Profundizando en el Estado del Bienestar

 

 

 

Una de las conquistas más grandes para la humanidad ha sido la creación del Estado de Bienestar, acontecimiento iniciado a partir del final de la II Guerra Mundial, en diferentes países de la Europa Occidental. Esta nueva situación implica que  a los ciudadanos se les reconocen unos derechos sociales, y por ello tienen a su disposición gratuitamente una servicios, proporcionados por el Estado: sanidad, pensiones, educación, seguro de desempleo, etc. Hay diferentes explicaciones en cuanto a su génesis. Había que atenuar dentro del sistema capitalista el descontento de las clases trabajadoras, que podían provocar estallidos revolucinarios, todavía más si tenemos en cuenta el referente del socialismo de los países del Este. Además era necesaria a su vez su aceptación por parte de las clases medias. Y se basaba en un sistema impositivo progresivo, con carácter redistributivo, para ir consiguiendo cada vez más una mayor justicia social. Sobre todo fue obra de la socialdemocracia, aunque también participaron otras corrientes ideológicas.

En España, en tiempos de la Dictadura de Franco, ni por asomo podía pensarse en su implantación. Hubo que esperar a la llegada de los gobiernos socialistas, encabezados por Felipe González en los años 80 y 90 del siglo pasado. Por ello prestaron especial atención a la sanidad, las pensiones, y a la educación. Entre 1982 y 1992, el gasto público en estos tres campos aumentó en 4,1 puntos sobre el total del PIB.

 A través de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se dio respuesta al artículo 43 de la Constitución de 1978, reconociendo el derecho a las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España. Obviamente esto significaría un incremento importante en gasto público. En 1989, se dedicaba un 5% del PIB a gastos sanitarios, que todavía quedaba lejos de las cifras de Alemania, Francia u Holanda.

La percepción de las pensiones se universalizó y se elevó su cuantía, con el fin de reducir las desigualdades sociales. Este hecho se realizó por medio de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. La trascendencia de la reforma se centra en la extensión del derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y a las prestaciones económicas por hijos a cargo, del Sistema de la Seguridad Social, a todos los ciudadanos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del nivel contributivo, por la realización de actividades profesionales. Se trata, en definitiva, de la universalización de tales prestaciones. La ampliación de la protección social trata de dar respuesta a una aspiración social de solidaridad para determinados sectores más desprotegidos, como ancianos o inválidos sin recursos. Esta Ley supuso el que 400.000 nuevos pensionistas se incorporaran al sistema. El número de pensionistas (vejez, invalidez, accidente…) no dejó de crecer, y otro tanto ocurrió con las prestaciones de desempleo, ya que, si en 1985 recibían el subsidio un millón de personas, en 1992 la cifra alcanzaba medio millón más.

Otro hito fundamental fue la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. En ella se reconoce que el derecho a la educación es un derecho de carácter social. Concreta la enseñanza básica, contemplada en el artículo 27.4 de la Constitución, determinándose en 10 años su duración, ampliándose, por consiguiente, en dos años la existente hasta entonces, y extendiéndose desde los seis hasta los dieciséis años, además de ser gratuita y obligatoria.

Ahora, ha tenido que ser otro Gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, el que haya puesto en marcha el proceso de profundizar y extender el Estado de Bienestar, con la aprobación del Proyecto de Ley de Promoción de