La cuestión religiosa en la España actual

 

 

            Una de las asignaturas pendientes de la Transición Democrática en nuestro país es la cuestión religiosa. Las relaciones Iglesia-Estado tal como se establecieron en los Acuerdos de 1976 y 1979, no parecen ser las idóneas en una sociedad democrática. En esas fechas, tanto la Iglesia católica española y el Vaticano por un lado; y, por otro, la clase política, en su mayoría, estaban de acuerdo que el Estado confesionalmente católico heredado del franquismo era un anacronismo en la Europa democrática del momento. Había que establecer las relaciones Iglesia- Estado sobre unas nuevas bases.  Los principales partidos políticos, conocedores de la historia de la II República, no quisieron que nuevamente la “cuestión religiosa” volviera a envenenar la convivencia entre los españoles; y además siendo conscientes de que la Iglesia era todavía una poderosa institución capaz de perturbar una transición tranquila a la democracia, si no se alcanzaba pronto algún acuerdo con ella, se marcaron el objetivo de llegar lo más  pronto posible a un acuerdo negociado con ella. Si éste no se hubiera conseguido, probablemente nuestra Transición Democrática hubiera sido diferente.

            El 28 de julio de 1976 se firmó al primer Acuerdo. Fue un documento breve, de menor extensión que los cuatro posteriores firmados en 1979. Lo fundamental del primero radicaba en que el gobierno renunciaba a sus privilegios de patronato eclesiástico, y la iglesia reafirmaba su lealtad con la libertad religiosa  y su renuncia a determinados privilegios jurídicos del Concordato de 1953. En el intermedio se elaboró la Constitución de 1978, en la que si bien se declaraba  la aconfesionalidad del Estado, por otra parte se contentaba a la Iglesia al señalarse en el art. 16.3: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Igualmente la Iglesia a través del art. 27 se sintió bastante satisfecha, ya que se reconocía el derecho de los padres a asegurar la formación religiosa y moral de sus hijos, aunque hubiera deseado más cosas, como el que se hubieran  incorporado los valores morales católicos al texto constitucional.

            En el año 1979 se firmaron los cuatro Acuerdos, que versan sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos, y Relaciones entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas. En los primeros, se reconoce a la Iglesia católica el libre ejercicio de sus funciones, la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal, además de otros apartados. En los segundos, se sanciona el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, el carácter no obligatorio de la enseñanza religiosa, se reconocen los derechos adquiridos por las Universidades de la Iglesia y se sientan las bases de acuerdo para la conservación de su patrimonio cultural. En los terceros la Iglesia declara su intención de allegar por sí misma los medios que le son necesarios, mientras que el Estado se compromete a una colaboración económica hasta que ello se produzca y se le conceden a la Iglesia determinadas ventajas fiscales. En los últimos se garantiza la asistencia religiosa al personal católico de las Fuerzas Armadas a través del Vicariato Castrense y la desaparición de los privilegios en el servicio militar de los clérigos.

            Todos estos Acuerdos, así como determinados artículos constitucionales, anteriormente mencionados se alcanzaron en un determinado contexto político, que hoy es muy diferente, ya que la democracia es irreversible y las fuerzas políticas dominantes son otras. Además la sociedad española actual es muy distinta a la  de veinticinco años atrás. En el año 2005, según el estudio realizado por el profesor de la Universidad de Michigan, Ronald Inglehart, España, entre los 81 países analizados, es el que está experimentando el cambio social más rápido y más profundo de todo el mundo. Está emergiendo una nueva cultura y, con ella, un nuevo tipo de hombre, con unas creencias y unos valores que, en cuestiones muy fundamentales de la vida, son distintos de las de otras épocas. 

            Hoy la sociedad española es plural, ya no es el monolito cultural que se pretendió conseguir por las buenas o por las malas hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. La globalización de las comunicaciones, el flujo de capitales y mercados por doquier y, especialmente, los movimientos migratorios están generando una nueva sociedad, con personas de culturas, tradiciones, intereses, creencias y maneras de entender la vida, no sólo diferentes, sino con frecuencia antagónicos.

            Además España es una sociedad constitucionalmente laica, así lo reconoce nuestra Constitución, porque así lo hemos querido, libre y mayoritariamente, los ciudadanos españoles; entendiendo que el Estado debe ser independiente de toda influencia religiosa o eclesiástica.

            Por último, hoy es una sociedad democrática, así lo establece nuestra Constitución, y por ello es posible la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

            Los cambios, anteriormente expuestos, han producido una España diferente, en la que la Iglesia católica está descolocada, ya que no puede entender ni adaptarse al cambio, ni acepta el pluralismo, ni le cabe en la cabeza una sociedad laica, ni por supuesto ha sabido adaptarse a una sociedad democrática, sobre todo, porque es una institución per se antidemocrática; de hecho el Estado del Vaticano, es la última monarquía absoluta que queda en Europa, cosa que queda patente en el artículo primero de su Constitución donde se establece que los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, están concentrados en el Romano Pontífice.

En base a todo lo expuesto, hoy, no es de recibo el mantenimiento de unos Acuerdos, que podrían explicarse y justificarse en determinadas circunstancias coyunturales, que han desaparecido de pleno.

Somos muchos los ciudadanos que hoy en España deseamos la revisión y modificación, cuando menos, de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, para que no haya ningún tipo de privilegio que coloque a la Iglesia y a sus fieles en una situación en la que, de hecho, los católicos tengan unos derechos y unas ventajas que no tienen el resto de los ciudadanos. La Iglesia española recibe cada año del Estado (o sea de todos los ciudadanos, sean o no católicos) cantidades de dinero difíciles de precisar con exactitud. En el año 2003 el Estado costeó el sueldo de obispos y sacerdotes con una cantidad de 140 millones de euros; a su vez paga el sueldo de los profesores de religión católica en la escuela pública y concertada; destina grandes cantidades al mantenimiento del patrimonio arquitectónico de la Iglesia. Las instituciones católicas reciben, directa o indirecta, una financiación del Estado por valor de 3.000 millones de euros anuales. Por si no fuera bastante, la Iglesia disfruta ahora mismo de más beneficios tributarios que en los tiempos de la dictadura franquista.

A la vista de todos estos datos, resulta curioso y sorprendente que hoy en España haya personas que hablan de la “persecución” que sufre la Iglesia por parte del Estado y, más en concreto, por parte del gobierno del PSOE, que sigue incluyendo en los presupuestos las cantidades suficientes al sostenimiento de la Iglesia católica.

 

 

Cándido Marquesán Millán