma de la ley electoral, la implantación de la Renta Básica, ha sido plantear con claridad meridiana la  problemática de la “deuda odiosa” del Estado español, tema fundamental para tratar de salir de una manera justa y equitativa de esta crisis económica que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de los españoles. Nuestro ínclito presidente nos dice que la deuda pública supera la cifra de los 900.000 millones de euros, y que no podemos gastar más de lo que ingresamos, tal como ocurre en una economía familiar, y que, por tanto, no tenemos otra opción que llevar a la práctica una serie de ajustes fiscales, que no le gustan, para que al final se produzca el crecimiento económico y así se pueda generar empleo. Es el pensamiento único. Buscan chivos expiatorios de la deuda: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, las embajadas catalanas, etc.  Quien tiene el atrevimiento de cuestionarlo es acusado de locura y de estar fuera de la realidad terrenal. Vale, D. Mariano, voy a realizar un esfuerzo para creerle. Mas, supongo que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con el incremento de nuestros impuestos, recortes de nuestros salarios  y de nuestras prestaciones del Estado de bienestar, entre otros sacrificios, tenemos derecho -¡qué menos!- a conocer el origen de esta deuda. Debemos saber por qué, para qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. En definitiva, una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos, no vale una comisión parlamentaria, porque ya conocemos su funcionamiento. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para escudriñar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminado ese proceso. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Se basó en algunos precedentes del siglo XIX, el rechazo por parte del Estado mexicano de la deuda contraída por el emperador Maximiliano I, y el de EEUU, una vez que se anexionó la isla, de los débitos asumidos por Cuba siendo colonia española.  Obviamente en estricta justicia, el Estado español, es decir todos los españoles estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. A estos auténticos desalmados,  se les podía inculpar de haber cometido un crimen contra la humanidad, como es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de no pago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para todos los ecuatorianos. Es lo que se está intentando en Grecia, tal como nos relata el documental "Debtocracy" (Deudocracia), de los periodistas Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou sobre la crisis del país heleno. Los principales actores (alrededor de 200 personalidades) firman una demanda para que se establezca un comité de auditoría internacional, cuyo fin sería determinar los motivos de la generación de una deuda soberana y condenar a sus responsables. Se habla de Golman Sach, de los sobornos de Siemens al gobierno, de los gastos sin control en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, de la compra actual de armas a Francia y Alemania.  Grecia tiene todo el derecho a negarse a reembolsar su "deuda injustificada", es decir, la deuda constituida por actos de corrupción contra el interés de la sociedad. Hay culpables: "En cerca de 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos grandes empresarios han llevado a Grecia a la quiebra. Han dejado de pagar a los ciudadanos para salvar a sus acreedores". ¿Qué motivos tienen los dos grandes partidos para no hacer lo mismo en España? Tienen trabajo. Si investigarán entre otros: Programas Especiales de Armamento (PEA) que alcanzan 40.000 millones de gasto; el salvamento a las entidades financieras; los sobrecostos de las empresas constructoras del AVE; derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros las eléctricas, la exención del IBI y sus subvenciones a la iglesia católica, la financiación de los viajes del Papa, los aeropuertos de Castellón y de Ciudad Real, etc. Seguro que se podría rebajar el costo de la deuda, y por ello serían innecesarios los recortes tan injustos que estamos soportando los españoles con excesiva mansedumbre, por lo que Susan George acaba de decir que “los  españoles somos ratas de laboratorio para ver cuánto castigo soportamos sin rebelarnos.”

Cándido Marquesán Millán

 

1 comentario

Pascual -

La cosa esta muy clara y tu lo explicas meridianamente, pero no nos hagamos ilusiones, nuestros dirigentes políticos no van a cambiar les va bien asi, son unos completos incompetentes que en la pequeña y mediana empresa no durarián ni una semana, los echarian por incompetentes.
Pero las elecciones se van sucediendo por las diferentes comunidades y curiosamente, salen los mismos, los que bien en gobierno o en oposición llevan toda la vida.
La democracia fracasa si los elegidos no son honrados y competentes, pero los ciudadanos antes de meter el papelico también tenemos la obligación de entrarnos y votar con responsabilidad, no con miedo ni por tradición.