Sobre la deuda odiosa

El 15-M ha sido una bocanada de aire fresco que ha irrumpido en nuestra democracia. Ha sido criminalizado por la mayoría de los medios de comunicación, al servicio incondicional de los poderes políticos y económicos dominantes; y acusado de no presentar programa alternativo alguno. Falso. Una de sus cuestiones planteadas, además de la reforma de la ley electoral, la implantación de la renta básica, la dación, reforma fiscal, democracia participativa, ha sido la deuda odiosa del Estado español, tema fundamental para salir de una manera justa y equitativa de la crisis económica, que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de los españoles. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior.

Nuestro presidente nos dice: la deuda pública supera los 900.000 millones de euros, no podemos gastar más de lo que ingresamos, y, por tanto, no tenemos otra opción que hacer ajustes fiscales, que no le gustan, pero que al final llegará el crecimiento económico y la creación de empleo. Hay culpables: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, los ayuntamientos, las embajadas catalanas, etc. Vale, D. Mariano, le creo. Mas, parece lógico que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con nuestros impuestos, recortes salariales y prestaciones del Estado de bienestar, tenemos derecho a conocer su origen. Exigimos una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para estudiar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre ella al final del proceso. Así conoceríamos el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Obviamente, en estricta justicia, el Estado español, es decir, todos los españoles estaríamos exentos de pagarla, y tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y lo siguen haciendo tanto daño a tantos españoles. A estos auténticos desalmados, se les podría inculpar de haber cometido un crimen contra la humanidad, como es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa

Hace falta coraje político, como lo hubo en el Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la del periodo 1976-2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de ella: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno, el cual decidió suspender el pago de los títulos de la deuda (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de impago, forzaron a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para los ecuatorianos, que se destinó al gasto social. Es lo que se está intentando en Grecia, tal como nos relata el documental Debtocracy (Deudocracia), de los periodistas Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou sobre la crisis del país heleno. Los principales actores (alrededor de 200 personalidades) piden un comité de auditoría internacional, para determinar los motivos de la generación de su deuda y condenar a sus responsables. Hay culpables: "En cerca de 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos grandes empresarios han llevado a Grecia a la quiebra. Han dejado de pagar a los ciudadanos para salvar a sus acreedores". Además de Goldman Sachs, los sobornos de Siemens a los gobiernos, los gastos sin control en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, la compra actual de armas a Francia y Alemania, etc.

¿Por qué los dos grandes partidos no hacen lo mismo en España? Cada cual que se responda a esta pregunta. Hay tajo para investigar: Programas Especiales de Armamento (PEA) con 40.000 millones de gasto; el rescate a las entidades financieras; los sobrecostos de las constructoras del AVE; derechos reconocidos a las eléctricas con 20.000 millones, la exención del IBI y subvenciones a la iglesia católica, la financiación de los viajes del Papa, etc. Si lo hicieran, es seguro que podría reducirse el costo de nuestra deuda, y así los recortes serían innecesarios.