El asalto a la sanidad pública

                      

 

Los ataques que están sufriendo los servicios públicos en esta legislatura eran previsibles, aunque los populares los ocultaron en campaña electoral. Será difícil encontrar en un gobierno democrático en menos tiempo más incumplimientos de unas promesas electorales.

Estas políticas tienen su lógica. Nunca han defendido lo público, argumentando que lo privado es más eficiente. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Mas,  la investigación científica y la propia OMS corrobora que la sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y  de más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). Otra cosa es cuando se recortan recursos humanos y materiales  con el objetivo de debilitarla por parte de aquellos dirigentes que deberían defenderla. Como el conseller de Salut de Catalunya, Boi Ruiz  que dijo: “Recomendaría a la que gente que pudiese que contratase una mutua privada”.

Según Ángeles Maestro, en sanidad empezaron como las termitas, privatizando poco a poco todo lo rentable (cocinas, lavanderías, laboratorios, alta tecnología..,etc) reduciendo personal, condiciones de trabajo y deteriorando la calidad. Ahora pisan el acelerador entrando como un elefante en una cacharrería, arrasando. Van a por la atención sanitaria. El negocio se hace, reduciendo gastos, por dos procedimientos. Uno de ellos es reducir costes (restringir plantillas, precarizar el trabajo, incentivar económicamente a los profesionales para que ahorren, etc). Al otro, lo llaman “seleccionar riesgos”, véase, quedarse con los pacientes “rentables” (jóvenes, con una sola patología sencilla, a poder ser quirúrgica.) y quitarse de encima a personas mayores, enfermos crónicos y casos complejos. En definitiva, capitalismo en estado puro, aplicando a la sanidad su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea. Al final pasa lo que tenía que pasar. Para Joan Benach, profesor de Salud Pública y autor del libro La sanidad está en venta, la política sanitaria del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Se va a pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. Los datos son claros.  Pese a la crisis, cada vez más aragoneses, el 28%, unos 370.000 han suscrito un seguro privado de asistencia sanitaria. Aragón es la cuarta región con mayor número de seguros por habitante, solo superada por la Comunidad de Madrid (36%), Cataluña (33%) y el País Vasco (29%). Unos 15.000 'sin papeles' en Aragón y en el Estado 150.000 tendrán que recurrir a la beneficencia. El Ministerio de Sanidad les ha propuesto que establezcan convenios para recibir asistencia en la sanidad pública, pagando una cuota de 710 euros al año, y de 1.864,80 en los mayores de 65 años, o también que pasarán la factura a su país de origen. Esta es la realidad. Mas los populares están consiguiendo sus objetivos de una manera milimétrica. Han ganado en este ámbito como en otros la hegemonía ideológica, mientras que la izquierda anda desnortada. La crisis es su gigantesca coartada ideológica para aniquilar derechos laborales y sociales. Hay que reducir el déficit público, justificado  por el nuevo artículo 135 de la Constitución: “El pago de la deuda tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto”. Si para pagar la deuda hay que cerrar un hospital o un colegio, se cierran. Acaba de decirlo Josep Fontana: no está claro si se trata de cerrar hospitales para ahorrar, o de ahorrar para poder cerrar hospitales.

Por otra parte, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, ha visto el negocio en los servicios públicos del Estado del bienestar, con una demanda cada vez mayor ya que nuestra sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, considerados como derechos. Hay capitales abundantes y más en un momento de crisis, con unos mercados cautivos y muy prometedores. Además las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Al  universalizarse estos servicios, se generan quejas al no poder ser atendidas todas las demandas por los recortes, con listas de espera en el sector sanitario o población emigrante en los colegios públicos, y así se propicia una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, al generalizarse una prestación que era antes un privilegio, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo es una pretensión de los que ya tenían privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación.

Según Boaventura de Sousa Santos, se están  poniendo en marcha dos tipos de ilusiones: ilusiones retrospectivas e ilusiones prospectivas en el ámbito de la privatización de las políticas sociales, de atención médica, de seguridad social y educativas. Las ilusiones retrospectivas avivan la memoria de la inseguridad y de la ineficacia de los servicios estatales encargados de realizar esas políticas. Esto se consigue mediante viciadas comparaciones entre condiciones reales y criterios ideales de evaluación de esos servicios. Las ilusiones prospectivas intentan, por su parte, crear unos horizontes de seguridad supuestamente generados desde el sector privado y sobrevalorados por la ocultación de determinados riesgos, así como de las condiciones en que se presta la seguridad. Estas ilusiones prospectivas proliferan hoy en día sobre todo en los seguros médicos y en los fondos privados de pensiones. Por todo ello, lo que está ocurriendo es gravísimo, aunque no sé si la sociedad es consciente de ello, al romperse un contrato social entre la ciudadanía el Estado, construido en la solidaridad y ejecutado  mediante un impuesto progresivo para  proporcionar a todos unos servicios básicos. Ese contrato social que regía la producción de estos servicios públicos por el Estado está saltando a pedazos, ya  que el Estado transfiera mediante  subcontratas a agentes paraestatales las prestaciones de estos servicios sin que hayan sido consultado  los ciudadanos.

Cándido Marquesán Millán