Democracia e Iglesia católica

El advenimiento del sistema democrático a España supuso la quiebra “definitiva” del nacionalcatolicismo, doctrina consistente en considerar que la esencia de lo español radica en la religión católica; tal como se contempla en el Concordato de 1953 firmado entre el Estado Español y la Santa Sede, y que en su artículo 1º especificaba: La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

La nueva situación democrática y constitucional supone para la institución católica en España el tener que enfrentarse con la problemática de su ubicación y su misión específica en una sociedad pluralista, algo que no supo resolver durante la II República.

Como señala Rafael Diaz-Salazar, la democracia supone que la Iglesia pasa de ser una institución de la sociedad a ser un grupo social específico. En el franquismo fue una institución de la sociedad, que tenía la misión, a la que se prestó gustosa y por la que recibió prebendas, de vertebrar y orientar a toda la comunidad nacional y suporte importante del sistema político. Compartía una especie de cosoberanía con la autoridad política; mientras que hoy, como grupo social específico tiene que convivir y compartir el espacio público con otros muchos.

En las sociedades democráticas la ciudadanía se encuentra ante un pluralismo de cosmovisiones, ideologías, éticas, etc., y una opinión pública diversa. Las teodiceas religiosas ya no son las únicas fuentes de explicación de la realidad y de orientación moral. Este pluralismo tiene un efecto secularizador, como también la privatización de la religión y el progresivo debilitamiento de la presencia e influencia de ésta en la sociedad. En una democracia no es legítimo tratar de imponer, a toda la sociedad los planteamientos morales propugnados por una institución, aunque ella esté convencida de estar en posesión de la Verdad objetiva y de la definición monolítica de la realidad. Por ello, la democracia es laica, es decir, crea el espacio para que todas las instituciones y grupos sociales puedan difundir sus verdades y ninguna pretenda imponerse a las otras por medios coercitivos desde el Estado o desde una ideología o religión, por muy mayoritarias que puedan ser. La institución católica no puede ni debe tratar ya, como lo hizo durante la dictadura, de imponer su Verdad, su Moral, o sus planteamientos políticos. Ni tampoco argumentar que la democracia está en grave peligro, y que el ordenamiento jurídico español ha dado marcha atrás con respecto a la declaración de Derechos Humanos de la ONU, si el Gobierno de turno no acepta sus planteamientos.

Las sociedades modernas, pluralistas y secularizadas reintroducen el mensaje y los planteamientos de la institución católica y del resto de las instituciones ideológicas y morales en un escenario de mercado cultural competitivo, en el que nada puede ser impuesto. De ahí el profundo malestar de los dirigentes y de algunos sectores de las bases de la institución católica en España.
Hoy la institución católica ya no tiene a toda lo sociedad detrás, por ello debe apoyarse en algunos sectores de la misma, y además esta cada vez más desamparada por el Estado, que no legisla según sus propios deseos. Por ende, intenta crear un grupo de presión ético-político de inspiración religiosa con la finalidad de que los gobiernos legislen según su Verdad objetiva que está depositada en la institución católica y es interpretada correctamente por su autoridad jerárquica. Como sigue diciendo Rafael Díaz-Salazar, pretende articular cultural, social y políticamente a los católicos para que su mayoría relativa en la sociedad se traduzca en mayoría política o en grupo condicionante del acceso al poder de uno u otro partido. Incluye una estrategia de presencia pública en la sociedad basada en dos ejes: 1) una intensa actividad de la jerarquía de la institución en los debates y proyectos políticos y legislativos; 2) la articulación unitaria de sus bases e infraestructuras, marginando a la disidencia católica y formando un bloque ideológico y social fiel reproductor de las directrices jerárquicas. Se trata de la estrategia de fondo ensayada en otras épocas de la historia (finales del XIX y primeros 30 años del siglo XX) para crear un movimiento católico enfrentado al laicismo y al modernismo.

El bloque católico defiende un proyecto unitario, sin fisuras, diseñado básicamente por la autoridad jerárquica de la institución. Son los obispos, intelectuales orgánicos (teólogos, pensadores laicos católicos, periodistas, jueces), organizaciones de masas (CONCAPA, Opus Dei, ACNP y los nuevos movimientos eclesiales: Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Legionarios de Cristo, Focolores, E-cristians,etc.), medios de comunicación y partidos de clara y vinculante inspiración católica.
Otros movimientos católicos progresistas no cuentan. Las congregaciones religiosas tampoco. Lo que se necesita son líderes laicos en la política, los medios de comunicación y el poder judicial, así como organizaciones laicas católicas de masas con presencia fuerte en la vida pública y con capacidad de movilización en la calle.

La institución católica se está equivocando y, además, lo sabe. Sus intereses son más políticos que espirituales. Lo lógico, como ocurre en Francia, sería aceptar la existencia de ese mundo plural y la diversidad de universos simbólicos, y difundir su mensaje sin buscar el amparo del Estado ni pretender imponer a toda la sociedad su moral. Y, por supuesto, dialogar con otros grupos e instituciones; y adaptar su mensaje a la cultura contemporánea.

Cándido Marquesán Millán