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La batalla de Madrid

                                            

 

Han sido inmensas las movilizaciones del personal sanitario, de la  sociedad civil y de las fuerzas políticas de la oposición en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, contra el proyecto del PP de externalizar (privatizar) la gestión sanitaria de seis hospitales, de algunos centros de salud y la implantación del euro por receta. Llama la atención que en las elecciones autonómicas de 2011, los madrileños dieron 72  escaños al PP de un total de 129. Es de esperar que tomen buena nota. 

Este impresionante movimiento de protesta, al Gobierno de Ignacio González,  se la trae floja. Por ello,  la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2013, que avanza en la privatización sanitaria. Mas los populares lo tienen muy claro. Cuando llegan al poder entran a saco. En cambio, la izquierda  es modosita, supongo que aprenderá la lección. A los populares no se les puede acusar de incoherentes.  Como nunca han creído en “lo público”, su objetivo es erosionarlo, masacrando a los empleados públicos para desanimarlos; con la falsa justificación de su alto costo, y así transferir al sector privado, con el argumento  falaz de su mayor eficacia, servicios públicos, que pueden reportar pingües beneficios a empresas vinculadas con las cúpulas dirigentes del PP. Nada nuevo bajo el sol. El capital privado huye de aquellos sectores productivos que ya no generan beneficios, para refugiarse en el sector público. Primero fueron los monopolios públicos estratégicos vendidos a precio de saldo: Telefónica, Repsol, Iberdrola, Argentaria, etc. Ahora los servicios públicos que aseguran no sólo la clientela, sino también la financiación. En el caso de la sanidad pública madrileña, 6,5 millones de clientes y 7.000 millones de euros.

Es sabido que los sistemas sanitarios público y privado funcionan como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “destrozar” al público. Mas según Ángeles Maestro, la pretendida “calidad y eficiencia” de la  sanidad privada  consiste en subcontratar a distintas empresas laboratorios, radiología, celadores, limpieza, cocinas, etc. Un auténtico caos. Se elimina personal y se empeoran sus condiciones laborales. Se seleccionan pacientes, enviando a los no rentables (enfermos crónicos, personas mayores y casos complejos) a los hospitales públicos. A los accidentados de tráfico la Guardia Civil  ya no los remite al hospital de Parla. Se incentiva económicamente a los médicos con un porcentaje de su sueldo,  para que den altas precoces, no soliciten pruebas diagnósticas o no indiquen tratamientos costosos. Donde se han aplicado estas medidas ha aumentado la mortalidad, las invalideces, las infecciones hospitalarias, etc. Además existe otra secuela muy dañina, muchos que, al confiar plenamente en la sanidad pública, no tenían suscrito ningún seguro médico privado, si continúa su degradación, no tendrán otra opción que recurrir a la privada, por lo que si son de edad ya madura deberán suscribir unas costosísimas pólizas. Esto es el capitalismo en estado puro, aplicando a la sanidad su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea. En este caso jugando con las vidas humanas. Mas un derecho humano no puede ser negocio privado.

 

No obstante, esto viene ya de lejos.  Según Joan Benach, en 1991, el Informe Abril hablaba ya de mejorar la eficiencia de la sanidad pública separando la financiación pública de la provisión de servicios o instaurando los conceptos de “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario.  También aparecieron los argumentos ya conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el privado es “más eficiente”, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. A finales de los noventa, el proceso mercantilizador se aceleró. En 1997, con el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 permitiendo la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, se llevó a la práctica con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira. En Madrid se inició con la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio.  El guión está escrito.  Primero las empresas privadas se apropian de la sanidad pública. Cuando la tienen, pasado un tiempo  aducen que las aportaciones públicas son insuficientes para el mantenimiento de las prestaciones, por lo que exigen más dinero. Y la administración a pagar.

Un tema tan importante como la sanidad, no se trata de la gestión de las bibliotecas, según Soledad Gallego-Díaz, no se ha debatido en la Asamblea  de Madrid, ni se ha consultado a los expertos y a los interesados, pacientes y personal sanitario, ni se conocen las normas de control, ni se han fijado los objetivos de los nuevos centros  privatizados, ni se garantiza la transparencia del gasto. Lo de Madrid es un ejemplo de falta de profesionalidad de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades.

Por todo lo expuesto, sin una presión contundente de la sociedad civil liderada por toda la izquierda política y sindical, en el futuro próximo veremos la privatización total de la sanidad. Una tarta de 70.000 millones. Tiempo al tiempo. Por ello, la batalla que se está dilucidando en Madrid es crucial, ya que de su desenlace depende el futuro en el resto del Estado.

Cándido Marquesán Millán

 

 

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