Azaña y Zapatero, casos similares
Pocas veces en la historia de España, un gobernante democrático, como Rodríguez Zapatero, ha sido sometido a ataques más duros. Recuerda el caso de Azaña en la II República. Hoy constatamos que el político republicano preconizó todo un conjunto de avances: emancipación política de la mujer, asunción de un Estado aconfesional, reconocimiento del autonomismo a determinas regiones, del derecho a la educación y de un medio digno de vida para todos los ciudadanos, subordinación del poder militar al poder civil. Por ello, fue considerado como un demonio por determinados sectores de la sociedad española. Sin embargo, hoy políticos de la derecha española pretenden apropiarse del patrimonio de Azaña, es el caso de José Mª Aznar. Este intento me produce sonrojo e insulta a la inteligencia de cualquier persona sensata.
Hoy Rodríguez Zapatero es atacado también por numerosos y poderosos medios de comunicación: ABC, El Mundo, la Razón, la COPE, Antena 3, y la jerarquía eclesiástica…
Analicemos la obra política del gobierno socialista en esta legislatura. En cuanto a la economía, ha sido una época llena de bonanza: crecimiento continúo, creación de puestos de trabajo, saneamiento de las finanzas públicas. Todos estos logros se han negado sistemáticamente. Zapatero sólo es culpable de un repunte reciente de la inflación, sin tener en cuenta la subida del precio del petróleo. Los logros son una herencia de la época de gobierno popular. ¡Qué dosis de sarcasmo y de cinismo!
En política terrorista, Zapatero ha hecho lo mismo que Aznar. Ambos, en un ejercicio de responsabilidad, trataron de solucionar una de las mayores lacras que han acosado a nuestra democracia. Negociaron. Fracasaron. Todos sabemos quiénes han sido los responsables de la ruptura de la tregua.
En política territorial, a Zapatero se le ha acusado de romper la unidad nacional. Todo el proceso que condujo a la aprobación del Estatuto de Cataluña, fue escrupulosamente democrático. El 88% de de los diputados catalanes aprueban un reforma del Estatuto, se lleva a las Cortes Generales que retocan determinados artículos, es devuelto a Cataluña, para finalmente ser aprobado por referéndum por el pueblo catalán.
Nunca un gobierno de la joven democracia española había llevado a cabo una legislación social más avanzada. Toda ella impregnada de principios de justicia, libertad, y solidaridad. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas Dependientes, con la pretensión de profundizar y extender el Estado de Bienestar. Todo ello va a permitir que personas dependientes, que no se valen por sí mismas, puedan ser atendidas convenientemente.
La Ley Integral contra la Violencia de Género era necesaria. Una sociedad sana no puede permitir una de las lacras más dramáticas, que supone una flagrante violación de los derechos humanos, cometida contra las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres con el objeto de hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
Era imprescindible el establecimiento de un marco de realización personal que permitiera que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad. Con esta finalidad se aprobó la Ley, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Así como también la Ley, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
La Ley del Divorcio de 1981 fue un gran avance en la sociedad española, mas con el tiempo mostró ciertas carencias y disfunciones, como en los casos de procesos de separación o de divorcio que, antes que resolver la situación de crisis matrimonial, han terminado agravándola. Se necesitaba una reforma de la legislación vigente. A tal efecto se aprobó la Ley, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución, la Ley persigue ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial, agilizando los trámites y abaratando los costes.Todo este repertorio legislativo no quita derechos a nadie. Todo lo contrario, los amplía a otras personas. Lo lamentable es que cada intento de ganar espacios de libertad en España ha chocado con la intolerancia católica. A esta circunstancia ya estamos acostumbrados. Lo que es inconcebible que un partido político cuestione estas leyes que lo único que han hecho ha sido extender derechos y ampliar, por tanto, la anchura de la dignidad. Unas leyes que han acercado el ordenamiento a los latidos de la calle y, lo que es más importante, a las demandas de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Los acontecimientos históricos necesitan perspectiva para ser valorados en toda su magnitud. Tengo la certeza que con el tiempo Rodríguez Zapatero será valorado como realmente se merece, como ocurre con Azaña. Tiempo al tiempo.
Cándido Marquesán Millán
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