Los obispos españoles ante la Guerra Civil
Ha sido y sigue siendo una constante histórica, que nada más llega al poder en España la izquierda, nuestros conspicuos y egregios purpurados se pongan en pié de guerra. Mientras gobierna la derecha, todo es sosiego y quietud. Cabía pensar que con el nuevo siglo XXI esta tónica cambiaría. Vano intento. Seguimos en las mismas. Da igual que el Gobierno les haga concesiones magnánimas, como el ventajoso acuerdo de financiación. El día después vuelven con las mismas. Nunca aceptarán nuestros obispos un gobierno de izquierdas. Sería algo contra natura.
Como prueba irrefutable de todo lo antedicho, puede servir el reciente documento de la LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, titulado Orientaciones morales ante la situación actual de España. El Título I se subdivide en tres apartados: La reconciliación amenazada, La difusión de la mentalidad laicista, y Sobre las causas de esta situación. Ahora sólo pretendo escribir unas líneas sobre el primero.
La Conferencia Episcopal se refiere a dos datos de la historia reciente. El primero, después del régimen político anterior-así denomina al régimen de Franco- es el advenimiento de la democracia, a cuya llegada se arroga la Iglesia católica un gran protagonismo, facilitando una transición fundada en el consenso y la reconciliación entre los españoles. Así fue posible la Constitución de 1978, basada en el consenso de todas las fuerzas políticas, que ha permitido treinta años de prosperidad y estabilidad, con las excepciones de las tensiones normales en una democracia moderna, poco experimentada, y de los ataques del terrorismo. Esta situación puede quebrarse, ya que la sociedad vuelve a hallarse dividida y enfrentada., como consecuencia de la “Memoria Histórica”, guiada por una mentalidad selectiva, que abre de nuevo viejas heridas de la Guerra Civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados.
Los obispos españoles han desaprovechado de nuevo una ocasión de mantener cierta equidistancia en el debate político, al suscribir por completo en el tema de la Memoria Histórica las posturas del Partido Popular.
La Memoria Histórica pretende estudiar nuestro pasado histórico, sin prejuicio alguno; tal cual es, sin filtro previo alguno, sin esconder nada para estudiar todo y no sólo una parte. Como ha señalado Hobsbawm no se puede renunciar a la verdad, a conocer lo que ocurrió, a saber de las responsabilidades de cada cual. Es necesario seguir investigando, pero no para convertir la verdad en un permanente campo de batalla, sino para propiciar la reconciliación sobre la base de un conocimiento crítico del pasado. La lucha contra el olvido es el instrumento de resistencia contra todas las formas de neonazismo. Cuando se sabe toda la verdad es cuando puede existir una auténtica reconciliación. Aquí nadie busca reabrir heridas, ni revanchismo alguno.
A las generaciones actuales alguien debe enseñarles que cientos de miles de españoles fueron muertos o represaliados por el Funeralísimo, según palabras de Alberti, acusados de haber cometido el “delito” de afiliarse a un partido político o sindicato obrero; y haberse opuesto al Golpe militar de los Mola, Queipo de Llanos, Cabanellas o Franco. Mas no podemos, no nos dejan recordarlos ni rehabilitarlos. Hasta esto nos lo quieren impedir. Con el olvido nos los quieren matar de nuevo. Por el contrario, es y debe ser una obligación moral y cristiana el restaurar y ennoblecer las imprescindibles señas de identidad de todos aquellos a quienes pretendieron arrebatárselas y que, además de perder la guerra, se dejaron en el camino la juventud y las ilusiones aquel 1 de abril de 1939 que de una manera inmisericorde fue bautizado por los vencedores como Tercer Año Triunfal y Año de la Victoria.
Nuestros obispos tampoco aceptan el entregar unas placas conmemorativas a los descendientes de los muertos en los campos de concentración nazis de Güsen, Mauthausen o Dachau; homenajear a alcaldes o concejales republicanos, escribiéndoles una biografía o dedicándoles alguna plaza o calle de su pueblo, quitar de los atrios de muchas iglesias las lápidas de "Caídos por España" y sustituirlas por otras con la inscripción "Por todos los que murieron por España", recordar en jornadas, charlas, conferencias o exposiciones el 75 Aniversario de la II República; o, finalmente, condenar el golpe militar del 18 de julio.
Esta actitud puede que sea porque en 1936 las más altas jerarquías eclesiásticas españolas, salvo alguna excepción, como la de Marcelino Olaechea, de la sede de Pamplona, apoyaron inequívocamente a los militares sublevados. El Episcopado español en la Carta Colectiva de 1 de julio de 1937, Sobre la Guerra de España, dirigida a los obispos de todo el mundo, muestra su apoyo incondicional a los militares sublevados. Con semejante actitud la Iglesia optó por ser enemiga de media España. Algunos fragmentos de este documento fundamental pueden ser clarificadores:
“La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 1936, en que la falta de conciencia política del Gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la contienda cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió en defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España por la novísima civilización de los soviets rusos.
El movimiento nacional ha fortalecido el sentido de la patria..Dentro del movimiento nacional se ha producido el fenómeno, maravilloso, del martirio..
Realmente escribir estas líneas, cuando ya se han producido y se estaban produciendo auténticas masacres por parte de los militares rebeldes en una parte importante del pueblo, exclusivamente por ser de izquierdas; pienso que debería inducir a la Iglesia católica española a una reflexión profunda y pensar si estuvo a la altura de las circunstancias. Decantarse, como lo hizo, por el bando rebelde, aún reconociendo que ella misma fuera víctima en el lado republicano, pienso que fue inadecuado. En lugar de ser fuente de reconciliación, fue todo lo contrario, de persecución.
En 1971 hubo un tímido conato de solventar este error que no logró el apoyo necesario (dos tercios) para una declaración formal de la Confederación Episcopal Española a la sociedad española, cuyo texto, que quedó inédito, era el siguiente:
“Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros (1 Jn 1, 10). Así pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre hemos sabido ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos.”
Por lo que acabamos de ver, no tienen intención de pedir perdón.
Cándido Marquesán Millán
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El Pleno del Senado ha aprobado, de forma definitiva, el proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, la llamada Ley de Memoria Histórica.
El proyecto, remitido por el Congreso de los Diputados, recibió 127 a favor y 119 en contra. Previamente, la Cámara había rechazado dos vetos a la ley firmados por el Grupo Popular y ERC.
Según informa el grupo socialista en el Senado, a lo largo del debate, la senadora por Badajoz y portavoz socialista, Carmen Granado, recordó que la ley se redactó con el objetivo de "reparar públicamente el honor y la dignidad de todos los españoles represaliados y de sus familias que, durante años, han luchado por esclarecer y dignificar su memoria".
Se trata, añadió, de establecer derechos y medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas, continuando el espíritu iniciado por la Transición.
¡Estamos en el siglo XXI, ya es hora de finalizar con la traída y llevada Transición!