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El asalto a la sanidad pública

                      

 

Los ataques que están sufriendo los servicios públicos en esta legislatura eran previsibles, aunque los populares los ocultaron en campaña electoral. Será difícil encontrar en un gobierno democrático en menos tiempo más incumplimientos de unas promesas electorales.

Estas políticas tienen su lógica. Nunca han defendido lo público, argumentando que lo privado es más eficiente. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Mas,  la investigación científica y la propia OMS corrobora que la sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y  de más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). Otra cosa es cuando se recortan recursos humanos y materiales  con el objetivo de debilitarla por parte de aquellos dirigentes que deberían defenderla. Como el conseller de Salut de Catalunya, Boi Ruiz  que dijo: “Recomendaría a la que gente que pudiese que contratase una mutua privada”.

Según Ángeles Maestro, en sanidad empezaron como las termitas, privatizando poco a poco todo lo rentable (cocinas, lavanderías, laboratorios, alta tecnología..,etc) reduciendo personal, condiciones de trabajo y deteriorando la calidad. Ahora pisan el acelerador entrando como un elefante en una cacharrería, arrasando. Van a por la atención sanitaria. El negocio se hace, reduciendo gastos, por dos procedimientos. Uno de ellos es reducir costes (restringir plantillas, precarizar el trabajo, incentivar económicamente a los profesionales para que ahorren, etc). Al otro, lo llaman “seleccionar riesgos”, véase, quedarse con los pacientes “rentables” (jóvenes, con una sola patología sencilla, a poder ser quirúrgica.) y quitarse de encima a personas mayores, enfermos crónicos y casos complejos. En definitiva, capitalismo en estado puro, aplicando a la sanidad su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea. Al final pasa lo que tenía que pasar. Para Joan Benach, profesor de Salud Pública y autor del libro La sanidad está en venta, la política sanitaria del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Se va a pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. Los datos son claros.  Pese a la crisis, cada vez más aragoneses, el 28%, unos 370.000 han suscrito un seguro privado de asistencia sanitaria. Aragón es la cuarta región con mayor número de seguros por habitante, solo superada por la Comunidad de Madrid (36%), Cataluña (33%) y el País Vasco (29%). Unos 15.000 'sin papeles' en Aragón y en el Estado 150.000 tendrán que recurrir a la beneficencia. El Ministerio de Sanidad les ha propuesto que establezcan convenios para recibir asistencia en la sanidad pública, pagando una cuota de 710 euros al año, y de 1.864,80 en los mayores de 65 años, o también que pasarán la factura a su país de origen. Esta es la realidad. Mas los populares están consiguiendo sus objetivos de una manera milimétrica. Han ganado en este ámbito como en otros la hegemonía ideológica, mientras que la izquierda anda desnortada. La crisis es su gigantesca coartada ideológica para aniquilar derechos laborales y sociales. Hay que reducir el déficit público, justificado  por el nuevo artículo 135 de la Constitución: “El pago de la deuda tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto”. Si para pagar la deuda hay que cerrar un hospital o un colegio, se cierran. Acaba de decirlo Josep Fontana: no está claro si se trata de cerrar hospitales para ahorrar, o de ahorrar para poder cerrar hospitales.

Por otra parte, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, ha visto el negocio en los servicios públicos del Estado del bienestar, con una demanda cada vez mayor ya que nuestra sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, considerados como derechos. Hay capitales abundantes y más en un momento de crisis, con unos mercados cautivos y muy prometedores. Además las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Al  universalizarse estos servicios, se generan quejas al no poder ser atendidas todas las demandas por los recortes, con listas de espera en el sector sanitario o población emigrante en los colegios públicos, y así se propicia una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, al generalizarse una prestación que era antes un privilegio, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo es una pretensión de los que ya tenían privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación.

Según Boaventura de Sousa Santos, se están  poniendo en marcha dos tipos de ilusiones: ilusiones retrospectivas e ilusiones prospectivas en el ámbito de la privatización de las políticas sociales, de atención médica, de seguridad social y educativas. Las ilusiones retrospectivas avivan la memoria de la inseguridad y de la ineficacia de los servicios estatales encargados de realizar esas políticas. Esto se consigue mediante viciadas comparaciones entre condiciones reales y criterios ideales de evaluación de esos servicios. Las ilusiones prospectivas intentan, por su parte, crear unos horizontes de seguridad supuestamente generados desde el sector privado y sobrevalorados por la ocultación de determinados riesgos, así como de las condiciones en que se presta la seguridad. Estas ilusiones prospectivas proliferan hoy en día sobre todo en los seguros médicos y en los fondos privados de pensiones. Por todo ello, lo que está ocurriendo es gravísimo, aunque no sé si la sociedad es consciente de ello, al romperse un contrato social entre la ciudadanía el Estado, construido en la solidaridad y ejecutado  mediante un impuesto progresivo para  proporcionar a todos unos servicios básicos. Ese contrato social que regía la producción de estos servicios públicos por el Estado está saltando a pedazos, ya  que el Estado transfiera mediante  subcontratas a agentes paraestatales las prestaciones de estos servicios sin que hayan sido consultado  los ciudadanos.

Cándido Marquesán Millán

 

 

 

 

09/09/2012 20:32 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Políticos con "sentido común"

Son tantos y tan importantes los acontecimientos que se suceden con una rapidez vertiginosa en estos momentos en España, que aquellos que tenemos, no sé si la saludable costumbre de reflexionar y escribir sobre ellos, dudamos a la hora de seleccionarlos. Uno de ellos, son los recortes brutales a nuestro Estado de bienestar, que, de momento no tienen fin, vistas las previsiones de los próximos presupuestos tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. ¿Habrá algún límite? Nos han metido tanto miedo en el cuerpo, que estamos ya habituados a aceptar todo. Es lo que nos merecemos por nuestra mala cabeza. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por lo que tenemos que asumir una justa dosis de aceite ricino. Y aquellos que tienen la osadía de cuestionar estas políticas, como los que se han manifestado en Madrid el 15-S, son acusados de insensatez y de falta de patriotismo. Lo incuestionable es que los servicios públicos tras el paso por el gobierno de los populares van a quedar en una auténtica quiebra. Mas a pesar de ello, funcionan por sus profesionales. Recientemente un familiar mío muy directo tuvo que recurrir al servicio de urgencias del Clínico de Zaragoza. Llegó y se marchó en una ambulancia. En tres horas se le practicaron un electro, dos radiografías, un enema. Fue atendido y curado de una manera exquisita por todo el personal, desde celadores/as, enfermeros/as y médicos/as. Por ello, les felicite. ¿Permitiremos la desaparición de estos servicios?

Que nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de 9 meses nos brindara a los españoles una conferencia de prensa en horario de máxima audiencia en esta nueva e independiente TVE, no era una cuestión baladí. Al observar la procedencia de los entrevistadores me sentí algo decepcionado. Estuve muy atento a sus palabras ante un posible rescate. A medida que se desarrollaba la entrevista, me inundó un profundo desencanto ante el humo que nos estaba vendiendo. Todo se redujo a que no podemos gastar más de lo que ingresamos, y, que lo fundamental era combatir el déficit público -y así se producirá crecimiento económico y el posterior aumento del empleo. A las preguntas de si iba a recortar pensiones, sueldos de los funcionarios, o aumentar el IVA, no concretó nada. Es más importante comunicar las decisiones a las autoridades de la Unión Europea que a la ciudadanía española, tal como acabamos de constatar, ya que el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo celebrada en Nicosia (Chipre) anunció que el gobierno español impulsará reformas estructurales para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año, fijado en el 6,3% del PIB. Estamos llegando a unos límites lamentables de degradación de nuestro sistema democrático. Si el Gobierno de turno además de ocultar su programa político, luego lo incumple, al tener que seguir a rajatabla los mandatos que se le imponen desde fuera, es comprensible que la ciudadanía considere que el ir a votar es irrelevante.

Retornando a la entrevista, en un nuevo ejemplo de irresponsabilidad política, nuestro presidente, el político que todo lo sustancia con su proclamado sentido común, sin un proyecto de Estado, calificó como lío y algarabía la manifestación que se iba a celebrar en Barcelona el 11-S. ¡Vaya asesores que tiene en la Moncloa! Con estas palabras, en lugar de atemperar, consiguió encrespar todavía más el panorama político en Cataluña, ya suficientemente complejo.

El problema de incardinar a Cataluña en la estructura del Estado español no es nuevo. No ha caído a nosotros de una teja el 14-M, con la llegada al poder de Zapatero, tal como nos dijeron los populares con el apoyo de la Brunete mediática. Hoy ya no está, y el problema sigue presente y más grave. Ortega y Gasset lo expresó ya con nitidez en las Cortes de la II República: reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema: ellos constituyen el problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Sin embargo, nunca la derecha española, ni la de la dictadura franquista ni la de la "democracia" actual han hecho un esfuerzo serio y generoso para entender la cuestión catalana. Para ella no hay problema alguno. No solo no existe el problema, todavía más, es que ha utilizado el anticatalanismo con fines electorales en el resto del Estado. Cabe recordar la manifestación organizada por el PP contra el traslado a Cataluña de documentación del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca: la campaña y el posterior recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña; y la política españolista de Aznar que potenció el crecimiento de Esquerra Republicana. Al final se recoge lo que se siembra. El problema está ahí, y si no se soluciona se pudre. Por ello, me parecen muy oportunas las palabras de Azaña: Cataluña dice, los catalanes dicen: "Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español". La pretensión es legítima. Este es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil, ¡Ah!, yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo, sea difícil, sea fácil. Hay, pues, que resolverlo dentro de los cauces políticos

23/09/2012 22:28 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.


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