El 15-M Sí QUE TIENE PROGRAMA, ¡VAYA QUE SÍ LO TIENE!

 

El 15-M SÍ QUE TIENE PROGRAMA, ¡VAYA QUE SÍ LO TIENE!

 

Cada vez estoy más convencido de que el 15-M ha sido la bocanada de aire fresco más importante que ha irrumpido en nuestro sistema político desde la instauración de la democracia. En una reciente entrevista  Javier Cercas señalaba que “El 15-M le parecía lo más saludable que ha pasado en este país en los últimos años”.  Con independencia de la evolución que siga este movimiento, su aportación es ya incuestionable. Esos jóvenes y menos jóvenes han puesto de actualidad determinados problemas políticos que estaban soterrados en nuestro país: reforma del sistema electoral, liberar  la política de la economía, una democracia más participativa, democracia interna en los partidos políticos, erradicación de la corrupción para recuperar la ejemplaridad de la clase política, mantenimiento del Estado de bienestar para luchar contra la exclusión y la desigualdad, reforma fiscal progresiva, una auténtica y efectiva separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, revisión de la Jefatura del Estado, la dación para saldar la deuda de la hipoteca, la implantación de la Renta Básica, la  deuda odiosa etc.

Como no podía ser de otra manera ha sido criminalizado desde la mayoría de los medios de comunicación, al servicio incondicional del poder político y económico dominante. También se le ha acusado de no presentar programa alternativo alguno.   Vaya que si lo tienen, otra cosa es que no interesen sus propuestas. Y de cuestionar nuestro sistema democrático, por ser antisistema. Me parece muy oportuna la reflexión de Boaventura De Sousa Santos  “Las nuevas movilizaciones y militancias políticas por causas históricamente pertenecientes a las izquierdas se están realizando sin ninguna referencia a ellas (con excepción, tal vez, de la tradición anarquista) e incluso, muchas veces, en oposición a ellas. Esto no puede dejar de suscitar una profunda reflexión. ¿Se están haciendo esta reflexión? Tengo razones para creer que no y la prueba de ello está en los intentos de captar, educar, minimizar o ignorar a la nueva militancia.”

Estimo que si las instituciones políticas existentes no sirven para dar respuesta a las aspiraciones de amplios sectores de la ciudadanía, es necesario reformarlas o crear otras. ¿Para qué sirve el Senado? Hasta que esto ocurra, es legítimo y democrático actuar pacíficamente al margen de ellas en la calle. Una sociedad democráticamente sana puede y debe mostrar su protesta y su indignación en la calle. Cuando la gente pacíficamente toma la calle, para hacerse oír, es porque quiere cambiar las políticas públicas. Y esta actuación es otra forma de democracia; la democracia de movilización que está cuestionando, sin querer suprimirla, la democracia representativa de los gobiernos, parlamentos y partidos políticos. Así lo hace el 15-M, manifestándose pacíficamente y en pro de más democracia, por lo que no debería ser criminalizado por los poderes públicos, planteando una reforma del Código Penal. Como ha escrito Luis I. Sandoval "Para Eric Hobsbawm 'las marchas callejeras son votos con los pies que equivalen a los votos que depositamos en las urnas con las manos'. Y es así, porque los que se manifiestan eligen una opción, protestan contra algo y proponen alternativas. La acción colectiva en la calle, como acto de multitud o de construcción de un discurso, expresa una diferencia u oposición, muestra una identidad, y se transforma de lo particular a algo más general y cuando se mantiene en el tiempo se convierte en un movimiento social. La historia nos enseña que si en la sociedad democrática no se produjeran estas oleadas de movilización por causas justas no habría democratización, es decir, no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos reconocidos constitucionalmente, ni la fuerza e imaginación para crear otros nuevos". Todo esto les resulta difícil de entender a nuestros representantes políticos. Con frecuencia, las sociedades se incomodan con los movimientos y aún los consideran peligrosos y nocivos. Solo cuando triunfan reconocen sus bondades e integran sus conquistas a la cultura e institucionalidad vigentes. Ardua tarea, a veces se necesitan siglos para alcanzar algunos derechos: jornada laboral de 8 horas, descanso dominical, sufragio universal, igualdad entre hombre mujer. Y ahora los dos partidos, profundamente compungidos y sensibilizados por la problemática de las personas desahuciadas, se prestan a aprobar una norma. Me viene a la memoria que siendo ministro de Fomento, José Blanco, dijo  "Aceptar la dación de viviendas en pago de las hipotecas pondría en dificultades el sistema financiero”.  En definitiva, con movilizaciones se han civilizado y avanzado las sociedades que hoy conocemos como modernas y democráticas. Para Boaventura de Sousa Santos "Los momentos más creativos de la democracia rara vez ocurrieron en las sedes de los parlamentos". Ocurrieron en las calles, donde los ciudadanos indignados forzaron los cambios de régimen o la ampliación de las agendas políticas.

  No obstante la historia además de una repetición supone una enseñanza. Ahora mismo acabo de leer el discurso que Manuel Azaña pronunció un 11 de septiembre de 1911, titulado “El problema español” en la Casa del Pueblo de su ciudad natal Alcalá de Henares, y del que me han impresionado algunos de sus fragmentos por su vigente actualidad, como si algunos de los problemas de esta nuestra querida España continuaran siendo los mismos. Azaña apela al pueblo español para que reaccione y salga del sopor en el que parece haber caído con estas palabras que podrían ser leídas hoy mismo en la Puerta del Sol: “Además nos impulsa otro sentimiento: nos impulsa la indignación. ¿Vosotros no la sentís? ¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames? ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia? En nuestro museo han entrado unos pícaros y la dalmática más espléndida, recamada por una historia ilustre, la van deshilachando para remendarse los calzones”. Una de las peticiones de los indignados es la de regenerar, revitalizar y darle nuevos bríos a nuestro democracia, que se ha quedado oxidada tras estos 30 años de un ejercicio autocomplaciente, como si fuera suficiente con votar cada 4 años. Por ello, otras palabras de Azaña tienen plena vigencia hoy: “En lo político necesitamos, como una condición indispensable, la revisión de todas las instituciones democráticas en nombre de su principio de origen, limpiándolas, purificándolas de todos los falsos valores que sobre ella se han creado…¿Democracia hemos dicho? Pues democracia. No caeremos en la ridícula aprensión de tenerla miedo: restaurémosla, o mejor, implantémosla, arrancando de sus esenciales formas todas las excrecencias que la desfiguren”. Todo ciudadano medianamente informado conoce cuáles son esas excrecencias que deberían ser eliminadas para dar nueva vida a nuestra democracia.

Me referiré en este artículo a algunas de las cuestiones planteadas por el 15-M. Es imprescindible una reforma profunda del funcionamiento de los partidos políticos, al ser instituciones básicas de nuestro sistema democrático. Conviene hacer algo de historia sobre ellos. La Constitución de 1978 en su artículo 6 les dio un gran protagonismo, explicable por el desprestigio que sobre ellos infundió la dictadura. Se convirtió en norma que tras la II Guerra Mundial se constitucionalizaran los partidos, como en la italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o la francesa de 1948. Sea bien recibido tal reconocimiento del que los políticos han hecho un mal uso. Hoy los partidos incumplen nuestro texto constitucional, ya que ni expresan el pluralismo político, ni concurren a la formación de la voluntad popular ni son instrumento fundamental para la participación política, tal como estamos constatando con las manifestaciones masivas en las calles. Y en cuanto a que la creación y el ejercicio de su actividad tendrán que ser libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", también se incumple por el aparato de los partidos, pues son sus dirigentes, quienes toman las decisiones marginando a las bases. El aparato, la excesiva burocracia interna, la lucha a muerte por el poder, y el culto a la alabanza y la sumisión, son absolutamente incompatibles con la opinión, la saludable discrepancia y el debate transparente. Por ello, la renovación de ideas y personas es imposible. Y no lo es porque sus dirigentes tienen auténtico pavor a la "democracia", es decir, al debate de ideas, a permitir las discrepancias. Sorprende la pasividad de muchos de sus militantes. Lo que estoy diciendo es lo que todo el mundo piensa y pocos de los militantes se atreven a decir. Lamentablemente esta es la deriva por la que caminan todos los partidos. Esta situación ya viene de lejos, ya nos lo señaló Robert Michels en su conocida "ley de hierro de la oligarquía" en 1911 en su libro, basado en la dinámica institucional de Partido Socialdemócrata alemán (SPD), Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas en la democracia moderna. La tesis fundamental es que no es posible la lucha obrera sin organización, pero que esta trae consigo especialización de funciones, división del trabajo, y con ellas, burocracia, jerarquía y el gobierno crecientemente oligárquico de una cúpula cada vez menos sometida al control de las bases. Expone cómo y por qué mecanismos los dirigentes políticos del partido tienden a integrarse en el sistema social y económico vigente, en contra de la opinión mayoritaria de las bases; cómo se perpetúan y se reproducen por cooptación; y cómo, finalmente, los de abajo que aspiran a llegar arriba establecen un relación clientelar con los dirigentes. La conclusión es desoladora, ya que si en el partido de vocación más democrática, como el SPD alemán, se cumple esta "ley de hierro de las oligarquías", entonces tiene que suceder con más intensidad en el resto de partidos. Por ello, la obra de Michels debería ser de obligada lectura para los dirigentes de nuestra clase política. El sistema político actual  se parece cada vez más al régimen político de la Restauración (1876-1931), diseñado por Cánovas del Castillo con la Constitución de 1876, el turnismo de los 2  partidos políticos, el conservador y el liberal. La auténtica Constitución era como señalaba el gran Joaquín Costa, la oligarquía y el caciquismo. En el libro España en sus ocasiones perdidas y la Democracia mejorable, el catedrático Manuel Rámirez cita unas palabras de Ortega y Gasset, de uno de sus más famosos discursos: “La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos Ministerios de alucinación». También incorpora las palabras de Salvador de Madariaga: “Al pintarla como de alucinación, Ortega la ennoblecía. Fue una era de tramoya y bastidores, de máscaras y barbas postizas, de teatro en sí, además de ser teatral; una época que pretendía ser lo que no era y simulaba creer lo que decía, a sabiendas de que no era lo que aparentaba ser ni creía en lo que decía”.  Por ello, que en España estamos atravesando a nivel político un momento crítico es una obviedad. Hay diferentes razones. Una de ellas es la corrupción. Por desgracia ya no es noticia en este nuestro querido país que un político se vea incurso en delitos de corrupción. Como es algo ya tan cotidiano, los directores de los medios de comunicación deberían ir pensando en establecer una sección específica, bajo el epígrafe Corrupción, igual que existen otras como Deportes o Internacional.

En tiempos de la Dictadura de Franco casos de corrupción también los hubo, aunque no se conocían. Ahora desde la instauración de la democracia han irrumpido otros muchos: Filesa, Roldan, Naseiro, Gurtel….,. Todos ellos me producen un sentimiento de asco, ganas de vomitar, y también algunas reflexiones, que paso a exponer a continuación. Algunos de ellos han llamado especialmente la atención. El del Ayuntamiento de Marbella, donde el asesor urbanístico Juan Antonio Roca acumuló palacios espectaculares, cuadras de caballos de pura sangre, cuadros de famosos  pintores, coches lujosísimos, etc; sacas de dinero en casa de una teniente alcalde; chales edificados con materiales de los almacenes municipales. Y el de la alcaldesa de La Muela, que usaba un reloj suizo, un hublot, con un valor de unos 4.500 euros; bolsos de Loewe y complementos de marcas lujosas: Dolce&Galbana, Carolina Herrera o Prada. Y el de un exministro y expresidente de una comunidad autónoma que compró una casa palacio del siglo XVI, con diseños de Starck, Capellini o Cassina, con un grabado de Miró y esculturas y telas de artistas, de los que su Gobierno adquirió obras para colecciones públicas; en cuya reforma y decoración, muchos pagos fueron opacos: 55.000 euros para el aparejador; 50.000 para el electricista y el técnico del aire acondicionado; 55.000 para el carpintero; en 8 televisores se gastó 40.000 euros, y 20.000 en el pintor; para la cocina se destinaron 35.000 euros, y en menaje doméstico se gastaron 100.000 más; el control de luces 7.000, y 4.000 los 7 teléfonos que tiene la casa; y como colofón la escobilla del retrete con un valor de 375 euros. Si las heces estaban al mismo nivel que la escobilla, serían áureas. ¡Vaya ejemplo para la ciudadanía, el comportamiento de alguien que ha sido ministro y presidente de una comunidad autónoma! Dan ganas de exiliarse.

Que se haya llegado a esta situación, todos somos culpables. Obviamente los principales son los jetas, los caraduras, que se han dedicado y se dedican a saquear las arcas públicas para su beneficio particular. Robar dinero público es de extrema gravedad, todavía más si tenemos en cuenta las numerosas y cuantiosas necesidades que están todavía sin cubrir en España: asistencia médica, pensiones, educación, desarrrollo de la Ley de Dependencia, prestaciones de desempleo, infraestructuras…La Administración por no haber querido, sabido o podido crear los mecanismos de control adecuados para evitar tales latrocinios por parte de determinados representantes públicos, que muchos hemos observado en plena luz del día en nuestros pueblos y ciudades. ¡Qué fácil ha resultado y resulta desviar dineros públicos a cuentas particulares! También se deberían llevar a cabo las reformas legales pertinentes, para que una vez constatado el delito y tras un juicio justo, ser implacable, para que los bienes usurpados fueran devueltos al erario público. Esta muy extendida entre la ciudadanía la creencia de que en esta país, no se persiguen de igual modo los grandes delitos económicos que los diminutos de de cualquier trabajador.

Los partidos políticos tendrían que ser más escrupulosos a la hora de seleccionar para sus listas electorales a determinados individuos, como también el ser contundentes y borrarlos de ellas a aquellos incursos en delitos de corrupción. Tampoco deberían usar la corrupción como arma arrojadiza, y regocijarse cuando aparecen casos en el partido contrincante. Tales comportamientos para lo único que sirven es para generar cada vez más una gran desconfianza entre la ciudadanía, produciendo un grave daño a nuestro reciente sistema democrático. Y por último si redujeran los cuantiosos gastos en las campañas electorales, no tendrían que recurrir a la financiación ilegal.

Igualmente tampoco estamos libres de culpa los ciudadanos, ya que frecuentemente nuestro sensibilidad hacia el político corrupto depende de nuestras filias o fobias políticas, sin que tenga la corrupción un reflejo adecuado en los procesos electorales. Esta última circunstancia la hemos contemplado en repetidas ocasiones, ya que políticos incursos en tales delitos, no sólo no son castigados electoralmente, es que salen reforzados. Tal como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y municipales de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Mala práctica es creer que si aparece un caso de corrupción en nuestro partido político, se debe a una confabulación del partido contrario. Todos debemos tener el suficiente coraje para condenar contundentemente esta lacra, venga de donde venga. No hacerlo, entiendo que es una prueba incuestionable de que esta sociedad nuestra carece de unos referentes éticos claros. Por lo que estamos observando, los escrúpulos morales pertenecen a épocas pretéritas. Un caso del pasado nos podría servir de contundente ejemplo, expuesto por Julián Casanova. Una trama de corrupción y sobornos, el escándalo del straperlo, acabó en 1935 con la vida política de Alejandro Lerroux, el viejo dirigente republicano del Partido Radical que presidía entonces el Gobierno. Los ministros radicales tuvieron que dimitir y cayeron muchos cargos provinciales y locales del partido. Todavía más, en las elecciones  de febrero de 1936, el Partido Radical, que había gobernado de septiembre de 1933 hasta finales de 1935, se hundió estrepitosamente en las elecciones. Quedó reducido a cuatro diputados, noventa y nueve menos que en 1933.  Lerroux ni siquiera salió elegido en la lista. Todo un buen ejercicio de ciudadanía responsable. Toda una lección de nuestros antepasados. Y eso que en aquellas fechas la mitad de los españoles eran analfabetos. Tendrían carencias educativas, pero lo que tenían muy claro era la importancia de determinados valores. Uno de ellos era la intolerancia hacia los casos de corrupción. En cambio, los españoles de hoy con los mayores niveles de cultura y de vida  de toda la historia tenemos otras carencias no menos importantes.

 Consecuencia de la corrupción es la carencia de ejemplaridad de nuestra clase política, que prescinde de cualquier planteamiento ético a la hora de tomar sus decisiones. De un extraordinario libro, Ejemplaridad pública, del filósofo de Javier Gomá, expongo alguno de sus contenidos. Toda vida humana es ejemplo y, por ello, sobre ella recae un imperativo de ejemplaridad: obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable en tu ámbito de influencia, generando un impacto civilizatorio. Este imperativo es muy importante en la familia, en la escuela, y sobre todo, en la actividad política, ya que el ejemplo de sus dirigentes sirve, si es positivo, para cohesionar la sociedad, y si es negativo, para fragmentarla y atomizarla. El espacio público está cimentado en la ejemplaridad. Podría decirse que la política es el arte de ejemplificar. Las instituciones públicas han sido conscientes o deberían serlo del efecto multiplicador para potenciar la convivencia de determinados modelos. Los políticos, sus mismas personas y sus vidas, son, lo quieran o no, ejemplos de una gran influencia social. Como autores de las fuentes escritas de Derecho-a través de las leyes- ejercen un dominio muy amplio sobre nuestras libertades, derechos y patrimonio. Y como son muy importantes para nuestras vidas, atraen sobre ellos la atención de los gobernados y se convierten en personajes públicos. Por ello, sus actos no quedan reducidos al ámbito de su vida privada. Merced a los medios de comunicación de masas se propicia el conocimiento de sus modos de vida y, por ende, la trascendencia de su ejemplo, que puede servir de paradigma moral para los ciudadanos. Los políticos dan el tono a la sociedad, crean pautas de comportamiento y suscitan hábitos colectivos. Por ello, pesa sobre ellos un plus de responsabilidad. A diferencia de los demás ciudadanos, que pueden hacer lícitamente todo aquello que no esté prohibido por las leyes, a ellos se les exige que observen, respeten y que no contradigan un conjunto de valores estimados por la sociedad a la que dicen servir. No es suficiente con que cumplan las leyes, han de ser ejemplares. Si los políticos lo fueran, serían necesarias muy pocas leyes, porque las mores cívicas que dimanarían de su ejemplo, haría innecesaria la imposición por la fuerza de aquello que la mayoría de ciudadanos estarían haciendo ya con agrado. Saint-Just ante la Convención revolucionaria denunció "Se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos", circunstancia que no ha cambiado sustancialmente en la actualidad. Con la democracia liberal, se acrecienta todavía más la necesidad de la ejemplaridad del profesional de la política. Además de responder ante la ley, es responsable ante quien le eligió. Frecuentemente, observamos que un político sin haber cometido nada ilícito se hace reprochable ante la ciudadanía, por lo que debe dimitir y se hace inelegible, al haber perdido la confianza de sus electores. Mas la confianza no se compra, no se impone: la confianza se inspira. Mas, ¿qué es una persona fiable? La confianza surge de una ejemplaridad personal, o lo que es lo mismo, la excelencia moral, el concepto de honestum. Cicerón en su tratado Sobre los deberes, nos lo define como un conjunto de cuatro virtudes: sabiduría, magnanimidad, justicia y decorum (esta última es la uniformidad de toda la vida y de cada uno de sus actos). Es evidente hoy que esta ciceroniana uniformidad de vida, incluyendo la rectitud en la vida privada, es determinante en la generación de confianza ciudadana hacia los políticos. Frente a ese político ideal que genera la confianza de la ciudadanía, existen comportamientos políticos que producen el sentimiento contrario. Véase, los manifestados recientemente por aquellos políticos que jaleaban con estruendosos aplausos los mayores recortes de nuestra democracia. E incluso, alguno de ellos, cuando se dio a conocer la reducción de las prestaciones del desempleo, añadió "que se jodan"; u otro que al anunciarse la eliminación de la paga de Navidad de los empleados públicos, gritó con auténtico frenesí "¡a trabajar!". Regocijarse ante la desgracia ajena, esto es sadismo o crueldad. Tampoco deberían sorprendernos tales comportamientos, ya que como señaló Azaña en un discurso pronunciado el 21 de abril de 1934  en la Sociedad del Sitio de Bilbao, titulado  Un Quijote sin celada, y los estamos constatando día tras día, muchos acuden a la política no para realizar un servicio a la comunidad, sino para otros fines menos altruistas: el deseo de medrar, el instinto adquisitivo, el gusto de lucirse, el afán de mando, la necesidad de vivir como se pueda y hasta un cierto donjuanismo. Mas, estos móviles no son los auténticos de la verdadera acción política. Los auténticos son la percepción de la continuidad histórica, de la duración, es la observación directa y personal del ambiente que nos circunda, observación respaldada por el sentimiento de justicia, que es el gran motor de todas las innovaciones de las sociedades humanas. Ni que decir tiene que los recortes aprobados por el gobierno de Rajoy, faltando a su palabra y el que falta a su palabra a más ya no puede faltar, no están respaldados por el sentimiento de la justicia.

Estamos constatando también en España la extensión e incremento por doquier de la desigualdad y la exclusión. Tales situaciones son consustanciales con el régimen capitalista y más todavía en su versión neoliberal, aunque este, a veces, ha tratado de establecer mecanismos para controlarlas o limitarlas y así no alcancen situaciones extremas, que puedan alterar gravemente la convivencia, como hizo en Europa occidental la socialdemocracia y el Estado de bienestar, su forma política. Hecho que no fue una concesión del capitalismo, fue producto de luchas sociales que impusieron al Estado políticas redistributivas y formas menos extremas de exclusión. Con la crisis de la socialdemocracia y del Estado del bienestar, la desigualdad y la exclusión se acrecientan por lo que las tareas redistributivas son hoy más urgentes que nunca, por ello no parece conveniente prescindir del Estado para desempeñar en ellas un papel clave. Es cierto que el capital y algunas fuerzas políticas hablan de la crisis irreversible del bienestar, únicamente para destruir lo que de él queda y para sustituir el Estado keynesiano, con su énfasis en la gestión centralizada, en el pleno empleo, en la redistribución y en la primacía de la política social, por un Estado schumpeteriano, menos centralizado y menos monopolista, preocupado por la innovación y la competitividad, primando la política económica sobre la social. Sin embargo, los trabajadores, los grandes perdedores de la economía de hoy, y las fuerzas progresistas deberían proponer la reinvención del Estado del bienestar, para realizar más y mejor las políticas redistributivas que han sido su marca. Parecen pertinentes a tal fin las ideas preconizadas por Boaventura de Sousa Santos, ejemplo de intelectual progresista comprometido, frente a otros, la gran mayoría, que adoptan posiciones de un apoliticismo cercano al nihilismo, lo que propicia el acceso de la derecha al poder, como señala Manuel Rico. Si antes el derecho al trabajo fue el criterio de redistribución social, ahora, el trabajo debe ser el mismo objeto de redistribución social: del derecho del trabajo al derecho al trabajo. Pero no puede reducirse a las áreas sociales no competitivas con el mercado laboral capitalista, sino que debe penetrar en el corazón de este. Para ser redistributivo, tiene que cobijar el derecho al reparto del trabajo. Una reducción drástica del horario de trabajo sin reducción del salario debe estar en el centro de las políticas redistributivas del nuevo Estado del bienestar y ser un objetivo central de las fuerzas que luchan por él, principalmente el movimiento sindical. El reparto del trabajo capitalista no posibilita el pleno empleo, debido a la discrepancia entre el aumento de la productividad y la creación de empleo. En este caso, el reparto del trabajo, con la reducción drástica del horario, se debe complementar con la creación de trabajo social en el sector social de proximidad.

Cuando hoy se habla de la crisis del Estado del bienestar, se asume que la solución está en privatizar los servicios de educación y salud para entregarlos al mercado. No está probado que su privatización suponga, como regla, ahorro alguno al Estado, pues este tiene que seguir participando conjuntamente en la adquisición de servicios producidos en el mercado. Es un mito pretender sustituir la ineficiencia del Estado por la eficiencia del mercado, ya que este último, al no funcionar sino en conjunción con el Estado, absorbe la ineficiencia estatal, la suma a la suya y multiplica ambas con la corrupción y los lucros especulativos. Por el contrario, la reinvención progresista del Estado de bienestar debe otorgar un lugar importante a la regulación comunitaria, al sector privado no lucrativo. Los sindicatos deben asumir un nuevo papel en la producción de la providencia societaria, parecido al que asumieron en los inicios del movimiento obrero organizado, en la época del mutualismo, de los seguros, escuelas, hospitales y vacaciones obreras. Y los movimientos populares deben reivindicar su integración en una vasta constelación de modos de producción de providencia societaria. La cuarta línea tiene que ver con la política de gasto público. Hoy se habla de "menos Estado y de mejor Estado" y de la necesidad de reducir el déficit y funcionarios públicos. Es cuestionable. Es su aplicación la que suscita serias dudas, sobre todo, porque raramente se toca el sector más improductivo y costoso del Estado, las Fuerzas Armadas. Su futuro debería entrar en la agenda política, sin olvidar que estas disponen de inmensas infraestructuras de gran calidad, edificios para instalar escuelas, hospitales, centros de formación profesional, espacios para la tercera edad, centros de vacaciones, etc. Se deberían revisar las cuantiosas subvenciones a la Iglesia católica. Se debe recuperar el papel protagonista del Estado, ya que como dice Tony Judt, es una institución intermedia que sirve para proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más débiles, de las fuerzas desbocadas del mercado. En la misma línea se expresa Boaventura De Sousa Santos “El Estado es un animal extraño, mitad ángel y mitad monstruo, pero, sin él, muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables, a la caza de ángeles indefensos. Mejor Estado, siempre; menos Estado, nunca.” Y ya hace más de 100 años Manuel Azaña nos advirtió “Ese inmenso poder del Estado debe encaminarse en pro de nuestra obra; queremos infundir en ese organismo sangre nueva, para que el mismo Estado sea el que dispense la última y definitiva justicia. Porque de él, de ese Estado, con todos sus defectos de organización, con su ceguedad y su parsimonia, es del único Dios de quien podemos esperar que ese milagro se verifiqué. ¿De quién, si no, vamos a recibir la justicia? ¿O esperamos, acaso, que el codicioso, el explotador, el privilegiado renuncien voluntariamente a su privilegio, a su explotación o a su codicia? Nunca se vio tal…”

 

 

Habría que plantear una profunda reforma fiscal progresiva y la persecución del fraude. Una vez fijados los niveles generales de tributación, establecida la lista de los objetivos financiables por el gasto público y con mecanismos que combinen la democracia representativa y la participativa, es necesario dar la opción a los ciudadanos de decidir dónde y en qué proporción deben ser gastados sus impuestos. El pensamiento económico dominante pretende que la crisis se afronte con recortes y sin aumentos en los ingresos, lo que significa un grave quebranto para las clases populares. Es una cuestión de justicia social una reforma fiscal global mucho más equitativa. Esta es la línea defendida ya en el 2010 por Vicenç Navarro para el cual, se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año. Anulando la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, otros 5.300 millones de euros. Eliminando el pago a los profesores de la religión católica en los centros públicos, otros 600 millones. Combatiendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal) otros 44.000 millones. Según Antón Losada, es este el mayor  cáncer de nuestra fiscalidad y de nuestro bienestar. Nadie quiere entrar en esta cuestión. Mas habrá que hacerlo, ya que España es el país que atesora más de la tercera parte de los billetes de 500 euros que circulan por la Unión; donde pagar es de tontos y los cobros se facilitan con IVA o sin IVA con la misma naturalidad que un gobernante renuncia a cobrar patrimonio mientras despide profesores. El GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) en mayo de 2012 propuso medidas para ingresar 63.300 millones anuales  con la puesta en marcha de una nueva batería de medidas que junto a la propuesta de crear un nuevo tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros, permitirían ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año. Esta cantidad sería suficiente para reducir el déficit del 8,9% del pasado año hasta un nivel inferior al 3% que hasta el momento ha exigido Europa para 2013. El colectivo destacó que muchas de estas propuestas podrían aplicarse desde este mismo año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento, como una contraindicada subida del IVA y de otros impuestos indirectos, con la que el Gobierno pretende recaudar unos 8.000 millones de euros -casi ocho veces menos. Según Gestha, la subida del IVA es "injusta" porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es "regresiva" porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos -pensionistas y mileuristas- que a los que disponen de más recursos: mientras los primeros dedican sus ingresos íntegramente al consumo -sujeto al IVA-, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorrar, capítulo sobre el que no se aplica este impuesto. Para conocer los detalles pormenorizados de estas propuestas se puede consultar en la página web de GESTHA. De momento estos datos nadie los ha cuestionado, mas deben ser  poco conocidos por las clases populares. Ninguno de los dos grandes partidos ha intentado corregir el déficit público por la vía del incremento de los ingresos, con una reforma fiscal o persecución del fraude fiscal de las grandes empresas que cotizan en el IBEX. Sus razones tendrán.

 

 Que es necesaria la reforma de la ley electoral actual, al ser muy injusta la representación surgida de las urnas, es una obviedad. Unos datos nos los demuestran de una manera contundente. En las elecciones generales de 2008 con 963.000 votos IU obtuvo dos escaños, y CIU con 774.000 once; y con 303.00 el PNV tuvo seis y UPyD sólo uno. Los grandes beneficiados de la actual ley electoral han sido y siguen siéndolo PSOE y PP con los partidos nacionalistas. Para entender el tema en cuestión conviene mirar por el retrovisor a nuestro pasado.  Según los profesores Montserrat Baras y Juan Botella, la convocatoria a Cortes formulada en 1810 por la Junta Central constituye la primera norma electoral española. En la Constitución de 1812 se estableció el sufragio universal masculino, aunque indirecto. Entre 1834 y 1868 estuvo vigente el sufragio censitario, solo podían votar determinadas personas según rentas o categorías profesionales, sin que se llegase en ningún momento a un 5% el número de electores. Con la “gloriosa revolución” de 1868 se instauró el sufragio universal masculino y la reducción de la mayoría de edad a 21 años, por lo que algo más de la cuarta parte de los españoles fueron electores. Con la Restauración se produjo un paréntesis, ya que Cánovas del Castillo se mostró contrario al sufragio universal, no obstante con el liberal Sagasta se reintrodujo en 1890. No obstante en este período fue falseado de una manera sistemática, tal como reflejan los nombres de caciques, pucherazos v cuneros. En 1907 la Ley Maura supuso un intento fallido de mejorar y una racionalizar el sistema electoral, uno de sus artículos más famosos era el 29, que establecía que en aquellos distritos en el que concurriesen tantos candidatos como escaños a cubrir, la elección no tendría lugar y el candidato era electo.  Con la llegada de la II República se generalizó la circunscripción plurinominal en el ámbito provincial y, en su caso, las capitales de provincia-que superasen los 100.000 habitantes- formaban una circunscripción independiente, como fue la ciudad de Zaragoza. El Decreto de 1931 mantuvo el sufragio mayoritario limitado: eran elegidos los más votados con un número mínimo de votos; se podía votar a candidatos de las diversas candidaturas; se podía votar sólo por un número máximo de candidatos, en torno a los dos terceras partes del número de escaños a cubrir, para que las minorías estuvieran representadas. La Constitución republicana convalidó el Decreto con la única modificación de dar el voto a las mujeres, que pudieron ejercerlo por primera vez en 1933. La legislación electoral republicana mejoró la representatividad, propiciando el pluripartidismo y la fragmentación parlamentaria, lo que dificultó la gobernabilidad. En las Cortes de 1931 y 1933 hubo representantes de más de 20 partidos; en las de 1936, fueron alrededor de 18. El partido con más escaños en cada una de las tres elecciones republicanas tenía en 1931 y 1933 algo menos del 25%; en 1936, su peso era del 21%. Además, la fórmula mayoritaria de lista producía grandes cambios pendulares en electorado. La izquierda tenía en 1931 el 62% de los diputados; en 1933 el 21%, y en febrero de 1936 el 56%. La derecha en las mismas fechas tuvo el 9%, el 45% y el 30%.  La consecuencia fueron los continuos cambios de gobierno, en el período de paz hubo 17, con una media de duración de 4 meses. Como conclusión, si la legislación electoral republicana cumplió muy bien las funciones de la representación, no servía para garantizar la gobernabilidad que no contribuyó a la consolidación del régimen republicano. Esta situación era perceptible a la salida del franquismo y en la transición democrática. El Real Decreto-Ley de marzo de 1977, que establecía las normas para las primeras elecciones libres- que en lo fundamental se ha mantenido en la legislación electoral posterior- no fue negociado entre la oposición democrática y el gobierno procedente del franquismo. La oposición tenía bastante con alcanzar su legalización, y el gobierno de Adolfo Suárez pudo definir con total libertad las reglas de juego. Había incertidumbre sobre las preferencias electorales de los españoles, por lo que no se tenía claro cuál era el mejor mecanismo electoral. A pesar de su afirmación proporcional, el escaso número de escaños a cubrir en la mayoría de las provincias, le daba al sistema un carácter en la práctica mayoritario. Por otra parte, la asignación de diputados a las provincias primaba a las menos pobladas, previsiblemente más moderadas y progubernamentales. Además los senadores de designación real era una fuente de seguridad frente a unos resultados favorables a la oposición. Lo que se pretendía en definitiva era evitar el multipartidismo excesivo y de favorecer las candidaturas gubernamentales, y de asegurar una representación limitada a las fuerzas de la oposición antifranquista. Prevaleció la gobernabilidad en detrimento de la representatividad. Y como he señalado la legislación electoral posterior no introdujo ningún cambio sustancial al Decreto que reguló las primeras elecciones democráticas de 1977. Además, el derecho electoral es siempre conservador, y aquellas fuerzas políticas que de él se han beneficiado y lo siguen haciendo, que les ha permitido ganar las elecciones o tener una  representación política muy superior a su fuerza real, como es entendible ni lo cambian ni lo cambiarán.

 

            Voy a referirme ahora, siguiendo a grandes rasgos  a Daniel Raventós, la cuestión de la renta básica: un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de que puedan serlas otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. No se tiene que confundir con las rentas de inserción y otros subsidios condicionados propios del Estado del bienestar ni con el impuesto negativo sobre la Renta. La renta básica es muy apropiada para sociedades con elevados y persistentes niveles de pobreza, de paro y de descontento relativo a las formas de trabajo, como España ahora, aunque como cualquier propuesta de renovación social, tiene que superar grandes resistencias. Existen ideologías diversas de fundamentación de la renta básica. Una es de concepción republicana con una antigüedad de 2.500 años: ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir, para existir socialmente. Habría diferentes colectivos muy beneficiados. Los jóvenes, las mujeres dependientes económicamente, las personas mayores jubiladas y emprendedores. La juventud tiene que compatibilizar el estudio y el empleo, además de estar inmersa en un mercado laboral que le reserva precariedad. Esta renta básica le permitiría afrontar su periodo de formación laboral y profesional con unos ingresos dignos. Las mujeres dependientes económicamente que trabajan en el hogar alcanzarían una cierta independencia. Las personas ancianas, muchas con una pensión raquítica, tendrían un incremento considerable de ingresos. Posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de autocupación. Además supondría una inyección de dinero a la población más necesitada, que no sería destinada al ahorro sino al consumo, con lo que se reactivaría nuestra economía. Obviamente, existe el problema de su financiación. Para ello podría realizarse, como ya hemos comentado en líneas precedentes, una profunda reforma fiscal en profundidad vía IRPF, grandes fortunas, Sicavs, patrimonio, sucesiones, persecución del fraude, etc. Todo es querer. Es obvio que la situación actual es insostenible, y hay que tomar medidas excepcionales, aunque parezcan utópicas. También lo eran: hace 100 años el sufragio universal y hoy se acepta como una normalidad. Y hace 200 años acabar con el Antiguo Régimen. Los avances en la historia se han producido por rupturas con lo establecido, y más si es injusto

            Ahora quiero detenerme en otra de las cuestiones planteada por el 15-M, la “deuda odiosa” del Estado español, tema fundamental para tratar de salir de una manera justa y equitativa de esta recesión económica que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de los españoles. Nuestro ínclito presidente nos dice que la deuda pública supera la cifra de los 900.000 millones de euros, y que no podemos gastar más de lo que ingresamos, tal como ocurre en una economía familiar, y que, por tanto, no tenemos otra opción que llevar a la práctica una serie de ajustes fiscales, que no le gustan, para que al final se produzca el crecimiento económico y así se pueda generar empleo. Es el pensamiento único. Buscan chivos expiatorios de la deuda: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, las embajadas catalanas, etc.  Quien tiene el atrevimiento de cuestionarlo es acusado de locura y de estar fuera de la realidad terrenal. Vale, D. Mariano, voy a realizar un esfuerzo para creerle. Mas, supongo que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con el incremento de nuestros impuestos, recortes de nuestros salarios  y de nuestras prestaciones del Estado de bienestar, entre otros sacrificios, tenemos derecho -¡qué menos!- a conocer el origen de esta deuda. Debemos saber por qué, para qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. En definitiva, una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos, no vale una comisión parlamentaria, porque ya conocemos su funcionamiento. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para escudriñar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminado ese proceso. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Se basó en algunos precedentes del siglo XIX, el rechazo por parte del Estado mexicano de la deuda contraída por el emperador Maximiliano I, y el de EEUU, una vez que se anexionó la isla, de los débitos asumidos por Cuba siendo colonia española.  Obviamente en estricta justicia, el Estado español, es decir todos los españoles estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. A estos auténticos desalmados,  se les podía inculpar de haber cometido un crimen contra la humanidad, como es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de impago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para todos los ecuatorianos. Es lo que se está intentando en Grecia, tal como nos relata el documental "Debtocracy" (Deudocracia), de los periodistas Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou sobre la crisis del país heleno. Los principales actores (alrededor de 200 personalidades) firman una demanda para que se establezca un comité de auditoría internacional, cuyo fin sería determinar los motivos de la generación de una deuda soberana y condenar a sus responsables. Se habla de Golman Sach, de los sobornos de Siemens al gobierno, de los gastos sin control en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, de la compra actual de armas a Francia y Alemania.  Grecia tiene todo el derecho a negarse a reembolsar su "deuda injustificada", es decir, la deuda constituida por actos de corrupción contra el interés de la sociedad. Hay culpables: "En cerca de 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos grandes empresarios han llevado a Grecia a la quiebra. Han dejado de pagar a los ciudadanos para salvar a sus acreedores". ¿Qué motivos tienen los dos grandes partidos para no hacer lo mismo en España? Tienen trabajo. Si investigarán entre otros: Programas Especiales de Armamento (PEA) que alcanzan 40.000 millones de gasto; el salvamento a las entidades financieras; los sobrecostos de las empresas constructoras del AVE; derechos reconocidos que se aproximan ya a los 20.000 millones de euros las eléctricas, la exención del IBI y sus subvenciones a la iglesia católica, la financiación de los viajes del Papa, los aeropuertos de Castellón y de Ciudad Real, etc. Seguro que se podría rebajar el costo de la deuda, y por ello serían innecesarios los recortes tan injustos que estamos soportando los españoles con excesiva mansedumbre, por lo que Susan George acaba de decir que “los  españoles somos ratas de laboratorio para ver cuánto castigo soportamos sin rebelarnos.” Eso es lo que trata de evitar el 15-M con todas las propuestas presentadas. ¡Vaya que si tiene programa!

De la situación actual no está exenta de culpa la izquierda. La socialdemocracia europea al poner en práctica políticas neoliberales traicionó sus principios ideológicos. La Tercera Vía formulada por Anthony Giddens fue claramente una política de derechas, al permitir la entrada del capital privado en los servicios públicos, con el pretexto de la eficacia. En cambio, la derecha ha tenido y tiene una actuación coherente, ha hecho lo que tenía que hacer de acuerdo con su ADN. Sobre las continuas y recientes derrotas de las izquierdas, fueron muy pertinentes, además de premonitorias, las palabras emitidas ya en octubre de 2008, del añorado Saramago: "la izquierda ni piensa, ni actúa, ni arriesga una pizca"; "la izquierda no tiene ni puta idea del mundo en que vive". Para corregir esta situación, Boaventura de Sousa Santos en su Quinta Carta a las Izquierdas, les lanza a bocajarro una serie de preguntas que les podrían servir de motivo para una profunda reflexión, a no ser que sigan retiradas, restañando sus heridas. ¿Por qué los estados cambian tan fácil el bienestar de los ciudadanos por el de los bancos? ¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a los que la causaron? ¿Por qué la racionalidad de la "solución" se asienta en las previsiones que hacen y no en sus consecuencias, que casi siempre las desmienten? ¿Por qué los ciudadanos consideran su empobrecimiento inevitable y al enriquecimiento escandaloso de unos pocos necesario para que su situación no empeore todavía más? ¿Por qué el crecimiento económico es hoy la panacea para todos los males de la economía y de la sociedad sin reparar en sus costos sociales y ambientales? ¿Por qué Malcom X tuvo tanta razón: "si no tienen cuidado, los periódicos los van a convencer de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores"? ¿Por qué las críticas que las izquierdas hacen al neoliberalismo prácticamente no entran en los noticieros? ¿Por qué las alternativas son tan escasas cuando más se las necesita? Todas ellas tienen la suficiente enjundia para que sobre ellas, las ejecutivas de los diferentes partidos de "izquierdas" organicen conferencias y congresos, tratando de encontrar respuestas que convenzan a muchos de sus votantes que poco ha les abandonaron. Yo también quiero incorporarme a este rosario de preguntas. ¿Hay algún límite a estas políticas durísimas de ajustes fiscales? ¿Existen algunas líneas rojas que la sociedad considere infranqueables en nuestro Estado de bienestar? Tal como se están desarrollando los acontecimientos, y con el estado de mansedumbre de buena parte de nuestra sociedad, estimo que cualquier recorte a nuestro Estado de bienestar no solo es posible, sino que es inevitable. Nuestros gobernantes ya se cuidan, propiciando y sirviéndose de la cultura del miedo, en preparar nuestro ánimo para que asumamos cualquier medida, por dura que sea. En cuanto a nuestra democracia tan añorada en otras épocas: ¿Qué queda de ella? ¿Qué decidimos de verdad los ciudadanos? Que no son preguntas baladíes, lo demuestra el hecho de que Ignacio Sánchez-Cuenca, considerando que las decisiones de nuestros representantes políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferencias individuales de los ciudadanos, haya escrito recientemente un artículo con el inquietante título: ¿Habrá siempre democracia? Una decisión tomada democráticamente no puede ser destruida al día siguiente por una agencia calificadora de riesgo o por una baja en la cotización de las bolsas. Ante estos flagrantes atropellos a la democracia, tampoco se vislumbra una reacción ciudadana. La democracia hay que conquistarla y defenderla todos los días. Es mucho más que depositar un voto cada cuatro años.
Termino con otra pregunta: ¿Para qué tanta austeridad, tanto sacrificio y sufrimiento acumulados? Nuestros dirigentes repiten la cantinela de "que para recuperar el crecimiento económico y así crear empleo estable". Cada vez estoy más convencido, aunque me resistía aceptarlas, que sean ciertas las palabras ya mencionadas con anterioridad de Susan George: los españoles son ratas de laboratorio para ver cuánto sufrimiento pueden soportar.

Como colofón sea bienvenido el movimiento del 15-M, que abre un pequeño resquicio a la posibilidad de que esto puede empezar a cambiar.

 

Cándido Marquesán Millán

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